La deuda del gobierno con la diáspora venezolana que sigue en espera de regularización

Nelson Luis Barboza Ramírez (43) estaba a punto de ser deportado, sentado dentro de un avión posado sobre una de las pistas del Aeropuerto Militar en Santiago de Chile. Con los ojos llorosos, sentía que el sueño de radicarse en el país austral se desvanecía. Siendo un creyente acérrimo, en ese momento se aferró a la voluntad de Dios. Era el martes 2 de septiembre de 2019 por la mañana.

El día anterior, como lo hacía semanalmente, fue a firmar en cumplimiento de la normativa chilena, desde que hiciera la autodenuncia en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica, el lunes 22 de mayo anterior, por hacer ingreso al país por un paso no habilitado.

Hasta ahí, llevaba recorridos más de 5.500 kilómetros y atravesado cuatro países. Había dejado su Ciudad Ojeda de origen (ver mapa del recorrido), en Estado Zulia, Venezuela el 1° de mayo, y después de llegar a Tacna, Perú, una semana después, el día 8 hizo seis intentos de entrar legalmente por esa frontera norte de Chile, hasta que ese 18 de mayo de 2019 se aventuró para entrar al país sin permiso, por un paso no habilitado.

Con la autodenuncia realizada, según le habían informado, podría circular por el país, con base en el principio del derecho a la movilidad, y después podría ir haciendo trámites para lograr asentarse en Chile, donde había cifrado sus esperanzas para alcanzar la estabilidad que le permitiera ganar el sustento para él y su familia, cosa que desde hacía años era cada vez más difícil en Venezuela, relata.

Orden de expulsión

Nelson llegó hasta Concepción, capital de la región del Bío Bío, el miércoles 22 de mayo, y firmaba una vez por semana, cumpliendo con las instrucciones que le habían dado los policías. Pero ese primer lunes de septiembre sería diferente. El oficial que lo recibía habitualmente le dijo: Don Nelson, usted hoy se queda detenido, esta noche se va en un bus para Santiago, y mañana toma un avión que lo lleva de vuelta para su país. Tiene orden de expulsión.

Se quedó de una pieza. Contrario a lo que esperaba, lo estaban expulsando de Chile, y lo único que atinó fue a pedir que le permitieran hacer una llamada. Le avisó a su amiga, Yomaira Marín, la misma que le recibió y le ayudó a llegar a Chile. Ella movió cielo, mar y tierra, hasta que se comunicó con la abogada Bárbara Silva, de la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción, y comenzaron a correr. Incluso llamaron a un juez, quien llegó hasta la PDI pero no pudieron impedir que siguiera el proceso. El bus esperaba sólo por él. Subió, y salieron rumbo a la capital.

Antes de que Nelson llegara a Santiago ya habían redactado el recurso de amparo, y por la mañana del martes 2, previo a que subiera al avión, habían logrado que las funcionarias de la Corte de Apelaciones de Concepción le pidieran la firma a la jueza en funciones. Pero el avión saldría alrededor de las 9 de la mañana. Parecía que no había vuelta atrás.

…

Nelson tenía solo unos meses de haber llegado a Chile. Luego de los seis rechazos para ingresar legalmente, decidió que lo haría a como diera lugar, y se puso de acuerdo con otras cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Caminaron a oscuras desde el viernes 17 de mayo a las 9 de la noche, con la orientación de unas personas que les condujeron hasta un punto y les indicaron, a cambio de 10 soles cada uno, una luz hacia dónde debían dirigirse. Pero, al toparse con un terreno señalado como campo minado, tuvieron miedo, se desviaron y perdieron la ruta hasta avanzada la noche.

No fue sino hasta las 03:30 AM que encontraron una línea de tren que siguieron, y cerca de las 06:00 AM del sábado 18 de mayo de 2019, estaban en Arica. Lo habían logrado. Eran seis personas más que se sumaban al millón y medio de extranjeras que viven en Chile, de las cuales 500 mil son venezolanas, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y ratificadas por el Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.

Decidieron esperar al lunes 20, para asistir a la oficina de la PDI de Arica y hacer el trámite que le permitiría transitar por Chile mientras lograba regularizar su situación migratoria: la autodenuncia por haber infringido la norma, al hacer ingreso al país por paso no habilitado (en 2018, T13 informó que se habían detectado 166 de estos pasos en la frontera norte, entre Perú y Bolivia).

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Menos de cuatro meses después, ese martes 2 de septiembre, después de haber llorado en más de una ocasión, Nelson Barboza pensó que le arrebataban su sueño de poder apoyar a su familia, y subió a la aeronave.

