Enade: Sí al libre mercado, pero respetándose las leyes 

El pasado jueves 25 estuvo lleno de empresarios top el Centro de Eventos Metropolitan Santiago (ex CasaPiedra de El Mercurio), localizado en un extenso terreno, bien nacional de uso público, área verde ribereña al sur del río Mapocho, comuna de Vitacura, predio concesionado recientemente por 30 años a esa empresa francesa.

La cita fue organizada por Icare, y todos aquellos privados que les gusta ser vistos en este tipo de encuentros estaban allí, muchos de ellos buscando a los medios de prensa para que los entrevistaran y otros tantos saludando educadamente al presidente Gabriel Boric, quien llegó con casi todos sus ministros y altos dirigentes políticos.

Según se comenta, a pesar de que los representantes de los empresarios en sus exposiciones fueron bastante críticos con el gobierno, se puede concluir que fue un éxito esta reunión, lo que debe ser valorado por todos los interesados en las materias de interés público.

La reina de la fiesta fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, y los organizadores de la misma, para darle un toque de elevada cultura a la conferencia llamada en castellano «Contra el inmovilismo«, utilizaron la respectiva expresión pero en latín.

Como era previsible, sus dirigentes volvieron a la carga con sus peticiones comerciales que buscan facilitar la tramitación, en el aparato administrativo, de los permisos sectoriales para sus proyectos de inversión, pero sin aludir para nada las malas prácticas empleadas por algunos de ellos, quienes, con la mano experta de los llamados planificadores tributarios, reducen o evaden el pago de impuestos o bien violan los marcos regulatorios en los diferentes ámbitos de la economía, es decir, cero autocrítica.

Uno de los casos más groseros de corrupción que han quedado impunes, con inversiones del orden de los US$ 2 mil millones, naturalmente silenciado en el magno acto de Icare en Vitacura, asunto que este columnista ha publicado en este y otros medios, es el episodio de los guetos verticales en la comuna de Estación Central.

Caso que cuenta con el agravante de que el laxo Estado ha promovido un arbitrario y vergonzoso trato discriminatorio, pues la mayoría de los edificios declarados ilegales por la Contraloría y el propio Minvu, cuentan con recepción final de obras y solo unos cuatro, por razones que nadie comprende, no pueden obtener esas recepciones. Este asunto se refleja en una reciente entrevista que se puede ver aquí.

Habría sido muy interesante y patriótico que los voceros en el «Contra Immobilis«, de las locuaces asociaciones empresariales más importantes del país, se hubieran comprometido a exigirles a sus socios que, en ciertos plazos prudentes de tiempo, ellos deberían retornar sus capitales escondidos en los paraísos fiscales que todos conocemos, pero por obvias razones, lo anterior no ocurrió pues el dinero carece de patria.

Sobre esta evasión, según una nota del año 2021 de la radio Bio Bío, el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de sus fiscalizaciones, detectó a 770 contribuyentes chilenos de alto patrimonio con operaciones en paraísos fiscales.

Volviendo al acto en comento, suponemos que tampoco se habló en sus salones de las sociedades de papel que emitieron 100.000 facturas falsas durante 6 años, por un total de $240 mil millones, lucrativo negocio turbio que la opinión pública conoció de casualidad porque una abogada grabó subrepticiamente una interesante conversación reservada, que llegó a poder del medio de prensa Ciper, y por ello fue obvio que los expositores no aludieran a la probidad y transparencia en las actividades productivas.

Por evidentes razones tampoco se habló, pues habría sido de mal gusto, de las características de los fondos de inversión, que se desenvuelven con pocos controles en todo el mundo. Son los nuevos mandamases del capital en esta humanidad globalizada, que se nutren de la infinidad de dineros disponibles en los mercados, por ejemplo de las pensiones privadas, de los bancos, de las personas naturales y jurídicas, incluso del narcotráfico y de las transacciones de armas. Muchos de ellos, por sus prácticas predatorias, son conocidos como fondos buitres y en las bolsas de comercio de los países más ricos, los más activos y apreciados son BlackRock y Vanguard.

En Chile operan varios grupos económicos, muchos de los cuales son gravitantes accionistas de los bancos comerciales y por ello apoyo sin reservas la iniciativa de la organización ciudadana Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus) que, a través del experto abogado Mario Bravo, recurrió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que se evalúe la regulación de los mismos y en tal sentido dicho tribunal ya acogió a trámite la referida solicitud.

Dado que la concentración de la riqueza en sí es muy perjudicial en un sistema democrático, lo que se busca es dividir a los grandes grupos económicos para que opere la sana competencia en los diferentes mercados.

Estos influyentes conglomerados ya están siendo defendidos en el TDLC, entre otros, por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Bancos y el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado al partido político UDI.

Las diversas instituciones del Estado relacionadas con la materia también dieron a conocer sus apreciaciones al respecto y será la competente 3a Sala de la Corte Suprema la que «cortará el queque«, para que en un tiempo más en Chile tengamos una moderna legislación que promueva la libre competencia, ya que el poder económico omnímodo de unos pocos ya no es posible.