Cambio de mando: Las grandes promesas incumplidas de Sebastián Piñera

Corría el 11 de marzo del 2018 y la expectación a nivel nacional era alta. Tras cuatro años de un reiterado cuestionamiento a la figura de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera volvió a ponerse la banda presidencial que ya había ostentado entre 2010 y 2014. El triunfo contundente en la segunda vuelta frente a Alejandro Guillier, no solo fue gracias al declive de una exConcertación desgastada y dividida, sino también por las grandes promesas que impulsó Piñera en su campaña, a través del recordado slogan de “Tiempos Mejores”.

Una campaña plagada de soluciones a distintas urgencias sociales, fue lo que el mandatario quiso transmitir a la ciudadanía. Crear empleos, mejorar la calidad de la educación y salud, reducir la pobreza, entregar mayor protección y seguridad. “Emprender la Nueva Transición, aquella que nos va a conducir hacia un Chile desarrollado y sin pobreza, hacia un Chile con oportunidades para todos”, manifestó Piñera en su primer discurso presidencial. Una fórmula que parecía ser la guía de ruta para los siguientes cuatro años de gobierno. Sin embargo, varias de aquellas iniciativas fueron diluyéndose con el paso del tiempo.

Según el proyecto de Ciudadanía Inteligente, Del Dicho al Hecho, el programa de gobierno que presentó Sebastián Piñera, considerando las actualizaciones del texto que se han realizado durante estos cuatro años, cuenta con un total de 256 promesas, de las cuales 148 han tenido algún avance y donde sólo 53 han cumplido la totalidad del contenido propuesto. Según la plataforma, Sebastián Piñera, desde el 11 de marzo del 2018 al 11 de marzo del 2022, ha cumplido con un 49% del total prometido, cifra menor a la de la ex Presidenta Bachelet en su último mandato. 

Agencia Uno

«Fue una gestión política muy mala. Efectivamente hay factores, como el estallido social o la pandemia, que influyeron en el cambio de estrategia producto de un aumento sustantivo de la deuda pública. Sin embargo, aquello no justifica que no haya podido llevar a cabo políticas importantes, lo cual también fue responsabilidad de sus ministros y sus más cercanos. Pudo haber sido mucho más proactivo, como en los temas medioambientales por ejemplo, pero intentó no involucrarse para no perjudicar a sus pares empresarios«, argumentó el analista político, Germán Silva.

En ese contexto, El Desconcierto seleccionó algunas de los proyectos que, a pesar de haber sido anunciados con bombos y platillos en la campaña presidencial, no prosperaron ni fueron tomados en cuenta por Piñera y sus ministros, situación que en palabras de la diputada Emilia Nuyado, responde a una «poca empatía por alguien que varias veces priorizó los intereses económicos por sobre el bien común de la ciudadanía».

La cuna de los desacuerdos

Una de las propuestas emblema durante la gestión Piñera fue la denominada «Sala Cuna Universal». Este proyecto, presentado a mediados del 2018, no solamente buscaba derogar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a pagar salas cunas, sino también crear un Fondo Solidario para que todas las madres que trabajaban en el mercado formal recibieran 5,14 Unidades Tributarias Mensuales para el pago del establecimiento de educación parvularia de sus hijos.

Sin embargo, la iniciativa, a pesar de las urgencias que le puso el mandatario, se quedó estancada en el Senado. Uno de los principales argumentos para que varios parlamentarios no respaldaran la Sala Cuna Universal fue el supuesto carácter lucrativo que tenía.

Además, las inconsistencias con respecto a esa «universalidad» que se prometía, considerando que no todas las madres que trabajaban informalmente podían optar a este beneficio, condicionó el destino de un proyecto que ni siquiera obtuvo un respaldo significativo de Chile Podemos Más en el Congreso. El gran anhelo de Sebastián Piñera quedaría finalmente trabado, a pesar de las posteriores modificaciones que se le hizo al texto.

