Pedro Cayuqueo: “El gobierno ha actuado con improvisación total en materia indígena”

Abordar un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la administración de Gabriel Boric, quien fue electo por amplia mayoría gracias a sus planteamientos progresistas y una agenda que contempla, entre otras cosas, un avance en la reivindicación de los pueblos originarios, reconociendo asuntos como la plurinacionalidad y la autodeterminación de las primeras naciones. En ese sentido, Boric se comprometió a “generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial”, “implementar de buena fe el Convenio 169 de la OIT en su conjunto”, y crear “una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena”.

En los últimos días, además, el gobierno presentó el Plan Buen Vivir para “avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas”, que según lo señalado desde el Ejecutivo, “se hace cargo y reconoce la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche” a través de una serie de medidas emanadas bajo un nombre que es la traducción literal de Küme Mogen, concepto primordial de la cosmovisión mapuche, relacionado a vivir en armonía. Pero en paralelo, ingresó un decreto de Estado de Excepción “acotado” en la Macrozona Sur, desplegando así a las Fuerzas Armadas en el sector, particularmente para el resguardo de las rutas, causando rápida desconfianza en el mundo mapuche.

Pedro Cayuqueo Millaqueo, periodista y escritor mapuche originario de Nueva Imperial, La Araucanía, analiza el complejo abordaje que ha realizado el gobierno en materia indígena explicando, a su juicio, las razones por las cuales la militarización en la Macrozona Sur, o Wallmapu, sólo acrecienta una problemática que trasciende la administración del gobierno de Apruebo Dignidad. De acuerdo a lo indicado por el autor de la saga Historia secreta mapuche a El Desconcierto, “si hay algo que ha violentado la relación entre el Estado y los pueblos originarios en Chile, particularmente el pueblo mapuche, ha sido el rol que en distintas etapas históricas han cumplido las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército”.

-Usted se reunió con la ministra Izkia Siches semanas después que asumiera, donde hablaron sobre la situación en el Wallmapu, ¿en qué consistió la cita?

Fui invitado a La Moneda por la ministra Siches al mes que asumieron el mando. Fue parte de una ronda de conversaciones que tuvieron ellos con distintos actores del mundo indígena, entiendo que también se reunieron con otros personeros políticos mapuche, intelectuales, en fin. En ese marco, yo recibí la información y asistí a La Moneda a conversar con ella y su equipo de trabajo encabezado, en su minuto, por Salvador Millaleo.

-En esa cita, ¿se habló del plan que tenían desde el gobierno, las propuestas que iban a hacer en materias de seguridad?

El plan que se expuso en esa ocasión era básicamente lo que presentaron como medidas sociales y también medidas que tenían que ver con unos parlamentos que se iban a realizar. Estaba en diseño el plan todavía, creo. Pero no contemplaba en absoluto medidas represivas ni de seguridad, porque, hasta donde entiendo, en ese minuto no era del horizonte del gobierno en materia indígena, yo así lo entendí. De haber sabido que el gobierno iba a decretar Estado de Excepción, iba a repetir la fórmula del gobierno de Piñera, claramente no habría aceptado ir a esa reunión.

-¿Cuál es su visión sobre la militarización que se ha realizado en la zona?, ¿cree que cumple con lo prometido inicialmente por el gobierno?

En absoluto. Lo que hay es una voltereta que, para el caso indígena, es una decepción tremenda. Si hay algo que ha violentado la relación entre el Estado y los pueblos originarios en Chile, particularmente el pueblo mapuche, ha sido el rol que en distintas etapas históricas han cumplido las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército. Hay un recuerdo triste, un recuerdo dramático de la presencia militar en el Wallmapu, partiendo por la invasión militar a fines del siglo XIX, la dictadura dejó también muchas heridas abiertas en el pueblo mapuche. No es menor para una memoria histórica que se cultiva tan profundamente como lo hacen los mapuche, que un gobierno decrete Estado de Excepción Constitucional, con militares patrullando las carreteras y los caminos de la región. Es una escena que remite a mucho dolor, a mucho drama humano, y a muertes; no olvidemos que durante el Estado de Excepción que se prolongó por tantos meses, en la administración de Piñera, hubo el asesinato de un joven mapuche por parte de infantes de Marina en la ruta Cañete a Tirúa, y ese crimen está siendo investigado actualmente por la justicia.

-¿De qué forma se debería haber actuado, a su juicio?

Creo que el diseño partió mal desde un inicio. Esto de dejar el tema indígena en manos del Ministerio del Interior fue un error político garrafal, porque no puede estar a cargo del diálogo, y de tender puentes con el mundo mapuche, el mismo Ministerio que está a cargo de las querellas criminales y de la persecución política. Ese es un error fundamental que partió también desde un inicio. Lo otro fue quizás un error mucho más profundo, que la ministra Izkia Siches, que no tiene mayor competencia en materia indígena, haya asumido este tremendo desafío, que es un desafío histórico para la República de Chile, que arrastra hace más de 10 años un conflicto con el pueblo mapuche, entonces se requería probablemente que el tema estuviera radicado en otro espacio, y bajo también el liderazgo de otra persona.

