Regularización de la tierra: Una vía para enfrentar la violencia económica hacia las mujeres

Este 25 de noviembre, donde nuevamente hay un llamado global para enfrentar la violencia que existe hacia las mujeres, nuestro Gobierno nos invita a involucrarnos y erradicarla en todas sus formas. En el marco de la campaña del Ministerio de la Mujer, “Lleguemos a Cero”, transversalmente nos comprometemos con acciones concretas para eliminar las distintas expresiones de violencia y abusos que persisten en la sociedad hacia las mujeres.

En el Ministerio de Bienes Nacionales, donde nos corresponde -entre otras misiones- velar por la regularización de la propiedad y el buen uso de los inmuebles fiscales, estamos enfocados en que cada vez más mujeres sean dueñas de la tierra, porque creemos que este acceso a la propiedad es una vía fundamental para fortalecer su autonomía económica, acortar brechas de género y alcanzar una disminución significativa de la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Generar políticas públicas que incrementen el reconocimiento de la titularidad de las mujeres sobre la tierra y la propiedad, permite que éstas puedan participar del ámbito social, comunitario y público, así como también incidir en órganos de representación, acceder a créditos y a un mayor financiamiento en instituciones bancarias, o recibir mayores beneficios sociales al estar insertas en programas del Estado.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales hemos orientado acciones que permitan capacitar a las mujeres en regiones para acceder a trámites de regularización de títulos de dominio y de la pequeña propiedad raíz. Para eso, contamos con un Fondo de Transversalización de Género en el marco del programa gubernamental Chile Para Todas en la región del Biobío, que nos permite apoyar el proceso de regularización para 500 mujeres de la región, iniciativa que esperamos ampliar en 2024 con focalización en mujeres rurales e indígenas.

Además, en 2023 hemos cedido en concesión inmuebles a organizaciones como ANAMURI –asociación de mujeres rurales- y tenemos 82 actos de administración vigentes de inmuebles asociados a organizaciones de mujeres, lo que permite fomentar la asociatividad e incidencia de las mujeres en los territorios.

También, con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estamos iniciando un trabajo para concretar el traspaso de inmuebles fiscales como refugios para mujeres víctimas de violencia; y, para 2024, comprometimos la entrega de un inmueble fiscal para el Sistema Nacional de Cuidados.

Estas acciones nos permiten, desde nuestro quehacer ministerial, hacernos cargo de la problemática pública que implica la violencia de género, específicamente en cuanto a la disminución de la violencia económica hacia las mujeres, un problema que merece que concentremos nuestros esfuerzos si lo que queremos es que ellas puedan -efectivamente- salir de los círculos de violencia, accediendo a recursos que vayan en su directo beneficio.

Empoderar y avanzar hacia la independencia económica de las mujeres no es algo menor, porque impacta también en el desarrollo familiar y de sus comunidades. Que las mujeres tengan más acceso a la titularidad de dominio sobre la tierra es entregarles certeza jurídica pero también seguridad social y económica a ellas, y a quienes éstas elijan como futuras herederas de este patrimonio.