Cámara territorial: Cómo la UDI logró torcer la unicameralidad en la Convención

En el transcurso de la sesión de la jornada de este martes, la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional continuó votando las indicaciones realizadas a los artículos previamente aprobados de forma general, esto con el fin de llegar al día 11 de marzo con el informe final de normas de la comisión al pleno del órgano constituyente, los cuales serán votados en una sesión para ser plasmados -o no- en la nueva carta magna.

A causa de esto, las miradas estaban centradas en cómo se desarrollaba la discusión en torno al artículo diez del informe, que establece la composición del poder legislativo y las facultades de este.

En la última semana del mes de enero, la comisión había aprobado en general un sistema presidencial con un Congreso unicameral, que eliminaba de forma definitiva el Senado y establecía la denominada cámara «plurinacional» siguiendo la conformación que utiliza la Convención.

Este hecho gatilló un rechazo por parte de algunos conglomerados presentes en el órgano redactor, entre los más críticos de esta medida se encontraban los ligados a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano (PR), quienes calificaron la medida como «un paso hacia el objetivo de la izquierda para que los gobiernos no tengan contrapesos y gobierne la tiranía de la mayoría», expresó a través de su cuenta de twitter la ex ministra Marcela Cubillos, aunque la propuesta de articulado sólo se había aprobado en general, comenzando a mover el andamiaje para que ésta no prosperara.

Propuesta de eliminar el Senado es un paso adicional en el objetivo de la Izq para terminar con contrapesos al poder político. Quien llegue al Gob ya no tendrá contrapesos: sin Poder Judicial (sino “sistema de justicia), sin Senado, sin TC. Mesa servida para tiranía de la mayoría

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) February 22, 2022

La negociación entre gallos y media noche

Durante la noche del 20 de febrero, un grupo de 25 convencionales integrantes de la comisión de Sistema Político ingresó un paquete de indicaciones que proponía una nueva estructura para el Poder Legislativo, reincorporando la idea de un sistema bicameral atenuado, pero eliminando el Senado y reemplazándolo por un «Consejo Territorial», definido como un “órgano paritario y plurinacional de representación territorial encargado de concurrir en la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás competencias establecidas por esta Constitución».

El principal foco de acción del nuevo órgano legislativo sería participar del proceso de formación de las leyes de acuerdo regional y en materias territoriales enfocadas en seis temas: presupuesto anual, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales.

La iniciativa detallaba que los representantes durarían cuatro años en el cargo y podrían ser reelegidos hasta por un periodo. Sus integrantes se elegirían mediante votación popular en conjunto a las elecciones de las autoridades municipales y regionales, vale decir, dos años después de la elección presidencial y parlamentaria.

También, siguiendo la fórmula aplicada en la Convención, el Consejo Territorial contemplaba escaños reservados electos a través de votación popular, pero la cantidad y la distribución entre los pueblos debe ser definido por la ley. En cuanto a su funcionamiento, este iba a ser presidido por el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, que solo tendría derecho a voz.

Este acuerdo se venía fraguando desde la segunda semana del mes pasado y originalmente incluía a todos los convencionales que integran la comisión, no obstante, con el pasar de los días, los seis representantes de la derecha se bajaron de las conversaciones y se quedaron al margen del acuerdo, finalmente suscrito por los siguientes nombres: Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo); Bárbara Sepúlveda y Marcos Barraza (Partido Comunista); Patricia Politzer y Guillermo Namor ( Independientes No Neutrales); Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialistas); Alejandra Pérez , Tania Madriaga y Marco Arellano (Coordinadora Plurinacional); Constanza Schönhaut y Fernando Atria (Frente Amplio); Alondra Carrillo y Alejandra Flores (Movimientos Sociales Constituyentes); Rosa Catrileo (escaños reservado del pueblo mapuche) y Francisca Arauna (Pueblo Constituyente).

El manto de duda se puso en los convencionales del Colectivo Socialista, quienes se habían mostrado reacios a eliminar la cámara alta, pero finalmente cedieron ante la presentación de este Consejo Territorial, pues «la idea es que el Congreso Plurinacional (diputados) y Consejo Territorial (como órgano de representación de las regiones) confluyan en algunas legislaciones», señaló a La Tercera el coordinador de la comisión y miembro del colectivo Ricardo Montero.

En línea con lo anterior, Fuad Chain comentó al medio citado que “el Congreso unicameral tenía un problema, pues los territorios menos poblados se iban a ver subrepresentados. Había que corregirlo. No con un Senado con las misma facultades o de espejo de la Cámara».

De esta forma, ya se vislumbraba un acuerdo amplio dentro de la comisión, el cual esperaba ser ratificado durante la primera semana de marzo para avanzar en la preparación del informe definitivo que tiene como fecha límite el 11 de marzo para ser presentado. Sin embargo, la UDI aún tenía algo que decir respecto a esta situación y comenzó a mover sus fichas para torcer la decisión y quedar en una posición más ventajosa.

La primera gran victoria de la derecha y el fin de la unicameralidad

Los representantes de la UDI dentro de la comisión de Sistema Político sabían que no podían recuperar la Cámara Alta y no había vuelta atrás, por ello buscaron una manera de hacer que este nuevo organismo tuviera más peso y fuera una versión algo disminuida del congreso plurinacional.

Para esto idearon una estrategia que atacaba los puntos débiles del acuerdo al que llegaron las demás fuerzas en la comisión, se enfocaron específicamente en reavivar las diferencias del Colectivo Socialista, quienes ya se mostraron dispuestos a reponer el bicameralismo e iniciado gestiones acorde a las pretensiones del mandamás del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, tendientes a asumir la presidencia del Senado. Por otro lado, convencionales de Independientes No Neutrales ya se habían opuesto a la votación que consagró la unicameralidad en el mes de enero.