Logró hablar con su esposa, Beatriz, quien seguía en Ciudad Ojeda con sus dos hijas, Michell (14) y Emma (6), en 2019. Ella le dijo que si era la voluntad del creador, ya verían allá qué hacían.

Ya resignado, siendo un creyente acérrimo, Barboza se aferró a la voluntad de Dios. El avión se aprestaba para despegar, cuando sucedió lo que él considera algo así como un milagro, según relata. El avión se sacudió y escuchó un ruido muy fuerte. “Yo creo que fue la explosión de una turbina, pero no sé”, dice. El aparato no pudo alzar el vuelo y les anunciaron que debían descender.

Trasladaron a las 79 personas migrantes a una sala de espera (69 de nacionalidad venezolana y diez colombiana), que estaban a punto de ser devueltos a sus países, custodiados por dos guardias de la PDI cada uno, mientras alistaban otro avión.

Una vez ahí, flanqueado por sus custodios, Nelson quedó ubicado al fondo de la sala. Allí estaba, cansado, nervioso, cuando vio que alguien se asomaba por la puerta de entrada con un papel en la mano y algo decía en voz alta. Avanzaba con paso firme por un pasillo y en unos segundos escuchó que pregonaba su nombre: ¡Nelson Barboza! ¿Quién es Nelson Barboza?

Un poco desorientado, alzó su mano. ¿Usted es Nelson Barboza? Dijo ese hombre alto y delgado, y le quedó mirando. Sí señor, yo soy. Bueno amigo, salga de esta sala porque usted se queda en Chile, llegó una orden de la corte que impide su expulsión.

Parece una escena de película, pero sucedió. Nelson cuenta que todo el mundo se lo dice, y que con todo lo que ha pasado, le insisten en que debería escribir un libro.

Habían logrado que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera su recurso de amparo, y desde entonces continúa a la espera para regularizar su situación y poder trabajar legalmente en Chile, mantener a sus dos hijas (de 16 y 8 años en este momento), quienes llegaron junto a su esposa Beatriz Ramírez (38), el 5 de agosto de este año 2021, para sumarse a escribir más capítulos de esta historia en construcción, fiel al oficio de Nelson y su yerno, un joven de 20 años, quien tiene pavor a que le pueda tocar a él una escena como la vivida por su suegro en 2019.

La familia de Nelson llegó a Chile acompañada del pololo de la mayor, Jolvis Mavares (20), por otro paso no habilitado, esta vez fronterizo con Bolivia, vía Colchane.

Los mayores de edad ya hicieron la autodenuncia y esperan que salga el decreto y la respectiva carta de expulsión, para iniciar el trámite en la Corte de Apelaciones, que si falla en su favor les permitiría asegurar su estadía en Chile, aunque no la inmediata legalización de su estatus migratorio, tal como le ha pasado a Nelson desde 2019.

Él espera desde hace ya más de dos años que en la Subsecretaría del Interior den aviso formal en el sistema público que la corte ordenó que no puede ser expulsado, pero el trámite no se ha concretado. Eso lo imposibilita de sacar un Rol Único Tributario (RUT), carné de identidad, carné de conducir, ingresar formalmente al sistema de pensiones, hacer un contrato de arriendo, o firmar un contrato de trabajo. Es el mismo drama de miles de extranjeros/as que han sido favorecidos/as por los fallos de la justicia.

Nelson Barboza, junto  su familia, se encuentra en un limbo del que hablan desde distintas organizaciones tanto de la sociedad civil como públicas, esperando terminar de incorporarse legalmente a la vida social y productiva de su nuevo país, y no seguir expuesto a una serie de vulneraciones que se derivan de su condición de irregularidad.

Pugna entre poderes del Estado

Una de las maneras en que el gobierno de Chile ha respondido al aumento exponencial de la población inmigrante, entre las cuales la venezolana es una de las más numerosas, es dificultar el ingreso y por otro lado reforzar los intentos de expulsión, como ha quedado explícito en las declaraciones relacionadas con el tema por parte del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado. (Ver nota de Venezuela Migrante).

Abogados y representantes de organizaciones de personas migrantes venezolanas afirman que en los hechos, un intento del gobierno por parar los ingresos y desestimular la llegada de personas extranjeras ha sido con un discurso más duro e impulsando las expulsiones.

