Caso Peso Pluma: De la neutralidad inmovilizadora al decisionismo oportunista

A raíz de la columna de Alberto Mayol (ver aquí) sobre la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, ha surgido un intenso debate en torno a la narcocultura y la cultura de la cancelación, donde podemos identificar dos grandes posturas:

1. Aquellos que apoyan a Mayol y su llamado a que el Estado no financie ninguna obra artística que esté ligada al narcotráfico o que promueva la narcocultura.
2. Aquellos que acusan un intento de cancelar a Peso Pluma, quien únicamente da cuenta de una cruda realidad, pero no sería su promotor (habría que tener ojo con los narcocorridos); sin olvidar que con su ausencia en el Festival no se solucionará el problema de fondo.

En esta columna pretendemos profundizar en un tema que, quizás, no ha sido tan destacado: el rol del Estado. En efecto, Mayol apunta contra la alcaldesa Ripamonti por permitir la venida de Peso Pluma, no obstante su Gobierno –representante del Estado– ha llamado a combatir al narcotráfico. Entonces, lo que habría es una gran incongruencia en el actuar del Estado, al decir que se combate el narcotráfico al mismo tiempo que se permite la venida de uno de sus máximos exponentes musicales.

Este caso en cuestión nos sirve de excusa para exponer dos visiones contrarias respecto al rol del Estado y cuáles son los peligros que estas pueden generar a la hora de tratar ciertos temas.

La primera visión que consideraremos es la liberal. Desde esta perspectiva, el Estado debe ser neutral, es decir, no debe tomar una posición clara que favorezca a unos sobre otros. El principal motivo de esto es evitar una centralización y concentración desmedida del poder en el Gobierno –la principal fuerza del Estado–, que nos pueda llevar a un autoritarismo o totalitarismo. En otras palabras, buscan evitar que el Gobierno “pase máquina” e imponga su visión.

De ahí que el liberalismo (sobre todo el neoliberalismo) busque que el Estado sea mínimo, es decir, que intervenga lo menos posible. Así es como, según ellos, serán los individuos –esta palabra no es casual– quienes libremente tomarán las decisiones que les afectan en su vida, sin ser constreñidos por poderes externos.

Bajo esta lógica, aún si efectivamente Peso Pluma es un gran promotor de la narcocultura, financiado por bandas criminales –básicamente lo que Mayol señala–, desde la perspectiva liberal se podría argumentar que el Estado no debe prohibir su música, ya que son los individuos quienes libremente deciden consumirla.

Bajo una lógica similar, muchas personas han defendido a Peso Pluma esgrimiendo que el Estado no debe intervenir en temas culturales, porque el arte debe ser de “libre expresión” (Aunque no es claro que ellos apliquen este criterio para todos los artistas, pero eso es otro tema). Por otro lado dicen que la música, independiente de qué se trate, en ningún caso puede ser constitutiva de delito.

Ahora bien, el punto no es tan sencillo, porque el liberalismo contempla excepciones para la acción del Estado, por ejemplo en temas de seguridad. Sin seguridad, no habría orden estable ni se podría defender la propiedad privada, por lo que el Estado debe tener un rol activo en ese tema. De esa forma, debe ser decidido con el tema del narcotráfico porque este es un flagelo que rompe con todo tipo de orden posible. Por eso quienes apoyan a Mayol lo pueden hacer a partir de argumentos liberales.

El problema es que, tal como señala Carl Schmitt –un autor muy peligroso– el Estado nunca puede ser neutral. A fin de cuentas, la neutralidad estatal impacta a la sociedad, porque supone la defensa del estatus quo.

Cada vez que el Estado actúa con “neutralidad” termina favoreciendo a otros poderes, normalmente a los grandes grupos económicos o los llamados ‘poderes fácticos’. Justamente Schmitt habla de ‘poderes indirectos’, haciendo referencia a aquellos grupos que promueven determinadas políticas que los benefician, sin tener que asumir los costos que estas puedan tener para el resto de la sociedad –normalmente asumidos por la élite política–.