La diputada RN Erika Olivera, en conversación con El Desconcierto, lamenta que este proyecto no se haya aprobado, considerando que la Sala Cuna Universal, según comenta, «le habría alivianado la carga a muchas jefas de hogar».

«El desempleo femenino retrocedió 10 años durante la pandemia, y la manera de cambiar esa realidad es que como país trabajemos arduamente para promover la autonomía de la mujer. En ese sentido, la Sala Cuna Universal buscaba avanzar hacia la equidad de género, por lo que era necesario y urgente aplicar esta iniciativa. Hubo muchas críticas a este proyecto, pero no hubo mayores alternativas y voluntad política para enfrentar esta dura realidad de la fuerza laboral femenina», manifestó la parlamentaria.

Por otro lado, Sandra López, presidenta de la Agrupación Pro Funcionarios Junji (APROJUNJI), fue una de las más fervientes opositoras a este proyecto desde que se anunció, argumentando que es discriminatorio y no se centra en la calidad de la educación parvularia.

«Este proyecto se gestó entre cuatro paredes. Esto está pensado como una forma de inserción de la mujer en el trabajo, lo cual me parece necesario, pero se pierde de vista al niño y niña como sujetos de derecho de educación. Hoy día las salas cunas no llegan al 8% de cumplimiento con respecto a los estándares de calidad establecidos, por lo que hay que empezar por fortalecer ese aspecto. Sala Cuna Universal se centra en un tema económico, con un lucro encubierto que, además, es discriminatorio y no es universal, considerando que no todos los niños son beneficiados con esta iniciativa», lamentó. 

Piñera firma proyecto de SCU. Agencia Uno

«Las salud no es solo vacunas»

La agenda de salud ha sido un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Sebastián Piñera. No solamente las deficiencias en el sistema Fonasa y las largas listas de espera en el sector público han condicionado el panorama sanitario a nivel nacional, sino también las consecuencias de la pandemia y el Covid-19.

En ese contexto, Piñera se encargó de fortalecer considerablemente el plan de vacunación a lo largo de todo el territorio, permitiendo que las cuarentenas y las hospitalizaciones bajaran considerablemente a finales del 2021, lo cual incluso fue destacado por la prensa internacional. Sin embargo, el ex militante de Renovación Nacional dejó de lado varios de los compromisos que habría hecho dentro de su campaña presidencial en relación al actual sistema hospitalario.  

La modernización de los servicios de salud y Fonasa, perfeccionar la Ley Ricarte Soto y, por cierto, la protección y las garantías ante Enfermedades Catastróficas, fueron las principales deudas que dejó el gobierno, lo cual contribuyó a que más de 15 mil  personas durante el 2020 murieran en listas de espera, según un reporte elaborado por el Ministerio de Salud a mediados del año pasado.

En palabras del diputado Juan Luis Castro (PS), médico cirujano de profesión y crítico del manejo del gobierno durante la pandemia,  nunca hubo una disposición clara por parte de Piñera para fortalecer, a nivel estructural, el sistema de salud público, lo cual ha traído consecuencias en la calidad de vida de los chilenos.

«La debilidad estructural en las deudas hospitalarias y la incapacidad para resolver el Auge y la Ley Ricarte Soto han sido los grandes problemas durante la administración Piñera, en un contexto de insatisfacción ciudadana. El que no tiene dinero está condenado a permanecer en las listas de espera y eso no lo supo manejar este gobierno, a pesar de haber anunciado una reforma de salud que nunca se concretó. Piñera en el ámbito de salud tuvo una actitud demagógica y le faltó voluntad política«, argumentó el futuro senador.

El Presidente Sebastián Piñera, junto al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, visita la nueva sucursal de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Santiago Centro. Agencia Uno.

Erika Retamal, académica y directora del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca, a pesar de valorar el proceso de vacunación masiva en el territorio nacional, cuestiona el desapego que ha tenido el actual mandatario con la calidad en la atención de los hospitales públicos.

