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Pago por jubilaciones en la Fuerza Aérea: Ex sargento denuncia cobros indebidos para acelerar trámites a doctores en el hospital FACH

Por: Rubén Escobar Salinas | Publicado: 29.03.2021
Pago por jubilaciones en la Fuerza Aérea: Ex sargento denuncia cobros indebidos para acelerar trámites a doctores en el hospital FACH Hospital de la FACH (referencial). | Agencia Uno.
Que los médicos del hospital de la Fuerza Aérea de Chile pagaban para acelerar sus trámites de jubilación era un secreto a voces, según el ex sargento 1° Israel Lagos. Incluso, en algunas oportunidades lo que se buscaba era pensionarse anticipadamente de forma fraudulenta, para lo cual funcionarios recibían dineros por realizar gestiones. Él mismo lo informó a sus superiores hace años, pero no se abrió ninguna investigación en su momento. El Desconcierto tuvo acceso a los antecedentes de dos casos que actualmente se encuentran en tribunales. No serían los únicos, sostiene Lagos en una denuncia que, según acusa, le costó su puesto en la institución.

La doctora Tatiana Derderián Carkovic, médica anestesióloga retirada del Hospital Clínico Institucional de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), llegó en octubre de 2015 hasta el recinto con la intención de estampar un reclamo. Había dejado la institución en 2012, pero la tramitación de su jubilación no avanzaba y, para colmo, su expediente se había extraviado en medio del proceso, por lo que tuvo que solicitar nuevamente su apertura. Aquella vez la atendió el sargento 1° Israel Lagos.

Derderián, irritada, le contó al suboficial que llevaba años tramitando el asunto, por lo que buscaba  agilizar su retiro en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), el sistema de jubilación al que pueden acceder miembros de las Fuerzas Armadas y algunos civiles ajustados a reglamento. Su solicitud, sin embargo, no sólo fue rechazada por el organismo sino también por la Contraloría, debido a que no cumplía con los años de servicio necesarios para acceder al beneficio: la ley le exigía 20 años y la profesional acumulaba solo 15 años y 2 meses al momento de su retiro.

Lagos revisó en el sistema y supo que la doctora no tenía derecho a una jubilación anticipada. “No hay nada que pueda hacer”, le dijo. Derderián, indignada, solicitó hablar con un superior o que al menos «le devolvieran el dinero que había pagado». Lagos aguzó el oído.

–¿Cómo? ¿A quién le pagó?– preguntó de inmediato.

Fue entonces cuando la médica soltó que hacía un tiempo había cancelado $800 mil pesos por gestiones en la tramitación de su jubilación y que el pago lo había hecho aconsejada por uno de los uniformados que trabaja en esa división.

Los funcionarios se sintieron incómodos: lo que Derderián acababa de relatar era un delito. Lagos, sorprendido por lo que le estaba contando la anestesióloga, se dirigió hasta la oficina de uno de sus superiores jerárquicos, el Comandante de Escuadrilla (AD) Paulo Arellano Wolff.

Esa fue la primera vez que Lagos le informó a una jefatura sobre lo que estaba ocurriendo, luego se enterarían varios mandos más, aunque asegura que ninguno inició una investigación al respecto. La denuncia del ex sargento coincide con declaraciones de funcionarios interrogados por estos hechos en una investigación que la propia FACH inició recién en el año 2017. El reclamo de la doctora Derderián fue el punto de partida de una serie de denuncias internas que confirmaron lo que se suponía era un secreto a voces: este no era el único caso.

La asesoría

Según consta en su primera declaración ante el fiscal de la FACH, en julio de 2017, la doctora Derderián aseguró que el cabo 2° Alan Faúndez fue quien le aconsejó buscar un asesor «con contactos» para acelerar los trámites de su jubilación en Capredena. Para ello necesitaba que el organismo le contabilizara los años en los que estuvo contratada -entre 1992 y 1997-, sin ser funcionaria de planta. Con esos cinco años reconocidos, podía llegar a los 20 años de servicio que requería.

La forma de lograrlo era a través de Contraloría General de la República (CGR), organismo que debía dar el visto bueno y luego traspasar los fondos de su AFP hacia el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. No era un trámite fácil, pero alguien le presentó a la persona adecuada.

