Las cifras rojas del Estado de Excepción: Delitos violentos han subido en la Macrozona Sur

«Los datos hablan de que hay menos usurpaciones, menos bloqueos de caminos y menos delitos violentos«. Con esta afirmación el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la novena prórroga del Estado de Excepción de Emergencia en la Macrozona Sur que fue aprobada por el Congreso el miércoles de la semana pasada.

Sin embargo, datos entregados por la Fiscalía a El Desconcierto muestran que el total mensual de delitos violentos en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín ha aumentado. Se considera como este tipo de delitos los homicidios; homicidios calificados; robos con intimidación, con violencia, en lugar no habitado; e incendios con resultado de muerto y/o lesiones.

En detalle, durante el mes previo al decreto del Estado de Excepción del 12 de octubre se registraron 404 delitos violentos en la Macrozona Sur. Sin embargo, pese a los pronósticos del Ejecutivo, durante las cuatro semanas posteriores a la aplicación de la medida este tipo de hechos aumentaron a 439.

Incluso, durante esas primeras semanas del Estado de Emergencia, el 4 de noviembre, falleció en medio de un operativo de las Fuerzas Armadas en la ruta que una Cañete con Tirúa el comunero mapuche de 23 años, Yordan Llempi Machacan. De acuerdo a una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el episodio «se hizo uso de armamento de fuego contra civiles, indiscriminadamente».

Ante el hecho, el ministro Delgado reaccionó respaldando la presencia de los militares en la zona: «Dijimos que si las policías o las Fuerzas Armadas eran atacadas, iban a responder», sentenció. Pero los dichos del secretario de Estado lejos de apaciguar la situación, mantuvieron la tensión en la Macrozona Sur.

Si bien en noviembre y diciembre se normalizaron ligeramente la cifras, en enero del 2022 los delitos violentos subieron abruptamente a 451 casos mensuales. Es decir, la cantidad de este tipo de hechos registrados durante el primer mes de este año fue 11,63% mayor que durante las cuatro semanas previas a la instauración del Estado de Emergencia el 12 de octubre del año pasado.

Fuente: SAF Ministerio Público

La violencia se hizo evidente en hechos como que el mismo día, 18 de enero, ocurrió el presunto homicidio del dirigente parcelero de Angol Joel Ovalle y de un joven trabajador forestal en Cañete. Al día siguiente, el Jefe de Defensa de La Araucanía, el general del Ejército Luis Cuellar, invitó a enfrentarse con los militares. «Aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito«, declaró.

Crisis en la Región del Biobío

También se puede desprender de los datos entregados por el Ministerio Público desde el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) que en las dos provincias de la Región del Biobío en Estado de Excepción los delitos violentos aumentaron 43,03%, esto al comparar las cuatro semanas previas al inicio del Estado de Excepción respecto a enero de este año.

El incremento relativo en estas provincias es uno de los más grandes a nivel país, alcanzando el índice más alto en comparación a todas las regiones de Chile, menos la de Magallanes. En esta última zona, si bien hubo un incremento porcentual, existieron muy pocos delitos, por lo que no significa una situación preocupante.

Fuente: SAF Ministerio Público

Las hipótesis respecto a las causas de este escenario son diversas. Mientras la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (ind. ex Evópoli), sostiene que «se debe a un cambio de estrategia de los movimientos más extremos, más violentos«; el longko de la Alianza Territorial Mapuche, Alberto Curamil, opina que la presencia del Ejército en la zona «genera todo este tipo de tensión».

Por su parte, Nicolás Rojas Pedemonte, doctor en Sociología y director del Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, explica que «un movimiento, como el mapuche, que se ha sostenido más de 20 años en la épica de la resistencia y la autodefensa, no retrocede ante la represión, sino más bien se radicaliza e incluso fortalece sus convicciones«.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, agrega que el aumento de los delitos violentos «ocurre en todo el país para el cuarto trimestre», no obstante, detalla que «si el argumento es reducir este tipo de delitos vía presencia de militares, no tiene ningún efecto».

Aumento respecto al año anterior

Al comparar la cantidad de delitos violentos con el año anterior también se verifica un incremento. Por ejemplo, en enero del 2022 (hasta el 27 de enero), cuando ya había Estado de Emergencia, se registraron 418 delitos violentos, mientras que en el mismo periodo del 2021 se constataron 323. Es decir, hubo un aumento de 29,41% en toda la Macrozona Sur.

En este caso, el alto incremento en las provincias de la Región del Biobío también fue el que inclinó la balanza negativamente, ya que tuvo un abismal alza de 76,07%, al pasar de 117 a 206 hechos violentos.

Fuente: SAF Ministerio Público

Datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, que se basan en los registros de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), también muestran esta tendencia. Según estas cifras, en el cuarto trimestre de 2020 hubo 2.281 delitos de homicidios, robos con violencia y en lugar no habitado, mientras que en los mismos meses del año siguiente, con Estado de Emergencia, se alcanzaron 2.963.

Rol de los militares

Respecto a la presencia de militares en la Macrozona Sur, el sociólogo Nicolás Rojas Pedemonte afirma que «los datos que hemos sistematizado en los últimos tres Anuarios del Conflicto en Territorio Mapuche, confirman que cada aumento de la represión gatilla una nueva ola de protesta. Cada medida represiva tiene como respuesta una demostración de fuerza y descontento desde el movimiento mapuche».

