Violentadas en Cuarentena: Mucho ruido, pocas nueces por las brechas en las medidas chilenas

El 25 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud anunció las primeras cuarentenas estrictas en 7 comunas del país. Con el confinamiento, comenzaron a potenciarse los problemas denunciados desde el levantamiento social del 18 de octubre de 2019. La precariedad de todo el sistema se presentaba de forma que nadie podía quedar indiferente, y la violencia de género destacó por las peores razones.

La segunda pandemia, como algunos querían llamar al alza de casos de violencia hacia la mujer, no sorprendió a nadie. Ya con la experiencia asiática y europea, se advertía sobre el impacto de las medidas sanitarias en casos de violencia hacia la mujer. Los expertos coinciden que esta alza en los números, no responde a nuevos casos: “La violencia nunca surge de un día para otro. Lo que ocurre es el agravamiento de casos de violencia que tienen una historia, y que, ante la imposibilidad de salir y el hacinamiento, se agrava significativamente”, cuenta Francisca Pérez, directora de la organización civil Corporación La Morada.

Ante esta advertencia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, comenzó a tomar medidas orientadas a la “apertura de los canales de denuncia, de orientación y de información”, como los define Carolina Plaza, directora del Servicio de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). Específicamente, se trabajó en dar a conocer los canales de comunicación propios del Ministerio, como el WhatsApp y un chat silencioso en la página del ministerio, que actúan como canales discretos de información. Además, el ministerio realizó una ampliación en la capacidad de recepción de llamadas del Fono Ayuda y Orientación en Violencia Contra las Mujeres 1455.

Este teléfono en particular fue la medida que más atención recibió por parte de los medios de comunicación; canales de televisión, notas escritas y redes sociales, lo promocionan como una forma de primer acercamiento o incluso como un canal de denuncia para las mujeres. Pero la realidad de este servicio es que solamente ofrece orientación, información y realiza una primera acogida para las mujeres que buscan ayuda.

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El crecimiento de del Fono Ayuda fue explosivo, y las cifras se comenzaron a disparar en el momento que comenzaron las cuarentenas. Abril y mayo fueron los meses claves del crecimiento al registrar entre 14 mil y 16 mil llamadas, respectivamente. Así, un servicio que recibía en promedio 200 llamadas diarias, se encontró a finales de abril y comienzos de mayo, registrando un promedio cercano a las mil llamadas diarias.

Pero, ¿qué ocurre con estas llamadas? Desde el Sernameg, aclaran que los caminos son varios. Al ser un teléfono de consulta y orientación, quien llama puede recibir una respuesta inmediata sobre beneficios o bonos; en los casos clasificados como más graves, las personas son derivadas a diferentes entidades, siendo una de estas los Centros de la Mujer (CDM). Estos dispositivos realizan atención psicológica y jurídica ambulatoria para las mujeres, mayores de 18 años, víctimas de violencia por una pareja o ex pareja. Son la primera línea de atención de mujeres en situación de violencia.

El Plan de intervención es el trabajo principal que realiza el equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Las condiciones, contexto y situaciones que haya vivido una mujer serán las que dicten el nivel de riesgo que se encuentra. A partir de este análisis, los profesionales, con el consentimiento y la participación de la víctima, diseñan un plan orientado a la disminución de la violencia, el riesgo y también se trabaja en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. En estos centros, las mujeres pueden participar de sesiones individuales o trabajo grupal, para poder lograr sus objetivos.

Andrea Poblete, antropóloga y dirigente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Sernameg, dice que la pandemia afectó directamente al funcionamiento de los planes de intervención, principalmente en los CDM de la Región Metropolitana.

Primero, porque el porcentaje de casos que llegaron a través del Fono de Ayuda y Orientación, Línea 1455, llegaron a aumentar significativamente el flujo de trabajo, en equipos que no fueron reforzados. Solo en la prensa, se puede ver como la municipalidad de Providencia registraba solo en un par de semanas de abril el crecimiento de las atenciones en el CDM de Providencia en un 500%. Lo mismo ocurrió en la Región de Antofagasta, donde de febrero a marzo los casos ingresados subieron en un 61,3%. Por otro lado, incluso en centros más pequeños, los que en años anteriores no realizaban más de 50 atenciones anuales, en septiembre de este año ya superaban con creces los ingresos de mujeres.

Andrea Poblete explica cómo este aumento provocó una disminución en las intervenciones más profundas realizadas en los CDM, para poder responder a la alta demanda. «Lo que se vieron obligadas a ajustar en los centros, es disminuir este tipo de atenciones (sesiones individuales y grupales de los planes de intervención), para poder despejar agenda que les permita concentrarse en la realización de las primeras acogidas de violencia, que son las derivaciones que llegan del 1455”, cuenta Poblete.

Esto se ha manifestado con listas de espera de los profesionales de los Centros de la Mujer. Poblete se refiere, concretamente, a los establecimientos en la Región Metropolitana, pero a consultar con centros del país, estos dicen tener o conocer listas de espera y que estas tienen, aproximadamente, de dos a tres semanas de retraso.

Consultados sobre la existencia de las listas de espera y los tiempos de respuesta de los Centros de la Mujer a nivel nacional, el Sernameg niega que alguna de estas situaciones exista en el país.

Denunciar durante las cuarentenas

El 5 de julio, durante el toque de queda, una mujer llama a carabineros. Su vecina se está resguardando en su hogar y necesita denunciar que ha sido víctima de acoso sexual. A pesar de que desde el ministerio aseguran que las mujeres podrían romper la cuarentena y el toque de queda sin necesidad de contar con un permiso especial para denunciar agresiones, Carabineros de Chile decidió detener a la mujer por encontrarse fuera del hogar.