En una declaración pública que firmaron una veintena de organizaciones promigrantes y de defensa de sus derechos, a propósito de los hechos de violencia cuando quemaron pertenencias de un grupo de migrantes en septiembre pasado en Iquique, señalan que “de continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia frente a las personas migrantes. Es urgente un cambio de timón en las políticas del gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional” (ver declaración completa).

Tratar de ejecutar las expulsiones masivas ha llevado a que dos poderes del Estado se enfrenten, incluso por los medios de comunicación. Por una parte el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y su subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y por el otro, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich.

Delgado cuestionó hace un par de meses el criterio de algunas cortes respecto de las expulsiones, las que quedaron sin efecto, incluso puso en duda la interpretación de la Ley por parte de la Corte Suprema.

La vocera de la Corte Suprema se refirió al tema en una comunicación del Poder Judicial y dijo que «si el criterio ha cambiado, y es el criterio del máximo tribunal, pareciera que el criterio que debería cambiar es el del Ministerio del Interior”.

Y agregó que “los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema, dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los migrantes», añadió la autoridad del Poder Judicial.

Son muchos los argumentos que han dado desde las cortes para rechazar los intentos de expulsión, fundamentalmente por el resguardo de derechos, como la reunificación familiar, el riesgo que pueden correr en su país de origen, resguardo del debido proceso, entre otras.

La abogada Bárbara Silva, experta en temas de extranjería y migración, opina que es inaudito que un poder del Estado (el Ejecutivo) se pronuncie sobre la materia de competencia de otro, como es el Poder Judicial, que es el que tiene la última palabra frente a la pertinencia y aplicación de las leyes.

Luego de las tensiones en el primer semestre de 2021, recientemente el ministro del Interior anunció que tomarán en cuenta el criterio de la corte, pero que las expulsiones van a continuar y se harán efectivas.

Tanto para Silva, como para Graciela Rodríguez, de la Corporación de Asistencia judicial (CAI) del Bío Bío, entidad pública que presta apoyo jurídico a personas que han migrado, concuerdan en que el número de expulsiones versus la cantidad de personas que están llegando a Chile es insignificante. Para ellas es más bien un intento comunicativo para desestimular una nueva migración que una política que sea efectiva, pero que en realidad ya está claro que no resulta, opinan. (Ver nota de Deutshe Welle de una expulsión de personas migrantes desde Chile).

Esta es una pugna que preocupa a las organizaciones de migrantes, que ven con recelo que se hagan anuncios a priori, poniendo en cuestión el debido proceso o incluso criterios de la legislación internacional, relacionada con el tema, que promueve la protección de derechos de las personas migrantes.

Álvaro Bellolio, jefe de Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó mediante un comunicado en su sitio web, que quieren “darle una mano a los extranjeros que llevan más de un año en Chile y entraron por paso fronterizo respetando nuestras instituciones y presentándose ante el control migratorio, pero tuvieron dificultades durante la pandemia con su trabajo, empleador, o no tienen el sustento económico para pedir una visa. De esta manera, ellos podrán postular a este proceso que es 100% digital para proteger su salud y dar una respuesta rápida”. Pero no acoge a quienes ingresaron de manera irregular.

Los ojos de varias entidades y organizaciones están sobre las expulsiones que intenta periódicamente ejecutar el Gobierno chileno. Human Rigth Watch, por ejemplo, se pronunció en junio de este año, cuando en su página web publicó un pronunciamiento en contra de esa política, señalando que el Ejecutivo “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”, y el debido proceso.

La regularización no llega sin decreto de expulsión

La de Nelson Barboza es una historia —si bien extrema y con visos de dramatismo—, con muchas similitudes a las de millares de personas venezolanas que han llegado a Chile en busca de un presente y futuro mejor.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno de Piñera (que acaba en marzo de 2022) desde hace por lo menos tres años, ha crecido sustancialmente el número de ingresos irregulares, y tanto desde organismos públicos, como desde las organizaciones de migrantes, afirman que no van a detenerse, en especial en el caso de personas venezolanas, porque éstas “salen del país por una situación desesperada”.

El gobierno ha optado por dificultar que las personas se puedan quedar legalmente y generar decretos de expulsión desde las intendencias (ahora Delegación Presidencial), dependientes del Ministerio del Interior, dicen quienes trabajan a diario con el tema.

Y se produce una paradoja, porque es precisamente ante esa orden que las defensas de las personas migrantes reaccionan con un recurso de amparo, que se presenta ante las cortes de apelaciones, el cual cuando es acogido abre las puertas para la regularización. En concreto, ese fallo determina que no se puede expulsar a la persona, y por tanto lo que quedaría es favorecer la regularización. Pero eso no está sucediendo. (Ver TimeLine Pasos para la Regularización).

