La izquierda extraviada

Casi toda la izquierda, desde liberales a comunistas, además del ministro de justicia y otras autoridades de gobierno, han criticado al juez Urrutia por aplicar estrictamente los derechos de todo procesado y condenado. Derechos humanos que la ley y la jurisprudencia internacional establecen para quienes están en prisión, incluso criminales de lesa humanidad o peligrosos criminales de organizaciones de la droga y delincuencia común.

En Punta Peuco hay presos por crímenes de lesa humanidad, condenados de por vida por secuestro, tortura, asesinatos y desapariciones, la mayor crueldad que se haya visto en la historia de Chile. Están en cárcel de lujo, con todo tipo de prebendas, legales e ilegales y, además, la derecha presiona para dejarlos en libertad. ¿Justificados por el contexto?

Hoy el mediático escándalo farandulero, de derechas a izquierdas, y la mayoría que quienes ofician de periodistas, es porque el juez Urrutia le autorizó una visita conyugal a Rafael Marín, preso condenado a 10 años por tráfico de drogas, y a 13 presos les autorizó una video conferencia con familiares en presencia de un gendarme.

Se señala que hoy no corresponde cautelar los DDHH en el caso de procesados y condenados de organizaciones criminales de la droga, sea video conferencias o visitas, en virtud del inmenso peligro que significarían, tales actividades en prisión, para la sociedad.

En esto coinciden con los dichos de la candidata Evelyn Matthei en relación a que es tolerable pasar a llevar derechos humanos “un poquito” en determinadas situaciones, como también lo justificó respecto del estallido social del año 2019.

“Salga de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre. Esa es la única tierra verdadera de los DDHH”, declaró entonces Carolina Tohá.

“Cuando se empieza con que hay que analizar el contexto parece que no hay tanta convicción en la importancia que tiene la vigencia de los derechos humanos. Lo preocupante es crear esa dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública”, señaló en su oportunidad el abogado Francisco Cox.

Comprensible la opinión de la alcaldesa, consecuente con su apoyo a la dictadura de Pinochet. Pero ¿es comprensible en la izquierda?

La peor derrota en 50 años de la izquierda fue para la elección de consejeros al fallido Consejo Constitucional, donde no alcanzó el tercio necesario para tener siquiera derecho a veto. La razón principal es que se subordinó a la estrategia de la ultraderecha de poner al centro el problema de la seguridad pública, cuando lo que estaba en debate era una nueva Constitución. Fue una lamentable estrategia populista, sin ningún análisis serio y con resultados desastrosos.

Hoy se repite tal conducta. Se ha plegado a la derecha en su ofensiva contra los derechos humanos de algunos presos, ¿llegará a apoyarla cuando ésta proponga reestablecer la pena de muerte? No parecen haber límites al populismo que ya campea en el país.

Generalmente no concuerdo con las opiniones políticas de Carlos Peña, pero comparto plenamente su reciente columna dominical respecto de la decisión del juez Urrutia. Bien harían los gobernantes y dirigentes de la izquierda en profundizar en los argumentos presentados. Además de conocer más a fondo la doctrina de los derechos humanos, donde precisamente se resguarda a las y los ciudadanos del uso arbitrario, a veces criminal, del monopolio de la fuerza del Estado. Algo que también podrían considerar las escuelas de periodismo.

Una gran debilidad de la izquierda actual es su falta de solidez ideológica, la escasa preocupación por la formación política de sus militantes y su excesivo navegar por las aguas del populismo de opinión pública.