La salud en Chile a 50 años: Participación democrática y sistema universal

Rescatar el contenido de los proyectos colectivos de transformación de la sociedad chilena que se pusieron sobre la mesa durante los mil días de la Unidad Popular, analizar en su contexto histórico sus potencialidades y limitaciones y, finalmente, establecer los puntos de continuidad que permitan actualizar dichos proyectos, son aspectos que constituyen una dimensión esencial del ejercicio de memoria al que estamos convocados/as a 50 años del golpe de Estado. Y en esta columna en particular pretendo abordar algunos aspectos vinculados con aquellos anhelos de construir un sistema de salud más justo para todas y todos, que fueron parte también de las transformaciones buscadas en el gobierno de Allende y que hoy en día siguen plenamente vigentes.

El Servicio Nacional de Salud: Un hito temprano en el fortalecimiento de la salud pública

La creación en el año 1953 del Servicio Nacional de Salud (SNS) constituye uno de los avances históricos más importantes en la salud pública de nuestro país. Gracias a este hito no sólo fue posible integrar en forma coherente a una serie de instituciones sanitarias que funcionaban en forma desarticulada, sino que principalmente, a partir de una lectura objetiva sobre la realidad social chilena, se da impulso a una política sanitaria que buscó abordar con los recursos limitados de un país desigual y subdesarrollado, las principales problemáticas que afectaban la salud de la población. Para ello, se estableció que el SNS debía lograr una cobertura en las acciones curativas y de rehabilitación para el 70% de la población de menores ingresos, junto con la cobertura para todos los habitantes del país en las acciones de fomento de la salud y prevención de las enfermedades.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con un sistema solidario que entendía a la salud como un derecho social, por lo que diversos sectores se opusieron a la universalización del SNS, logrando mediante la ley de Medicina Curativa de 1968 consolidar la creación paralela de otro subsistema enfocado en atender a la población con mejores ingresos, consagrando para ello la existencia del copago e impulsando el desarrollo de una medicina privada con enfoque exclusivamente curativo, utilizando para ese objetivo parte de la infraestructura y de los recursos técnicos y profesionales propios del sector público.

Las transformaciones de la salud bajo el gobierno de Allende

La Unidad Popular asume el gobierno diseñando en salud una política coherente con su programa de transición al socialismo desde una vía institucional. Dicha política buscaba elevar el nivel de salud de la población mediante la mejora en las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos, mientras se avanzaba en la universalización del SNS bajo una lógica solidaria que ubicaba el derecho a la salud por encima de la salud como mercancía, en un proceso donde la democratización del sistema sanitario jugaba un rol central.

Medidas emblemáticas como el medio litro de leche y la extensión de los programas de alimentación para todos/as los/as niños/as de Chile, la ampliación de la cobertura médica mediante la construcción de consultorios más cercanos a las comunidades y las campañas sanitarias que incorporaban a la población en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas, explican logros como la disminución de la mortalidad general de 8,6 a 8,1 por 1000 habitantes y la reducción de la mortalidad infantil de 79,3 a 65,1 por 1000 nacidos vivos entre los años 1970 a 1973.

Uno de los aspectos más interesantes del período fueron los avances en la democratización del sistema de salud, ya que permite ejemplificar parte de las contradicciones que atravesaron al proceso de cambio de la Unidad Popular en su conjunto. En coherencia con los esfuerzos del gobierno por encauzar la movilización popular de aquellos años, se abrieron espacios de participación al interior de la institucionalidad del Estado, mediante la creación de Consejos Paritarios por Establecimiento y Área que integraban a las autoridades respectivas junto a representantes de las trabajadoras y trabajadores de la salud y las comunidades organizadas.

