Control de armas en Chile: El círculo de violencia e insuficiencia de las policías

En uno de sus últimos actos al mando del país, el expresidente Sebastián Piñera promulgó la nueva normativa para el control y tenencia de armas que buscaba hacer más estricta y restringida la legislación en materia de su posesión, tráfico y utilización. Piñera, que fue electo prometiendo una ambiciosa agenda en seguridad, señaló en su momento que la nueva ley iba a permitir “un control de las armas de fuego desde que ingresan o se producen en nuestro país, hasta que se destruyen”.

La reforma prometía, así, dar abasto frente al incremento de hechos violentos observados en el país. Sin embargo, expertos coinciden en que el aumento de los hechos delictuales relacionados con el uso de armamento no se ha detenido, y que las instituciones destinadas a combatirlos, han demostrado no estar capacitadas.

Considerando casos como el de la periodista Francisca Sandoval, que continúa internada en extrema gravedad tras recibir un disparo el pasado 1º de mayo, o el del carabinero Breant Rivas que falleció producto de una bala en un operativo policial, urge conocer la efectividad de la nueva legislación, el accionar adecuado, o no, de las policías, y qué será necesario hacer para detener el “círculo de violencia”.

Según datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), un total de 82.812 armas han sido internadas al país entre los años 2011 y 2021. A diciembre de 2021, la DGMN registraba 845.755 armas inscritas por particulares, de las cuales 764.196 (90,4%) se encontraban activas. Además, se cuadruplicó el número de armas de fuego inscritas por particulares que se reportaron como perdidas, robadas o hurtadas, transitando de 1.761 en 2011 a 6.417 en 2021.

En Chile, la inscripción de armas se divide en cuatro categorías; para deporte, colección, caza y defensa. Y en la compra y venta de armamento, de acuerdo con el Coronel (r) Gonzalo Huenumil, consultor internacional en materias de policías, seguridad y prevención, “hay un control exhaustivo”. Según el experto, “la norma legal es muy específica, más aun, las modificaciones que se hicieron hacen que estos controles sean muy expeditos, y lo nuevo que se incorporó, trazabilidad del armamento, es muy conveniente”.

Para el Magíster en Criminología, la problemática en torno al uso de armas en hechos delictuales radica en “aquel armamento que hoy día eventualmente puede ingresar al país y no es controlado, o en la conversión de armamento de fantasía, las armas de fogueo, a armamento que pueda disparar, en esa situación no hay un control”.

“Muchas de estas armas que se transforman para que funcionen como un arma verdadera, son las que se venden en las armerías pero no para el uso de arma de fuego, esas se convierten”, por ejemplo, reemplazándoles el cañón, indica el experto. “Todo el armamento que es para el uso de balines, de postones, se le hacen los cambios respectivos, y no hay un control de esas materias. Al no existir un control, no se sabe a quién se está vendiendo”, añade.

Incautación de armas y homicidios

De acuerdo con cifras de Carabineros, entre el año 2017 y el año 2019, se han incautado 9.330 armas. De estas, un 54,7 % son cortas, 28 % largas, 12,6 % “hechizas”, 3,8 % adaptadas, y 0,9 % modificadas. Junto con lo anterior, se ha observado una disminución constante de incautación en estos tres años; el 2017 se confiscaron 3.434, el 2018, 3.139; y el año 2019 se decomisaron 2.757.

Estos datos han sido recogidos por Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, quien ha alertado sobre la disminución sostenida en el número de armas que han sido incautadas por las policías, y el incremento, en paralelo, de homicidios con involucramiento de armas de fuego, situación que fue alertada hace más de 10 años por el Servicio Médico Legal (SML) de la Región Metropolitana, recuerda.

Para Mohor, existe una problemática en torno al registro que mantienen las policías, particularmente la de investigaciones, del quebrantamiento de la legislatura ad-hoc. La tasa para la Región Metropolitana de casos policiales de infracción a la ley de armas, que implica tanto denuncias como detenciones de ambas policías, desde el 2005 hasta el 2021, ha experimentado un movimiento irregular, particularmente en los últimos dos años. Por ejemplo, el año 2019 la tasa se ubicaba en un 61, para bajar a un 37,3 el 2020, lo que se condice con la pandemia del COVID-19 y las cuarentenas. Sin embargo, la tasa sólo aumentó a un 37,8 el 2021, aun con los índices de homicidios provocados por uso de armas de fuego en alza.

“No es un problema que ha venido decreciendo, sino que la acción de la policía se ha visto constreñida”, considera la docente. Es complejo, así, tomar decisiones a partir de los datos policiales que están “contaminados con un sesgo del cual no tenemos información”, complementa Mohor.

Según Gonzalo Huenumil, “los procesos de inteligencia hoy día están fallando, porque no son capaces de dar respuesta a esta demanda, basta con ver los procedimientos que se han presentado para ver que el uso de armas es indiscriminado”. De acuerdo con el Coronel en retiro, “las modificaciones en materia de control de armas, desde el punto de vista legal, son muy buenas, pero en la práctica muchas veces son impracticables porque no existen los recursos para fiscalizarlo”.