Si tomamos en cuenta el caso de Peso Pluma, se podría decir que el Estado fue “neutral” –la declaración de TVN es paradigmática en ese sentido (ver aquí)– y es por eso que se les acusa de promover la narcocultura. A su vez, se estaría beneficiando a la industria musical (poder indirecto), la cual ha promocionado al artista, sin asumir ningún costo por la polémica.

El punto es que el Estado, en cualquier tema donde tenga algo de influencia y responsabilidad, siempre termina decidiendo, incluso cuando no decide. Para Schmitt esto constituye la necesidad de que el Soberano (Presidente, Primer Ministro, etc.) se haga responsable y, efectivamente, ejerza el rol para el que fue electo, lo que supone, tomar decisiones. Habrá que darle el punto a Schmitt respecto a esta cuestión porque, creo, la mayoría concordaría en que hubiese sido mejor un pronunciamiento claro sobre el tema por parte de las instituciones y no una declaración donde se laven las manos.

Pero el ejercicio de ese poder de decisión del Estado tiene un peligro: el llamado ‘decisionismo’. Este ocurre cuando el gobernante de turno asume el control total, al punto que su palabra pasa a ser la ley. El caso paradigmático del decisionismo es el régimen nazi liderado por Hitler. Régimen en el que, por cierto, trabajó Carl Schmitt –les advertí que era un autor peligroso–.

El decisionismo es la contracara de la neutralidad, y es el motivo de por qué los liberales buscan disminuir el poder del Estado, tal como mencionamos antes. ¿Podría el decisionismo surgir a raíz del caso de Peso Pluma? Aunque no lo crean, ya hay señales de algo así. Hace unos días se presentó un proyecto de ley para censurar a todo artista que promueva la narcocultura (ver aquí). El artículo indica lo siguiente:

“Prohíbase la participación en los eventos y conciertos musicales masivos de artistas, grupos o expresiones artísticas que promuevan, inciten, avalen, incentiven, impulsen o promocionen la narcocultura, la violencia, la comisión de ilícitos penales, el terrorismo y el consumo de sustancias psicotrópicas ilícitas”.

No tengo dudas de que puede existir cierto consenso social en evitar la presencia de la narcocultura en cualquier tipo de evento público. El problema está en definir los límites de la prohibición. Tal como está escrito el artículo, perfectamente podemos terminar por cancelar artistas que lejos de promover la narcocultura, buscan denunciarla.

Además, se agregan otros temas. Por ejemplo, se habla de violencia y uno podría preguntarse, ¿no será avalar la violencia promover a, por ejemplo Alejandro Fernández, por tener canciones que hablan de femicidio? ¿O esto afectará solo a un tipo específico de artista que incomode al poder de turno? ¿No será, como han argumentado los defensores de Peso Pluma, que se está intentando tapar el sol con un dedo y que él solo es el chivo expiatorio?

Lo mismo pasa con el terrorismo: ¿Qué se considera terrorismo? Al mismo tiempo, ¿qué se considera como promoción del terrorismo? ¿Apoyar la causa mapuche inmediatamente será motivo de prohibición del artista, debido a los actos de la CAM? El proyecto de ley puede ser eficiente en cumplir el objetivo de evitar la narcocultura en eventos masivos, pero el costo puede ser mucho más alto, afectando a artistas completamente inocentes.

En este tipo de situaciones la línea es bastante delgada y para el poder no es tan difícil traspasarla si resulta conveniente a sus intereses. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Desde luego, de aprobarse este proyecto de ley, no nos convertiríamos en el Tercer Reich, pero hay que recordar, Roma no se construyó en un día.

Dándoles la razón a los críticos de Mayol, proyectos de este tipo no se hacen cargo del problema de fondo, mucho más complejo y difícil de tratar que cancelando artistas (por más justificable que esto pueda ser en determinados casos).

En definitiva, para tratar de combatir al narcotráfico no debemos caer ni en la neutralidad inmovilizadora, ni en un decisionismo oportunista. Más bien se trata de encontrar un equilibrio donde lo más importante sea comprender el problema en su profundidad, promover el diálogo, el debate serio de ideas y el desarrollo de políticas públicas de calidad. Básicamente, ejercer la democracia como corresponde y dejar de lado, de una buena vez, el espectáculo al que estamos tan acostumbrados cada vez que surge un incidente ligado al tema.