Diputada Sandoval (RD) por acusación contra Piñera: Esta vez “no puede quedar impune”

“Recién ahora, que se han conocido las filtraciones de los negocios de Piñera por el caso Dominga, hacen que la ministra se comprometa a la declaratoria del área marina del archipiélago de Humboldt”, lanzó la diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, en medio de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara a la que fue invitada la ministra Carolina Schmidt a raíz del polémico Caso Dominga y los Pandora Papers.

En su rol como presidenta de la instancia citó a la secretaria de Estado para que responda a las preguntas de los parlamentarios sobre el proyecto minero. Ese mismo día se presentó la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, a raíz del mismo caso y con Apruebo Dignidad como uno de los protagonistas. Al respecto, la parlamentaria asegura que las explicaciones del mandatario “son insuficientes” y que los conflictos de interés ya son una “conducta reiterada” de Piñera.

Es militante de Revolución Democrática y parte de la directiva nacional del partido, además de haber sido la secretaria general entre 2015 y 2016. La periodista llegó al hemiciclo de una forma poco convencional, tras ser elegida por RD luego de la renuncia de Renato Garín para ir a competir por un cupo en la Convención Constitucional. Ahora, va de candidata a diputada por el Distrito 14 con el medio ambiente como una de sus principales banderas.

En conversación con El Desconcierto, Sandoval se refiere a la institucionalidad ambiental, su rol a la cabeza de la Comisión de Medio Ambiente y a la posibilidad de un juicio político en contra del jefe de Estado.

Afirma que “si bien el Presidente Piñera puede llegar a terminar su mandato impune de la responsabilidad que le compete en materia de violaciones a los derechos humanos”, aludiendo a la fallida acusación constitucional anterior, esta vez “no puede quedar impune”.

-¿Con qué impresiones quedó luego de la asistencia de la ministra Schmidt en la Comisión de Medio Ambiente? ¿Respondió satisfactoriamente?

Lo más importante de la asistencia de la ministra Schmidt a esa sesión fue que se comprometió a fines de diciembre tener resuelto el tema de la declaración en que se protegería el área marina del Archipiélago de Humboldt, que es un compromiso que si bien el gobierno había deslizado, no había hecho un gesto expreso y lo hizo delante de los diputados y diputadas de la comisión. Pero también fue importante, y es algo mucho más polémico, que se le consultó por parte de algunos diputados respecto a si ella tenía conocimiento sobre los negocios o sobre las gestiones económicas que había realizado Piñera en relación al proyecto Dominga y ella lo descartó de plano. Que ella no habría tenido información y por lo tanto ahí deslinda responsabilidades.

-Usted sostuvo en esa sesión que ese compromiso de protección ambiental se dan “recién ahora, que se han conocido las filtraciones de los negocios de Piñera por el caso Dominga”. ¿Podría profundizar?

Es evidente la presión que ha habido en relación a hechos que son gravísimos y que incluso fundamentaron llevar adelante una acusación constitucional. Es, sin duda, una presión. No solamente en este tema en particular de Dominga, yo creo que es una advertencia para todos aquellos que también actúan de manera inescrupulosa de interponer, cuando son autoridades, sus negocios sobre el bien común. Más en un contexto de crisis climática donde el foco debe ser, sobre todo de parte de una autoridad, resguardar los ecosistemas y la biodiversidad. Más allá de que estas gestiones las hayan realizado en un periodo anterior de gobierno, sabemos que también la controversia se produce por algunas cláusulas, como la de no declarar esta zona protegida para que se llevara adelante la gestión económica.

-Se supo posteriormente a Dominga sobre el “proyecto Imán”, también involucrando un fondo de inversión de la familia Piñera-Morel. Se acumulan Dominga, Exalmar, Imán, ¿qué opinión tiene de las explicaciones que ha dado el Presidente?

Son insuficientes. Trata de liberarse de responsabilidades. Que hoy día el Presidente esté investigado penalmente y que además estemos llevando una acusación constitucional fundamentada principalmente en temas de probidad y por afectar el honor de la nación, específicamente por su vinculación y posible afectación a temas medio ambientales en el caso Dominga, claramente habla de faltas y de conflicto de interés permanente de parte del mandatario y de su círculo más cercano. Eso es muy grave, puesto que la ciudadanía, pese a todo lo que se ha avanzado en el país sobre normas para resguardar la probidad y la transparencia, es sin duda un flanco abierto permanentemente y yo diría que la ciudadanía cada vez más está observante de ese tipo de conductas. Actúa como una especie de contraloría ciudadana. Esto no solo funciona de parte de las instituciones que pueden investigar penalmente o que la Cámara fiscalice, sino que también la ciudadanía es consciente de cuando una autoridad comete una falta y creo que en este caso ha sido una conducta reiterada de parte de Piñera.

