Sobornos, pesca y una propuesta constitucional que legitima la corrupción

Hace un poco más de 10 años un reportaje dejo en evidencia algo que las organizaciones relacionadas a la pesca artesanal venían denunciando hace largo tiempo: la tramitación de la ley de pesca el año 2012 estuvo rodeada de coimas, corrupción y una defensa a los intereses de la industria.

“Estimada Martita” rezaba un correo electrónico dirigido por Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, a la diputada Marta Isasi el año 2012, donde enviaba las directrices de la industria para la discusión del proyecto. Fue el inicio del fin y que derivó en una investigación histórica que puso en la mira no sólo a los parlamentarios de la época, sino que también a las 3 organizaciones de industriales del país: Asipnor, Asipes y Fipes.

Las investigaciones dieron cuenta de cómo se orquesto una red de sobornos que permitió a la industria introducir en la discusión de la ley Longueira sus intereses en materias tan importantes como cuotas de recursos, fraccionamiento y licitaciones. Se abrieron indagatorias en gran parte del país, pero la historia fue, en la mayoría de los casos, la misma que ya habíamos visto una y otra vez previamente, y finalmente la impunidad se hizo presente para salvar a los sospechosos de siempre.

Sin embargo, pese a ese derrotero, se logró la primera condena por cohecho en la tramitación de una ley en la historia de nuestra república, condenando a el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi, junto con la condena a la empresa Corpesca por soborno. Fallo inédito que, entre otras cosas, determino la responsabilidad penal de una empresa en un entramado de sobornos dirigido a los parlamentarios condenados.

Pero, tras casi una década, la corrupción sigue sacando cuentas alegres. La ley Longueira sigue vigente y, peor aún, la propuesta constitucional que se plebiscitará este mes blinda sus intereses.

La nulidad de la ley de pesca, proyecto inédito tramitado y aprobado por una amplia mayoría (pese a las abstenciones de la derecha) en la Cámara de Diputadas y Diputados el año recién pasado, duerme en la comisión de Constitución del Senado. Y el anunció de una nueva ley, tras varios retrasos, aún no es ingresado para su discusión, desconociéndose si abordará aquellos elementos necesarios para dejar atrás el legado de la corrupta ley Longueira.

A ello, además, hoy se suma un nuevo factor. Los mismos intereses que estuvieron detrás de la discusión el año 2012 lograron instalar de manera exitosa en la propuesta constitucional un salvavidas que les permitirá seguir lucrando pese a sus conductas delictivas.

El artículo 16 N°31, letra e), en su parte final establece “dicha ley deberá contemplar, además, un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador que contravengan la Constitución, cuando así lo declaré el Tribunal Constitucional”. Así las cosas, un acto del legislador puede ser, por ejemplo, un proyecto de nulidad que busca dejar sin efecto una ley que nace de la corrupción pero que al afectar potencialmente el derecho de propiedad de quienes promovieron actos ilícitos, podrían resultar indemnizados a través de un proceso sumario. Aquello que pareciera ridículo es totalmente posible, en especial, con la redacción propuesta por el consejo constitucional.

Es decir, el texto propuesto blinda a quienes fueron agentes corruptores en la ley Longueira y les permite, en caso de avanzar en la nulidad, ser indemnizados pese a haber sido condenados por corrupción. Porque mientras sus promotores tratan de justificar las deficiencias del texto, la realidad indica que en caso de ser aprobado pone un candado a avanzar en resarcir uno de los actos de corrupción más deplorables de los cuales nuestro país tiene memoria.

Por eso el próximo 17 de diciembre es tan relevante para el mundo de la pesca, pues no solo se trata de un proyecto constitucional que profundiza las desigualdades denunciadas en nuestro país hace largos años en materia educacional, previsional y salud, por nombrar solo algunas, sino que pone en riesgo hacer justicia ante una ley que tuvo un origen espurio pero que podría terminar enriqueciendo a los mismos corruptos que la fomentaron.

Votar ‘En Contra’ se vuelve un acto de justicia si queremos avanzar en un futuro próximo a recuperar nuestros recursos pesqueros, nuestra sostenibilidad alimentaria y dejar atrás una década de corrupción.