La categoría para que una persona quede en situación irregular se puede adquirir de dos maneras. Una, quienes lograron ingresar con una visa de turismo u otra autorización, y cuando se les venció el plazo se quedaron en esta situación. Y dos, ingresando por un paso no habilitado. Desde que el gobierno endureció su política migratoria, esta última es la más frecuente, puesto que es más difícil pasar la frontera legalmente. La PDI está rechazando el ingreso con mucha más frecuencia que hace tres años atrás.

Desde el Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior, han informado que hay procedimientos que buscan facilitar la regularización para personas que ingresaron antes del 18 de marzo de 2020. El trámite se puede hacer en línea, consultando en la página web de la dependencia (ver aquí). Pero quienes lo hayan hecho posterior a esa fecha, cuando entre en vigencia la nueva normativa, promulgada el 20 de abril de este año (Ley 21.325), quedarían expuestos a una nueva ola de expulsiones.

Eso se podrá tener más claro cuando se conozca el reglamento de la Ley, según coinciden las abogadas Bárbara Silva y Graciela Rodríguez, lo cual podría suceder en enero, si es que se cumplen las predicciones, aunque se espera desde hace meses.

De las más de 500 mil personas de nacionalidad venezolana, cerca de un 20% podrían ser personas que se encuentren en situación irregular, y siguen llegando, es decir indocumentadas, y por consiguiente susceptibles de vulnerabilidad en sus derechos, como señalan diversos expertos y expertas en el tema.

Los principales incrementos, como señala la misma entidad, se dieron en las personas provenientes de Venezuela (34%), Cuba (12,6%) y Bolivia (12,5%), informó el INE. Cifras a las cuales hay que sumar un número indeterminado que no se ha registrado porque podrían no haber seguido el proceso por miedo a ser expulsados, dado que desconocen el tema legal y tratan de no entrar en el radar institucional, así que no hay respaldo para cuantificar a estas personas, pero de que existen, existen, según coinciden las personas que trabajan en el tema.

Bárbara Silva, la abogada que estaba en la dirección de la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción, que defendió a Nelson Barboza, ha trabajado durante varios años en temas de migración y refugio. Ella explica que “la manera en que ha actuado la autoridad administrativa es una conducta ilegal, desde nuestro punto de vista, y desde el punto de vista que ha sostenido además nuestro Poder Judicial, específicamente nuestro máximo tribunal que es la Corte Suprema”.

“Concretamente, con nuestra actual legislación, que sigue estando vigente el Decreto Ley 1.094, porque todavía no ha entrado en vigencia la nueva ley de migración —dictada en abril de este año 2021—, se tipifica como delito el ingreso por paso no habilitado al territorio nacional”, señala la jurista.

Es un delito que se comete contra el Estado, y las personas al hacer la autodenuncia, deben esperar a que se les enfrente a un tribunal, y ese tribunal debe generar un fallo que les señala como culpables. Si eso no sucede, sería ilegal decretar la expulsión.

“Se requiere que un tribunal con competencia en lo penal, concretamente, haya condenado a esa persona por la comisión del delito de ingreso clandestino”, explica Silva. Y es más, incluso el Decreto Ley 1.094 de 1975 (data de la dictadura, cuando se aplicaba un criterio de seguridad al tema migratorio) exige que, una vez cumplida la pena, el extranjero debe ser expulsado del territorio nacional. Y nada de eso ocurre en la práctica.

Graciela Rodríguez Vallejos, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bío Bío, concuerda con la visión de su colega. Y agrega, además, que luego del fallo de los tribunales (ya sea la Corte de Apelaciones, y si hubiese apelación, de la Corte Suprema) lo que procede es que la Subsecretaría del Interior, que es la autoridad administrativa que corresponde según la ley, debe sacar al extranjero o extranjera de la Lista de Expulsiones para que pueda seguir su proceso de regularización y obtener sus papeles, lo cual no está ocurriendo.

De acuerdo a juristas y personas expertas en el tema migratorio, “ahí es donde se genera el cuello de botella”, que mantiene a tantas personas sin poder regularizar su situación en Chile, en el paso final, luego de que las cortes se han pronunciado, la Subsecretaría del Interior no concreta ese paso, y cada vez que intentan hacer el trámite de legalización, les informan que siguen ahí.