–El Cabo Faúndez me sugirió que para agilizar mis trámites de retiro, podía utilizar los servicios del Sr. Luis Vega, que se me dijo era un ex funcionario de la Fuerza Aérea, que se dedicaba al tema– sostuvo cuando la interrogaron.

A continuación, comentó que le dijeron que la asesoría y el trámite tendrían un costo total de $800 mil pesos, debiendo pagar la mitad en ese momento y el resto una vez que Contraloría aprobara la jubilación. Antes, eso sí, debió entregar un poder notarial amplio a Vega, para agilizar los trámites entre sus conocidos.

Declaración Dra. Tatiana Derderián – Investigación sumaria 2017 FACH

Vega demostró rápidamente su efectividad: Contraloría aprobó el traspaso de fondos de pensiones en noviembre de 2013. Dos años más tarde, sin embargo, Capredena reparó en que no podía cumplir lo ordenado por el ente fiscalizador, aludiendo a limitaciones legales que no permitían al organismo computar la cotización de AFP del periodo señalado.

Contraloría reconoció el error y dio la razón a Capredena, reconsiderando su dictamen, y dejando sin efecto la jubilación militar otorgada a la doctora. Fue así como se enteró que el supuesto «asesor»  era en realidad un funcionario activo de la institución, el suboficial Luis Vega, que se desempeñaba en el Departamento de Ingresos y Retiros en el hospital, algo que la profesional aseguró no haber estado al tanto.

Al ser consultada sobre si no le pareció raro que le cobraran por realizar estos trámites, Derderián contestó que «no en el contexto en el que yo estaba, porque me lo presentaron como una persona externa y que en base a sus contactos podía acelerar el proceso de tramitación de los antecedentes».

Tanto Vega como Faúndez se encontraban en retiro cuando Lagos denunció lo ocurrido, por tanto quedaron fuera de las indagatorias. En su declaración, sin embargo, la doctora insistió sobre la pérdida de su carpeta de antecedentes y entregó un dato final: «Supe que le ocurrió a otros doctores, pero no recuerdo los nombres».

Foto: Declaración Dra. Tatiana Derderián – Informe Preliminar julio 2017 FACH.

En febrero de 2017, la anestesióloga envió un nuevo requerimiento ante Contraloría para lograr que se le contabilizaran los años que estuvo cotizando en AFP, pero su solicitud no prosperó.

Cuatro meses después, el hospital de la Fach la recontrataría.

El Desconcierto tomó contacto con la doctora Tatiana Derderián, quien pese a que accedimos a su declaración, negó esta vez haber entregado dinero a Luis Vega o a otro funcionario de la institución.

“Apurar los papeles”

El mismo día en que Derderián llegó a reclamar por el trámite de su jubilación, y a raíz de lo sucedido, el cabo 2° Esteban Covarrubias se acercó al sargento Lagos para contarle de una situación que lo tenía aproblemado. Hacía un tiempo el cabo 2° Francisco Norambuena le había pedido prestada la información de su cuenta bancaria para que alguien le hiciera una transferencia, situación a la que habría accedido.

Al revisar el traspaso de dinero que le hicieron, se dio cuenta de que la plata provenía de una médica recientemente jubilada, la Dra. María Soledad Lehuede, y luego de escuchar lo que había sucedido, pensó que lo mejor era comentarlo antes de que lo acusaran a él de algo.

Fueron $100 mil pesos, un monto mucho menor al del caso del cabo Faúndez y del suboficial Vega, pero con el mismo objetivo: incidir en la tramitación de jubilaciones en el Hospital Institucional.

El 31 de julio de 2017, la doctora Lehuede declaró por primera vez en la investigación de la FACH. En el interrogatorio, se le consultó sobre los pagos, quién los había recibido y por qué razones. La médica reconoció lo ocurrido.

Se le preguntó si es que había pagado $100 mil por tramitar su retiro del hospital, contesta que sí y señala que el pago fue para Norambuena. Cuando le consultan sobre qué la motivó a hacer la transferencia, la médica responde que lo hizo “para que mis papeles salieran más rápido”.

Foto: Declaración Dra. María Soledad Lehuede – Informe Preliminar 2017 FACH

En su segunda comparecencia, ya con la investigación sumaria en curso, alrededor de dos meses después de la primera, Lehuede matizó su versión. El pago ya no se habría hecho para agilizar su expediente de jubilación, sino que para tramitación de firmas para el Estado de Deuda del Hospital, lo que el cabo Norambuena haría fuera de su horario laboral.

