¿Alguien se cree en Chile lo del “interés superior del niño”?

Hace algo menos de un año (diciembre de 2022), apareció una impresionante noticia sobre un “informe oculto” realizado por UNICEF y el Poder Judicial (T13, 29/12), en el cual se revelaba que los jueces de tribunales de familia imponen medidas de protección sin conocimiento cabal de las situaciones sobre las que deciden, lo que indicaba que la infancia desfavorecida vivía, y sigue viviendo, pues pocas cosas han cambiado desde entonces, sus peores momentos.

Todo lo que implica esa noticia es grave: es grave que los jueces no realicen su trabajo con suficiente solvencia profesional, es muy grave que la situación de niños y niñas que debían ser protegidos por el Estado sean víctimas, como señala la Defensoría de la Niñez, de “negligencia grave” y, finalmente, es gravísimo que instituciones como UNICEF y el Poder Judicial mantuvieran oculto este informe, lo que no solo implica el intento de evitar que la opinión pública y autoridades diferentes del Poder Judicial supieran lo que estaba pasando, sino que intereses no declarados están muy por encima del tan supuestamente defendido Interés Superior del Niño. Ambas instituciones decidieron poner por delante del interés superior del niño, los suyos propios.

Que la protección a la infancia en Chile no funciona, no lo duda nadie. Así lo sostienen los profesionales, técnicos y expertos en infancia, también lo ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Defensoría de la Niñez, una gran parte de miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado y, por supuesto, los medios de comunicación. La vulneración de derechos en los centros de protección, la lenta e ineficaz respuesta del sistema judicial ante situaciones de maltrato y desamparo, la descoordinación institucional y la falta de prevención de situaciones de riesgo, son la realidad cotidiana de la infancia desfavorecida en Chile.

¿Pero cuál es la causa de esta situación tan crítica como enquistada en el Estado? Como suele ocurrir en los problemas sociales -este lo es, y muy grave-, no se trata de una causa única, aunque sí existen algunas que explican más claramente el mal funcionamiento del sistema de protección a NNA, entre las que está su absoluta judicialización. Mientras el sistema de protección a la infancia no se desjudicialice, seguirán siendo los jueces -que son expertos en administrar justicia, no en intervención social-, quienes decidan cómo se interviene, con qué tipo de medida, por cuánto tiempo y si se debe o no cambiar de estrategia proteccional.

Los verdaderos especialistas en protección a la infancia no están en el Poder Judicial, sino en las áreas de la Administración dedicadas precisamente a la protección de la infancia, pero, en este caso, atados de pies y manos, ya que carecen de competencias. La última ley sobre protección (21.302 de creación del Servicio Mejor Niñez), agrava y perpetúa la pobre atención a la infancia desfavorecida, ya que vuelve a legislar reforzando el rol de la Judicatura en funciones que, en la gran mayoría de países occidentales, corresponde a áreas de la Administración Pública responsables de los servicios sociales.

En este escenario institucional no es extraño que el sistema no funcione, eso lo sabemos; lo que resulta sorprendente es que esta situación se mantenga, que nadie haga nada por cambiar las cosas. Da la impresión de que solo se puede protestar ante la grave carencia de efectividad de la protección a la infancia, si acaso, haciendo denuncias más espectaculares que eficaces, pero intentar un cambio de fondo, parece imposible.

Y no es que no existan recursos que funcionen con cierta eficacia, como son muchos programas y dispositivos que realizan labores de intervención directa con familias de origen o acogedoras, con el barrio y la comunidad, lo triste es que los profesionales que llevan a cabo estas tareas (fundamentalmente trabajadores/as sociales y sicólogos/as), generalmente deben hacerlo sin participar en la decisión de la medida de protección de que se trate, sino obedeciendo una instrucción acrítica -y por tanto autoevaluada- emanada de un juzgado. Casi se puede afirmar que, como dicen muchos técnicos de intervención directa, “algunos de estos programas son eficaces a pesar del sistema.”

Sería deseable, por fin, que aun cuando no se acometa la imprescindible desjudicializción de la protección a la infancia, al menos se exigiera, por parte de los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, un comportamiento que efectivamente defienda siempre el interés superior del niño.