-La solicitud para declarar a la zona de Dominga área marina protegida aparece en 2010, desde la ONG internacional Oceana. Recién a finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet existió un “acuerdo” en este sentido, que no se materializó. ¿Por qué cree que ha costado tanto proteger esta zona?

No es solo el archipiélago de Humboldt. En los últimos años está el tema de Patagonia Sin Represas que fue un detonante de movilizaciones sociales, la crisis del agua en Petorca, la contaminación en Quintero-Puchuncaví y así un suma y sigue de lugares que se han ido convirtiendo en zonas de sacrificio. Tiene que ver con el ‘chipe libre’ que han dado los gobiernos, donde el interés superior que pudiera ser proteger el medio ambiente, pensando sobre todo en resguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación para las generaciones futuras, no ha estado al centro como prioridad. Chile ha avanzado en institucionalidad y en términos de fiscalización. Pero si uno ve en la discusión —las mismas autoridades medio ambientales lo señalan— respecto al presupuesto que cuentan para poder fiscalizar, evidentemente ahí uno ve que las prioridades están en otro lugares. Estamos haciendo agua. La protección de áreas de reservas, de humedales, ha costado muchísimo y es porque se topa con un modelo de desarrollo que ha puesto el extractivismo al centro.

–¿Votará a favor de la acusación constitucional en contra del Presidente?

Si. Tenemos que ver los argumentos, evidentemente soy parte del bloque de oposición que marcó una postura sobre la acusación constitucional. Esperamos que prospere y contar con todos los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque es una afectación grave en términos de probidad, de poner en jaque el interés superior de la nación y poner por delante intereses económicos particulares. Eso es muy grave viniendo de la principal autoridad del país. Más si esto trae aparejado un eventual daño ambiental.

-El ministro Juan José Ossa (Segpres) ha dicho que la acusación constitucional es un “truco electoral”, entre otras cosas apunta a la celeridad que hubo para ingresar el texto, de forma tal que el Senado alcance a verlo antes de las elecciones. ¿Qué le respondería al ministro?

En primer lugar, acá el único «truco» que se ha hecho ha venido de parte del Presidente Piñera, por el cual está siendo investigado penalmente. Tratar de evadir tributariamente, hacer negocios que lo beneficien a él y perjudiquen a todos los chilenos, evidentemente que eso pone en jaque su probidad. Aquí lo que hubo fue una articulación rápida, sí, pero esa articulación responde a que había una evidencia contundente y una gravedad que no se podía pasar por alto. Quizás en otras acusaciones constitucionales aunque la evidencia fuera la suficiente en materia, por ejemplo, de derechos humanos, algunos diputados de la oposición lo evaluaron de otra manera. Pero acá me parece que hubo un consenso, justamente, que no tiene que ver con el escenario coyuntural, sino con los hechos que fundamentan la acusación.

-¿Cree que están los votos en la Cámara?

Sí, creo que sí.

-¿Y en el Senado?

Eso hay que trabajarlo, el Senado funciona con una lógica distinta a la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo esperaría que sí, espero que estén a la altura los senadores y senadoras de oposición, y entiendan cuál es el argumento y lo que fundamenta esta acusación. Si bien el Presidente Piñera puede llegar a terminar su mandato impune de la responsabilidad que le compete en materia de violaciones a los derechos humanos, en esta materia, a representantes como yo, que creemos que el medio ambiente, más en un contexto de crisis climática, no puede quedar impune.

FOTO: Marcela Sandoval/ Crédito: Carla Monsalve

“El mayor desafío ahora es la Ley Marco de Cambio Climático”

-Mirando otras zonas del país, ¿cómo está trabajando la Comisión de Medio Ambiente para evitar futuros casos como el de Dominga?

