Territorio, delincuencia multivariada y fronteras estatales: El caso latinoamericano

La realidad latinoamericana, cuál expresión territorial del Sur Global, mundo del subdesarrollo y otras características geoestratégicas con que se le delinea, viene permitiendo en el análisis académico y político múltiples interpretaciones para dar cuenta del dinamismo de lo ilícito en diversas materias.

Estas miradas oscilan entre qué las instituciones estatales muestran debilidad, qué los regímenes democráticos se encuentran en la misma línea y qué, el capitalismo, como siempre, es indolente respecto de las calidades de vidas de las personas y sus organizaciones asociadas.

Conviene indicar que el telón de fondo que particulariza a la región en escala centroamericana y sudamericana son los altos niveles de desigualdades socioeconómicas y pobreza a secas, más la alta vulnerabilidad socio-ambiental producto de la explotación de recursos naturales funcionales a las necesidades del norte global o mundo desarrollado, con cambio/calentamiento climático global asociado(i).

Se lee y escucha regularmente en el discurso público, desde las autoridades de gobiernos o sociedades civiles, que el territorio es una variable central para acudir a la mejor comprensión e intervención de lo ilícito. Que la complejidad de lo ilícito en su organización y altas sumas de dineros administradas, permiten una alta gama de armamento, cooptación de barrios completos en función de sus negocios vía miedo, o bien, cooperación comunitaria signada por la pobreza, narco-cultura territorial (lo más complejo de la cooptación barrial y más) entre otros aspectos de los dinamismos sociopolíticos vinculados con las interrelaciones del territorio o espacio geográfico como se consigna más arriba.

Se agrega además, con bastante profundidad, la importancia de las fronteras terrestres, marítimas, pasando por las portuarias, y qué decir con las áreas (aeropuertos, entre otras expresiones), las cuales se vienen utilizando con larga data para el tráfico de drogas.

De ahí, que se busca avanzar en cómo diseñar políticas públicas con anclaje en las dinámicas territoriales, prioritariamente las de seguridad pública, en el entendido que ahí es dónde se encuentra la realidad más dura de la cuestión social en lo lícito o ilícito, en pobreza, desigualdad socioeconómica o riqueza, segregación territorial y otros dinamismos que se van anquilosando en los espacios geográficos complejos.

Es en esa realidad donde emerge la cuestión de la inter-escalaridad, en el entendido que los espacios geográficos son y fueron sistemas territoriales abiertos donde dialoga lo local-barrial con lo internacional, pasando por lo regional y lo nacional. Por lo tanto, pensar el control de lo ilícito más allá de una comuna en su alcance y complejidad, es razonable, como también lo es pensar más allá de una región y de ahí hacerlo más allá de un país, donde temas como los mostrados en Centroamérica o en Sudamérica e integradamente ambos, además, precisan de esa mirada reflexiva-interescalar.

Los espacios fronterizos terrestres, marítimos y su proyección aérea, merecen una preocupación especial, ya que es en aquellos lugares donde la realidad político-territorial, o geopolítica, permite unos dinamismos convenientes para los ilícitos, existiendo en oportunidades menos población o control estatal.

Estas territorialidades deben entenderse en inter-escalaridad ya que el no hacerlo de esa forma, fuera de no comprender en profundidad las dinámicas geográficas, es un error inexcusable de los tomadores de decisión, más allá de “contar o no” con los alcances financieros para el diseño de las políticas fronterizas o transfronterizas (que siempre importan, qué duda cabe).

El desafío en esta perspectiva, en parte, estaría en consolidar regímenes fronterizos en una adecuada combinación entre la perspectiva nacional y subnacional, siendo esta última la que tiene un DEBE estructural, por lo menos para el caso chileno(ii).

Mientras la gestión nacional de las fronteras desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros servicios asociados es estridente cuando existe una conflictividad decimonónica (Bolivia, Perú o hasta Argentina), migratoria u otros, la subnacional, representada por gobiernos locales y regionales y sus comunidades/sociedades civiles, junto con tener evidencia de gestión, no es acompañada con todas la competencias y atribuciones para profundizarlas adecuadamente. Más descentralización es el camino, por lo menos para el caso de Chile.

Ecuador, con su performance delictiva de estos últimos días, que es símbolo de una más compleja situación de lo ílicito; Bolivia, con los cinco soldados quemados vivos cerca de la frontera con Argentina, el Triángulo Norte en Centroamérica con las violencias de Maras y Narcotráfico y su interrelación; Brasil con sus complejidades delincuenciales que permiten una u otra serie televisiva en las plataformas de streaming, como también ocurre con México y Colombia, vienen a recordar, otra vez, que el espacio geográfico es cosa compleja, pero ineludible de abordar y que gana en consistencia en la medida que se fortalece el Estado, la Democracia y la Soberanía en una perspectiva de integración, cooperación o coordinación regional.

Sin embargo, así como se pide una mayor coordinación centralista global-regional para el cuidado del medio ambiente, la mejor gestión de los temas de salubridad (en época de COVID), en el riesgo de que haya un poder centralista y con poder real para tales efectos (su capitalización política–geopolítica), vulnerando las soberanías nacionales, lo mismo debiese proyectarse con lo delincuencial.

Chile no es la excepción en estas preocupaciones, más allá o junto con la siempre llamativa y ágil agenda de medios (necesaria en contextos democráticos), relacionada con los dinamismos territoriales y las carteras de proyecto de ley del Ejecutivo y el Congreso en estas materias, el fenómeno tiene y debería abordarse con fortalecimiento estatal, con sentido democrático-descentralizador, evitando caer en la tentación de los autoritarismos de diverso signo (caso Bukele, en El Salvador). E implica un abordaje inter-escalar, local-barrial hasta lo internacional en cualquiera de sus combinaciones, con un enfoque de diseño de política pública en estas materias de seguridad pública, y la cuestión fronteriza y su gestión(iii).

Notas al pié de página

• (i) Orellana, J. (2015), reseña bibliográfica Estenssoro, F. (2014). Historia del debate ambiental en la política Mundial 1945 – 1992. La perspectiva Latinoamericana (ver aquí)
• (ii) Pozo, I (2021) Fronteras y descentralización, un espacio para el desarrollo. El caso de la frontera norte chilena (ver aquí)
• (iii) Orellana, J.; Pozo, I (2022) Nueva constitución y geopolítica: la perspectiva fronteriza (ver aquí)