La larga espera de Dayana: Más de dos años sin formalizados en caso de joven baleada en el 18-O

Cuando el médico se acercó a Dayana Ulloa y le contó que a sus 16 años ya no podría volver a caminar, la joven se puso a reír. Pocas semanas antes había recibido un disparo de un arma de guerra en medio de las protestas del “estallido social”. Estuvo cerca de morir. Dayana entendió lo que le dijo el doctor, pero entre el shock de la noticia, el hecho de que venía saliendo de un coma y los fuertes medicamentos, no supo reaccionar de otra forma.

A tres días de iniciadas las movilizaciones, Dayana salió en auto con sus padres y su cuñado a comprar pañales para una sobrina de dos años. A raíz de las protestas, muchos locales estaban cerrados, así que decidieron ir a una distribuidora en La Pintana. Se les hizo imposible llegar al lugar, la gente en las calles y el tráfico cortado lo impidieron. Decidieron volver a la casa y ahí ver cómo se las arreglaban.

Quedaron atrapados en el tráfico, así que su papá y su cuñado se bajaron del auto a mirar lo que ocurría. Dayana los siguió. En la calle Lo Blanco, un tumulto de personas intentaba derribar un portón para entrar a unos galpones que tenían productos importados de China. Desde el interior, un hombre salió con un arma y disparó a la multitud. Uno de los tiros lo dirigió a Dayana.

La bala entró por espalda, atravesó el pulmón izquierdo y salió por el hombro. Su columna se dañó de forma irreparable. La trasladaron de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado y al día siguiente la llevaron en helicóptero hasta la Clínica Las Condes.

En la época, la Defensoría de la Niñez interpuso una querella por el delito de homicidio frustrado y la Fiscalía se hizo cargo de la investigación. Pero, a más de dos años de iniciadas las indagatorias, no hay ningún formalizado por el disparo.

“Tengo rabia”, dice Dayana.

Una nueva vida

Todos los días, cerca de las 08:00, Dayana (19) despierta en su casa en El Bosque. Recién hace un mes aprendió a pasarse desde la cama a la silla de ruedas. “El brazo en el que tengo fierros tiene un límite, no siempre me ayuda”, explica. La casa todavía no está completamente adaptada así que su mamá o alguno de sus hermanos le trae una fuente con agua para que se lave la cara y los dientes. “No puedo hacer mi cama, mi cuerpo no me permite estirarme tanto”, se excusa.

De ahí se va a la cocina, uno de los pocos lugares donde cabe la silla. Para ir al living, tienen que dejar la silla y llevarla en brazos a un sillón. Allí ve películas o juega a las cartas con su familia.

Al momento de recibir el disparo, Dayana estaba en enseñanza media. Pudo terminar sus estudios y ahora estudia técnico en párvulo en un instituto en Gran Avenida. Su papá, Yerko Ulloa, trabaja vendiendo gas y la acompaña en las mañanas. “Es complicado porque las micros a veces no paran, las calles están malas. Cuando llueve no voy porque me hundo en las pozas”, relata.

FOTO: Dayana con su certificado de investidura.

Es la segunda de cinco hermanos de entre 15 y 21 años. En el barrio, cuando se enteraron de lo ocurrido, los vecinos organizaron un bingo para ayudar a la familia de Dayana con algo de dinero.

Los Ulloa Berardinucci no participaron activamente de las manifestaciones. “No entendíamos mucho, no nos gustaba salir a protestar, nada de eso”, cuenta Dayana. Impactada por la violencia, trató de alejarse de los noticiarios. Hasta el día de hoy no le gusta encender la tele. “No veo noticias, nada que tenga relación con el estallido social, porque después quedo mal”, cuenta.

Dayana realiza ejercicios terapéuticos todos los días, además va una vez a la semana a una psicóloga. “En la tarde, como a las 14:00 me voy a acostar, me estiro, hago ejercicio en las piernas, después me paso a la silla y espero hasta las dos de la mañana para volver a sondearme”, relata.

“Salgo con mi amigas, me sacan al mall, o voy con mi pololo al persa. La paso bien y un poco mal. No me gusta salir en la comuna. Los malls de por aquí están cerca de la bodega, me traen recuerdos y como estoy recordando de a poco no quiero más”, dice sobre sus días libres.

