Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda | Foto: Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
Contraloría informó sobre la falta de transparencia y control en materia de finanzas de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, liderada por el alcalde Juan Rozas -candidato a la reelección- además de establecer la subestimación y sobrestimación de gastos presupuestarios. Frente a los hechos, su contendor en la carrera por el sillón municipal, Héctor Anabalón, interpuso una querella criminal en su contra -y de otras dos funcionarias- por fraude al fisco, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.
La Contraloría utilizó tres adjetivos para calificar la revisión del Balance de Comprobación y de Saldos, elaborado en 2019 por la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. El ente fiscalizador aseguró que se trataba de un trabajo que no era «integro», ni «confiable» ni «exacto».
Lo anterior, debido a que «no refleja los saldos reales de sus cuentas contables, pues se evidenciaron cuentas de activo con saldo acreedor, inexistencia de análisis de cuentas, ingresos sin devengar y deuda flotante sin pagar, entre otros aspectos».
Las observaciones sobre el balance se recogen en el informe final de una auditoría especial que hizo Contraloría al municipio gestionado por el alcalde Juan Rozas -candidato a la reelección-, donde se detectó la existencia de 26 cuentas corrientes no informadas por la Dirección de Finanzas, cuyos saldos ascenderían a casi $1.600 millones. Esto se suma a 11 cuentas con un saldo acreedor de $1.740 millones y la falta de análisis de documentos por un valor de $105 millones de la cuenta de “Documentos Caducados”.
Estas situaciones mencionadas, según el informe, «afectan la confiabilidad de la información que se presenta en el Balance de Comprobación y de Saldos, lo que constituye una limitante que imposibilita a este Organismo de Control pronunciarse sobre un eventual déficit o superávit de caja».
Fue tal el desorden encontrado que Contraloría ordenó al municipio dar inicio a un proceso sumarial para investigar y perseguir eventuales responsabilidades. El informe final también constata que la Municipalidad de la PAC presenta, entre los años 2017 y 2019, una subestimación de ingresos presupuestados de $4.200 millones. Además, se comprobó una sobrestimación de gastos presupuestarios por $4.595 millones durante el mismo período. El documento detalla que «ambas situaciones advierten que no se han efectuado las correcciones pertinentes para mantener el equilibrio presupuestario que exige la normativa».
Asimismo, en el informe se señala que el municipio «deberá mantener un adecuado control sobre la ejecución financiera y presupuestaria (…) con la finalidad de contar con un presupuesto debidamente financiado, ajustando el vigente, de acuerdo con los montos efectivamente ejecutados en cada uno de sus componentes de ingresos y gastos«.
El organismo también objetó la aparición del alcalde y del Concejo Municipal en al menos seis publicaciones de la municipalidad, situación que advierten podría ir en beneficio personal de las autoridades, sobre todo en el actual periodo eleccionario.
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La firma Estay y Valenzuela y Cía. Limitada recibió un pago de $6 millones por servicios de mantención de alumbrado público en noviembre del 2018. Un año después, en diciembre de 2019, la empresa Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer SpA recibió cerca de $37 millones por levantar y retirar escombros.
El mismo informe de Contraloría señala que ninguna de las dos empresas pasó por licitación ni contratación directa, tampoco firmó un contrato que permitiera determinar las obligaciones de las partes y verificar su cumplimiento. El organismo ordenó finalmente a la Municipalidad levantar procesos sumarios para investigar estos pagos y perseguir las responsabilidades que correspondan, situación que en el caso del pago realizado al Centro de Gestión Ambiental ya estaría en etapa investigativa.
A estos pagos se suman otras eventuales irregularidades. En 2019 se adquirieron 3.500 microchips para mascotas a la empresa Electronic Animal Identification Systems Zoodata por $3,8 millones. Sin embargo, el documento que certifica la recepción de los artefactos no da cuenta de «la cantidad recibida, de la data que da fe de la aceptación o si los referidos elementos cumplían con la norma ISO».
En abril del mismo año, el municipio aprobó contratar a la empresa Ricardo Rodríguez y Compañía por $3 millones para la mantención de ascensores del edificio consistorial, pero la suscripción de dicho contrato fue en diciembre. Esto «advierte que durante el período en que se ejecutó el servicio, el respectivo contrato no existía», indica el informe.