Yo asumí hace poco más de un mes, pero la Comisión de Medio Ambiente, al igual que la Comisión de Recursos Hídricos, de la que soy parte también, recibe muchos casos que a veces están relacionados. En Chile estamos enfrentando la crisis climática, pero también la emergencia agrícola y la escasez hídrica. En general, lo que hacemos es recibir a organizaciones de distintas zonas del país que dan cuenta de problemas que a veces afectan a una comunidad pequeña, pero que son signo de desprotección, de una industria que llega y, claro, ofrece fuentes labores, el proyecto se aprueba considerando supuestamente participación de la comunidad, pero muchas veces esa participación no es incidente o no necesariamente informada de las consecuencias que va a tener la instalación de una determinada industria que contamina. Yo misma he llevado a organizaciones del Distrito 14 en que han hecho ver situaciones de abuso del recurso hídrico y como consecuencia la sequía. El caso más emblemático es el de la Laguna de Aculeo, que hoy es un sector que está completamente seco. Oficiamos a las instituciones que correspondan para que se hagan cargo de algo que en Chile estamos bien al debe, que tiene que ver con la compensación a esas comunidades. En el tema normativo, el mayor desafío ahora en el tema ambiental es la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permitiría establecer ciertas normas para enfrentar la crisis.

-¿Cuáles de esas normas para enfrentar la crisis climática destaca?

Estamos recién comenzando la discusión de la ley. Estuvo casi un año y nueve meses en tramitación en el Senado. Diría que la complejidad que tiene esta ley es que por un lado es un acierto que mire el problema de manera integral y sectorial, en el fondo cómo deben abordar la crisis climática distintos ministerios, distintas instituciones y no solamente la autoridad ambiental y eso es un buen enfoque. Pero eso solo en términos gruesos, porque hay que entrar al detalle, por ejemplo, de los reglamentos que mandata esta ley a elaborar o los instrumentos de fiscalización par que la ley pueda permitir obligatoriedad y cumplimiento. Esta iniciativa establece una meta, que es que a más tardar el 2050 lleguemos a la neutralidad del carbono, eso significa mirar en detalle si esta ley plantea un plan gradual para llegar a esa meta, si va a haber a nivel de presupuestos sectoriales una prioridad en esos términos. No sacamos nada con establecer metas sin que vayan acompañadas de un reglamento de implementación y de un plan de fiscalización y cumplimiento.

-Es candidata para las elecciones de noviembre, en caso de mantener el escaño en el próximo periodo, ¿qué propuestas o proyectos de ley tiene contemplados en materia medio ambiental? ¿Cambios al sistema de evaluación?

La institucionalidad ambiental requiere de mejoras, pero sobre todo en términos de dotación de recursos en fiscalización y prevención. Nuestro sistema está más concentrado en cómo reparar los daños, pero no en como prevenirlos. Ese foco es clave ir cambiándolo, aún más en un contexto de una crisis climática que nos obliga a enfrentarla con urgencia y no ir reparando el daño, porque ya el daño es global. Lo que necesitamos es prevenir. Ahí creo que puede haber una serie de prohibiciones que tiene que ver con los combustibles fósiles, podemos ver temas respecto a pesticidas que en otras partes del mundo no están autorizados y en Chile, pese a suscribir a tratados internacionales, se siguen usando porque a veces la norma es una poco laxa, se prohíben algunos usos y no todos. Eso tiene aristas con un tema muy relacionado con el medio ambiente, que es la salud ambiental, que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores.

Hay una serie de desafíos. He sido una diputada, en los meses que llevo de ejercicio, muy fiscalizadora, ese ha sido uno de mis sellos. Para mí es muy importante seguir explotando esa veta. Por ejemplo, estuvimos en Melipilla y nos reunimos con una comunidad que son varias villas que llegaron después a instalarse alrededor de una planta que lleva muchos años, que es una de las plantas más grandes de producción de cal creo que del continente, Soprocal. Es una industria que se hizo con otros estándares, de otro tiempo, que ha debido adaptar sus proceso, pero que hoy requiere de filtros o procesos más modernos para evitar contaminación en su entorno, y sigue contaminando. Ahí lo que hacemos después de recoger evidencia, de escuchar a la comunidad, es oficiar a la autoridad competente que en este caso es la Seremi de Salud, para que haga una fiscalización en terreno y vea qué se puede mejorar de esa empresa que contamina a diario a la gente que vive ahí. Ese es un solo ejemplo. No solo hay un compromiso en términos normativos, sino también territorial, de cómo enfrentamos el tema ambiental, pero en terreno. Eso debiese ser una herramienta permanentemente a explorar.