Las secuelas físicas la hacen ir con frecuencia al hospital. “El pulmón está débil todavía, no recupera su fuerza. Del 100% tiene como el 5% de su capacidad. No puedo toser bien, me ahogo en la noche. Con el frío, el brazo me duele demasiado, aunque puede estar caliente afuera, por dentro es como una cubeta de hielo. El dolor es insoportable”, cuenta.

Desde el consultorio recibe visitas domiciliarias y también le entregan los medicamentos que necesita. Pero cuando no hay stock deben costearse de su propio bolsillo. Su familia asegura que nadie se les ha acercado para hablar de algún tipo de reparación por parte del Estado.

Sobre ese día, no tiene muchos recuerdos, aunque relata que a veces se le vienen a la cabeza memorias de “disparos, gente gritando, niños corriendo, pero pocas imágenes y rápido”.

“La verdad no me acuerdo de ese día”, dice Dayana.

Un fusil de guerra

-Vi que la persona apuntó -dice Andrés Villablanca-, en ese momento me tiré al suelo y salté a un poste que había al lado mío. Me pegué ahí y empecé a gatear en el piso, de repente siento que cae alguien, como un saco de papas, súper fuerte. Miro para atrás y era Dayana.

El cuñado de Dayana la acompañaba ese 21 de octubre. Fue uno de los que tuvo mejor visión del tirador y uno de los primeros en entregar su testimonio a la policía. Carabineros recibió una llamada al 133 esa tarde. Había una alerta sobre un hombre con un arma en La Pintana. Cuando llegaron al lugar a Dayana ya la habían llevado al hospital y el sujeto no estaba.

Entraron a las bodegas y un hombre, también parte de la investigación, les mostró el patio de atrás. Allí la policía encontró una escopeta calibre 12 y varias cajas de cartuchos. Pero también encontró al menos 19 proyectiles de guerra calibre 7.62 sin percutar. No había más armas.

Andrés declaró a Carabineros que el sujeto que disparó era un individuo de contextura gruesa, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, pelo negro peinado hacia el costado izquierdo. Vestía una polera de color amarillo, jeans azules oscuros y zapatillas. En sus manos tenía un fusil de color negro con el que le disparó a la multitud, luego se confirmaría que usaba munición de guerra.

De acuerdo a los informes policiales, la escopeta encontrada había sido disparada. “Al efectuar una revisión del arma se percata que esta había sido utilizada, ya que en el cañón se encontraba restos de pólvora”, dice la declaración del funcionario policial.

“Pude ver el arma con la que disparó y no era una escopeta, era un fusil”, asegura Andrés. “Por la distancia en la que estábamos, si hubiese sido una escopeta a mí también me hubiesen llegado perdigones y jamás le hubiesen hecho ese daño, porque estaba muy lejos”, argumenta. La distancia del disparo habría sido de entre 80 y 100 metros.

Uno de los médicos que atendió a Dayana en el Hospital Padre Hurtado declaró que, basado en su experiencia, “el arma que ocasionó dicha herida había sido de un proyectil de alta energía”.

En la carpeta de investigación hay más de 20 fotografías y nombres de posibles involucrados en estos hechos, entre los que está el dueño de la empresa china que utilizaba la bodega, Jianwei Zhang. Uno de los imputados, Can Sun, tenía registrada la escopeta a su nombre y admitió que llegó al lugar convocado a proteger las bodegas.

Son los únicos imputados en la carpeta investigativa hasta el momento, pero la percepción de la familia de Dayana es que ese no es un tema cerrado. Carolina asegura que hubo un episodio en la Clínica que la hace sospechar de otros responsables. Mientras estaba en el centro de salud se le acercó un carabinero al que otros policías “saludaron con mucho respeto, así que creo que era de mayor rango (…) me saluda y me dice que tienen una persona en la comisaría (…) al mismo tiempo me dice que podría ser un carabinero (el responsable) y haciendo un gesto de incomodidad me dice algo así como que sería ‘del otro lado’, de los malos”, declaró al fiscal. No se acuerda de más detalles.

Andrés recuerda algo parecido, pero ya en la comisaría. Un uniformado le dijo que “esas armas son ilegales, lo que puede ser es que sea uno de nosotros pero de ‘los malos’”. Explica que solo fue un comentario. “Más allá, no sabemos”, agrega.

En noviembre de 2019, la Fiscalía recibió una denuncia por estos hechos de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dentro del relato se especifica que las balas calibre 7.62 “no se venden en armerías pues, al tratarse de munición de guerra, solo pueden adquirirla directamente alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas”.

