Error excluyó a estudiantes migrantes del proceso de matrícula: Propuestas para remediarlo

Cada año, los estudiantes que postulan a la Educación Superior conocen en enero el nivel socioeconómico en que los clasifica el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica). Este dato viene acompañado de información, escrita en condicional, acerca de los beneficios económicos a los que “podrían” (o no) “optar”. Por ejemplo, “podrías optar a gratuidad y becas de arancel”. Si no es así, se añade una breve explicación de por qué no.

A pesar de que la información está redactada en condicional, esta información es crucial ya que para matricularse todas las instituciones de educación superior (UES, IPS y CFT) adscritas a gratuidad, la usan para eximir, o no, a los potenciales estudiantes con dicho beneficio del pago de matrícula. Añadir que, en el caso de los postulantes a universidades, el proceso de matricula dura escasos tres días en enero.

Este año miles de estudiantes extranjeros habiendo completado el FUAS en octubre, se encontraron con que en el nivel socioeconómico les aparecía que no calificarían para gratuidad debido a información migratoria errónea. Es decir, el nivel socioeconómico venía acompañado por frases como: “no cuenta con visa definitiva o temporaria y la Enseñanza Media cursada en Chile” siendo que sí contaban con dichos permisos de residencia.

Mencionar, para quienes desconocen estos asuntos, que para completar FUAS los estudiantes migrantes requieren contar con una visa de residencia en Chile temporaria o definitiva, pues la plataforma sólo permite ingresar con RUN (no con Identificador Provisorio Escolar).

No podemos precisar una cifra de estudiantes afectados por este error dado que, al solicitar información vía transparencia, la Subsecretaría de Educación Superior desconoce absolutamente el error y luego de un mes de retraso, según los plazos estipulados por la Ley de Lobby, el Subsecretario Víctor Orellana rechazó reunirse con las autoras de esta columna argumentando que la solicitud “no corresponde con las materias asociadas a dicha Ley”.

Sabemos que los estudiantes migrantes representan casi el 8% del estudiantado nacional, por lo que estimamos podríamos estar hablando no de cien casos sino de miles de jóvenes afectados por esta información errónea. Organizaciones de la Sociedad Civil, un medio de prensa migrante y los jóvenes y sus familias se comunicaron y reclamaron al MINEDUC.

A esos reclamos el MINEDUC respondió de manera interna que invitaba a los estudiantes cuyos niveles socioeconómicos presentaban error en la información migratoria a pagar la matrícula y apelar en marzo. Esta invitación del Ministerio desconoce totalmente la realidad del estudiantado migrante: estamos hablando de jóvenes que muchas veces han sido excelentes estudiantes y que, al igual que sus pares chilenos, no cuentan con los cuatrocientos mil pesos que puede llegar a costar una matrícula.

Se trata de jóvenes que dependen de que en el nivel socioeconómico les aparezca que “podrían calificar para gratuidad” para poder matricularse. Lo que queda es una enorme sensación de injusticia en los estudiantes mismos, sus familias y también en quienes trabajamos porque el acceso a la educación superior sea sin este tipo de barreras discriminatorias.

Este error no ha sido reconocido por el Ministerio, ni tampoco por el Servicio Nacional de Migraciones –la entidad que informa al MINEDUC respecto de la situación migratoria de los estudiantes– y, por lo tanto, no se ha gestionado medida reparatoria alguna.

Sin embargo en esta columna, además de develar el error, queremos también hacer propuestas para que situaciones como esta dejen de repetirse en el futuro:

La primera es que el MINEDUC no dependa exclusivamente de los datos migratorios entregados por el Servicio de Migraciones. Para ello podría incluir en la completación del FUAS una etapa en la que los estudiantes migrantes carguen su certificado de visa (en trámite, temporaria o definitiva) o, simplemente, declaren su estatus migratorio. Cada año, el MINEDUC podría crear equipos temporales y regionales que tengan la misión cotejar casuísticamente la información declarada por los estudiantes.

De esta forma, no sólo tomaría acción anticipada frente a posibles errores de actualización de los sistemas automatizados, que atentan contra la igualdad y las trayectorias educativas de los jóvenes migrantes, además afirmaría las vías de comunicación y transparencia interinstitucional como dispositivos que perfeccionan la democracia. Es decir que, teniendo a mano los casos, puede y debe el MINEDUC exigir activamente al SERMIG que actualice la información correspondiente; para que llegadas las fechas de postulación y revisión automática, se reduzca la injusticia que errores así producen.

Una segunda propuesta se encamina a incorporar modificaciones o crear un decreto-ley específico que permita a estudiantes con visa definitiva o temporaria y que hayan cursado al menos un año de la enseñanza media completa en Chile, que puedan contar con gratuidad para estudiar en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Chile tiene un déficit enorme de técnicos calificados (según SENCE, anualmente el déficit es de aproximadamente seis mil técnicos profesionales) y para los estudiantes migrantes, frente a la necesidad de mantener o mejorar su estatus migratorio y de avanzar en la escala socioeconómica obteniendo mejores empleos, podrían estar interesados en continuar estudios en estas instituciones.

Todas cuestiones que se podrían mejorar si se pensara, como un todo, en que los estudiantes migrantes puedan efectivamente continuar una trayectoria educativa en la educación superior y en que se fortalezca a nivel país el ámbito del desarrollo técnico.

Una última porpuesta consiste en incorporar a la gratuidad a estudiantes extranjeros que hayan reconocido sus estudios realizados en su país de origen u otro, considerándolos como si hubiesen cursado toda la enseñanza media en Chile. De hecho, el propósito del reconocimiento de estudios es homologar saberes y, si se quiere, hacer la gestión surcando las dificultades burocráticas que ello implica. Es, por tanto, una clara demostración del interés individual del estudiante migrante por superarse e insertarse a la sociedad chilena.

Finalmente, es urgente revisar los criterios excluyentes que persisten en todas las becas –incluyendo la beca vocación pedagógica– que tienen como requisito “ser chileno”. Otro gran déficit que tiene Chile es el de profesores. Es un problema de visión de futuro no quitar este requisito a todas luces discriminatorio. Y en línea con la idea anterior, lo mismo ocurre con la Beca Milenio, que es otro incentivo para que jóvenes opten por educación TP, y lamentablemente, estudiantes migrantes con buen rendimiento y ganas de estudiar no pueden optar a ella.