Anuncios en seguridad: Medidas necesarias pero insuficientes

Estos días hemos podido ver cómo el gobierno ha presentado diversas medidas para hacer frente a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. En este contexto, los dos elementos que más ruido han hecho son el plan de intervención en 50 puntos estratégicos y el llamado al COSENA, realizado este jueves.

Ambas son medidas positivas pensando en la emergencia que se enfrenta, y que en sí mismas no reflejan -como algunos han interpretado- un retroceso en el carácter progresista del gobierno. La salvedad está marcada por la razón que ha impuesto la inevitabilidad de estas, es decir, el por qué nos hemos visto obligados a tomarlas.

En el primer caso se ha llegado a utilizar al GOPE en medidas de vigilancia, que no son parte de sus funciones, pues esta unidad de élite de carácter militar está para realizar operaciones especiales y no patrullajes. Como todo integrante de una fuerza de operaciones especiales sabe, estas fuerzas realizan aquellas acciones que están fuera de las capacidades de las fuerzas convencionales, y si alguna tarea puede ser realizada por estas últimas, entonces no es una tarea para las fuerzas especiales.

Si bien se ha asegurado que el establecimiento de estos puntos no afectará la dotación territorial de la institución, lo que sigue sin ser asumido es el vacío de capacidades existente en nuestro sistema policial en el límite, justamente, entre lo policial y lo militar.

Por su parte, la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional suena como una medida polémica, en parte por el legado cultural dictatorial de la instancia. Pero debemos recordar que las reformas constitucionales de 2005 transformaron esta instancia en una de carácter consultivo y asesor, y por lo tanto, sin capacidades ejecutivas. De esta manera, se constituye como una de las pocas instancias de asesoría técnica de seguridad para el presidente por fuera del gabinete.

Si bien adolece de una constitución discutible, que se ve reflejada en la ausencia de ministerios vitales como interior o defensa (a pesar de que pueden ser convocados especialmente), y del director general de la PDI, también está marcado por la indefinición existente del concepto mismo de seguridad nacional. Este aún es considerado, por algunos sectores, como eminentemente dictatorial o en otras ocasiones relacionado exclusivamente con la seguridad exterior del país. Se vuelve a verificar la necesidad de definir el concepto de una buena vez.

A pesar de sus limitaciones es una de las pocas instancias que el presidente tiene para recibir asesoría y, por ende, capaz de entregarle espalda técnica para tomar la decisión de cómo implementar la facultad de protección de la infraestructura crítica en la presente crisis.

Su convocatoria, a estas alturas, es lógica. Más allá de que no genere por sí misma un salto cualitativo en las medidas a tomar. Diferente sería si nuestro país contara con una arquitectura de seguridad nacional que permitiera impulsar la interagencialidad en esta área, así como adelantarse a las crisis identificando vulnerabilidades, riesgos y amenazas. Pero dicha institucionalidad no existe.

Por otro lado, existe un vacío en torno a las capacidades necesarias por parte del Estado para enfrentar las nuevas tendencias (en Chile) de la criminalidad organizada. El desarrollo de pandillas, bandas criminales y carteles caminan hacia verdaderas insurgencias criminales, y enfrentarlas necesita de un set variado de herramientas. Entre ellas están las denominadas fuerzas intermedias, o policías con carácter militarizado, que no dejan por esto de ser policías. Tampoco deben venir a reemplazar a una policía civil de cercanía, por el contrario, ambas son complementarias entre sí y con la PDI.

La imposibilidad de haber impulsado una reforma policial en este sentido, expresado claramente durante el ministerio de Izkia Siches, así como el bajo nivel de las discusiones constituyentes en ambos procesos en torno al asunto, nos han dejado con pocas alternativas a mano.

Por último, es importante hacer notar que las FF.AA. no están diseñadas para tareas de seguridad interior. Su diseño responde, de manera general, a un conflicto convencional. Al mismo tiempo se debe recordar que han estado permanentemente movilizadas en diversos Estados de Excepción Constitucional, por lo que es posible que ya exista un deterioro en sus capacidades, equipamiento, vehículos, etc.

Si se les entrega cada vez más responsabilidades nuevas, tarde o temprano, se deberá cambiar su doctrina y entrenamiento, pero también se tendrá que repensar su cantidad de efectivos, la conscripción y presupuesto, entre otras cosas. Al parecer poco se está pensando en estos costos.

En la generalidad las medidas anunciadas son positivas, en tanto buscan hacerse cargo de un problema en vías de transformarse en crisis, pero responden a un vacío que debemos enfrentar lo más pronto posible. Mientras más nos demoremos en hacerlo, menos espacio habrá para adoptar medidas policiales y de desarrollo, y la militarización de la seguridad interior se volverá aparentemente inevitable. La crisis no esperará a que se tomen decisiones, y el tiempo corre.