Rodrigo Chinchón, fiscal de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo de la causa, explica que “la investigación ha derivado en la posible participación de uno o más de estos ciudadanos extranjeros, pero no se centra sólo en eso”.

Una testigo de lo que ocurrió ese día estaba en una casa que colinda con las bodegas. En medio del tumulto escuchó disparos y gritos. “Veo a cinco sujetos de rasgos orientales saltando la reja desde el sector de las bodegas hacia el patio de la casa de mi madre”, declaró. Uno de ellos, “muy asustado y con desesperación”, saltó una reja del antejardín y quedó enganchado en un alambre. Cayó al suelo y se lesionó el pie. Según su testimonio, un vecino del sector lo trasladó al Hospital Sótero del Río, mientras que al rato Carabineros se llevó a los otros sujetos. La Fiscalía consultó al hospital sobre algunos de los imputados, pero no se registraron atenciones.

Sobre la descripción del hombre que se lesionó, la testigo respondió: “rasgo oriental, polera de manga corta color amarillo, jeans azul, de 1.70 metros de estatura, contextura gruesa”. “No traía nada en sus manos”, aseguró.

El abandono

Dayana estuvo 10 días en un respirador mecánico en la Clínica Las Condes (CLC). “Cuando me pasaron a la zona de cuidados intermedios me volvieron a repetir lo que me había pasado. Ahí reaccioné mal, me dio una crisis, me tiré el pelo, le pegué a los doctores. En eso se me aceleró el corazón y entré a un paro. Me acuerdo que abría los ojos y me estaban conectando cosas”, cuenta.

En los primeros días, varios de los casos más complejos de violencia durante el estallido social llegaron hasta la CLC. En otra de las habitaciones, Carlos Astudillo también se jugaba la vida, víctima de un disparo en la pierna con munición de guerra de un militar en Colina, durante una manifestación. “En la sala de espera, mi familia conoce a la familia de Dayana. Dos familias que estaban en plena incertidumbre, de que uno de sus hijos podía en cualquier momento morir y si vivían iban a quedar con secuelas irreversibles”, dice. Carlos ahora necesita un bastón para moverse.

“El caso de Dayana expresa los múltiples casos de gente que sufrió violaciones a los derechos humanos y que por distintas razones no se hizo más público, a pesar de la gravedad. Como fue el caso de Miguel Rojas en su momento. Hay muchos casos que todavía siguen en el olvido”, considera.

Dayana estuvo cerca de cuatro meses hospitalizada. De a poco fue recuperando el ánimo y generó una relación con el personal de la clínica. “El día que me dieron el alta llamaron a la ambulancia y vino todo mi equipo para despedirme. Los doctores se pusieron a llorar, porque en el proceso me agarraron cariño y yo a ellos”, cuenta.

FOTO: Dayana con su equipo médico.

“Llegué a mi casa y era un alivio, pero a la vez estaba preocupada de que no evolucionara bien, porque estaba con dolores. Dormía mal y tenía rabia. Me despertaba, me quería levantar y no podía. Veía a todos caminar y yo no, me sentía extraña, como que no era de la familia”, relata.

El golpe no solo fue duro para Dayana. Ella misma se ha dado cuenta de cómo la situación afectó a su familia. Sobre sus hermanos dice que “a ellos les agarró miedo salir a comprar, no salen de noche”. Pero es a su papá a quien ve más afectado. La joven cuenta que su padre antes de vender gas se dedicaba a la mantención de ascensores. Dice que después de lo que le ocurrió, el estado emocional de su padre ya no le permitía trabajar en altura, por lo que tuvo que renunciar. “Como familia sentimos rabia, impotencia”, dice Carolina.

Dayana cree que la atención psicológica que recibe también se debiera extender a su familia.

Los Ulloa Berardinucci interpusieron en septiembre de 2020 una querella en contra de tres de las personas investigadas. Para eso contrataron un abogado que se les acercó en la clínica, pero ahora, acusa la familia, no les contesta llamadas y no acude a las citaciones. “Estoy enojada, porque no me han dicho nada, el abogado me dejó tirada”, acusa Dayana.

Carlos Palacios, el abogado de la querella, explica que “lo que pasa es que la causa está empantanada, ellos están informados, hemos tenido entrevistas con el fiscal”. “Hay un tema de estándar para formalizar, yo siempre se los he explicado, no cuesta nada pedir la formalización respecto a cualquiera de los tres, pero a título de qué”, argumenta.

