El malestar sigue vigente

Se cumplen cuatro años desde el 18 de octubre de 2019. Cuatro años en los que algunos han querido instalar que aquel momento de la historia de nuestro país fue solo violencia. Hoy es necesario hacer memoria y recordar que el estallido social fue una expresión legítima de hartazgo ciudadano frente al abuso y los privilegios que se han establecido, un sistema que ha profundizado la abismante desigualdad, que mantiene el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Ese malestar sigue vigente.

Fueron millones de chilenos y chilenas los que se manifestaron con distintas banderas y consignas, cuyo punto común era el cansancio y el clamor porque las condiciones económicas de origen no determinen el derecho a tener una vida digna, con acceso a salud y educación de calidad, o pensiones que garanticen una vejez tranquila para quienes han trabajado toda una vida. Estas deudas siguen pendientes.

En los últimos meses hemos visto reiterados esfuerzos desde la derecha y la extrema derecha por reescribir la historia, la de hace 50 años y también la reciente. Han dicho una y otra vez que lo que ocurrió desde el 18 de octubre fue nada más que una avalancha delincuencial, desconociendo e invalidando las demandas por mayor justicia social de las mayorías, buscando dejar todo tal cual está, manteniendo así, un traje a la medida de quienes tienen el poder económico en nuestro país.

“Un golpe de Estado no tradicional”, dijo Sebastián Piñera hace unas semanas en un arranque de retorcida creatividad que dio paso a esta cruel analogía. Pero no fue golpe ni invasión alienígena, fueron millones de chilenas y chilenos que salieron a las calles para manifestar el legítimo malestar acumulado por largo tiempo, por décadas de abusos a costa de derechos sociales no garantizados y promesas incumplidas de tiempos mejores.

Sólo días antes del estallido social hubo varias desafortunadas declaraciones de autoridades que fueron la gota que rebasó el vaso: la invitación a madrugar para ahorrar en el Metro por parte del entonces ministro de Economía, Andrés Fontaine, ante el alza del transporte público; el mal chiste del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien llamó a “los románticos” a comprar flores porque estaban más baratas, mientras el IPC agobiaba el día a día de las y los trabajadores.

Esas frases calaron hondo, porque fueron una expresión brutal de la desconexión de la élite gobernante con las condiciones de vida cotidianas de las personas. El tiempo, lamentablemente, ha confirmado que esa fractura sigue vigente, y el mismo sector que ha negado el origen de las manifestaciones, y que hoy tiene el sartén por el mango en el Consejo Constitucional, propone un texto que perpetúa el abuso y niega los derechos sociales como salud, educación y pensiones.

La derecha y la extrema derecha prefieren retroceder en derechos sociales, en lugar de hacerse cargo de las demandas que nos trajeron hasta aquí, siendo mezquinos con la segunda oportunidad del proceso constitucional por una simple razón: hay privilegios que no están dispuestos a soltar.

Cuando la derecha asume una actitud caprichosa y condiciona el diálogo por mejores pensiones o por una reforma tributaria que asegure más recursos para la mayoría a la salida de autoridades, cuando lo que importa más es ganarle el gallito al Gobierno del Presidente Boric que, por fin, aumentar las jubilaciones de quienes hoy mismo no pueden siquiera pagar sus medicamentos, nos demuestran que la desconexión total continúa y que en este tiempo solo se ha profundizado.

A cuatro años del Estallido es necesario recordarles que, aunque pretendan negarlo, el malestar sigue vigente, que hay necesidades urgentes de las que hacerse cargo. Y aunque a pesar de ellos hemos avanzado en el aumento del sueldo mínimo, en las 40 horas o en el copago cero en salud pública, es aún insuficiente sin reformas sustantivas en pensiones y salud, y sin un nuevo pacto fiscal. Chile no puede seguir esperando.