La estrategia de la derecha fue comandada por Marcela Cubillos, Constanza Hube y Arturo Zúniga, quienes presentaron indicaciones escalonadas al artículo diez, intentando modificar inciso por inciso el texto en cuestión. La primera propuesta de sustituir el artículo por uno que estableciera directamente que existirán “dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara Territorial”, fue rechazada.

La segunda dictaba que “corresponderá a la Cámara Territorial conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de ley que afecten las competencias de las regiones, de ley sobre votaciones populares y el sistema electoral”.

Esta última se votó por separado, inciso por inciso, debido a una petición de Guillermo Namor (INN) y se consideró como complementaria, en lugar de sustitutiva, o sea, que se incorpora a la propuesta original en vez de reemplazarla.

De esta forma, se reemplazó el «Consejo Territorial» -encargado de la revisión presupuestaria, leyes de incidencia regional y siempre sometido al Congreso Plurinacional (actual Cámara de Diputados)- por una «Cámara Territorial» que eleva las facultades que se planteaban originalmente para el organismo.

Esta modificación fue aprobada por 14 de los 25 convencionales de la comisión y contó con los votos de la UDI, RN-Evópoli-Independiente, Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo, Renato Garín (Independiente) y la coordinadora de la comisión Rosa Catrileo. En tanto, el FA, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y Pueblo Constituyente, votaron en contra.

Los votos que inclinaron la balanza en favor de la propuesta de la UDI fueron los de Rosa Catrileo y Renato Garín, quienes expresaron que sus razones para apoyar esta iniciativa radicaban en una mejor distribución del poder para canalizarlo hacia las regiones y así estas puedan tener más independencia.

Catrileo aseguró a El Desconcierto que “es necesario que la Cámara Territorial tenga injerencia e incidencia en las atribuciones legislativas que se le dieron. Estamos tratando con las indicaciones que vienen más adelante de fortalecer un poco más».

Pero éste no fue el único punto a favor de la derecha en esa jornada. A continuación, otra indicación fue presentada por los convencionales Politzer, Montero, Muñoz, Chahín, Hurtado y Namor, quienes lograron eliminar la palabra “unicameral” del artículo referido al Congreso Plurinacional.

Constanza Hube, una de las impulsoras, comentó en una de sus intervenciones que «este es un paso hacia el bicameralismo, peroadvierte que no es un tema cerrado, pues depende de las atribuciones que se le den a la Cámara según el resto de las indicaciones».

Guillermo Namor, en tanto, defendió su postura en un punto de prensa. «Pareciera que estuviéramos diseñando un sistema donde asumimos que van a gobernar quienes piensan como nosotros, olvidando lo que es un hecho público y notorio, que es que pareciere que hubo cierto cambio desde la elección de quienes fuimos electos constituyentes, hasta la elecciones de la nueva Cámara de Diputados», indicó.

Las reacciones de los convencionales que rechazaron estas iniciativas no se hicieron esperar, el exministro Marcos Barraza argumentó que quienes apoyan esto intentan mantener el statu quo y que no se respetaron los consensos a los que se había llegado.

«Hay un intento por desdibujar lo que ha sido el acuerdo y, en ese sentido, hay que evaluarlo. Ha habido una presión por parte del establishment para conservar el Senado en los términos que hoy día existe y veo que ha tenido repercusión en algunos constituyentes», afirmó.

En la misma línea que Barraza se pronunció la miembro de la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga, argumentando que una “Cámara Territorial”, equivalente al Senado, «es lo mismo que tenemos hoy”. Además, defendió la idea anterior respecto al “Consejo Territorial», destacando la necesidad de los territorios de tener «poder respecto a decisiones legislativas que los afectan directamente”.

Así, la derecha se llevó su primera gran victoria en la Convención luego de casi nueve meses de funcionamiento y logró cumplir uno de sus objetivos. Y, de paso, logró debilitar los vínculos entre el resto de los colectivos del órgano constituyente, aunque esta decisión no es definitiva, dado que, aún hay materias que deben resolverse en las sesiones que quedan previas a la presentación del informe fechado para el 11 de marzo.

Las atribuciones de la «Cámara Territorial»

La nueva cámara tendría una función paralela al «Congreso Plurinacional», con algunos matices y atribuciones menores que le permitirían conocer los proyectos de reforma constitucional, leyes interpretativas de la constitución, la ley anual de presupuesto, ley sobre la división política y administrativa del país, ley que afecten las competencias de las regiones, ley sobre votaciones populares y el sistema electoral, además debe ponerse en discusión las materias indicadas en el artículo 29 del comparado de la comisión de Sistema político en las que se contempla:

• La creación de nuevos servicios públicos.
• Operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado.
• Modificar beneficios económicos de cualquier tipo al personal en servicio o en retiro de la Administración Pública
• Establecer o modificar las normas sobre seguridad social

Las atribuciones que pueda llegar a tener este nuevo organismo dependen del desarrollo de las votaciones que seguirán a lo largo de esta semana en la Comisión de Sistema Político. Cabe destacar que éstas tienen que ser aprobadas de forma general, en primera instancia, seguido de una votación en particular.

A continuación de todo este proceso, quedarán plasmadas en el informe final de la comisión que debe ser despachado a más tardar el 11 de marzo, para luego pasar a una sesión plenaria en donde nuevamente serán discutidos y votados de forma general y particular, cumpliendo con la norma de los 2/3 en el proceso.

Los artículos que no logren alcanzar este quórum de votación pueden ser devueltos a la comisión para ser modificados y tener una segunda oportunidad para ser incluidos o no como artículos definitivos de la nueva carta magna de la República.