De la Concertación al FA: Más allá de las generaciones

Desde las movilizaciones estudiantiles de 2011 hasta la asunción de la presidencia de Gabriel Boric el 2022, la nueva izquierda chilena se definió por su antagonismo con la vieja centro-izquierda concertacionista. En los años 90, la centro-izquierda tuvo un papel significativo en recuperar la democracia e impulsar el crecimiento económico, la ampliación de las oportunidades educativas y la democratización del acceso al consumo. Sin embargo, a lo largo de la primera década de los 2000, mientras el país era gobernado por dos socialistas, la centro-izquierda gobernante perdió progresivamente credibilidad, cohesión y capacidad para renovar sus ideas y cuadros políticos.

Ante esta deriva, y tras 20 años en el poder, no resulta para nada extraño que la nueva izquierda encarnada en el Frente Amplio (FA) haya dirigido una crítica acerba a la Concertación y sus figuras. La denuncia apuntaba a la problemática persistencia de desigualdades, la privatización de la vida social y la desconexión entre política y sociedad, que también entrañó la obra de la izquierda tradicional. Espoleada por las heterogéneas demandas del estallido social de octubre de 2019 (18-O), el FA llegó al poder impugnando a la vieja centroizquierda concertacionista y prometiendo reconectar política y sociedad, junto a la elaboración de una nueva constitución para el país.

Pero, una vez alcanzado el gobierno, la nueva izquierda se vio rápidamente confrontada con serias dificultades para gobernar a un pueblo cuyos anhelos de cambio decía representar. El triunfalismo de los primeros meses se deshizo por las debilidades del oficialismo y la incapacidad política para enfrentar un escenario crecientemente hostil: tensiones en la coalición oficialista, inexperiencia de los altos cargos del gobierno, minoría oficialista en el Congreso, sociedad civil crispada, mal panorama económico, violencia en La Araucanía y criminalidad en aumento.

En este nuevo contexto, como observa Noam Titelman en La nueva izquierda chilena. De las marchas estudiantiles a la Moneda, el FA pasó “de impugnador a impugnado”. Con todo, el golpe más duro vino con la rotunda derrota de la opción Apruebo, emanada por la Convención Constitucional el 4 de septiembre (4S) de 2022. Este doloroso resultado hizo evidente que la nueva izquierda carecía de un plan estratégico para los cuatro años de gobierno y que los socios principales de la coalición oficialista -FA y PC- no compartían los mismos diagnósticos, orientaciones ideológicas y objetivos políticos.

Para hacer frente a la crisis gatillada por el 4S, Boric se vio obligado a incorporar a reconocidas figuras de la antigua centro-izquierda concertacionista en la conducción del gobierno. El llamado “zarpazo”, aquella aspiración inicial del frenteamplismo por sustituir a la anquilosada izquierda histórica por el vigor generacional de la nueva izquierda, simplemente no ocurrió. Lo que se produjo, más bien, fue un reencuentro de la nueva y vieja izquierda en los altibajos de la acción gubernamental, el que ha quedado simbolizado, ante todo, por el arribo de Carolina Tohá al Ministerio de Interior.

Así, de socio de segundo orden en un gobierno que tenía al FA y al PC como alianza privilegiada, liderazgos duchos del PPD y PS se han transformado en un apoyo insustituible para Boric. Para Titelman, este reencuentro inter-generacional de las izquierdas es señal no solo de una promisoria despolarización de sus elites políticas, sino, además, imprescindible para darle gobernabilidad al país en los turbulentos tiempos que atraviesa. Optimista, Titelman ve aquí la principal vía de resolución del quiebre generacional que acompañó la emergencia política del FA en relación a la vieja centroizquierda concertacionista a lo largo de la última década.

Hay razones para compartir el optimismo de Titelman en torno a este reencuentro de las izquierdas en el ejercicio conjunto de labores de gobierno. En efecto, Boric ha mostrado una rápida capacidad de adaptación en el ejercicio del cargo reforzado por la experiencia y aporte de los cuadros provenientes de la antigua Concertación. Además, ante una ciudadanía intensamente recelosa de la política institucional, el gobierno ha logrado consolidar una base de apoyo ciudadano en torno al 30%, y a la vez, moderar a las voces más radicales en el seno de la propia izquierda. Pero quizás el logro más significativo de Boric ha sido mantener unida a la coalición oficialista -que va desde el PC hasta el PPD- y que efectivamente resulta indispensable para dotar de gobernabilidad al país. Si para muchos este logro puede parecer algo trivial, vale la pena recordar que no hace mucho tiempo atrás la coalición de gobierno de Piñera se desfondó en el marco de los retiros de los fondos previsionales de las AFP.