Vulneraciones de derechos sin la legalidad

Para Rodríguez, el crecimiento de las personas en condición irregular provenientes de Venezuela no es antojadizo. En su opinión, se trata de personas que vienen en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, y mantenerles sin documentos, aun cuando hay fallos de la justicia de por medio, podría ser catalogada como una conducta clasista por parte del gobierno porque esto no sucede con quienes aspiran quedarse y tienen asegurado su sustento. Esto afecta a personas que necesitan trabajar para subsistir, sostiene la abogada.

Es la misma posición a la que apunta Francia Campos (62), presidenta de la Organización de Venezolanos en la Región del Bío Bío (ORVE). Ella llegó a Chile en 2016, y tuvo que pasar por muchas situaciones antes de alcanzar un estatus migratorio que le permitiera trabajar. Fundó la ORVE, para ayudar a sus compatriotas, en los trámites y para prestarles ayuda mientras logran estabilizarse.

Campos dice que la gente que necesita trabajar para vivir requiere de papeles para que no se les exponga a riesgo de abuso. Una persona sin su RUT no puede acceder a un trabajo estable, ni paga impuestos, ni puede conseguir un arriendo justo, o vivienda digna. Es más difícil todo, señala la activista social: “y la mayoría de las personas que llega a este país no lo hace por gusto, sino por una necesidad. Y es gente que quiere hacer las cosas bien y aportarle a este país”.

“Yo le diría al gobierno que se organice y agilice los procesos. Este es un país con personas muy mayores, y necesita de nosotros, también, para poder aportar, porque muchos de los venezolanos que están llegando son gente joven que puede trabajar. Pero es necesario que asuman que la migración llegó para quedarse y lo mejor es que sea organizado”, enfatiza.

“Regularízalo, como lo hace Brasil, como lo ha hecho Colombia. Permítele que trabaje legalmente, y no hacerlo como ahorita. Que se está haciendo bastante irregular. La mayoría de aquí, en Concepción, están trabajando irregulares, y eso todos lo sabemos”, argumenta Francia Campos, quien además explica que esto va en contra de personas que necesitan trabajar por supervivencia, y no van a dejar de hacerlo por un asunto legal.

Campos cuenta que ha visto cómo las personas se ven enfrentadas a una situación que les mantiene en un limbo, en donde no las pueden expulsar, luego de los fallos de las cortes, pero tampoco pueden entrar a formalizarse en el sistema productivo.

El director de la Oficina de Migrantes e Interculturalidad de la Municipalidad de Concepción, Álvaro Parra Soto, concuerda con que es en la Subsecretaría del Interior donde falta agilidad, y piensa que debe ser “más ágil y amigable. Todo del sistema público debería ser más amigable”, sostiene.

Parra explica que desde su oficina lo que han optado, “por encargo del alcalde Álvaro Ortiz, es gestionar recursos con organismo internacionales”, y con voluntad política han ayudado a la gente a resguardar sus derechos.

El gobierno central, cree, debería agilizar pensando en las personas. “¿Por qué se demoran tanto?, ¿por qué hay tanta lentitud?”, se pregunta. “Yo creo que se debe descentralizar, quizás hay una centralización demasiado grande, y quizás entregar más responsabilidades a la gente”, piensa Parra, porque concuerda con que no aporta en nada mantener a las personas sin posibilidades de entrar en el sistema productivo, sin un RUT que no les permite ni siquiera sacar una licencia de conducir.

María Rocío Menanteux, presidenta de Marq’Ay, organización de apoyo a población migrante en el Bío Bío y Ñuble, afirma que hay una gran exposición a vulnerabilidades y a precarizaciones en varios ámbitos.

Eso hay que enmendarlo, opina, y se debe dar “acceso a ciertos derechos sociales garantizados, como son la salud, la vivienda”, por ejemplo. Independiente de que la legislación contempla el acceso de personas migrantes en situación irregular a la atención de salud, en la práctica “hay muchos obstáculos para poder acceder a ellos de manera expedita. Entonces, se van precarizando sus vínculos con las redes institucionales y dado el temor que genera en las personas el encontrarse en situación irregular, se ven también aislados del aparato institucional y jurídico”.

Y explica que por eso, desde estas organizaciones no gubernamentales buscan aproximarse a las personas que han inmigrado “para poder orientar respecto de derechos sociales, respecto de procesos jurídicos respecto de los cuales requieren información”.

* Producción realizada en el marco del curso Puentes de Comunicación II de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Acompañamiento editorial: Freya León. En Chile se publica con la colaboración de El Desconcierto y Agencia Medio a Medio.