¿Unicameralidad o Senado 2.0?: La disputa en la Convención por las facultades del Congreso

Desde hace más de dos semanas el objetivo de la comisión número uno de Sistema Político de la Convención ha sido el mismo: terminar su informe para presentarlo a la mesa directiva y que luego pase al pleno para ser votado. Durante la jornada del día 9 de marzo la situación parecía seguir el mismo rumbo, como si se tratase de un ciclo sin fin, sin embargo, la voz de Ricardo Montero -uno de los coordinadores de la comisión- irrumpió fuerte en el hemiciclo del exCongreso Nacional, anunciando que se terminaba la votación en particular de las indicaciones.

Aunque aún quedan correcciones pendientes, el informe no podrá ser presentado en la fecha que se tenía programado. Nuevamente el tiempo se presenta como el gran obstáculo del órgano constituyente, aunque en el caso de la Comisión de Sistema Político no es el único.

El recorrido del informe ha pasado por varías fases, no obstante una de ellas es la que se ha llevado todas las miradas: la disputa por la conformación del poder legislativo. Aunque parecía un tema zanjado por los integrantes de los colectivos de centro izquierda e izquierda presentes en la comisión, una oportuna jugada de Chile Vamos rompió todo el esquema, provocando la división del grupo en dos bandos. Aquellos que apoyan el bicameralismo asimétrico, es decir, una cámara principal con menos potestades que se ocupe del trabajo territorial, y quienes buscan mantener la influencia de las dos cámaras. Ambas propuestas están plasmadas en el informe y será deber del pleno decidir qué fórmula se impondrá.

«El Senado tal como lo conocemos no va a existir por las normas que aprobamos en la propuesta, así que hay que darle paso a un nuevo órgano legislativo que veremos que facultades tendrá», comentó a El Desconcierto una de las integrantes de la comisión, Tania Madariaga.

El acuerdo de mínimos comunes y su caída 

Durante la noche del 20 de febrero, un grupo de 25 convencionales integrantes de la comisión de Sistema Político ingresó un paquete de indicaciones que proponía una nueva estructura para el Poder Legislativo, reincorporando la idea de un sistema bicameral asimétrico, pero eliminando el Senado y reemplazándolo por un «Consejo Territorial». El principal foco de acción del nuevo órgano legislativo sería participar del proceso de formación de las leyes de acuerdo regional y en materias territoriales enfocadas en seis temas: presupuesto anual, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales.

El acuerdo fue firmado por: Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Colectivo Socialista (CS), Independiente No Neutrales (INN), Coordinadora Plurinacional (CP), Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Escaños Reservados, Pueblo Constituyente (PUCO) y el Colectivo del Apruebo (CDA). Posterior a su presentación, varios convencionales expresaron que este era un acuerdo de mínimos comunes y que la idea para crear el «Consejo Territorial» iba de la mano con descentralizar el poder y darle representatividad a las regiones.

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Cuando todo parecía estar encaminado hacia un bicameralismo asimétrico, la entrada de varias indicaciones al artículo en cuestión cambió el panorama, distorsionando el pacto suscrito por los colectivos políticos. Quienes ingresaron las indicaciones fueron los representantes de la UDI dentro de la comisión, con el objetivo de hacer que este nuevo organismo tuviera más peso y fuera una versión algo disminuida del actual senado.

Este aumento de atribuciones reavivó la intención del CS para que este órgano fuera un contrapeso del congreso plurinacional en las materias que le competen, así al menos lo expresa a este medio el convencional y miembro de la comisión Maximiliano Hurtado (CS). «Los socialistas siempre tratamos de aumentar las facultades para el Consejo Territorial, lo dejamos en claro en medio de las negociaciones, nosotros creemos que lo necesario es que prime una mirada regional, incluso por sobre las mayorías que se puedan dar en el congreso plurinacional», arguye. También, se eliminó la palabra “unicameral” del artículo referido al poder legislativo.

De esta forma, se entabló una disputa entre dos bandos dentro de la comisión de Sistema Político que se trasladó a la instancia que debe presentar al pleno a más tardar el día 18 de marzo, debido a que se definen dos nombres para nuevo órgano. Por un lado «Consejo Territorial», por otro «Cámara Territorial», además de que las iniciativas acerca de sus atribuciones son paralelas, vale decir, hay funciones que el consejo no tiene, pero que la cámara si posee, por ende, este es un problema que solo puede ser resuelto en la votación que se realizara en el pleno, en la cual se verá si se impone el bicameralismo asimétrico o se mantiene una fórmula similar a la actual con dos cámaras.

Los fundamentos de la fórmula con dos cámaras

Los defensores de esta forma de distribución del poder legislativo son los miembros de los siguientes colectivos: CS, INN, CDA, UDI, RN, Escaños Reservados más el apoyo del convencional Renato Garín. Sus argumentos se basan en que la «Cámara Territorial» debe ser un órgano representativo de las regiones para descentralizar el poder, pero con las facultades necesarias para tener concurrencia legislativa e integrar a los territorios en la discusión de las leyes.  «Esto se hace debido a que las asambleas regionales quedaron sin la facultad de legislar y eso los deja en desventaja ante el poder central (Congreso), por eso es necesario una cámara territorial o consejo fuerte independiente que se le relacione con el Senado», asegura el convencional de RN Raúl Celis, agregando que el aumento de atribuciones que se asignarían a este órgano responde a la búsqueda de un contrapeso al Congreso Plurinacional, sin ser una cámara revisora.

