Falta de recursos y poco apoyo parlamentario: El difícil camino del plebiscito dirimente

El 6 de octubre del año pasado la votación del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente aprobó por con 107 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones el denominado plebiscito dirimente. Este mecanismo de democracia directa fue pensado para destrabar mediante el voto ciudadano aquellas normas constitucionales que en segunda votación no hayan obtenido aprobación por dos tercios del pleno, pero sí un quórum de tres quintos. Las materias acotadas en esta categoría serían eventualmente escrutadas en un papeleta con dos opciones: apruebo o rechazo. Aquellas normas que resultaran escogidas en esta instancia, pasarían de inmediato al borrador del nuevo texto constitucional.

Según el reglamento el plebiscito debería realizarse al menos treinta días antes del término de funciones de la Convención Constitucional, o sea, el 4 de julio de 2022.  La primera fecha tentativa, estipulada en la normativa, era durante el mes de abril. No obstante, con el transcurso del trabajo de la Convención, se estima que podría realizarse en el mes de mayo.

Si bien la iniciativa, impulsada por la convencional Valentina Miranda (PC), tuvo una masiva aprobación, lo cierto es que hasta ahora no se tenían noticias al respecto. Eso hasta hace algunos días, cuando la actual mesa directiva de la Convención envío un oficio a la Cámara de Diputados, al Senado y al Gobierno para que se retome el debate sobre el plebiscito dirimente. En el documento se solicita «impulsar y llevar adelante las reformas constitucionales y legales que permitan implementar los mecanismos de participación, particularmente en lo referido a la realización de un plebiscito dirimente”.

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Pese a la aprobación del plebiscito y el oficio recién enviado a otros poderes del Estado, las posiciones divergentes al interior de la Convención se han agudizado. Ignacio Achurra (FA) asegura que «cualquier instalación de este proceso de participación ciudadana requiere que los poderes que tienen las atribuciones para modificar la Constitución se manifiesten».  Valentina Miranda (PC), en tanto, valora el oficio enviado por la directiva e insiste en que el mecanismo se debería aplicar.  «Lo aprobamos en un pleno y debemos respetar eso», agrega.

También hay quienes no ven con buenos ojos el proceso, pues consideran que la labor de los constitucionales sería precisamente decidir al respecto. «La política requiere esfuerzos colectivos y grandes acuerdos y los plebiscitos dirimentes no aportan a eso», asegura el miembro del Colectivo del Apruebo (CDA) Felipe Harboe . El Colectivo Socialista (CS) también considera innecesaria la realización de otro plebiscito teniendo ya programado el de salida; además, recalcan,  «han habido instancias suficientes para que la ciudadanía forme parte del proceso constituyente». Así lo deja en claro Pedro Muñoz (CS): «hay un plebiscito de salida donde el pueblo soberano se pronunciará a favor o en contra del borrador de nueva Constitución. Ya hay instancias de participación durante el proceso y el más importante es el plebiscito de salida”.

La necesaria reforma y el incierto el apoyo del Congreso

La iniciativa, sin embargo, tiene algunos escollos en el camino. Para llevarse a cabo el plebiscito, el Congreso Nacional debe realizar una reforma al capítulo XV de la Constitución vigente. Para esto se necesita presentar un proyecto de ley de modificación y que éste sea aprobado por dos tercios de la cámara de Diputados y Senadores. Un escenario un tanto complejo, considerando la nueva composición de las cámaras y la tensión provocada por algunas iniciativas provenientes de la Convención.

Pese a las dificultades, igual existen sectores que se han manifestado abiertas al plebiscito dirimente. El diputado socialista Marcos Ilabaca, por ejemplo, asegura estar dispuesto a apoyar la reforma. “Es nuestro deber como parlamentarios el poder colaborar con cada una de las acciones que mejoren el procedimiento de la Convención Constituyente y, claramente, el establecimiento de un plebiscito dirimente respecto de aquellas cuestiones en las cuales no exista acuerdo, nosotros vamos a estar disponibles”, dice.

En la vereda del frente la senadora UDI, Luz Ebensperger, manifestó no estar dispuesta a apoyar una posible reforma debido a que la Convención no habría respetado “el rayado de cancha”  establecido en la actual constitución y que si alguien persiste en hacer una reforma constitucional espera que «el Congreso no lo apruebe”.

En la misma línea de Ebensperger, el senador Evopoli Luciano Cruz-Coke recalca que la reforma es una transgresión del acuerdo parlamentario del pasado 15 de noviembre.  “No existe dentro de lo aprobado la idea de un plebiscito dirimente, porque si no los 2/3 pierden todo sentido”.

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Así las cosas, resulta poco probable que la iniciativa obtenga el respaldo necesario en el Congreso. Hasta ahora, ninguna de las dos mesas directivas de las cámaras ha respondido al oficio enviado por la presidencia de la Convención y tampoco el tema ha sido puesto en tabla para su discusión. Las fechas se están agotando y a medida que los días avanzan el margen para realizar el plebiscito se acorta.

La falta de presupuesto y el rol de la Segpres

Al nulo avance de la reforma constitucional y los acotados tiempos establecidos para realizar el plebiscito, se suma otro escollo no menor: el presupuesto para financiar el mecanismo, pues aún ni siquiera se oficializa. Todo en el marco de un escenario más bien austero, pues el dinero con el que cuenta la Convención Constitucional para sus actividades asciende a más de 6 mil millones y cualquier modificación presupuestaria requiere la aprobación de la Secretaría Administrativa.

El proceso que debe seguir la Secretaria Administrativa de la Convención para solicitar el dinero a la Dipres contempla dos requisitos. Por un lado, cualquier actividad que requiera de presupuesto debe estar oficializada en el reglamento general y, por otro, la Secretaría debe realizar un informe estipulando el monto y la actividad para la que se utilizará. Todo supervisado por el comité externo de asignaciones del órgano constituyente.

Sin una aprobación del Congreso, ni un presupuesto ad-hoc, la realización del plebiscito dirimente se ve cuesta arriba, considerando que para la realización del plebiscito del 25 de octubre de 2020, según información de la Dipres, se gastaron casi 25 mil millones de pesos. Una cifra que supera varias veces el presupuesto de la Convención.