Pero las limitaciones de ese proceso se hicieron rápidamente evidentes. El peso de la burocracia del Estado junto con la resistencia de parte de sus funcionarios a otorgarle poder a los sectores populares, el carácter consultivo y limitado de las instancias de participación que chocaba con las expectativas de los sectores más dinámicos de la población organizada y la oposición de un sector mayoritario de los médicos (que no sólo temían perder sus posiciones de poder, sino que, principalmente, buscaban resguardar el ejercicio privado y lucrativo de la medicina), fueron algunas de las principales trabas que limitaron con fuerza los intentos de democratización de la institucionalidad sanitaria y obstacularizaron la política de salud en su conjunto, particularmente la universalización del derecho a la salud mediante la extensión de la cobertura del SNS.

En ese marco, podemos establecer un paralelo con la experiencia de los cordones industriales. La voluntad de los/as trabajadores/as de resistir a los paros patronales, incorporando al área de propiedad social y bajo su control directo a un sector más significativo del aparato productivo, llegó al punto de entrar en conflicto con el interés del gobierno por restringir la participación popular a los límites de una institucionalidad que tendía a frenar procesos de cambio más profundos. En el área de la salud, conflictos similares surgieron a una escala menor entre los sectores más avanzados de las comunidades organizadas y el gobierno.

Destacan aquí las experiencias de autogestión popular en salud en la población Nueva la Habana, que llegó a contar con un Frente de Salud con amplia participación de pobladoras y pobladores, organizadas/os con delegadas/os por manzana, que entre otras cosas, lograron poner en funcionamiento bajo su control directo un policlínico que fue capaz de resolver parte de las necesidades de salud del barrio, formando a sus propios vecinos/as en la ejecución de tareas técnicas, mientras empujaban procesos de movilización que presionaron al Servicio de Salud para que transfiriera recursos financieros, técnicos y profesionales acordes a las necesidades que la misma población identificaba. Con ello, la comunidad asumía roles que entraban en conflicto con los estrechos márgenes de participación permitidos por el Estado.

El fatídico desenlace del proceso abierto por la Unidad Popular evidentemente tuvo impactos profundos no sólo en la política sanitaria que impulsó Allende, sino que se tradujo también en un retroceso para la tradición que históricamente apelaba al fortalecimiento de la salud pública y que tantos beneficios trajo a la población en su conjunto. La disminución del gasto público en salud durante la dictadura que deterioró las capacidades del sistema público y la profundización de la lógica mercantil en salud mediante la creación de las ISAPRES o la apertura de múltiples mecanismos que facilitan el traspaso de recursos públicos hacia el sector privado, son una realidad hasta el día de hoy.

Y pese al sostenido aumento de recursos públicos destinados a la salud en las últimas décadas, la desigualdad que existe entre el sistema público que atiende con dificultades a la gran mayoría de la población y un sistema privado que se desarrolla motivado más por el afán de lucro que por razones sanitarias, no se ha visto alterada. En una línea similar, si bien se han implementado reformas que abrieron espacios de participación a la comunidad, sus alcances son extremadamente limitados.

El carácter consultivo estrecho en el que se enmarcan y la insuficiente información que dispone la población para ejercer un mínimo rol fiscalizador ponen freno a la potencialidad de la participación democrática. Pero también debemos tomar en cuenta el proceso de despolitización generalizado de la sociedad chilena, donde organizarse y asumir un rol protagónico desde la colectividad para conquistar los cambios que se anhelan no está dentro de las prioridades de la gente.

Pero no todo es desolador. Más allá de los avatares recientes de la política chilena, en la última década diversos sectores de trabajadores/as de la salud y de la comunidad han protagonizado movilizaciones y levantado plataformas para articular, aunque sea transitoriamente, a sectores diversos de la sociedad que aún confiamos en la posibilidad de avanzar hacia una transformación de la salud en Chile que retome aquellos viejos anhelos por conquistar un sistema de salud solidario, de cobertura universal, profundamente democrático, que acabe con las desigualdades y reconozca que todas y todos nos merecemos acceder a mejores condiciones de vida y a la mejor salud posible.