De igual forma han surgido apreciaciones diversas acerca del rol y tarea de esta segunda cámara, el miembro de la comisión Guillermo Namor (INN) ,comenta a este medio que el fin de plantear esta fórmula de bicameralismo radica en descentralizar el poder y tomar en cuenta la cantidad de integrantes de los partidos que formarán parte del congreso. «Pareciera que estuviéramos diseñando un sistema donde asumimos que van a gobernar quienes piensan como nosotros, olvidando lo que es un hecho público y notorio, que es que pareciere que hubo cierto cambio desde la elección de quienes fuimos electos constituyentes, hasta la elecciones de la nueva Cámara de Diputados», indica.

Namor considera que el aumento de facultades de la cámara territorial era una forma de cuidar la figura del Presidente de la República, ya que se está aplicando un contrapeso al congreso para que «no se queme el estatus del jefe de gobierno». «En un momento político tan delicado como este no se puede pensar que se conseguirá mantener el poder del gobierno en un mismo partido, hay que abrir los espacios para estar preparados para gobernar con un Congreso que no dirá que sí a todo lo que se proponga», agrega.

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Cabe destacar que las atribuciones para la cámara territorial que se plantean en el informe y que son apoyadas por una parte de la comisión son:

• Conocer proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la constitución, la división política y administrativa que afecte a las regiones.
• Ser parte del debate de la ley anual de presupuesto
• Estar al tanto de las contiendas de competencia entre las autoridades políticas y tribunales de justicia
• Presta o negar su consentimiento a los actos del presidente
• Otorgar o no su acuerdo para que el presidente pueda ausentarse
• Aprobar o rechazar tratados internacionales y hacer indicaciones al gobierno respecto a estos
• Decidir acerca de la proposición de nombramiento de altos cargos del estado y administración pública
• Declarar inhabilidad del presidente cuando sufra un impedimento físico o mental
• Tramitación de leyes de acuerdo regional

Los fundamentos de la bicameralidad asimétrica

Quienes apoyan esta forma de distribución del legislativo son aquellos que a fines del mes de enero impulsaron la iniciativa de un sistema presidencial atenuado, más un congreso unicameral con un mayor número de miembros que el actual, eliminando de esa manera el Senado de forma definitiva. Esta moción fue aprobada, pero fue desechada y reemplazada por el trato que se detalló anteriormente. Los colectivos que apoyan esta medida, o sea FA, PC, MSC, PUCO y CP decidieron decantarse por un bicameralismo asimétrico en función del acuerdo al que habían llegado, esto implica, en rigor, la creación de dos órganos en el legislativo: uno principal que sería el Congreso Plurinacional y otro con menos facultades que se ocupe del trabajo en regiones el Consejo Territorial.

La idea de plantear esta fórmula para el poder legislativo implica un replanteamiento de la iniciativa de los Congresos Macroregionales, presentados por los integrante de CP, Marco Arellano y Tania Madariaga, que planteaba cuatro cámaras regionales aparte de la central, cada una de ellas facultada para legislar según los requerimientos de la zona correspondiente.

Algunos lineamientos de esa propuesta fueron tomados para formar el acuerdo del «consejo territorial». «Esto se hizo con fin de darle más poder a las regiones y mantener a la vez las funciones del Congreso Plurinacional, por eso entre las facultades que nosotros planteamos no está que este órgano pueda legislar y solo ocuparse de las necesidades de las regiones», explica Marco Arellano a El Desconcierto.

También la propuesta de la bicameralidad asimétrica se hizo tomando en cuenta lo planteado por la comisión de Forma de Estado sobre las autonomías regionales con el fin que las asambleas territoriales pudieran elevar propuestas de ley sobre los territorios. Con estos argumentos sobre la mesa nace la propuesta del «consejo territorial». «Cuando entramos a la discusión sobre la bicameralidad asimétrica, fue bastante natural para nosotros presentar la idea de un organismo regional que tuviera ciertas facultades con el fin de descentralizar el poder», detalla Tania Madariaga.

Las asignaciones de este nuevo órgano legislativo eran bastante menores en primera instancia y se enfocaban en seis materias clave: presupuesto anual, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales. De esta forma se eliminaba la figura de la cámara revisora que representaba el Senado y se dota de mayor independencia a las regiones.

El incierto futuro de la conformación del legislativo

Las declaraciones cruzadas de la aprobación para aumentar las facultades de la «cámara territorial» no han cesado a lo largo de semana. El miembro del PC Marcos Barraza aseguró a este medio que «lo que hicieron quienes aprobaron estas normas busca, en ciertos rasgos, reeditar el Senado. Por eso hemos dicho que nosotros vamos a rechazar estas propuestas cuando pasen al pleno, porque creemos que el nuevo sistema legislativo pasa por tener una definición de congreso asimétrico», explica. 

Jaime Bassa, en tanto, en línea con la propuesta de Barraza, asegura que con la ampliación de las facultades el acuerdo al que habían llegado los sectores se rompe definitivamente, ya que «la cámara territorial no es un Senado» y acusó falta de convicciones democráticas a quienes eran parte del trato.

En contraparte, Maximiliano Hurtado (CS) dice que no se ha roto ningún acuerdo «porque las diferencias las planteamos y hemos sido consecuentes en defender lo que siempre hemos pensado». Sumado a las declaraciones de Hurtado, la integrante de INN Patricia Politzer hace un llamado a no ser «alarmistas» y que esto se debe resolver cuando se corrija el informe.

Otro de los grandes problemas que han surgido de estas iniciativas es que son paralelas dentro del informe, esto quiere decir que se podrían aprobar las dos en el pleno, generando un problema dentro de la Convención. Fuad Chain (CDA) asegura que «esto va a converger en un solo órgano que tendrá la sumatoria de todas las facultades que se han aprobado hasta el momento».

La decisión final de definirá durante el 18 de marzo cuando se vote en general el informe de la comisión, lo que significará el primer paso para determinar que tipo de sistema legislativo quedará en la nueva Constitución.