«El actual sistema de salud posee una enorme desigualdad, principalmente por un modelo mixto donde Fonasa y las Isapres segmentan a las personas más vulnerables, y creo que ahí el gobierno no se hizo cargo adecuadamente. Hubo un trabajo muy bueno con respecto al plan de vacunación. Sin embargo, la salud no solamente depende de las vacunas o del área farmacológica. Al gobierno le faltó calle y una actitud más integral con la ciudadanía», sentenció la profesional de salud.

La deuda con los pueblos originarios

Los roces entre Sebastián Piñera y gran parte de la comunidad indígena ha sido la tónica de la agenda pública durante estos cuatro años. A pesar de que el Presidente comenzó su gestión con una intención de diálogo y consenso, principalmente por el anhelo de reivindicación territorial del pueblo mapuche, la desconfianza y el desencantamiento hacia su figura fue condicionando aquellas relaciones.

Las controversias que generó el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, a manos del denominado «Comando Jungla» en el año 2018, desencadenó una serie de críticas que no cesaron por parte de grupos que residen en el «Wallmapu«, provocando no solo que los conflictos armamentísticos en la Macrozona Sur aumentaran considerablemente, sino también que no se llevaran a cabo varios de los proyectos anunciados en el programa de gobierno en torno a la institucionalidad indígena.

Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, crear Corporaciones Territoriales de Desarrollo y modificar la ley en materia de disposición de sus tierras, fueron algunas de las promesas que Piñera no impulsó durante su gobierno, lo cual se ha complementado con un Estado de Excepción en la zona de conflicto que ha durado casi seis meses ininterrumpidamente.

Emilia Nuyado, diputada de origen mapuche-huilliche por la Región de Los Lagos, lamenta los pocos avances que ha habido en torno a los derechos de los pueblos originarios y acusa al Presidente de haber cuidado sus intereses en desmedro de la lucha del Wallmapu.

«Sebastián Piñera quedó con una deuda enorme con los pueblos indígenas. El asesinato a Camilo Catrillanca fue el reflejo de una represión y una vulneración a los derechos de la comunidad mapuche, lo cual demostró que esa intención de diálogo entre el gobierno y parte de los pueblos originarios tuviera intenciones escondidas, situación que se agudizó con la militarización del Wallmapu. En cierta manera, los cambios que prometió se vieron frenados también por los intereses económicos que tenía, ya que haberle entregado mayor institucionalidad y autonomía territorial a los pueblos le habría generado un problema«, declaró la parlamentaria, quien se encargó de liderar la intervención en el Congreso en contra del ministro Hernán Larraín tras el caso Catrillanca.

Por otro lado, Dany Jaimovich, académico de la Universidad de Talca y autor de «Las tierras mapuches a través de la historia», cree que a pesar de que Piñera haya tenido un mal manejo político en relación a las demandas indígenas y por lo ocurrido con el asesinato de Camilo Catrillanca, la responsabilidad también recae en las administraciones anteriores.

«Piñera comenzó muy dialogante, a través del ministro Moreno, con muchas comunidades mapuches, pero el caso Catrillanca destruyó todas las confianzas. El aumento de la represión con los Estados de Excepción claramente fue una mala señal con respecto a aminorar el conflicto. Sin embargo, esa promesa de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas fue algo que anunció el mismo Patricio Aylwin y fue pasando de gobierno en gobierno, lo cual, dentro de su contenido, implica algo muy básico comparado a los mecanismos que se están discutiendo en la Convención Constitucional. Ha habido un afán paternalista de todos los gobiernos para buscarle un desarrollo productivo a las comunidades indígenas, sin tomar en cuenta de esa reivindicación territorial histórica que demandan», analizó el experto.

Agencia Uno.

El «negocio» del Medioambiente

Corría el 31 de agosto del 2018 y el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, generaba repudios e indignación a nivel público por sus dichos acerca de la situación en las localidades de Quintero y Puchuncaví. A raíz de una nube tóxica generada por la termoeléctrica ubicada en la zona, muchas personas, entre ellos niños, sufrieron malestares y problemas de salud debido a la alta concentración de material particulado. Sin embargo, el jefe de la cartera de Salud en ese entonces, puso en duda aquella situación, manifestando que podía tratarse de simples «olores ofensivos», lo cual le costó la salida del ministerio.

