En contra, por nosotras

La propuesta constitucional que se someterá a plebiscito hoy, domingo 17 de diciembre, lejos de reflejar un pacto transversal, fue escrita exclusivamente por un sector. Un sector que históricamente ha tenido entre las principales prioridades de su proyecto político restringir los derechos de las mujeres y limitar nuestra autonomía, situación que no fue distinta en este segundo tiempo del debate constitucional.

Con condiciones políticas adversas para las demandas feministas, estuvimos impulsando discusiones, propuestas de norma y participación popular para que este pacto social fuera una cancha desde la cual nos pudiéramos situar como sujetas políticas plenas y con un enfoque de igualdad sustantiva que promueva condiciones de vida más equitativas, pero nuestros esfuerzos no prosperaron.

Por el contrario, la propuesta de nueva Constitución, que acomoda de la derecha a la centroderecha -como lo han reconocido quienes la escribieron-, ofrece graves amenazas para nuestros derechos o en el mejor de los casos, establece techos que desconocen los avances legislativos de los últimos años. Es distinto que un texto jurídico contemple normas que tienen como destinatarias a las mujeres, abordando temas que hemos vuelto ineludibles, a que efectivamente tenga un enfoque de igualdad de género e impacte positivamente nuestras vidas.

Hay quienes buscan instalar que esta propuesta está escrita “con letra de mujer”, dado que la Comisión Experta y el Consejo Constitucional tenían una integración paritaria. Pero llama la atención que fueron ellos/as quienes se negaron a consagrar la paridad efectiva como estándar constitucional permanente para nuestra democracia, y mas aún, en su lugar, establecieron una cláusula que limitaría la introducción de paridad efectiva por la vía legislativa. Redujeron entonces la paridad a un hecho histórico, en vez de consagrarla -o siquiera, permitirla- como norma para el Chile del futuro. Constitución con letra de mujer, sí, pero leyes y políticas públicas con letra de mujer, no. ¿Por qué oponerse a que las instituciones se parezcan más al Chile real, en el que somos el 51% de la población?

Respecto a los cuidados, rechazaron consagrarlo como un derecho. Su reconocimiento se limita a un principio declarativo, porque no se considera un trabajo como tal. Esto perpetúa la diferencia de trato entre quienes ejercen trabajo productivo (los que perciben salario) y quienes ejercen trabajo reproductivo, dejando a este último grupo con una protección jurídica disminuida. ¿Qué les ofrece en realidad este texto a las mujeres que dedican su vida a cuidar de otros/as? Amarrar el sistema de AFP, que castiga especialmente a quienes tienen lagunas previsionales.

Otro supuesto avance sería el reconocimiento de la igualdad salarial, contemplado hace más de 10 años en el Código del Trabajo, pero lo cierto es que este concepto no está presente en el texto a plebiscitar. Sí estaba contenido en el anteproyecto de la Comisión Experta, y fue reemplazado por una cláusula débil, que se limita a prohibir la discriminación arbitraria en materia de salarios frente al mismo empleador. Pero el problema de la brecha salarial supera el ámbito de una empresa, es un desafío a nivel país y requiere políticas públicas activas para enfrentarlo, que pueden quedar constreñidas con esta propuesta.

En cuanto a amenazas directas a la legislación vigente, uno de los temas que ha sido advertido por diversas especialistas es el riesgo de inconstitucionalidad de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos o “Ley Papito Corazón”. Producto del compromiso de este texto con perpetuar el negocio de las AFP, se incorporaron conceptos en el derecho a la seguridad social ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, entregando poderosas herramientas a los abogados de los deudores para alegar la inconstitucionalidad de la retención judicial de fondos previsionales, poniendo en jaque este valioso mecanismo para miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

A todo lo anterior se suma uno de los mayores riesgos de retrocesos, en materia de derechos sexuales y reproductivos. La protección de quien está por nacer, la definición de “niño” y el inédito derecho de objeción de conciencia (posiblemente el más amplio a nivel global), son el ejemplo más gráfico de cómo se buscan elevar a la carta fundamental herramientas que han sido útiles para oponerse a la distribución de la píldora del día después y a la Ley de aborto en tres causales. Esta osadía de la que ni siquiera fue capaz la Comisión Ortúzar, pone en peligro el derecho a interrumpir un embarazo por violación, riesgo de vida o inviabilidad fetal.

Estos son solo algunos de los motivos por los que vamos a rechazar este texto. En esta oportunidad nos toca defender lo conquistado. Hace no mucho tiempo, nuestra realidad era muy distinta. Hace 20 años no teníamos una Ley de Violencia Intrafamiliar, no se consideraba un problema social. Hace 8 años no podíamos acceder a un aborto en un hospital si éramos víctimas de una violación. Hace 5 años no habíamos conocido ningún órgano integrado con paridad de género en nuestra historia.

Nosotras, mejor que nadie, conocemos los riesgos de retrocesos. Aún hay generaciones vivas de mujeres que no pudieron ejercer el derecho al sufragio. Y creemos que votar en contra de este mal texto es la mejor forma de consolidar las conquistas de distintas generaciones de mujeres, para mañana seguir avanzando. Somos las primeras llamadas a rechazar un texto que perjudica a Chile, y especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes. En contra, por nosotras.