Plebiscitos fracasados: La otra reflexión

Hay otra reflexión necesaria después de dos plebiscitos rechazados en el país, al otro lado de la vereda, la de sectores conservadores. La dictadura estableció en Chile a través de la institucionalidad impuesta un sistema político, económico y social que ha tenido sus guardianes permanentes, hasta desembocar en las masivas protestas y violencia inusitada del Estallido Social. Su norte ha sido y es impedir todo cambio, teniendo como base esta institucionalidad. No es casual, porque así lo previó hace años Jaime Guzmán.

Jaime Guzmán y la democracia protegida.

En su mentado texto de 1979, El Camino Político, Guzmán sostiene que el entramado que encarna la Constitución de 1980 obedece a un diseño en que cada componente está relacionado con el otro en una unidad lógica: “La nueva institucionalidad política forma un todo coherente e indisoluble con la nueva institucionalidad económica y la nueva institucionalidad social, desde que las tres reconocen una común inspiración doctrinaria en la Declaración de Principios del actual régimen, y además son recíprocamente interdependientes en sus objetivos”.

Precisamente en sus objetivos está “La reducción del poder estatal a las dimensiones que le corresponde conforme al principio de subsidiaridad…”. La idea es terminar con un Estado intruso que impide a los chilenos la virtuosa libertad de elegir, Guzmán critica entonces que: “Ese estatismo exagerado menoscabó fuertemente la libertad de los chilenos para decidir en aquellas materias que dicen más directa relación con su destino personal o familiar, como la libertad de trabajo, de sindicación, de escoger la educación de los hijos, de elegir entre diversas prestaciones de salud, de resolver sobre la administración de los propios fondos previsionales”. Nos suenan conocidas estas libertades, proclamadas en el último plebiscito.

Guzmán toma sus resguardos y advierte que “Poco se obtendría con limitar el poder estatal si inmediatamente después este cayese en manos de quienes pretendieran volver a extenderlo indebidamente”. Entonces la nueva institucionalidad debe restringir el poder de los futuros gobernantes, “Lo esencial no reside en quién gobierne sino más bien en cuánto poder tenga el que acceda a la conducción del Estado”. Por tanto la tarea del régimen militar sería impedir que a futuro este Estado limitado sea superado, y por eso “Plasmar las condiciones para que ese poder estatal no se exceda es la clave de una sociedad libre y de una democracia estable, y constituye al mismo tiempo, la base de la tarea del actual régimen”.

Más claro aún, los futuros gobiernos que sucedan a la dictadura deben quedar maniatados y bien maniatados, de modo que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque… el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Este es el plan de Guzmán. Estos conceptos antidemocráticos, emitidos sin rubor alguno en plena dictadura, cuando nadie puede replicarle, se expresaron en la Constitución de 1980 y han tenido sus paladines permanentes. Lo que se protege no es la democracia, sino el modelo político, económico y social establecido en la dictadura, el ideario político de la derecha, impuesto por la fuerza y muy bien resguardado por los senadores designados, el sistema binominal, el Tribunal Constitucional, los altos quórum de reforma constitucional y de las leyes orgánicas, etc.

Efectos del modelo político, económico y social

Desde 1990 en adelante, esto es durante los gobiernos democráticos, el país tuvo un crecimiento económico notable y una significativa disminución de la pobreza. El PIB per cápita de Chile aumentó más de un 600% desde 1990, y hoy es casi el doble que el del promedio de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2019b). La pobreza disminuyó considerablemente, pasando de un 40% en 1990 a sólo un 10,7% en 2017, muy por debajo de la media latinoamericana (CEPAL 2018).

A su vez, este crecimiento esta aparejado con una marcada desigualdad. Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país, mientras que en Brasil controla el 48,9%, en México el 46,9% y en Estados Unidos el 34,9%.

El patrimonio conjunto de los chilenos más ricos (nueve familias milmillonarias) fue equivalente a un 16,1% del PIB del país en el 2021, según calculó la Cepal utilizando datos de la revista Forbes. Estos cálculos solo consideran a los llamados «milmillonarios», es decir, aquellas personas que tienen un patrimonio de al menos US$1.000 millones. Para otros países de AL el resultado es inferior: Brasil 14.2%, México 12.2%, Colombia 9.2%, Perú 5.0%, Argentina 3.7%.