El nombramiento, por ejemplo, de un alto comisionado presidencial para la paz, en las regiones del sur, habría sido una medida mucho más pertinente, un alto comisionado con mensajes con respaldo presidencial, y que estuviera incorporado en el Comité Político, por ejemplo, que hubiera tenido la capacidad de formar equipos, de reunir a la mejor gente disponible, para enfrentar este desafío que es gigante, que incluso va a traspasar la administración de Boric. Esto va a continuar en el tiempo.

Los decretos presidenciales

El debate sobre decretar Estado de Excepción para la Región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco podría continuar generando polémica en el interior del gobierno y las dos coaliciones políticas que lo apoyan, debido a que una parte de la redacción del documento implica un cambio importante respecto de lo que había establecido la administración de Sebastián Piñera, cuando promovió una medida similar.

El Decreto 270 de Piñera y el 189 de Gabriel Boric son casi idénticos, aunque diversos medios han hecho hincapié en que el del actual Presidente establece en su documento el respeto a los derechos humanos y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que deben aplicar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese no es el único cambio ni el más relevante, pues ambas materias están normadas y los militares deben someterse a ellas con o sin decreto. El cambio fundamental entre ambos decretos está en la redacción final del numeral 1 del Artículo 3.

En efecto, el Decreto 270 de Piñera establece en dicho numeral que las FF.AA. “no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”. En concreto, esto implica, dicen abogados consultados por este medio, que los militares no podían realizar controles de identidad a la población, situación que en el actual Decreto 189, de Boric, fue eliminada. Es decir, la redacción del Artículo 3 entre ambos decretos es idéntica, salvo por ese párrafo que eliminó la actual administración.

-¿Cómo evalúa que el gobierno no haya puesto ese detalle, fue un error, una simple equivocación?

El gobierno ha actuado con improvisación total, desde que asumió el mando, en materia indígena. No olvidemos el bochornoso viaje de la ministra al sur, y después su intento fallido de ingresar a Temucuicui. Eso da cuenta de un gobierno que está improvisando peligrosamente con estos temas, y lo sucedido ahora con el decreto de Estado de Excepción, imagino que va en la misma línea. Veo mucha desprolijidad por parte de La Moneda en un tema que requiere hilar muy fino, y requiere una habilidad política superior para ser tratado, porque es un tema complejísimo, un tema que se arrastra por décadas, por más de un siglo. Creo que, y diciéndolo muy campesinamente, que al gobierno le quedó muy grande el poncho con el tema indígena.

-¿Usted no cree que Izkia Siches esté capacitada para hacer frente al tema?

No, y tengo serias dudas de que esté capacitada para ser ministra del Interior.

-¿Cree que el presidente esté mal asesorado?

Creo que ha sido mal asesorado en materia indígena. Creo que se rodeó de académicos, especialistas en temas indígenas, con doctorados en universidades extranjeras, pero que carecen del conocimiento en terreno del conflicto. Una cosa es el abordaje intelectual, el abordaje académico que hace alguna gente sobre este tema, y otra cosa es conocer la realidad de los territorios. Conocer la estructura dirigencial mapuche, conocer a los actores involucrados en el conflicto, y tener la habilidad para ir tejiendo también puentes, e ir tejiendo contacto con ese mundo, con el cual tú tienes sí o sí que conversar. No hay opciones de resolver el tema indígena en Chile, mapuche en particular, si no conversas con los actores relevantes y principales que protagonizan los conflictos en la zona Sur. Ellos son los interlocutores con los cuales tienes que lograr sentarte en una mesa de conversación, de negociación o como se llame. Lo puedes hacer públicamente, lo puedes hacer privadamente, pero tienes que hacerlo, no puedes no dar ese paso, porque eso sería caer en una negligencia tremenda.

-De todas formas hay que considerar la diversidad de pensamiento respecto al conflicto mapuche, desde los mismos mapuche, puede ser complicado resolver un tema de esta magnitud cuando gente de un mismo territorio tiene aspiraciones distintas, reivindicaciones distintas, como el “llamado a las armas” que hizo Héctor Llaitul, de la CAM. ¿Aún se pueden tejer estos puentes que mencionó, con personas y organizaciones que hacen ese tipo de llamados?

Las organizaciones radicales mapuche que tienen sus liderazgos, tienen sus portavoces, tienen sus comunicados que publican, que reivindican sus acciones, todas tienen además un petitorio de demandas al Estado, y ese petitorio de demandas es transversal. Tiene que ver con las tierras, con el conflicto, mayoritariamente, con las empresas madereras forestales de la zona Sur. Esas peticiones están escritas en documentos, están publicadas en libros, están en sus comunicados, y en eso hay bastante similitud. Otro tema que plantean regularmente es la situación carcelaria de los presos de sus organizaciones, y ahí también el gobierno tendría que atender a lo que ellos están manifestando.

