Dunas de Concón | Agencia Uno
A modo de resumen, es impresentable y una desfachatez jurídica que Said, Urenda, Eluchans y Bolocco, a sabiendas que construyeron de mala fe y violando la ley, y que causaron un daño ambiental irreparable al borde costero tal como lo resolvió la Corte Suprema en mayo de 2022, ahora pretendan hacer un nuevo negocio con dineros públicos, con la ayuda de abogados y lobistas por todos conocidos.
Llama poderosamente la atención la columna de Patricio Herman, titulada “El hotel Punta Piqueros en contra del Estado” y publicada recientemente en El Desconcierto (ver aquí). Hay abundante evidencia en prensa y en tribunales de que, desde hace más de 10 años, la Fundación Yarur Bascuñán liderada por Jorge Yarur Bascuñán y esta Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultura de Viña del Mar, han defendido solitariamente el borde costero y las dunas de Concón.
Gracias a esta solitaria defensa, se logró poner en evidencia que el proyecto de hotel de Said, Urenda, Eluchans y Bolocco, era ilegal y generó un grave daño ambiental. Todos los fallos (4) o resoluciones de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Tribunal Ambiental, Contraloría General de la República, Superintendencia de Medio Ambiente y otras instituciones así lo dicen. Y eso se logró gracias a escritos, demandas, recursos de protección, acciones y estudios presentados por la Fundación Yarur Bascuñán y esta Corporación Pro-Defensa.
Ni la alcaldía de Concón, ni sus concejales, ni Patricio Herman u otras fundaciones o corporaciones participaron en esta defensa. Algo similar sucedió con la protección de las dunas de Concón, donde, nuevamente, y gracias a la solitaria defensa de Duna Viva, integrada por la Fundación Yarur Bascuñán y esta Corporación Pro-Defensa, se logró poner en evidencia que la urbanización con cemento de Soza, Pérez Yoma y varias inmobiliarias asociadas la Cámara Chilena de la Construcción sobre las milenarias dunas era ilegal y se obligaba a presentar estudios de impacto ambiental.
Ni las alcaldías de Viña del Mar y Concón, ni sus concejales, ni Patricio Herman u otras fundaciones o corporaciones participaron en esta defensa.
Los hechos descritos son irredargüibles, las únicas organizaciones que han tratado de evitar la destrucción sistemática del triángulo de biodiversidad formado por la Roca Oceánica, el Campo Dunar y el otrora Peñón Orejas de burro (o Punta Piqueros) consagrado en el (convenientemente derogado por un lobby feroz) DS 481 de 1993, por más de 10 años han sido la Corporación Pro-defensa y la Fundación Yarur Bascuñán.
Recientemente, todo el país ha quedado impactado con los socavones de las dunas, que no son otra cosa que el resultado de obras ilegales realizadas sobre las dunas, sin ningún miramiento, ni consideración ambiental, y que, desconociendo el cambio climático, se construyeron sin contar, ninguna de ellas, con un estudio de impacto ambiental, tal y como lo estableció la Corte Suprema. Las declaraciones de Soza, la alcaldesa Ripamonti, la ministra López de Obras Públicas (antes vinculada a las sanitarias) o la delegada presidencial, hasta ahora no se han hecho cargo del desastre ambiental, económico y social causado, ni menos, hasta ahora, hay algún responsable de lo que ocurrió con los socavones (el primero en el santuario dunar protegido), lo que agudizó y profundizó el problema
Y también todo el país ha quedado impactado con la demanda presentada por el abogado Gabriel Zaliasnik donde Said, Eluchans, Urenda y Bolocco pretenden que el Estado, es decir, todos los chilenos, les regalemos US$97 millones a modo de “indemnización” por su proyecto de hotel ilegal. Solo para tener como referencia, ese monto es similar a lo que costaba construir el proyecto de vacunas de la china Sinovac en Chile… Esperemos que ahora, con el reciente fallo en contra de RECONSA que pretendía similar “indemnización”, los dueños de este proyecto no cuenten con el apoyo y la complicidad de las autoridades municipales, medioambientales y gubernamentales, y que además no se dejen influir por abogados y/o lobistas.
Patricio Herman en su columna se refiere al intento de acuerdo para no demoler el proyecto de hotel que fue construido en forma ilegal por Said, Urenda, Eluchans y Bolocco. Como es de público conocimiento, ese intento de acuerdo fue una propuesta unilateral de los dueños y su inmobiliaria presentada en enero de 2023 a la Municipalidad de Concón y su concejo, e implicaba necesariamente, un acuerdo entre la inmobiliaria con dicha Municipalidad y sus concejales, pues esta Corporación actúa como tercero en la causa rol ICA 49-2021, por lo que, nuestra organización, siempre estaba supeditada a la voluntad del municipio de Concón.
Pero, además se requería, posteriormente a dicho trámite, su aprobación por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es decir, la misma alcaldía y los concejales que facilitaron directa o indirectamente la construcción ilegal del proyecto de hotel, debían ser parte de la solución del monstruo que ayudaron a construir. Pero eso luego debía ser aprobado por tribunales.
Ese intento de acuerdo nunca consideró pagos, sino que solo las costas de los largos procesos judiciales (aún vigentes) y parte de los estudios presentados en tribunales. Patricio Herman entiende la diferencia, por lo que debería ser más preciso en su columna y evitar un lenguaje que se pueda prestar para equivocaciones, más aún cuando repite lo mismo en una y otra columna en distintos medios.
A modo de resumen, es impresentable y una desfachatez jurídica que Said, Urenda, Eluchans y Bolocco, a sabiendas que construyeron de mala fe y violando la ley, y que causaron un daño ambiental irreparable al borde costero tal como lo resolvió la Corte Suprema en mayo de 2022, ahora pretendan hacer un nuevo negocio con dineros públicos, con la ayuda de abogados y lobistas por todos conocidos.
