Crisis educativa en la región de Tarapacá

El centralismo no solo se expresa en los recursos que se destinan en cada región, según los presupuestos asignados por su respectiva ley, sino también administrativamente, pues los servicios públicos aún responden a las prioridades de nivel central, que están o estarán sujetos al gobierno que lidere al país.

Esto se vuelve mayormente agravante cuando desde el nivel central desconocen, y por lo mismo, no priorizan las necesidades urgentes de la región, en iniciativas e infraestructura significativas, como es la salud, la movilidad, la vivienda, y en el caso de suma urgencia: el acceso a la Educación.

En la región de Tarapacá más del 70% de los establecimientos educacionales son colegios particulares que reciben subvención del Estado, la oferta pública educacional no supera el 30%. Además, es preocupante que ante el crecimiento demográfico, el flujo migratorio y la expansión de comunas como Alto Hospicio, no se hayan aumentado la cantidad de matrículas.

Justamente Alto Hospicio es reconocida como una de las comunas con mayor expansión territorial en Chile en los últimos tres años, pero no ha existido una proyección en cuanto a la necesidad de mayor infraestructura educativa. Por ende, en esta materia, se presenta un carácter de preocupación y también de negligencia, en cuanto que en los últimos 10 años no se ha podido concretar infraestructura pública educativa en la región.

Entonces, ¿estamos frente a un problema de Estado o un abandono sistemático de los últimos gobiernos con la educación de Tarapacá? ¿Qué hacemos con la falta de oferta y el alza de demanda educativa? A continuación señalaré algunos elementos que han sido determinantes de la actual crisis educativa en infraestructura pública en la región de Tarapacá.

• Modelo Educativo, el avance de la privatización de la educación

Evidentemente la región también es parte de la sistemática y profunda crisis educativa que ha intensificado la brecha entre la llamada educación pública -de sostenedor municipal- y educación privada, que no solo se observa en los resultados de pruebas estandarizadas sino también en la oferta educativa. Esto a raíz de que, en el modelo actual, quienes han avanzado son los sostenedores privados, absorbiendo la oferta a costa del lucro en la educación y el debilitamiento del sistema de administración municipal.

Este crecimiento exponencial fue en desmedro de la Educación Pública, puesto que se instaló que “al pagar por un servicio” se garantizaban mayores indicadores de calidad, disminuyendo las matrículas en la oferta pública. Un ejemplo de esto, en nuestra región, es el cierre del Liceo Arturo Prat el año 2012, el cual fue transformado en el Consultorio Videla por falta de oferta educativa en este entonces. Hoy el escenario es completamente distinto.

• Falta de coordinación de la SEREMI de Educación con los municipios

Según datos del Banco Integrado de Proyectos el último proyecto educativo en la comuna de Iquique es la Escuela Bicentenario Santa María, institución que fue inaugurada en abril del 2014. En lo que respecta a la comuna de Alto Hospicio, la Escuela Pública Simón Bolívar tuvo la construcción de su primera etapa el año 2014 y la su segunda etapa culminó tres años posterior. En la provincia del Tamarugal, el escenario es aún más complejo y el Liceo Técnico Profesional de Colchane es un claro ejemplo de aquello, una iniciativa que se presentó el año 2016 pero que, hasta la fecha, aún no culmina, y actualmente se encuentra en abandono.

En las últimas décadas la administración de los municipios en materia educativa dio cuenta de la carente red educacional, de la falta de perspectiva de futuro y de una lectura errónea sobre si los proyectos podían realmente ser sostenibles. Finalmente, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) tuvo un débil desarrollo y se perdió la oportunidad de conservar o mejorar las comunidades educativas, por falta de acompañamiento a la gestión de los líderes escolares, considerando que se requieren diferentes etapas como el diseño, la ejecución y construcción.

• Incapacidad de planificación de educación, es una problemática estructural de la región

La falta de planificación con pertinencia en el territorio denota varias otras problemáticas que debiesen ser consideradas como mínimos de derecho en la región: vivienda, salud, transporte y movilidad. En el caso de Educación, la planificación de infraestructura requiere cuidado y cumplimiento de unas series normativas que, sin duda, son necesarias pensando en el bienestar y equidad de todos y todas las estudiantes.

En este caso, una vez más fuimos testigos de cómo se priorizaron programas nacionales antes de los regionales, de presupuestos limitados, y poca capacidad de liderazgo de las autoridades para levantar iniciativas para un plan de fortalecimiento de Educación Pública. Para aquello se necesita voluntad política, pero también perspectiva de futuro.