En el año anterior al estallido, el informe del PNUD “Índices e indicadores de desarrollo humano. Actualización estadística de 2018”, sostiene que Chile se encontraba entre los veinte países más desiguales de una muestra de 150.

En lo que respecta a los ingresos, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018), sólo el 20% más rico de los hogares tiene un ingreso mensual promedio per cápita que supera a su gasto promedio mensual. Esto quiere decir que 4 de cada 5 hogares no llegan con sus ingresos a cubrir sus gastos medios mensuales, los que mayoritariamente se destinan a alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos. Así, el endeudamiento mediante el crédito es una parte esencial de la supervivencia de los hogares de estratos populares y medios en el país.

Según datos del Banco Central de Chile (2018), dos de cada tres hogares tienen algún tipo de deuda y, en promedio, la deuda contraída por los hogares representa 3,5 veces el total de sus ingresos mensuales. Las deudas asociadas al consumo son las que más peso tienen en la carga de endeudamiento de los hogares, especialmente en los de menores recursos. Consecuentemente, informes de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dan cuenta que las tarjetas de crédito vigentes entre julio de 2014 y julio de 2019 aumentaron un 179% en Chile (SBIF, 2019). De este modo, el endeudamiento es parte de la cotidianidad de los hogares chilenos. Tomar uno o varios créditos no es una opción, sino una necesidad vital para la mayoría de los hogares (Morán Faundez J. Manuel, Revista Crítica y resistencias N° 9 2019).

A diciembre de 2018, el 50% de las 684.539 personas jubiladas que recibieron una pensión de vejez por edad, que es la modalidad más masiva del sistema, obtuvieron menos de $151.336, incluyendo en este monto el Aporte Previsional Solidario que realiza el Estado. El panorama empeora considerablemente para el caso de las mujeres; a diciembre de 2018 el monto promedio de las pensiones por vejez pagadas fue de $227.693 y en el caso de las mujeres descendía a $183.864 (Gálvez y Kremerman 2019).

Las carencias de ingresos se traducen así en carencias de acceso a derechos. La salud es un ejemplo de esto. El sistema de salud público en Chile sufre una serie de déficits que afectan directamente la calidad de la atención de los sectores populares y medios. Este déficit es tal, que el oportuno acceso a la salud depende directamente de la capacidad de las personas para pagar por una consulta privada que les permita sortear las limitaciones del sistema público. En 2017, el tiempo de espera para una consulta médica por una nueva especialidad en el sistema público de salud fue de 412 días, y para una intervención quirúrgica fue de 479 días (Bedregal 2017). En 2018, 25.981 personas fallecieron esperando ser atendidas en el sistema público (MINSAL, 2019).

Los resultados recientes (2023) de la prueba de ingreso a la universidad muestran que de los 100 primeros colegios en cuanto a resultados, 97 son colegios privados. Las cifras demuestran la precariedad de la enseñanza pública y de la subvencionada por el Estado. La educación es un factor primordial de movilidad social, y la realidad muestra en Chile que los sectores menos favorecidos seguirán teniendo vidas precarias. Un estudiante universitario proveniente de un colegio privado de elite tiene 10 veces más probabilidades de ejercer un cargo directivo en alguna gran empresa que un estudiante universitario que egresó de algún colegio o liceo de enseñanza media no perteneciente a la elite (Zimmerman, 2013).

Así, servicios y derechos básicos como la atención oportuna en salud, el acceso a una educación de calidad, el derecho a una jubilación digna, están supeditadas a la capacidad de pago o de endeudamiento de las personas. Si consideramos que la mediana de ingresos según datos del 2023, es de $500.000, entonces la mitad de la población (y más, considerando ingresos de 600 o 700 mil), no tiene ninguna posibilidad de acceder a salud, educación y pensiones dignas.

Si a estos elementos socioeconómicos le agregamos una corrupción creciente, en grandes conglomerados económicos (pollos, confort, medicamentos), en las instituciones por medio de sus jerarquías (Iglesia, Carabineros, Ejército, municipios), en la política (financiamiento ilegal por parte de grandes empresas), más el resultado de penas irrisorias que a veces han parecido una burla, más la sensación de una elite que goza de impunidad para cometer tropelías, y que vive ausente de las carencias de la vida cotidiana de las personas, entonces tenemos el cóctel adecuado para una gran convulsión social como la de octubre del 2019.

