¿Es posible hablar de justicia educativa en Chile?

Desde hace décadas y producto de los cambiantes contextos históricos y sociales la llamada política educativa chilena establece miradas implícitas y explícitas de derechos independiente del paradigma o situación por la cual se le requiera usar. Esto genera la necesidad de utilizar formas de distribución de recursos y de valoración de los sujetos y grupos sociales entendiendo a sí mismo cada uno de los elementos propios del discurso educativo que se pone en discusión.

A sí mismo a lo largo de las últimas décadas, Chile ha atravesado fuertes transformaciones sociales y culturales que han trastocado completamente la tarea de la escuela como eje central de los procesos de aprendizaje. Desde la dictadura militar hasta la crisis del 2019 Chile, junto a una gran parte de los países latinoamericanos, vivió una creciente precarización del mercado laboral y un aumento inédito de la pobreza y de las desigualdades sociales a pesar de los discursos macroeconómicos que demuestran en cifras lo conveniente de la utilización de un modelo que da luces de injusticia y puesto en discusión a partir del último estallido social.

Es así, como pese a la expansión de la escolarización y los notables avances en el derecho a la educación tanto en primera infancia, secundario y luego educación superior, nuevas desigualdades educativas se suman a las históricas. En general, estudiantes de sectores postergados y del sistema público o municipal, con un índice de vulnerabilidad alto y que enfrentan más dificultades para acceder a los primeros niveles de escolaridad, tienen más probabilidades de tener que repetir y, luego, de deserción escolar.

En cuanto a sus aprendizajes suelen ser insuficientes en comparación con los y las estudiantes de sectores más acomodados, reflejados en mediciones estandarizadas. Desde el llamado retorno a la democracia, es necesario reconocer, se establecieron ciertas políticas educativas que, pensadas como estrategias, trataron de disminuir las desigualdades sociales a través de la intervención estatal sobre las escuelas desfavorecidas con distintos planes y acciones tendientes a lo mismo. Luego, con el pasar de los años, se establecieron desde algunos sectores miradas críticas a las formas y fondos que desde el gobierno central se usaban apuntando a disminuir las brechas.

Desde mi perspectiva, la discusión sobre la justicia educativa se vincula con distintos elementos. Entre ellos la idea de justicia se relaciona con garantizar el derecho integral a la educación a partir de posicionar a los sectores populares en el centro del sistema educativo, más allá de si corresponde o no, en su rol, a la educación pública.

Coincide esta reflexión además con un modelo de justicia educativa que exige revisar las condiciones del aprendizaje, la organización institucional, las pedagogías y el currículum desde la perspectiva de todos los sectores sociales y, en particular, desde la perspectiva de aquellos para quienes la escuela no fue originariamente concebida, tal como lo plantean algunos autores.

Esto no supone pensar una escuela específica para los y las estudiantes de sectores populares. Al contrario, esta mirada de justicia aspira a fortalecer la educación pública como un espacio para todos y todas, donde sea posible de manera real y concreta el encuentro de la diversidad, una firme y positiva reconstrucción de los lazos sociales, y por cierto y no menos urgente, la recuperación de inscripciones culturales comunes, que unan y amparen a individuos diferentes entendiendo así procesos de integración efectiva.

La noción de justicia a la que hago referencia busca traducir ciertos desarrollos de la filosofía política y de la sociología de la educación al campo de la política educativa en Chile. Se propone además que los criterios para la instalación del concepto de “justicia educativa” considere una revisión de aspectos económicos y sociales sobre los bienes materiales o también los simbólicos, todo esto garantizando la revisión teórica sujeta a contextos y composiciones sociales.

En este contexto el abordaje político de las desigualdades educativas ha puesto el acento en la redistribución, con el fin de equiparar principalmente en temas materiales, entregando acercamientos de soluciones a aquellos y aquellas que evidentemente tienen menos posibilidades.

Finalmente el concepto de justicia educativa que se necesita, en conjunto con el análisis y discusión, apunta a entender la importancia de vincular la llamada justicia, pensada así como el equilibrio, con una revisión de los patrones institucionalizados de identificación, valoración e interacción del sistema educativo con los distintos tipos de actores sociales.

Parafraseando a Axel Rivas, con el ejercicio de reconocer en todos y todas las estudiantes una igual dignidad y altas expectativas en sus posibilidades de acción, y conocer de igual forma sus particularidades, podrán concebirse políticas tendientes a reducir las injusticias del sistema educativo, generando así miradas distintas sobre herramientas curriculares, evaluativas, de convivencia y formativas (Rivas, 2011)