“El tema de inteligencia es extremadamente relevante en esta materia, pero no hay inteligencia efectiva, porque todavía no hay una respuesta satisfactoria frente a estas situaciones, de hecho vemos que el delito cada vez es mucho más frecuente, y es más, hasta se normaliza la situación”, complementa el experto.

Una situación “tremendamente problemática” para Alejandra Mohor, que descubrió trabajando para el Monitor de Fuerza Letal, capítulo de Chile 2022, es que la Policía de Investigaciones (PDI) “no tiene registro de los civiles muertos de la acción de sus funcionarios por uso de armas de fuego”. Al menos, esa sería la respuesta que entregó el organismo a la académica, quien solicitó esta información mediante la Ley de Transparencia.

“Si tú no llevas un control institucional respecto de la letalidad de tus propios agentes no tienes como evaluar las condiciones en las que ellos están haciendo uso de las armas de fuego”, indica la experta, señalando que, para efectos del informe, debieron recurrir a datos de la prensa, frente a la falta de registros institucionales manejados por la policía. A esto se suma que los funcionarios de la PDI, según la investigación, “resultan ser proporcionalmente más letales que Carabineros”.

El rol del Ministerio Público

Después de la balacera en el barrio Meiggs, que ocurrió durante la marcha del Día del Trabajador, y que dejó a tres personas heridas, una de extrema gravedad, los primeros dos sujetos detenidos fueron formalizados. En un episodio que provocó la indignación transversal de la población, los hombres quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total por los delitos de porte ilegal de armas y disparos en la vía pública. Esto, pues la Fiscalía Centro Norte no solicitó la prisión preventiva, pese a que uno de ellos mantenía una orden de detención pendiente.

Posterior a la primera formalización, fue detenido el presunto autor del disparo que hirió a Sandoval, a quien sí se le decretó prisión preventiva. Sin embargo, de acuerdo con los registros audiovisuales recogidos por Ciper, al menos 11 personas habrían disparado sus armas ese primero de mayo. Para el Coronel (r) Huenumil, esto evidencia una “falla” en el sistema.

“Cuando se detiene a una de estas personas, uno logra ver que son individuos que tienen un prontuario interesante, entonces ¿cómo una persona que tiene tanto delito acumulado todavía está en libertad?”, se pregunta, añadiendo que es cuestionable que “aquellos que han sido detenidos por Carabineros o la PDI no estén con alguna medida restrictiva de libertad, aunque representen un peligro para la sociedad, entonces nos damos cuenta que los delincuentes entran y salen solamente a cometer más delitos”.

“Hay que determinar dónde está fallando el sistema, el procedimiento de las policías no es lo suficientemente contundente para que las fiscalías hagan su trabajo realmente efectivo, o el trabajo de los fiscales no atiende las necesidades de la sociedad, de mantener a todos estos individuos, que han sido detenidos en reiteradas oportunidades, fuera de las calles”, señala el experto.

Círculo de la violencia

Días más tarde de la balacera del 1º de mayo, un joven oficial de Carabineros fue baleado durante un control policial en Chillán. Breant Rivas, de 23 años, recibió un indeterminado número de disparos que le costaron la vida, en un hecho lamentado por el gobierno. El Presidente Gabriel Boric, refiriéndose a la situación, expresó su preocupación por el aumento de las agresiones y los hechos violentos en el país.

Asegurando que “no podemos seguir permitiendo estos niveles de violencia”, Boric señaló, en su gira presidencial que “desde el gobierno vamos a entregar lo mejor de nosotros para parar esta ola de violencia y que no vamos a descansar hasta que tengamos paz y cohesión social”. De todas formas, reconoció que “no hay respuesta fácil e inmediata”.

De acuerdo con Alejandra Mohor, “la opinión pública tiende a pensar, sobre todo después de situaciones como el fallecimiento del carabinero, que la policía tiene que usar sus armas de fuego, y que la única manera de acabar con la delincuencia es matando a los delincuentes. Esta perspectiva dificulta avanzar hacia una comprensión, de parte de las y los funcionarios policiales, de cuál es la real dimensión que deben darle al uso de la fuerza”, puesto que es “el Estado el que está mostrándole a la sociedad el cómo se emplea la fuerza legítima”.

Para la experta en Seguridad Ciudadana, “se entra en un círculo en el que, sobre todo quienes actúan organizadamente”, como las organizaciones criminales y las instituciones policiales, “comienzan a equiparar los niveles de violencia, y esto no para. Si la policía decide que hay que entrar pateando puertas y disparando, lo que vamos a encontrar de parte de las organizaciones criminales es una reacción equivalente o superior a ese nivel de fuerza utilizado”.

“Caemos en círculos de reproducción de la violencia, acción y reacción, y esto transmite un mensaje”, agrega Mohor, quien reconoce que “hemos venido viendo como el discurso de la violencia se apodera de todos nuestros planos. Estamos metidos en esta burbuja violenta, y no se nos ha enseñado a recurrir a otras estrategias para solucionar nuestros problemas, nuestras diferencias”, lo cual deberá partir, primero, por cambios personales. Además, explica que “nos hemos demorado mucho en hacernos cargo de este problema”, el cual, en los últimos días “nos reventó en la cara”.