Sobre el contenido del informe, la alcaldesa subrogante de Pedro Aguirre Cerda, Analía Carvajal, indicó a El Desconcierto que cuando «se solicitó al Municipio iniciar sumarios administrativos, la mayoría ya se estaban instruyendo».
En relación a eventuales pagos irregulares, Carvajal detalló que «todas y cada una de las licitaciones públicas son realizadas y firmadas por la SECPLAN, por tanto los procesos de compras se encuentran legalmente tramitados y debidamente fundados».
Tras conocerse el resultado de la auditoría realizada por Contraloría, el concejo municipal pidió explicaciones al jefe comunal. La concejala Gloria Rodríguez manifestó su preocupación por la falta de argumentos presentados en la instancia municipal. “Imaginamos que el alcalde Rozas entregaría respuestas, pero no fue así. Como concejales no podemos dejar esta situación así, habla de un desorden administrativo complejo donde hay platas que no sabemos dónde están”, señaló.
El concejal Manuel Aguilar coincide y agrega que “la información que nosotros manejábamos era que había una situación financiera controlada y ordenada, y ahora quedamos perplejos. Se nos estaba mintiendo derechamente u omitiendo información de manera grosera”.
Tras la publicación del informe de Contraloría, el abogado Héctor Anabalón presentó una querella criminal contra el alcalde Rozas, la administradora municipal y actual alcaldesa subrogante, Analía Carvajal, y la directora de control, Ana María Rodrigo, por los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones estatales y fraude al fisco, asociación ilícita y malversación de caudales públicos. La acción fue acogida a tramitación por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 12 de marzo.
Anabalón, quien también es candidato a alcalde por Pedro Aguirre Cerda, suma varios antecedentes sobre posibles irregularidades en el municipio. Entre ellos, denuncia la doble contratación de Analía Carvajal, quien durante cinco meses habría ejercido labores como asesora en la Subsecretaría del Gobierno Regional.
El abogado también expone una serie de eventuales «licitaciones viciadas«, testificadas por la actual Directora de Educación del municipio, Alejandra Herrera, quien habría recibido presiones para no informar la situación. El libelo apunta a las licitaciones adjudicadas por la empresa CUYEN Ltda. para proyectos ejecutados en la Escuela Consolidada Dávila, por $33 millones, y en la Sala Cuna y Jardín Infantil La Marina, por $18 millones, pese a que existiría insolvencia financiera por parte de la ejecutora y abandono de obras anteriores.
Finalmente, el abogado denuncia la existencia de 64 licitaciones y compras que asegura que transgreden los principios de probidad, realizadas por departamentos de adquisiciones del área municipal, de educación y de salud. Así como también la confección de bases de licitación pública por funcionarios no autorizados.
Fuentes reservadas comentaron a El Desconcierto que hay una disputa política entre el candidato Héctor Anabalón y el actual alcalde Juan Rozas, junto a su equipo. Esto se remontaría a los primeros años de la gestión actual, cuando Anabalón fue despedido anticipadamente de su cargo como Jefe de Gabinete de Rozas.
Según el candidato, los cinco meses que estuvo en su cargo la gestión de control fue «poco prudente o esmerada» y asegura haber presenciado «favores políticos» para contratar a cercanos de Rozas.
La Municipalidad negó mediante un comunicado todos los hechos expuestos en la querella. Según la institución, Anabalón «pretende destruir la institución donde él quiere llegar», manteniendo un actuar político «desesperado e indolente». Asimismo, aseguran que la acción responde a una persecución sin sustento contra el alcalde y las mujeres trabajadoras del municipio.
«Estamos evaluando interponer acciones judiciales contra el señor Héctor Anabalón, ya que sus declaraciones a nuestro juicio podrían constituir graves injurias y calumnias con publicidad. Los antecedentes ya están en manos de nuestros abogados», confirmaron a este medio.
Antes de la presentación de esta acción judicial por parte de Anabalón, el Secretario Municipal, Hugo Villar, interpuso una denuncia por el delito de cohecho en contra del abogado cuando era funcionario municipal. La denuncia data de noviembre del 2018 y apunta a una eventual solicitud de dinero al organizador del evento «Fiesta de la Cerveza». Dicha investigación aún se encuentra en curso.
