La condonación, una promesa responsable

El Crédito con Aval del Estado nace como una promesa de acceso a la educación superior, a través de la deuda respaldada por el Estado, permitiendo que más de 1.300.000 de personas accedan a la educación superior. Sin embargo, esto no estuvo exento de problemas.

Ya en 2011, las protestas estudiantiles señalaron los diversos problemas que acarrea el crédito como son el alto costo de las cuotas o los sistemas de cobranza en un contexto laboral que, como señaló esta semana el académico Manuel Canales en radio UChile, ha mantenido una estructura similar a la que existía antes del crédito.

Ante las protestas se decide reducir la tasa del crédito al 2% (antes variaba entre el 4% y el 6%). Sin embargo, esta medida estuvo lejos de solucionar los problemas de la política estatal.

Como se señala en una nota publicada a principios de semana en El Mercurio, un 57% de los deudores en etapa de pago se encuentran en mora, atribuyendo como uno de los responsables a la promesa de condonación realizada durante los períodos de campaña. Cabe destacar que este aumento no es nuevo, si bien hay un incremento, este se enmarca en una tendencia al alza.

Ya en 2019 se evidenciaba el problema del no pago, donde factores como la deserción, las condiciones del crédito, el pago, los ingresos de los deudores, aspectos de género y/o haber usado beneficios inciden en la morosidad según un informe de la Dipres de esos años. A esto se suma la caída de los ingresos debido a la pandemia, la inflación y el desempleo, entre otros factores, lo que se traduce en un mayor número de personas en mora.

Los deudores, como se señaló en 2022, en su mayoría no reciben altos ingresos. Para esa fecha, casi el 70% ganaba menos de 750.000 pesos, proporción que aumenta en el caso de los desertores y de las mujeres.

Seguir perpetuando el sistema de créditos no solo es un error por los costos políticos, sino que tampoco es sostenible económicamente. Aquellos que contrajeron la deuda merecen una respuesta por parte de la política, no se puede eludir el problema de generar deudas que luego resulten incobrables y culpar a los deudores.

Los endeudados no pueden seguir esperando, es momento de asumir responsabilidad por parte del Estado, hacerse cargo de la promesa, para la mayoría incumplida, de movilidad social, poniendo fin a las deudas por estudiar y avanzando hacia un sistema de financiamiento a la educación superior justo y acorde a los desafíos que enfrentamos como país.