Con todo, ninguno de estos logros, propiciados por el reencuentro de las izquierdas bajo el liderazgo de Boric, puede obviar las serias dificultades que aquejan al gobierno y a las fuerzas políticas que lo sustentan. Entre ellas, cabe reconocer la falta de una mirada común sobre la experiencia política de la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende, algo que la reciente conmemoración de los 50 años del golpe de Estado puso de relieve, así como sobre el legado de la Concertación. Por lo demás, el gobierno de Boric sigue enfrentando una situación muy delicada: la economía no repunta, las reformas comprometidas (salud, previsional y tributaria) no progresan y aumenta la desconfianza en las instituciones, el malestar social y el escepticismo respecto del futuro.

Para las izquierdas, cada uno de estos temas plantea desafíos considerables en el corto y mediano plazo. En lo más inmediato, destaca la necesidad de mantener a raya el incremento de la criminalidad, reactivar la economía, revitalizar las reformas promovidas por el gobierno y prepararse para afrontar en buen pie las próximas contiendas electorales: el plebiscito constitucional de diciembre, las municipales de 2024 y las parlamentarias y presidencial de 2025. En buena medida, de cómo se sorteen estos retos inmediatos dependerá que el próximo gobierno no recaiga en manos de la derecha. Sin embargo, en paralelo, y a más largo plazo, la pregunta ineludible que volverá a plantearse a las izquierdas es cómo proyectarse a futuro y retomar el horizonte de políticas públicas para la segunda mitad de la presente década y más allá.

Para asumir esta tarea de mediano al largo plazo, las izquierdas -viejas y nuevas- deberán abordar, al menos, tres desafíos estratégicos. El primero de ellos implica reactualizar un balance compartido en torno al legado político de la UP, los aprendizajes extraídos por la renovación socialista y los gobiernos de la Concertación. Para el FA, afrontar este desafío requerirá, además de reconocer sus propios errores, dotarse de una reflexión densa y profunda sobre nuestra historia política contemporánea, algo que aqueja con especial intensidad a la nueva izquierda. A su vez, para la vieja izquierda este reto supone realizar un balance más ponderado sobre los logros y renuncias de la Concertación, que evite la perniciosa oscilación entre posturas autoflagelantes y autocomplacientes.

Un segundo desafío consiste en la imperiosa necesidad de reconstruir puentes duraderos con actores concretos de la sociedad civil. Para ello, es necesario ajustar el diagnóstico que gran parte de la izquierda extrajo del 18-O. Antes que un rechazo concluyente del “neoliberalismo”, como muchos en la izquierda quisieron creer, el 18-0 expresó, sobre todo, la profunda crisis de representación de la política institucional. Este reto, en consecuencia, implica preguntarse por la capacidad real de las izquierdas para representar eficazmente a los más necesitados de representación política: los sectores populares y las precarias clases medias. Estos sectores adquirieron protagonismo y visibilidad para el 18-O, pero desconfían profundamente de los partidos políticos. Sin la reconstrucción de vínculos estables con estos actores, las izquierdas no podrán construir las mayorías sociales y políticas indispensables para llevar a cabo su agenda de cambios.

Un tercer desafío supone reimpulsar un nuevo pacto social. Esta tarea se ha vuelto aún más necesaria con la alta incertidumbre y muy probable empantanamiento del proceso constitucional. Más allá del temor a la criminalidad o a la inmigración que agitan los medios y las encuestas, las prioridades de la ciudadanía siguen siendo educación, salud y pensiones. Las izquierdas deben dar una respuesta convincente a estas prioridades y sobre esas bases construir un nuevo pacto social. Pero éste solo será viable si atiende la demanda por dignidad ciudadana, garantizada por mayor igualdad y protección social eficaz, y la dignidad personal, que se sostiene en un reconocimiento de su autonomía, libertad y agencia.

Es evidente que las respuestas a cada uno de estos desafíos estratégicos no emanarán del mero ejercicio conjunto de labores de gobierno. Para que el rencuentro de las izquierdas tenga capacidad de proyectarse a futuro es necesario más y mejor debate entre sus intelectuales, centros de pensamiento, partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil. Eludir o postergar este debate no sólo hace más difícil que el gobierno pueda sortear con éxito los retos políticos más inmediatos. También compromete, al privarnos de abordar los desafíos estratégicos de nuestro tiempo, la viabilidad de nuestro futuro.