¿Superar desconfianzas mutuas? Claro, estaremos atentos a la coherencia

La ciudadanía ha tomado conocimiento de reuniones secretas entre ministros de estado, empresarios y lobistas, que han tenido lugar durante los últimos dos años. Las carteras del Estado involucradas que hemos conocido hasta el momento, han sido Economía, Medio Ambiente, Trabajo, Agricultura, Relaciones Exteriores e Interior. Sabemos que los encuentros fueron con empresarios de la salmonicultura, ejecutivos de las AFP, dirigentes de la CPC y Sofofa, y empresarios en general. De la combinación de carteras, podemos razonablemente presumir que deben haber asistido empresarios de la agroindustria -si no, no tiene sentido Agricultura-, y claramente, tanto de esta industria como de otras, del sector exportador de Chile.

Interesante mezcla.

La ciudadanía también ha escuchado los descargos de autoridades y de los organizadores de estos encuentros, -que incluyen ex parlamentarios involucrados en los casos de financiamiento ilegal de la política-, quienes han señalado que se han ajustado a la ley, que no han vulnerado la regulación legal del lobby, y principalmente, que este tipo de reuniones buscan superar desconfianzas mutuas y promover el diálogo y el encuentro.

Por supuesto que ni aún en el mejor de los casos, -que sería la hipotética situación de personas de buena fe que se reúnen para limar asperezas y generar genuino afecto y respeto-, estas explicaciones son válidas. Tal como lo señaló la directora ejecutiva de Chile Transparente, van contra el espíritu de la ley, que es justamente, registrar toda actividad cuyo objetivo sea influir en decisiones públicas, independiente de dónde y cuándo se lleven a cabo, para prevenir la corrupción y la captura corporativa. Se ha dicho que las conversaciones versaron sobre temas generales, pero la declaración unilateral del cumplimiento de una norma nunca ha sido prueba de ello.

Es posible que nunca sepamos a ciencia cierta qué se habló en esas reuniones, pero una cuestión sí es clara: estas explicaciones contribuyen a profundizar la desconfianza hacia nuestras autoridades y hacia el empresariado en general, quien tiene oportunidades privilegiadas de reunirse con los tomadores de decisiones y las entidades que los regulan o fiscalizan. Esas oportunidades las han tenido en el pasado y ya todos conocemos sus resultados. Esas oportunidades, por cierto, no están disponibles para las personas sin ese poder económico.

La comunidad internacional ha asentado el estándar que se espera de los estados y las empresas frente a la posible vulneración de derechos humanos por la actividad empresarial: los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos, y las empresas de respetarlos. Así lo establecen los Principios Rectores de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas y las Líneas Directrices de la OCDE para Multinacionales. Las obligaciones diferenciadas de proteger y respetar tienen contenidos concretos: esto se traduce en el caso de los estados, de contar con marcos legislativos robustos y sistemas de fiscalización y sanción de las leyes aún más robustos.

Por el lado de las empresas, el deber de respetar se concreta asumiendo un compromiso político al más alto nivel y la implementación de sistemas de debida diligencia en derechos humanos y mecanismos de reparación efectivos: identificación, prevención, mitigación y remediación de violaciones a los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.

El Estado y el empresariado nacional conocen estos estándares. Chile ha adoptado ya dos planes de acción en materia de empresas y derechos humanos, en 2017 y luego en 2022, con el fin de implementar acciones concretas para instalar la política pública  y con vías a la consagración legal de estos principios jurídicos. El regulador financiero ha emitido normas que imponen obligaciones de reporte sobre sostenibilidad y gobernanza a sus entidades supervisadas -bancos, compañías de seguros, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores-, que comprende aspectos de derechos humanos.

Por su parte, los gremios empresariales han emitido guías sobre debida diligencia en derechos humanos, y las empresas se han adherido a iniciativas globales de sostenibilidad corporativa, comunicando públicamente su compromiso y respeto por los derechos humanos, el trabajo decente, la protección del medio ambiente y el combate a la corrupción. Los sectores exportadores chilenas también conoce bien este tipo de regulaciones, sea porque su propiedad se encuentra en manos de multinacionales extranjeras que ya están afectas a regulaciones de esta naturaleza en sus países (Francia, Noruega, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá y recientemente la Unión Europea), sea porque han trasladado sus casas matrices al extranjero.

El sector exportador tradicional de Chile intensivo en mano de obra calificada y no calificada, -minero, agrícola, y salmonero-, ha sido objeto de múltiples informes y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de sus trabajadores, y de las comunidades y el medioambiente donde operan, tanto ante instancias nacionales como internacionales.

Nuestra organización tuvo la oportunidad de entregar insumos para la elaboración de la directiva europea en debida diligencia y para su regulación sobre el trabajo forzoso. Fuimos enfáticos en señalar que asistíamos a un riesgo sin precedentes de trabajo forzoso de trabajadores nacionales y migrantes en los principales sectores exportadores del país. La industria de la fruta y el salmón está particularmente afectada por abusos laborales y explotación de trabajadores.

La explotación se remonta a 1980, cuando comenzó la modernización y la internacionalización de la economía, pero las crisis migratorias regionales han profundizado gravemente el riesgo en los últimos siete años. La recesión económica, junto con la criminalización de los inmigrantes irregulares, ha alimentado el sentimiento antiinmigrante y ha aumentado el abuso y la explotación laboral.

Los trabajadores asistidos o representados ante los tribunales por nuestra organización han sufrido engaños, condiciones de trabajo abusivas y peligrosas, robo de salarios, horas de trabajo excesivas y falta de pago de horas extras, malos tratos y discriminación, condiciones de vida degradantes, intimidación, amenazas y aislamiento. El riesgo se ha profundizado frente a dos características de estos sectores económicos: la concentración de propiedad a lo largo de la cadena de suministro y el régimen de subcontratación con el que operan en la provisión de trabajadores para labores del giro principal de las empresas.

No vamos a saber nunca qué se habló en esas conversaciones. Pero sí podremos ver sus efectos. Y juzgar su coherencia.

En junio de 2023, el Ministro de Justicia anunció que el gobierno presentaría durante 2024 un proyecto de ley sobre debida diligencia empresarial, culminación del proceso de generación de una política pública sobre derechos humanos y empresas.

Va a ser interesante la discusión legal que se abra en torno a la robustez de esta legislación, especialmente a la luz de la promulgación de la ley de delitos económicos y la reforma a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que con la incorporación de delitos medioambientales y contra los derechos de los trabajadores, se parece mucho a una ley de debida diligencia empresarial. Pero más allá de la discusión técnica que se abra, la ciudadanía y en especial la sociedad civil organizada, estará atenta a cómo se desenvuelve su tramitación y su resultado, pues en un contexto de grave incumplimiento por parte de las empresas de sus deberes de respeto de los derechos humanos y la develación de las reuniones secretas entre autoridades y empresariado, el riesgo de que su contenido se vea diluido y aminorado, es un riesgo real y posible.

¿Superar desconfianzas mutuas? Claro, estamos disponibles para ello. Pero es imprescindible reconocer la falta y el peligro de captura corporativa del Estado que estas reuniones significan. No solo por el peligro de corrupción y el desvío de fondos públicos, sino también, y especialmente, por el peligro de que graves violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en las operaciones y cadenas de suministro de las empresas y de las comunidades en que operan, queden impunes.