«Por ejemplo, cinco meses antes del asesinato a Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, la incursión del Comando Jungla en el territorio mapuche ya había despertado una ola de protestas. Wallmapu es una suerte de Vietnam para el Estado chileno, y en algún momento tendremos que entender los winkas que allí las armas no sirven para imponerse o acallar a un pueblo. Con el movimiento mapuche la represión es radicalizadora», agrega.

En contraposición, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, destaca el rol de los militares. «Han hecho una gran labor, porque efectivamente el nivel de armamento, el nivel de fuego que hoy día tienen los grupos más radicales es inmenso comparado con el poco armamento y, sobre todo, las pocas atribuciones que tiene Carabineros en la Macrozona Sur«, dice.

Foto: Agencia Uno

«Frente a grupos terroristas y actos tan complejos como los que hemos vivido en estos últimos meses se requiere un legislación más moderna que no tenemos (…) No ha habido voluntad principalmente de algunos sectores más de izquierda para poder avanzar en ello. Entonces, mientras no queramos reconocer que existe terrorismo, que hay grupos que son paramilitares que están actuando en la zona, está difícil ordenar la casa y de alguna manera hacer frente a esto», complementa.

Respecto a las mejores cifras que se ven en La Araucanía, en comparación a las provincias del Biobío, la senadora opina que se debe al «nivel de organización de los agricultores vinculados a los generales de Carabineros y también militares en la zona de la Región de La Araucanía. Conozco el trabajo, ha sido muy muy bueno».

Quien difiera de este análisis es el longko Alberto Curamil: «Siempre manifestamos que las Fuerzas Armadas son una amenaza directa contra las comunidades que hoy día están en proceso de reivindicación o restitución territorial. En ese sentido yo creo que ha generado una mayor tensión. Creo que no es el correcto, pero de alguna manera como comunidades mapuche asumimos esta lucha con dignidad y claridad», declara a El Desconcierto.

Junto a esto, la autoridad mapuche relata que en su comunidad sufrieron un ataque incendiario contra un camión, hecho por el que «no hubo una reacción inmediata de las Fuerzas Armadas como para llegar al lugar (…) sin embargo, para las empresas forestales tienen una respuesta muy rápida».

Finalmente, Curamil sostiene que la tensión en la zona del Lof Radalko de Curacautín también ha incrementado por proyectos hidroeléctricos, mineros y la agroindustria. «Se debe conversar y dar a conocer ante todos los gobiernos de turno. Esta nueva Constitución también debe considerar esta demanda que tiene el Wallmapu (territorio mapuche)», dice.

Sesgos en las cifras

La socióloga Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, al momento de revisar las cifras de delitos violentos reconoce que hubo un aumento tras la declaración del Estado de Excepción, pero indica que «para poder establecer un cierto nivel de certeza de alguna causalidad, necesitamos ver una serie de tiempo más larga«.

Mohor explica que los años previos al 2020 se registraron más delito en el país, pero muestra preocupación por una posible discrecionalidad de las policías al momento de hacer los registros de delitos para orientar políticas públicas, ya que la supuesta disminución de los delitos no se ve reflejada al comparar otros indicadores.

Mohor afirma: «Mi hipótesis es que durante el 2020 y el 2021, si bien pueden haber descensos en determinados tipos delictuales en función de las condiciones sociales, como las pandemias, las cuarentenas y otros, lo cierto es que ha habido niveles importantes de inacción policial que llevan a tener menos registros (…) Es decir, las policías se abstienen de concurrir o registrar, o bien concurren y registran en abundancia».

Para entender esta situación, la investigadora hace referencia a datos sobre el aumento de homicidios con armas de fuegos registrados por el Servicio Médico Legal durante el 2020, lo que no se vio reflejado en el aumento de otros delitos asociados al uso de este tipo de armas y podría ser muestra de un sesgo en los registros.

Además, añade que antes del Estado de Excepción hubo un aumento en los registros de delitos asociados a tráfico de drogas en La Araucanía, uno de los motivos expuestos para decretar la medida. No obstante, detalla que una parte importante de esa cifra fue producto de controles policiales hechos en las carreteras, específicamente en peajes, «pero en ninguna otra región para el mismo periodo de tiempo tenemos que se realicen operativos policiales en plaza de peajes», expone.

«Uno podría legítimamente preguntarse por qué específicamente en la región de La Araucanía se realizan controles vehiculares e intervenciones policiales en una plaza de peaje, que redundan en que un tercio de los casos de tráfico de drogas para esa región estén radicados en esa plaza de peaje», reflexiona Alejandra Mohor.

Explicaciones del Ejecutivo

Al ser consultados por El Desconcierto sobre el aumento en el total mensual de delitos violentos en la Macrozona Sur tras el Estado de Excepción, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se negaron a emitir una declaración pública oficial.

No obstante, indicaron de manera reservada que los dichos del ministro Delgado sobre la supuesta disminución de delitos violentos se refieren solo a hechos de «violencia rural» y expusieron que estos son una serie de ilícitos que solo entran en el registro si Carabineros o la PDI los catalogan como tal.

Por último, indicaron que los registros entregados por el Ministerio Público para esta investigación no se relacionan con el Estado de Excepción y aclararon que este tipo de ilícitos ocurren en todo Chile.

Por su parte, desde el futuro gobierno de Gabriel Boric, que asumirá sus funciones el próximo 11 de noviembre, también declinaron a referirse a las cifras de la Fiscalía.

Pese a esto, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó este viernes que al momento de que el nuevo Ejecutivo asuma sus funciones no extenderán nuevamente el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

«No queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarles al país una estrategia diferente que nos permita lograr avanzar«, argumentó la futura secretaria de Estado.