El entramado conservador

Los cambios a la institucionalidad heredada de la dictadura han sido persistentemente resistidos por los guardianes del estatus. Los senadores designados, una vergonzosa arbitrariedad antidemocrática, fueron suprimidos en el año 2005, después de 15 años de la recuperación democrática. El cambio del sistema binominal que aseguraba a la derecha el quórum para vetar toda modificación en el parlamento, se consiguió recién el 2016, después de 26 años del término de la dictadura. En ese largo periodo, se practicó la política de los consensos, es decir, los cambios solo fueron aquellos que los sectores conservadores quisieron aceptar.

Un caso paradigmático es el de las pensiones. Las cifras que hemos revisado muestran pensiones de miseria. El sistema de capitalización individual vigente pudiera ser factible en una economía de alto desarrollo, en países como Finlandia y similares, en que los altos salarios y permanencia del empleo posibilitan que todas las personas puedan acumular un ahorro individual suficiente para su pensión. Pero eso es imposible en un país en desarrollo, con bajos niveles de ingreso, empleos precarios y además con un brutal nivel de desigualdad.

Se han hecho dos modificaciones al sistema, Bachelet II y Piñera II, para subir las pensiones con fondos del Estado, porque para el sistema imperante es imposible subirlas. Hemos llegado al absurdo en que el sistema de “capitalización individual” es financiado en su mayor parte por el Estado y no por las AFP: hasta el año 2021, total pensiones pagadas por el sistema fueron US$80.000 millones. En tanto los aportes del Estado en el periodo alcanzaron los US$50.000 millones y lo aportes de las AFP en el periodo apenas fueron US$30.000 millones de (Cenda, 2021).

La evidencia es abrumadora, pero ha sido imposible en 33 años de democracia modificar el sistema de las AFP. Y es que no solo hay un entramado institucional, la Ley Orgánica Constitucional que lo ha impedido. Hay otros tres elementos presentes para que nada cambie: El gran empresariado, favorecidos por el modelo neoliberal que dejó la dictadura, dispuestos a ceder nada. Los medios de comunicación, en su inmensa mayoría ligados al gran empresariado. Los representantes políticos conservadores desde el parlamento. Este entramado ha sido una barrera infranqueable. Un país inmovilizado, que llegó así a octubre del 2019 y al estallido social.

La necesaria reflexión de los conservadores

Los sectores de la elite conservadora nunca imaginaron las tribulaciones diarias de la población. Muy sorprendidos durante el estallido, personeros del gran empresariado declararon su disposición a aportar en pos de ayudar a resolver los problemas sociales existentes, pero eso duró muy poco. No dudaron en apoyar con declaraciones y con financiamiento, el proyecto constitucional de la extrema derecha, derrotado el pasado 17 de diciembre.

Los políticos conservadores, solo ante la violencia del estallido, estuvieron dispuestos a permitir un proceso de cambio constitucional reclamado durante años. Pero luego, no resistieron la tentación de hacer una propuesta más retrógrada que la Constitución de 1980, perdiendo la oportunidad de proponer un proyecto constitucional neutro, que permitiera que los cambios sociales se resuelvan en la política democrática y no en la convulsión social. Volvieron a su misión histórica desde la dictadura, ser los guardianes para que nada cambie.

La porfiada realidad invita a la reflexión. La ignorancia y ceguera de empresarios y políticos conservadores es mucho más peligrosa que la del resto de la población, por la influencia que tienen. La ceguera e ignorancia de las élites, su incapacidad para comprender alguno de los problemas fundamentales del país en que viven –como los efectos de la desigualdad–, alimenta el riesgo. El hecho de que Cecilia Morel, quien fue capaz de reconocer que debían “disminuir sus privilegios y compartir con los demás”, sea más perspicaz que Carlos Peña, es un dato poco alentador. La situación actual es consecuencia directa del modelo económico-institucional implantado en dictadura (no en 1990), el que ha mercantilizado en forma extrema las diferentes dimensiones de la vida de chilenos y chilenas, desde la cuna hasta la tumba (J. Rodríguez Weber, junio 2021, El Mostrador).