Se han decretado amnistías, se han revisado causas de todo lo relacionado con el estallido social y el vandalismo -o resistencia, como queramos llamarlo- en la Plaza Baquedano. Bueno, ¿por qué no se hace lo mismo en Wallmapu? ¿Por qué no se estudian posibilidades de leyes de amnistía para los cientos, quizás miles, de mapuche que en los últimos 20 años han sido llevados a la justicia, y han cumplido condenas, grandes o pequeñas, relacionadas con el conflicto en el sur? ¿Por qué no se piensa, por ejemplo, en revisar las medidas cautelares de la gran cantidad de presos mapuche que están en prisión preventiva, cumpliendo largas prisiones preventivas? ¿Por qué no se piensa en la posibilidad de que presos mapuche, condenados, puedan acceder, por ejemplo, a beneficios de ser trasladados a centros abiertos de Gendarmería, como los centros de estudio y trabajo que hay en Angol y Vilcún, que además permitirían dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que establece que los indígenas puedan acceder a medidas alternativas a la reclusión carcelaria? En fin.

Hay petitorios de los grupos radicales que son absolutamente abordables por cualquier gobierno que tenga la convicción de querer solucionar este tema. Yo creo que lo que ha faltado, por parte de la comunidad, es la convicción suficiente para que demos pasos adelante en este problema.

-¿Cómo debe ser la intervención del gobierno frente a, por ejemplo, agresiones entre grupos de mapuche? Hace poco hubo una muerte en Tirúa, donde se dice que las personas responsables eran de la WAM (Weichán Auka Mapu).

Todo eso es materia de investigación. Las disputas que existan en el mundo mapuche para alguien que no es del mundo mapuche, son parte también del descalabro en el que está la situación actual. Estamos yéndonos hacia un despeñadero en torno a la masificación de las acciones de violencia en el marco del conflicto, y eso es algo que es preocupante, tanto desde el mundo mapuche hacia el mundo huinca, como también internamente dentro del mundo mapuche. Por eso nadie en su sano juicio puede desear que este conflicto siga escalando, por eso nadie en su sano juicio puede desear que Carabineros termine matando mapuche, que militares terminen matando mapuche, o que mapuche respondan y terminen matando a gente de la fuerza pública.

Creo que hemos llegado a un punto en que, si en algo coincidimos muchos, es que la violencia no es el camino para resolver este conflicto. Y cuando decimos violencia, nos referimos a la violencia mapuche, y nos referimos a la violencia del Estado.

-¿Cuál es su postura respecto al trabajo que se está haciendo en la Convención? Sobre la reivindicación de las peticiones del pueblo mapuche

La Convención ha hecho un gran trabajo, de verdad que a mí me da mucha esperanza lo logrado ahí, por los convencionales indígenas particularmente. Ellos han puesto los derechos que asisten a las naciones indígenas en todas partes del mundo, las han puesto en un estándar muy elevado para lo que es la realidad chilena. Chile ahora se pone a tono con otras democracias mucho más desarrolladas, que garantizan derechos territoriales, que garantizan autonomía, autogobierno, garantizan sistemas de justicia propia, en fin. Todo lo que los convencionales indígenas lograron instalar en el borrador de la nueva Constitución, ya existe en Estados Unidos, existe en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, en los países nórdicos, y otros vecinos de la región. Estamos dando un paso histórico para ponernos a tono con lo que las democracias modernas y desarrolladas entienden por resguardo de los derechos territoriales de los pueblos originarios, y esa es una gran noticia. Espero que sea un Apruebo contundente, porque la nueva Constitución va a permitir que a mediano y largo plazo, el Estado tenga una relación mucho mejor con las naciones originarias.

La nueva Constitución no va a resolver el conflicto en la Macrozona Sur, porque la instalación de una nueva Constitución es un proceso de mediano y largo plazo, no es de un día para otro. Va a pasar al menos una década para que la Constitución nueva se instale cabalmente y sea nuestra nueva hoja de ruta. En Bolivia, por ejemplo, todavía se suscitan problemas relacionados con la instalación de la Constitución que se promulgó hace más de una década.

-¿Cree que algunos representantes del gobierno estén, quizás, descansando en la nueva Constitución, o esperando que ella recoja el conflicto?

Me parece que hay sectores del gobierno que han llegado a la conclusión de que este es un tema demasiado complejo, demasiado poco sexy también, porque el conflicto mapuche es visto muchas veces, por parte de las autoridades metropolitanas, como un verdadero cacho, y creo que hay sectores de La Moneda que han llegado a la conclusión que esto hay que entregárselo a la nueva Constitución. Ese convencimiento es peligrosísimo, por lo que decía anteriormente, porque la nueva Constitución no va a resolver el conflicto que tenemos en la Macrozona Sur, Wallmapu, de un día para otro. La instalación de los derechos garantizados en la nueva Constitución va a ser materia de ley, va a ser materia de discusión parlamentaria, y va a pasar muchísimo tiempo para que eso se implemente. Entonces apostar a que la nueva Constitución resuelva los temas pendientes en la Macrozona Sur es, derechamente, negligencia política.