En defensa de la Ley de Violencia Integral

1 de cada 3 mujeres y niñas han sufrido violencia de pareja, física y/o sexual en algún momento de su vida (OMS). No obstante la gravedad de lo anterior, parlamentarios de los partidos Republicanos, UDI, RN, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano, enviaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar la nueva Ley de Violencia Integral, que busca erradicar la violencia por razones de género en Chile.

La violencia de género se produce debido a creencias culturales generalizadas como el machismo y el sexismo, fenómenos que se internalizan en la socialización temprana de las personas, en la niñez. Esto ocurre en los entornos cercanos de las niñas y niños, en sus familias, en el consumo de medios de comunicación, en la relaciones con sus pares y en las instituciones de educación. Por eso, cuando se habla de la prevención de la violencia de género, el foco es la educación en todos sus niveles, desde la primera infancia, pues es ahí donde se puede dar la batalla cultural que contribuya a la erradicación del machismo y el sexismo.

Ese es uno de los aciertos de la nueva Ley de Violencia Integral, que establece: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”.

La oposición busca evitar la promulgación de la ley, argumentando que dicho inciso es contrario a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. La diputada Ximena Ossandón de Renovación Nacional indicó que una educación no sexista puede ir en contra de las creencias y principios de muchas familias y es, por lo tanto, una imposición moral. Defiende la posibilidad de ser sexista ignorando que esto es contrario a la defensa de los derechos humanos.

En otras instancias, estos sectores se han mostrado a favor de mínimos como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación, pero con lo anterior se contradicen. Evidencian que no se comprometen con una necesidad básica para avanzar en la igualdad y la no discriminación, como es prevenir la violencia por razones de género. Dichos principios están amparados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están en la Constitución chilena, razones por las que la Ley de Violencia Integral es constitucional.

Probablemente lo más grave es que la oposición no reconoce los límites morales de la libertad de enseñanza. Se posicionan en una idea de libertad en que cualquier cosa, incluso contra los derechos humanos, podría ser enseñada en instituciones de educación. Deben ordenar sus ideas y entender que la igualdad de género, Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 de la Agenda 2030, solo puede realizarse erradicando la violencia de género y, lo anterior, solo puede lograrse incorporando educación no sexista de manera universal.