Palacios reconoce que “hace bastante tiempo” que no realiza una presentación en la causa. Sobre las acusaciones de la familia, sostiene que “ese es un tema que lo tengo que conversar con ellos”.

Más de dos años y sin formalizados

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, detalla que existieron problemas en la investigación, pero que a su juicio el actuar de la Fiscalía ha sido diligente. “Hemos tenido preguntas y reuniones permanentes con el Ministerio Público, precisamente con el fiscal, con la finalidad de poder enfatizar la necesidad de dar celeridad a la investigación”, sostiene.

Muñoz considera que la pandemia generó parte de las dificultades para realizar actuaciones, pero que actualmente “todas aquellas diligencias ya fueron dispuestas por el Ministerio Público y solo se encuentra pendiente una diligencia de pericia de trayecto de bala”. Esta pericia “podría entregar mayores antecedentes para, eventualmente, la decisión que pudiera involucrar la formalización de cargos en este hecho”. Según consta en la carpeta investigativa, esa diligencia se solicitó a fines de 2020.

La defensora explica que el fiscal Chinchón les “ha detallado los avances de la investigación, pero también la inexistencia hasta la fecha de antecedentes suficientes que le permitan imputar cargos”.

“En cualquier caso en que se ha cometido un delito en contra de un niño, niña o adolescente, lo que a nosotros nos interesa como Defensoría de la Niñez, y lo que le debe interesar al Estado en su conjunto, es que el sistema de justicia criminal funcione eficazmente, para perseguir estos hechos y que no quede en la impunidad”, sentencia.

FOTO: Patricia Muñoz / Agencia Uno.

Sobre la sensación de abandono por parte de Dayana y su familia, Muñoz cree que “es razonable”. “Hemos comprometido como institución irles informando de aquellos avances de los que tomemos conocimiento en la causa y a través del Ministerio Público, pero esperamos también que la propia Fiscalía, a través de las unidades que corresponda, interactúen con mucha mayor periodicidad con Dayana”, aseguró.

El fiscal Rodrigo Chinchón, por su parte, enfatiza que la investigación aún está abierta y con diligencias pendientes en curso. “No hay antecedentes certeros aún de la participación de alguna persona en las lesiones provocadas a Dayana”, explica. El persecutor afirma que hubo “dificultades que se generaron al comienzo de la investigación, dado que el delito se registró en contexto de manifestaciones por el 18-O, en este caso puntual dificultó que se pudiera recabar prueba adecuada y pertinente como testigos, cámaras, etc.”.

Chinchón especifica que “se han realizado más de 50 diligencias” para determinar al o los autores del delito, pero que “nunca serán suficientes las diligencias mientras no se llegue a un resultado”. “Se seguirá trabajando”, asegura. La carpeta de investigación ya acumula más de 400 páginas.

“La expectativa es avanzar hasta obtener una respuesta para Dayana y su familia”, dice.

Para la senadora Fabiola Campillai, la situación de Dayana “es frustrante, porque aún no hay justicia, no hay un responsable de los terribles hechos que la mantienen parapléjica de por vida”. “Hay una gran deuda para la justicia de los pobres en este país, lamentablemente el sistema judicial le ha fallado y también ese gobierno que debía dar seguridad a Dayana”, sostiene.

Una de las discusiones del caso tiene que ver con si puede o no ser considerado parte de las violaciones a los DD.HH., dado que se investigan a civiles y no a agentes del Estado. “En un contexto en donde el Presidente Sebastián Piñera declaró la guerra a su pueblo, se crean todas las condiciones para la violación a los DD.HH. porque el Estado deja de servir a la gente”, argumenta la parlamentaria.

“El pueblo quedó a la deriva, hubo miles de vulneraciones de las cuales tiene que responsabilizarse, Dayana es un caso de aquellas. Debe ser reconocida por el INDH, por el Ministerio del Interior y por el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, como una de las víctimas en contexto del estallido social”, agrega.

Foto: La senadora Fabiola Campillai / Agencia Uno.

Fabiola Campillai lidera la Mesa de Reparación Integral, anunciada por Boric en la Cuenta Pública. “Se tomarán varias medidas de reparación, entre ellas el aumento de dinero para las pensiones de gracia de quienes fueron agredidos, torturados o asesinados y también pronto se levantará una gran Mesa de Reparación Integral a nivel nacional”, explica.

“Lo entendemos como un camino para implementar políticas públicas para que esto nunca más se repita en Chile y para elaborar una futura ley de reparación que de justicia y un poco de paz a las víctimas”, cierra.