También, sostuvo que dicha transferencia la habría realizado por iniciativa propia. “Yo se lo transferí de forma voluntaria (los $100 mil pesos)”, precisó, para luego agregar que en el fondo se trataba de un favor personal, debido a la amistad que ambos tendrían. «(Norambuena) me propuso que cancelando se alivianaba la carga administrativa”, concluyó.

Por su parte, Norambuena declaró que “nunca cobré por prestar mi ayuda a la Dra. Lehuede, ella posteriormente me pidió que le diera el número de una cuenta bancaria para poder depositar dinero en agradecimiento a la ayuda prestada a ella, a lo cual yo accedí erróneamente”, sostuvo alegando falta de experiencia.

En cuanto a por qué no utilizó su propia cuenta bancaria, aseguró que “tenía un problema con ella (estaba bloqueada)”. Después que los hechos salieran a la luz, Norambuena devolvió el dinero a la doctora y siguió en su puesto de trabajo.

Consultada respecto al caso por El Desconcierto, la doctora Lehuede señaló que ya realizó todas las declaraciones necesarias ante las autoridades pertinentes, por lo que no se iba a referir al tema.

“Nunca hubo denuncia”

Cuando el comandante Paulo Arellano Wolff compareció a declarar frente al fiscal designado por la FACH, contó una historia muy distinta a la que reveló Lagos. En el momento en que Derderián habría llegado a hacer su reclamo, el uniformado se desempeñaba como Jefe de la Subdirección de Recursos Humanos del hospital.

“El sargento 1° Lagos no me dio cuenta de ninguna irregularidad en trámites de expedientes de retiro”, aseguro en su declaración del 19 de julio de 2017. “Nunca hizo una denuncia formal respecto de ninguna situación referida a tramitaciones de la Subdirección de Recursos Humanos”, insistió.

Aunque sí reconoce una conversación al respecto: “Hubo una situación a fines de octubre de 2015, en que el suboficial Claudio Fuenzalida y el sargento 1° Lagos (…), me piden ir a tomar un café a la cafetería para conversar sobre diversos temas de la oficina (…)”.

Allí, según Arellano, conversaron sobre el caso de Derderián y, además, le informaron sobre la situación de la doctora Lehuede. Sin embargo, argumentó que nunca se trató de una denuncia formal, por tanto, no tomó ninguna medida.

“Eso es completamente falso”, acusa Lagos. “Yo le informé en el mismo momento en que llegó la doctora”, asegura. Luego agrega: “fuimos a su oficina (…) cuando le comenté lo que estaba pasando se enojó y me echó”.

Lagos denuncia que cuando fue junto a Fuenzalida a la cafetería del hospital para hablar con Arellano, este último le habría dicho “¡mira hueón, si seguí levantando polvo lo vai a pasar mal! (sic)”, según relata en su querella.

Es más, la declaración de Arellano se contradice con la que dio el capitán Christian Vega, el entonces Jefe de la Sección de Ingreso y Retiro del hospital. “No recuerdo la fecha exacta, pero el SG1 Lagos informó (el caso de Derderián) durante el segundo semestre de 2015 (…). Se lo informó directamente al Subdirector de Recursos Humanos CDG (AD) Paulo Arellano Wolff, el cual me citó a su oficina para informarme de la situación. En ese momento me enteré del hecho (…)”, sostuvo.

Fotos: Declaración capitán Christian Vega – Informe Preliminar 2017 FACH.

Además, Vega agregó que “según recuerdo la Dirección General del Hospital no tuvo conocimiento del hecho, si supe por mi comandante Arellano que el que estaba en conocimiento era el Director Administrativo”, quien en ese entonces era el coronel Antonio Gallego Piwonka.

Es decir, Vega aseguró que Arellano tomó conocimiento de las irregularidades ese mismo día y sostuvo que él supo a través del comandante, pero también da cuenta de otro mando que supo del asunto.

Aunque Lagos afirma que Vega se enteró antes, según su versión, cuando el comandante Arellano lo habría echado de su oficina el día de la visita de Derdarián, se dirigió directamente a la oficina de Vega para darle cuenta de lo que estaba pasando. “¡Eso lo tiene que ver el comandante Arellano y no yo!…Así que ¡mar… de acá wueón cahuinero! (sic)”, abría sido la respuesta que quedó consignada en la querella.

