Si Chile fuera de los «verdaderos chilenos», si Chile fuera Republicano

Si fuera por el diputado Johannes Kaiser, las mujeres no deberíamos ser capaces de votar: “Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (a las mujeres) fue una buena idea”(ver aquí).

Si fuera por el consejero Antonio Barchiesi, las mujeres no accederíamos a una interrupción voluntaria del embarazo: “Es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto, en cuanto permite el asesinato de un inocente” (ver aquí).

Si fuera por el diputado Cristóbal Urruticoechea, las mujeres sobrevivientes de violencia sexual deberían parir sus embarazos producto de una violación, porque “una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola” ni física ni moralmente (ver aquí).

Y en palabras del mismo diputado, las mujeres que transitan por un embarazo inviable con la vida extrauterina, deberían peregrinar por un embarazo que está destinado a la muerte, porque “constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil y por definición inocente todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado” (ver aquí).

Si fuera por la diputada Chiara Barchiesi, no tendríamos la causal 1 del aborto legal, ya que: “Queremos asegurarnos que las decisiones que involucren casos extremos, como el riesgo de la madre, siempre se hagan por consideraciones médicas y no por manipulaciones de tipo ideológicas” (ver aquí).

Si fuera por Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, las mujeres que se practican un aborto deberían ir a la cárcel: “Será castigada con presidio mayor en su grado mínimo” (ver aquí).

Si fuera por José Antonio Kast, las mujeres podrían ver restringido el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración -algo que se podría concretar de aprobarse la nueva constitución, escrita en su mayoría por el partido republicano y la derecha-: “A mi juicio, la píldora del día después no se puede vender ni siquiera en las farmacias, porque ningún organismo público puede tener algo que ver con la píldora” (ver aquí).

Si fuera por Gonzalo de la Carrera no existiría información sobre educación sexual: “No queremos que el Estado se meta en nuestra casa y menos con nuestros hijos. No queremos que hipersexualicen a nuestros niños, no queremos que los confundan en sus roles” (ver aquí).

Si Chile se rigiera por las opiniones expresadas por figuras como el diputado Johannes Kaiser, el diputado Cristóbal Urruticoechea, la diputada Chiara Barchiesi, el consejero Antonio Barchiesi o José Antonio Kast, nos encontraríamos ante una realidad que limitaría significativamente los derechos y libertades de las mujeres.

Bajo estas propuestas, se obstaculizaría la promoción de la diversidad sexual, se dificultaría el acceso a anticonceptivos, se impondrían restricciones draconianas al ejercicio de decisiones fundamentales sobre el propio cuerpo, y se negaría el reconocimiento de la diversidad familiar y de la igualdad en el matrimonio y la adopción.

Esta visión retrógrada, basada en prejuicios ideológicos y morales, se traduciría en la invisibilización de temas esenciales como la educación sexual, la regulación de la fertilidad y el acceso a información sobre el aborto. La priorización de las convicciones particulares sobre el interés superior de la sociedad y la exclusión de los menores de 18 años de una educación sexual integral sugieren un ambiente de cerrazón y desinformación.

En este escenario, las mujeres serían relegadas a una posición de mártires, sometidas a una supuesta protección que más bien se traduciría en la pérdida de sus derechos y libertades individuales. La negación de la autonomía sobre sus propios cuerpos, la imposición de roles de género rígidos y la falta de acceso a información crucial, constituyendo una afrenta a la dignidad y la igualdad de las mujeres.

En última instancia, si Chile adoptara estas posturas, se alejaría de la senda del progreso, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Así, se hace imperativo reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, para que celebre la diversidad, promueva la igualdad y garantice los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su género u orientación.