Aquella situación fue solo una de los tantos desapegos que tuvo el gobierno con la situación ecológica y socioambiental a lo largo del país. El poco manejo y eficiencia en materia hídrica, la escasa disposición que ha existido para cerrar con prontitud las 28 centrales que funcionan con combustibles fósiles, la contaminación en mares, ríos y lagos (como ocurrió con la Fundición Paipote), la autorización para instalar la termoeléctrica Los Rulos en la Región de Valparaíso e, incluso, los conflictos de interés que han involucrado a Piñera en el proyecto Dominga, han condicionado una agenda ambiental que prometía adaptarse al contexto de crisis climática mundial, pero acabó por perjudicar a comunidades completas.

Dentro del programa de gobierno, solo se cumplió con el 40% de las promesas medioambientales anunciadas por el Presidente. La ley que apoya la creación de bosques para fines ambientales y madereros, la creación de un fondo de Remediación del medio ambiente dañado y la reestructuración del sistema de Evaluación Ambiental, son algunos de los puntos que el actual mandatario nunca abordó durante su gestión.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la Ministra de Medioambiente, firma Proyecto de Ley de Delitos Medioambientales.

En esa dirección, Juan Díaz Mondaca, colaborador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el área medioambiental y cercano a varias organizaciones ecologistas y agrícolas en Chile, argumenta que Sebastián Piñera y gran parte del oficialismo se dedicaron a ver la situación climática y socioambiental desde una perspectiva meramente económica.

«Este gobierno y la mayoría de la derecha se caracterizó por estar alejado de la ciudadanía y de los territorios, además que no existe una democratización de la información adecuada, generando que a las comunidades se les vulneren sus derechos socioambientales con mayor facilidad. En el caso de Chile, la intervención y la sobreexplotación de los recursos naturales por parte de empresas grandes ha provocado que el medioambiente sea un negocio para unos pocos y un gran problema para ciudades completas. Un discurso lobbista y onírico que sonaba bonito en el programa de gobierno pero que nunca fue pensando en el bien común», arguyó.

Por otro lado, Sebastián Benfeld, embajador chileno del Acuerdo de Escazú en América Latina, repudia la gestión de Sebastián Piñera con respecto al cambio climático y argumenta lo insensato que fue por parte de su gobierno no adherirse a este pacto que vela por los derechos humanos medioambientales.

«El gobierno de Piñera no estuvo a la altura de una emergencia climática sin precedentes, provocando el retroceso de materias socioambientales importantes e impulsando proyectos contaminantes como el caso de Los Rulos o Dominga .  Todas las autoridades de gobierno se negaron a conversar acerca del Acuerdo de Escazú, el cual permitiría un cambio radical en materias medioambientales, entregando más herramientas para que las comunidades puedan defender su entorno con más información a la mano. El manejo de esta administración en relación al cambio climático fue un fracaso», aclaró el activista.

Félix González, diputado y representante del disuelto Partido Ecologista Verde, complementa aquello y advierte que estos cuatro años deficientes en materia medioambiental condicionarán gravemente el panorama ecológico de Chile.

«Piñera nunca tuvo un programa verdaderamente verde, sino más bien era un maquillaje verde que iba a favor de los intereses de los grandes grupos económicos. El cierre tardío de las termoeléctricas y la casi nula regulación del plástico fue prueba de ello, considerando todas las ganancias que generan empresas privadas con esas actividades. Hemos visto que no ha habido avance en la agenda medioambiental, lo cual también se ha visto reflejado en la protección de humedales que nunca fue prioridad para el gobierno. Esperemos que en la próxima administración se cumplan los objetivos socioambientales que anunció Gabriel Boric, especialmente con la firma del Tratado de Escazú», aclaró el parlamentario.

Agencia Uno