Para el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, la ley es clara: El principio de probidad “deben observarlo en todas sus actuaciones, no hay ámbito que se escape” y deben hacerlo “de forma estricta, no es una recomendación”.

Una de las aristas de dicho principio es la obligación de denunciar de “todos los funcionarios públicos que tomen conocimientos de hechos que puedan revestir caracteres de delito en el ejercicio de sus funciones”. La obligación también incluye denunciar por la responsabilidad penal que pudiese existir, es decir, se deben entregar antecedentes al Ministerio Público.

“Lo cierto es que la ley no establece ninguna formalidad para esa denuncia, ninguna. Puede ser por escrito o de forma verbal. Ningún funcionario puede excusarse y decir que ‘a mí no me dieron nada por escrito’”, explicó.

“El superior jerárquico tiene la obligación (…) de investigar si es que tiene las competencias o sino elevarla al superior jerárquico que corresponda”, aclara el experto.

Los antecedentes apuntan a que en 2015 los pagos ilegales fueron conocidos, al menos, por el entonces capitán Christian Vega; el comandante Paulo Arellano Wolff; y el coronel Antonio Gallegos Piwonka. Además, de acuerdo a las declaraciones que está recabando la Policía de Investigaciones, y a la propia denuncia de Lagos, serían mas jefaturas las que conocieron del tema. Ninguno habría iniciado una investigación ni denunció los hechos a la Fiscalía.

Solo un sancionado

En junio de 2017, paralelo a la fecha en la que se desarrollaba una investigación interna de la FACH, luego de varios años de insistencia de Lagos,  la doctora Tatiana Derderián volvió a ser contratada por el mismo hospital. El motivo de estas reincorporaciones se debió a «necesidades presentadas por el Hospital Institucional», según respondió la misma FACH a una solicitud por Ley de Transparencia.

El 31 de agosto de 2020, finalmente, la anestesióloga se retiró con 20 años y 5 meses de servicio.

Dos meses antes de la recontratación de Derderián, la Comisión de Sanidad de la FACH, determinó que el denunciante, el sargento Lagos, no tenía una condición física apta para seguir en la institución, debido a una patología oftalmológica que lo aqueja, por lo que recomendaron darlo de baja, lo que se materializa sin beneficio previsional alguno. En la resolución se argumenta sobre un informe de quien sería el médico tratante del aludido, sin embargo, el ex funcionario asegura no haberlo conocido nunca. Las presuntas irregularidades en el procedimiento de baja de Lagos es un asunto que todavía se encuentra en un proceso abierto en la fiscalía.

Por otro lado, el resultado final de la investigación de la FACH, por el caso de ambas doctoras, se resolvió finalmente en junio de 2018 con la sanción a sólo uno de los involucrados: el cabo 2° Norambuena. La medida fue por haber recibido los $100 mil pesos de la doctora Lehuede. La sanción específica se encuentra censurada en los documentos, pero Lagos asegura que correspondió a un día de arresto militar.

En la investigación no consta ningún tipo de castigo para las jefaturas que tomaron conocimiento de los hechos planteados.

Foto: Resolución de la investigación del Comando de Personal.

El caso en la actualidad sigue su arista penal en el 11 Juzgado de Garantía de Santiago. En junio de 2018, el ex uniformado interpuso una querella por los delitos de cohecho, falsificación de documento público y omisión de denunciar, entre otros; en contra de casi todos los funcionarios mencionados en este reportaje.

A su vez, el mismo año ingresó un requerimiento ante Contraloría General de la República en el que denuncia las irregularidades relatadas. Sin embargo, el ente fiscalizador se abstuvo de emitir un pronunciamiento “por tratarse de una materia actualmente sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

De esta manera, es el Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de las indagatorias. Lagos, en tanto, sostiene que vive bajo amenaza, varios superiores con los que habló le instaron a dejar el tema y le advirtieron que, si seguía insistiendo, “destaparía una olla a presión” que salpicaría a todos.

*Esta redacción se contactó con la Fuerza Aérea de Chile y le expuso los antecedentes. Desde la institución declinaron hacer declaraciones.

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