Lamentablemente, el mes siguiente se volvería a repetir esta situación; esta vez se buscaba denunciar un caso de violencia intrafamiliar. La mujer fue detenida en la calle por infringir la cuarentena y el toque de queda, a pesar de explicitar su intención de denunciar a su pareja. La policía chilena la detuvo y fue imputada por violar el toque de queda.

El actuar de Carabineros fue reprochado tanto por las autoridades como por la sociedad. Y finalmente, en el primer caso, la detención fue considerada ilegal; y en el segundo caso, la corte de apelaciones declaró el sobreseimiento de la causa. Pero ante este tipo de situaciones, no es de extrañar que los números de denuncias no tuvieran un explosivo aumento, como fue el caso de Fono Ayuda y Orientación. Y es que, según datos obtenidos por transparencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), las denuncias fueron altas pero estables: con un promedio de 7 mil denuncias por mes, durante marzo y junio.

Daniela González, psicóloga integrante de la organización Red Feminista de Estudiantes y Trabajadoras de la Psicología RM (PSIFEM), esta es una consecuencia de las restricciones de movilidad y una “desconfianza muy grande de las mujeres en la institucionalidad”, la cual se arrastra desde el levantamiento social el 18 de octubre de 2019.

Francisca Pérez, directora de Corporación La Morada, coincide con el diagnóstico sobre la desconfianza, pero lo amplía agregando que no solo las fuerzas policiales han fallado: “Todo sabemos que ir al consultorio significa esperar meses, que ir al Centro de la Mujer significa estar en una lista de espera, que denunciar en un hospital o el Servicio Médico legal una situación de abuso sexual no tiene ningún destino”, comenta Pérez.

Otras respuestas del gobierno

Las organizaciones feministas concuerdan con el análisis de que las medidas del gobierno han sido insuficientes. Silvana del Valle agrega que “no tienen realmente ningún efecto, más que el mediático y publicitario”.

Mascarilla 19 fue otra iniciativa que buscaba abrir un nuevo canal de ayuda. El plan original decía que, si una mujer asistía a una farmacia asociada, y pedía comprar una mascarilla 19 el farmacéutico de turno le solicitaría los datos, para luego informar el caso a través del fono 1455. Pero las mismas organizaciones feministas comenzaron a denunciar que el plan no funcionaba a cabalidad. Primero, se registraron casos en que, al momento de solicitar la mascarilla, los vendedores decían no tener el producto. Además, se registró una falta de capacitación a los empleados de la farmacia, quienes no recibieron la capacitación correspondiente para “generar la sensibilidad y capacidad de los funcionarios y funcionarias, para tener una mirada no culpabilizante ni victimizadora”, cuenta Francisca Pérez de La Morada.

La respuesta feminista

Para Silvana del Valle, de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer, la historia indica que el estado capitalista, patriarcal, no responde ante situaciones de violencia hacia la mujer. Y que las medidas adoptadas en cuarentena solo demuestran “ falta de interés, por parte del estado y del gobierno actual de enfrentar el problema de una manera concreta y efectiva”.

El ritmo de trabajo para las organizaciones feministas también se vio incrementado. Corporación La Morada ofrece psicoterapia, asesoría legal y psíquica para mujer, y ante la pandemia, abrieron un teléfono para atención de crisis, el cual funcionaba las 24 horas y era atendido en turnos por el equipo clínico de La Morada. El trabajo fue tanto que algunos de los convenios de ayuda externa que tenían, debieron ser suspendidos. “Algo de la derivación del sistema público (CDM), la tuvimos que suspender durante un tiempo para poder enfrentar la otra gran demanda”, cuenta Francisca Pérez, directora de La Morada.

En las consultas psicológicas ofrecidas por PSIFEM, también se enfrentaron a un aumento de demanda, pero como organización de psicólogas, ellas enfrentaron otros fenómenos de violencia evidenciados por la pandemia y que no tienen que ver, necesariamente, con violencia intrafamiliar, sino con “procesos psíquicos que se han producido a partir del encierro. Se remueven recuerdos de abuso sexual durante la infancia o durante la historia de vida de la mujer”, cuenta Daniela González, psicóloga de PSIFEM.

Ante la necesidad de responder a esta demanda, las organizaciones lanzaron la campaña digital #EnRedNosCuidamos. La iniciativa busca entregar información sobre los proyectos feministas o comunitarios que ofrecen ayuda a las mujeres en situación de violencia en todas las regiones.

Es así como las organizaciones feministas toman la batuta para responder ante los cambios. Esta iniciativa responde a la principal falencia que las feministas señalan al estado: la falta de trabajo intersectorial y el poco desarrollo de los territorios y comunidades. Para Francisca Pérez de Corporación La Morada, este desarrollo se vuelve fundamental en épocas de crisis, como la pandemia, “ya que las mayores dificultades que enfrentan las mujeres en situación de violencia, es la dificultad de acceder a sus redes de apoyo más naturales: compañeras de trabajos, familia y amigas”.

Andrea Poblete, funcionaria del Sernameg de la Región Metropolitana, propone un mayor desarrollo en los territorios. “Cada comuna debería tener un dispositivo de atención ambulatoria en violencia, porque hay brechas territoriales de acceso”, afirma Poblete.

Aumentar las capacidad de acceso a la ayuda cercana permitiría eliminar brechas como las que se ven en las medidas, ya que estas asumen erróneamente que las mujeres tienen: acceso a internet, conocimiento del lenguaje digital, acceso a una farmacia afiliada en su territorio o la privacidad suficiente para llamar y pedir ayuda de forma segura.

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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.

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 “Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.