• Déficit de matrículas

Ante lo anterior se comprende que el déficit de matrícula actual es una problemática país. Desde el año 2022 Tarapacá se encuentra en estado crítico, lo cual no es fortuito. Según declaraciones del ministro Nicolás Cataldo en medios de comunicación, hay cerca de 3.000 estudiante sin matricula en Chile, cifra que puede haber fluctuado al paso de estos últimos días.

Sin duda la problemática está vigente, y en Tarapacá está a la vista en la comuna de Alto Hospicio, donde se aproxima el mayor déficit de matrícula, en gran parte de los niveles académicos. Otro elemento para analizar es que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) no prioriza estudiantes sin matrícula, las gestiones que se realicen en abrir cupos no va a garantizar que disminuya esta carencia. Por ende, se entiende que es una problemática que requiere un trabajo mayormente sistemático de revinculación educativa.

Desde el gobierno de Gabriel Boric se ha levantado una política pública denominada “Anótate en la lista”, la cual permite dimensionar la demanda según nivel educativo. Ahora bien, la incertidumbre persiste, si efectivamente aquellos niños, niñas, jóvenes, tendrán en algún momento garantía de poder ser matriculados en alguna institución educativa. Al mismo tiempo, un elemento no menor, es que posterior a la pandemia, los niveles de deserción aumentaron y al no existir oferta educativa, esta problemática genera mayor desmotivación y disminuye el vínculo de las familias con el sistema escolar.

• SLEP, una oportunidad

El tan anhelado proceso de desmunicipalización ha significado un gran desafío para Chile ¿Qué puede hacer el SLEP con la problemática de oferta educativa? El 01 de enero del 2024 inició la implementación del SLEP en la provincia de Iquique, heredando la falta de infraestructura educativa pública, donde las y los estudiantes son los principales afectados.

Como hoja de ruta, un primer paso es realizar un Estudio de red Educacional Pública en la región, que involucre déficit de matrícula, la infraestructura, pero también otros aspectos como curriculares, especializaciones, aplicación de innovación y tecnología. Con ello, se debería generar un gran plan maestro y la creación de una cartera de proyectos e iniciativas que no solo den respuestas a necesidades de hoy, sino que pueda proyectar a futuro.

• Desmitifiquemos, los y las niñas tienen derechos

Ante un relato y un escenario que genera más duda que certezas, debe primar la responsabilidad. La desinformación o inexactitud no aportan a la solución. Se ha dicho que esta crisis está de la mano con la niñez de inmigrantes, antecedentes que agudizan los discursos superficiales, pero es importante considerar esta situación como un factor más, del déficit estructural. Además, debemos tener presente que, en Chile, existe una ley de garantía de protección a la niñez, 20.340, que sea alinea con la Convención de Derechos del Niño.

En la ley se explicita que no se puede discriminar entre niños chilenos y niños extranjeros, y se indica que los derechos de salud y educación deben estar garantizados. En este mismo plano, es necesario decir que la iniciativa presentada por los diputados de RN, para que los niños chilenos tengan prioridad de matrículas en establecimientos educacionales, es inconstitucional, pues es incongruente con nuestra misma Constitución y Convenciones Internacionales. Además de ser altamente cuestionable en cuanto al mensaje que queremos dar a nuestra sociedad.

Ante esta crisis actual se necesita celeridad, voluntad política y liderazgo para abordar la problemática, que no se solucionará a corto plazo, pero que sí debe tener resultados a mediano plazo. Como se mencioné anteriormente, la coordinación de diferentes actorías es clave, la creación de un estudio de red de infraestructura educativa para un plan maestro debiese ser liderado por un comité educativo regional que aborde dicha crisis, donde se necesite representación del gobierno central, delegación presidencial, SEREMI de Educación, gobiernos regionales, SLEP, Colegios de Profesores y Profesoras, Centros de Padres y también de estudiantes, para impulsar una cartera de iniciativas y proyectos.

Además, cabe recordar que los sostenedores privados tienen un rol cooperador con el Estado y deben ser parte de la alianza para generar un aumento urgente de las matrículas según sus reales capacidades de infraestructura. Es un deber moral de estas instituciones que reciben el mismo aporte que los colegios pertenecientes al SLEP.

El diagnóstico está claro, se debe generar un plan de seguimiento y evaluar las iniciativas para que no ocurran situaciones como la pérdida de la escuela modular de Alto Hospicio a fines del año pasado. Necesitamos de mayor profesionalismo y gestión política, que pongan al centro las prioridades educativas de la región.

La Educación debe entenderse como un principio y un derecho que debe garantizarse, trascendiendo cualquier complejidad regional. Todas y todos los niños de Tarapacá debiesen tener acceso aquella y por ello el Estado tiene una deuda tremenda: con la Educación Pública, con las regiones, y con las y los estudiantes que tienen el derecho a estudiar.