Fraude y derechos humanos: La cuenta pública del general Martínez que incomoda al gobierno

El próximo miércoles 9 de marzo el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, dejará su cargo para dar paso al periodo del general Javier Iturriaga como mandamás de la institución castrense.

Sin embargo, a menos de una semana de que ocurra, el traspaso se ha visto marcado por la citación a declarar de Martínez en calidad de inculpado en la investigación de fraude en el Ejército.

La decisión de la ministra en visita a cargo del caso, Romy Rutherford, convirtió al general en el primer Comandante en Jefe en ejercicio que podría ser procesado. Ante esto, el general intentó postergar la citación hasta después de dejar su cargo, lo que no fue aceptado por la Justicia.

En este convulsionado contexto, El Desconcierto tuvo acceso exclusivo al discurso de la última cuenta pública de Martínez, que se hará público este miércoles en unas de las últimas instancias en que el alto mando se dirija a la ciudadanía en su cargo.

En el documento se repasan diversos periodos e hitos del Ejército de Chile, en que se destacan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura y los últimos casos de corrupción.

En un encuentro privado, una copia del texto fue mostrado esta mañana al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien tras la reunión mostró su incomodidad por el contenido del informe.

Fraude en el Ejército

Justamente uno de los hitos abordados en el informe anual son los episodios de corrupción en el Ejército que comenzaron a ser investigado en 2014. En el documento, el caso es catalogado como «un durísimo golpe a la confianza y a la probidad».

«En el repudiable episodio del Fraude, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública«, expone el informe de Martínez.

Luego, prosigue sosteniendo que los funcionarios involucrados «para alcanzar sus detestables fines, se coludieron con civiles ajenos a la Institución y se apropiaron de recursos que el Estado asignaba para el financiamiento de las capacidades del Ejército».

Por otro lado, el texto se refiere específicamente a la vinculación de excomandantes en Jefe del Ejército con el caso: «A raíz de las diligencias efectuadas por los tribunales de justicia para esclarecer estos hechos, fueron detectadas otras situaciones, aparentemente constitutivas de delito, lo que generó que fueran sometidos a proceso Oficiales y Suboficiales de distintos grados, incluidos excomandantes en Jefe».

«Esto último impacta fuerte y de manera muy especial al Ejército debido al alto cargo que ejercieron. Será la justicia a través de sus fallos definitivos la que determine la responsabilidad penal de los que hoy enfrentan acusaciones, pero es innegable que esta situación dañó gravemente la imagen de la Institución y la confianza que en ella tenía la ciudadanía», agrega.

Violaciones a los derechos humanos

Otro elemento que llama la atención en la última cuenta pública del general Ricardo Martínez es la dura valoración que se hace al rol que cumplieron funcionarios del Ejército durante la dictadura, poniendo énfasis en la impunidad que existió respecto a oficiales a cargo, en desmedro de condenas contra mandos menores.

Estos puntos incluso tienen destinados un capítulo completo del documento, denominado «Período 1973–1998 ‘Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia'».

«El ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos, dentro de las estructuras de la institución», afirma.

Posteriormente, en el documento se afirma que lo anterior se debió a que los funcionarios superiores que dan las órdenes deben «hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina militar, que es el factor clave e imprescindible de toda fuerza militar».

«Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos», añade.

Arellano Stark

Dentro de este capítulo también se critican duramente algunos casos específicos de graves violaciones a los derechos humanos ocurrido durante la dictadura. A la que se dedican más comentarios es el caso de la Caravana de la Muerte, misión militar dirigida por Arellano Stark que se encargó de ejecutar con brutalidad a opositores políticos en distintas partes del país.

«Los hechos y el expediente judicial nos confirman que la misión del General Arellano era revisar y agilizar procesos en aquellos lugares donde los mandos, según ese criterio, habrían actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (‘comandantes pusilánimes’, según sus propias palabras, fojas 3001 del expediente)», explica el documento.

En esta línea, la institución opina que «las acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos».

«El citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar», concluye el documento, y complemente que en uno de los casos de la Caravana de la Muerte quienes ejecutaron las órdenes «posteriormente fueron procesados y hoy cumplen condena en Colina I». Por su parte, «Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución».

Atentado contra el general Prats

Otro hecho que aparece presentado en el texto es el homicidio en Buenos Aires del exComandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, producto de un atentado organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

«Se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución», asegura el Ejército en su cuenta pública.

«Según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la DINA, Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos, lo que se ha constituido en un crimen extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable«, finaliza respecto a este atentado.

Revisa el informe completo a continuación: