CPC, Sofofa, transnacionales y el litio: La ofensiva de lobby empresarial en cuatro carteras claves

No han perdido el tiempo. En los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric las agendas del gabinete se llenaron de encuentros con grandes empresas y asociaciones gremiales. Viajes de altos ejecutivos de transnacionales al país y reuniones sobre temas polémicos fueron parte de los encuentros.

Economía, Medio Ambiente, Energía y Minería son cuatro de las carteras claves en la relación entre el gran empresariado y los territorios. Los datos muestran que gran parte de las reuniones de estas autoridades han sido con el sector empresarial, donde se revelan algunas de las preocupaciones e inquietudes de los grandes capitales frente a los nuevos rostros del gobierno.

Si bien el registro de las audiencias está obligado por ley, la normativa no es estricta respecto a los detalles que se deben entregar al público y aún existe un grado de opacidad sobre las reuniones en las que se busca influir en las políticas.

Economía: Von Appen, Sutil, Latam y un polémico proyecto en Ñuñoa

Cuando solo llevaba poco más de dos semanas en el cargo, el ministro Nicolás Grau (Economía) recibió la visita de la Confederación de la Producción (CPC). El secretario de Estado se reunió el 30 de marzo con Fernando Alvear, gerente general, y Juan Sutil, presidente. De acuerdo a lo que registra la plataforma de lobby, la reunión fue “para conocerse e intercambiar puntos de vista sobre aspectos económicos”.

Sutil ha mantenido un diálogo con el gobierno incluso desde antes de que Boric ganara en la segunda vuelta presidencial. En noviembre pasado, el líder gremial se juntó con el entonces candidato. Ya en el poder, el mandatario invitó a Sutil a su gira en Norteamérica, donde visitó Canadá y Estados Unidos.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), otra de las más importantes asociaciones empresariales del país, de igual forma buscó una reunión con Grau. La organización reúne los intereses de más de 160 empresas, entre las que están varias ligadas a grandes grupos económicos, como SQM, Colbún, CMPC, Corpesca, El Mercurio, Copec, Empresas Sutil, Enjoy e incluso Quiñenco, la matriz del Grupo Luksic.

La organización se desplegó con un contingente de cinco de sus principales directivos, entre ellos Richard Von Appen, el presidente de la asociación. El contenido registrado de la audiencia solo especifica una “presentación y saludo protocolar” de la Sofofa a la nueva autoridad.

Otra reunión, ocurrida en abril, tiene relación con el polémico proyecto Egaña Sustentable de la Inmobiliaria Fundamenta, en Ñuñoa. Representantes de Plaza Egaña SpA -parte de los propietarios de la inmobiliaria- se reunieron el pasado 22 de abril con Grau, a principios del mismo mes la Comisión de Evaluación Ambiental regional calificó de manera desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de dicho proyecto.

El motivo de la audiencia, según el registro de lobby, es la “presentación del proyecto Egaña Sustentable”. De momento la empresa mantiene en trámite una reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y, por otro lado, la alcaldesa Emilia Ríos ingresó hace días antecedentes sobre el proyecto resistido por vecinos.

Otra de las audiencias que sostuvo el titular de Economía fue con altos ejecutivos de la aerolínea Latam. La compañía lleva un plan de reestructuración en la justicia de Estados Unidos, en el marco del famoso Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país.

Hace pocos días, un juez de Nueva York aprobó el plan de la aerolínea, pero solo cinco días antes, la empresa estaba sentada en el despacho del ministro Grau, en el centro de Santiago. Precisamente, el motivo de la reunión fue “informar al ministro del proceso de reestructuración de Latam”.

Una de las audiencias que también llama la atención es la de Black Rock, la mayor gestora de activos a nivel mundial y que sostuvo una reunión con Grau el pasado martes. La gigante norteamericana liderada por Larry Fink concretó una audiencia para presentar a la nueva country manager para Chile, Silvia Fernández Edwards. Cabe recordar que la compañía anunció en febrero que invertirá US $200 millones en empresas de energía renovable en el país.

Revisa la lista completa de reuniones del ministro Grau aquí.

Minería: El caso Ventanas, SQM, Tianqi y una fallida licitación del litio

De los cuatro ministerios examinados, la ministra Marcela Hernando es la que sostuvo más reuniones, con 48 audiencias en lo que va de gestión. Las grandes mineras y el evidente interés por el litio fueron algunos de los protagonistas de las audiencias.

Una de las reuniones tuvo relación con el anuncio de cierre de la fundición Ventanas, de Codelco. En la decisión no hubo injerencia del Ejecutivo, sino que el cierre fue una determinación del directorio de la minera estatal, de acuerdo a lo que enfatizó el propio gobierno y también Codelco. Los trabajadores de la cuprífera rechazaron la medida e iniciaron un paro que, finalmente, tuvo una corta duración luego de las negociaciones con el gobierno.

Un mes y medio antes de que se desencadenaran estos hechos, a principios de abril, varios sindicatos de Codelco, incluyendo a Ventanas, tuvieron una reunión con la ministra Hernando. El motivo fue “exponer los impactos o efectos que podría generar la modificación de la Ley 19.993, en la continuidad de la Fundición y Refinería las Ventanas y en la Pequeña y Mediana Minería desde la IV a VI región”. Actualmente la modificación de la ley se está discutiendo en el Congreso.

La minera no metálica ligada a Julio Ponce Lerou, SQM, también dijo presente en las reuniones con la nueva autoridad. En mayo pasado Hernando recibió a un viejo conocido de la compañía, Ricardo Ramos, el gerente general. Ramos fue uno de los imputados en el Caso SQM, pero desvinculado del mismo en 2019, cuando la Fiscalía decidió no perseverar contra él y otros 15 investigados.

De nuevo, no hay muchos detalles de lo que se abordó en la reunión. Según lo registrado en la plataforma de lobby, el motivo de la audiencia fue “presentar a la nueva autoridad los ejecutivos que lideran la compañía, sus planes de acción en materia de desarrollo del negocio y sustentabilidad”.

Los otros principales dueños de SQM, la empresa de capitales chinos Tianqi, también sostuvieron una audiencia con la ministra de Minería. La reunión fue parte de una estrategia coordinada en varios ministerios y organismos públicos que ocurrió en mayo pasado. Las reuniones habrían sido coordinadas por la agencia Imaginacción, ligada a Enrique Correa, según reveló La Tercera.

La empresa asiática tuvo una ocupada agenda en la que además visitó a la ministra Maisa Rojas, en Medio Ambiente, pero también a Mario Marcel (Hacienda), Flavio Salazar (Ciencia) e incluso al Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

Pero estas no fueron las únicas reuniones en relación al litio. La empresa ByD Chile, ligada a la empresa china ByD, se reunió con Hernando a fines de mayo. La compañía fue una de las que se adjudicó una de las polémicas licitaciones del litio que hizo el gobierno del exPresidente Sebastián Piñera al final de su mandato.

Precisamente, ese punto fue parte de las discusiones de ese día. La compañía quiso abordar “temas relacionados a la explotación del litio, posibles acuerdos de cooperación y pasos futuros de la licitación CEOL (contratos especiales de operación de litio)”. Lo que la compañía no sabía en ese momento es que tiempo después, a principios de junio, la Corte Suprema dejaría sin efecto dicha licitación, tras recursos interpuestos por parte de las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo.

Una semana después del fallo del máximo tribunal, ByD volvió a reunirse con Hernando. Esta vez llegó el director de Operaciones de ByD América, Tie Li. El asunto de la reunión según el registro es una “visita protocolar a Chile”.

Revisa la lista completa de reuniones de la ministra Hernando aquí.

Energía: Bocamina II, la polémica de Metrogas y la “gigante” china State Grid

El ministro de Energía, Claudio Huepe, fue el segundo que más reuniones sostuvo desde que asumió hasta junio, de los ministerios revisados. El secretario de Estado realizó 43 audiencias en estos meses, en las que destacan las empresas eléctricas que dominan el mercado nacional.

Para abril ya se habían presentado ante el ministro las asociaciones empresariales de las tres facetas del mercado de la electricidad en Chile: generación, transmisión y distribución. Entre las empresas representadas en estos grupos están CGE, Chilquinta, Enel, Colbún, Arauco, Transelec, AES Chile y la multinacional española Repsol.

Por otro lado, Enel fue una de las empresas que se reunió con el ministro Huepe. El motivo, esta vez, fue mucho más específico: “Abordar con la autoridad el cierre de la central Bocamina II”. La central termoeléctrica en Coronel es parte de un conflicto medioambiental que data desde hace años y que, debido a los índices de contaminación en el aire, se judicializó e incluso la central estuvo suspendida por la Suprema.

Bocamina II tenía fecha de cierre definitivo para el 31 de mayo de este año. Antes de eso, el 7 de abril, altos ejecutivos de la compañía, incluyendo a Fabrizio Barderi y James Stancampiano, gerentes generales de Enel Chile y Enel Distribución, respectivamente. Pocos días después de la reunión, Enel comunicó la mantención de la fecha de cierre y la reubicación de los trabajadores.

Sin embargo, el 4 de mayo pasado la Comisión Nacional de Energía (CNE), que depende del ministerio de Energía, postergó el cierre de la termoeléctrica hasta septiembre de este año. Los motivos apuntaron a “reducir eventuales riesgos de desabastecimiento de energía”. Organizaciones medio ambientales y autoridades locales criticaron con dureza al gobierno por la decisión.

Otro de los “gigantes” que se acercó al gobierno en estos primeros meses fue la empresa eléctrica china State Grid. La compañía asiática concretó la compra de CGE el año pasado en una operación de US $3.000 millones y que tuvo polémica. Con esta adquisición, más la propiedad que ya mantenían en Chilquinta, la empresa alcanzó a controlar más del 50% de la distribución de energía eléctrica en el país, con lo que sus redes llegan a 3,5 millones de hogares.

En la época, parlamentarios como Jaime Mulet y Esteban Velásquez acusaron un “riesgo geopolítico” en la compra. Por su parte, Felipe Harboe y Rodrigo Galilea, también criticaron la operación. Además, asociaciones de consumidores cuestionaron la compra y recurrieron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pero el organismo técnico resolvió aprobar la transacción y la operación se concretó.

En mayo de este año, los principales ejecutivos de CGE y Chilquinta, acompañados del embajador chino, Niu Qingbao, visitaron al ministro Huepe en una reunión que duró una hora. Según el registro, los temas tratados fueron la presentación de los directivos y de la “visión de la empresa controladora State Grid respecto de la distribución”.

La polémica por la “empresa espejo” de Metrogas y las presuntas irregularidades para aumentar precios del gas natural, que detectó la FNE e hizo público Chilevisión, también aparecieron en la agenda del ministro. Metrogas se reunió el 22 de abril con Huepe -antes que estallara la polémica- para “presentar los principales ejecutivos de Metrogas, los desafíos de la industria y tratar temas regulatorios pertinentes de abordar con él”.

El pasado miércoles, el gobierno presentó su propuesta para una “ley corta” que regule dicho mercado. “Esto se traducirá en que algunas empresas de gas ajusten su política comercial para mantenerse en el nuevo límite máximo de rentabilidad”, asegura el texto.

Revisa la lista completa de reuniones del ministro Huepe aquí.

Medio Ambiente: Las inquietudes de la CPC, la CChC y la SNA

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, es la que menos audiencias tiene registradas entre los cuatro ministerios observados, con 22 reuniones entre que asumió hasta fines de junio. Sin embargo, la nómina revela las inquietudes del sector empresarial respecto a la aplicación de la normativa ambiental.

Una de las primeras audiencias de la ministra Rojas fue con el Consejo Minero, encabezado por Joaquín Villarino. La organización reúne a las empresas mineras de mayor tamaño del país, muchas vinculadas a conflictos medio ambientales, como Anglo American, Barrick, BHP, CMP, Codelco, Los Pelambres o Kinross.

Si bien existe un registro en el apartado sobre la “materia” de la reunión, lo cierto es que no entregaron detalles. De acuerdo a la plataforma de lobby, el objetivo de la reunión fue “conversar sobres los temas que como Consejo Minero nos interesan y otros que estén dentro de sus prioridades”, sin más antecedentes.

Nuevamente la CPC aparece en la lista. Juan Sutil y Fernado Alvear se reunieron con la ministra Maisa Rojas el 23 de mayo pasado. En esa oportunidad, el registro es mucho más específico respecto a las preocupaciones de los empresarios. Los temas de conversación fueron la agenda medio ambiental del gobierno, la crisis hídrica, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Otra reunión a destacar es la que juntó a la ministra Rojas con Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). El sector agroindustrial centró sus inquietudes en el desarrollo de la agricultura regenerativa y el rol que tendrá el anunciado Consejo de Cuencas, como nueva forma de administración hídrica, y el rol de la SNA. Esto último fue parte de los anuncios del Presidente Boric en la última cuenta pública.

La Cámara Chilena de la Construcción también conversó con la secretaria de Estado. En mayo pasado, la asociación empresarial discutió un tema sensible para el sector. En específico, consultaron sobre la implementación de la Ley 21.202 sobre Humedales Urbanos.

Por otro lado, entre las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, destacan la Wildlife Conservation Society y Oceana. Este último organismo se reunió con la ministra el pasado 13 de junio para discutir sobre las Áreas Marinas Protegidas, entre ellas la del Archipiélago de Humboldt, zona en la comuna de La Higuera que protagoniza el conflicto medio ambiental por el polémico proyecto minero Dominga, que actualmente tiene al exPresidente Sebastián Piñera bajo investigación del Ministerio Público.

Revisa la lista completa de reuniones de la ministra Rojas aquí.

“Es un tema de trazabilidad de decisiones”

“Acá el objetivo es tratar de influir en la decisión de la autoridad”, explica María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. La abogada enfatiza en la legitimidad de que el mundo privado se acerque a discutir con el Estado, aunque sí reconoce que todavía existen espacios opacos.

Sobre la legislación actual para el lobby, la jurista considera que en comparación con la región “estamos bastante bien”. “Tenemos nuestras particularidades, es una ley que tiene puesto el foco en la transparencia en la actuación pública de las autoridades, en vez que una ley que regule exhaustivamente la industria del lobby, como puede ser en el caso de Estados Unidos o Canadá”, compara.

Jaraquemada valora la existencia de esta herramienta. “Que tengamos esa información es muy bueno, es algo transparente, que se hace visible ante la ciudadanía”. Sin embargo, “un déficit que tiene la ley es que el detalle de las reuniones es muy general. Cuesta saber efectivamente cuál es el objetivo de la reunión”.

La experta considera que el hecho de que las empresas se acerquen con interés al Ejecutivo “es bastante normal”. “Empieza un nuevo gobierno y son empresas en general reguladas, por lo tanto tienen una relación importante con el Estado. Quieren entablar una nueva relación con este gobierno, que además es una administración cuya alianza o conglomerado es primera vez que gobierna”, sostiene.

“Cuando (el lobby) se hace de una manera legítima, eso lo sabemos y hacemos más difícil la corrupción”, afirma. “También, es un tema de trazabilidad de decisiones, es muy bueno entender por qué se tomó tal decisión en determinado momento, quiénes influyeron en ella”, considera y enfatiza en que “es absolutamente legítimo tener puntos de vista distintos y querer hacer ver eso a la autoridad”.

“Sería negativo si es que nuestro sector público y privado no dialogan, o sería sospechoso, porque estarían teniendo reuniones que no están transparentadas”, argumenta.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, organización especializada en políticas públicas ambientales, ha visto por años el funcionamiento de esta ley. “Históricamente ha existido una relación fuerte y poco transparente entre las grandes empresas y las autoridades ambientales”, relata.

La bióloga ejemplifica con las autoridades medioambientales. “En el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, se han conocido varios casos en que las autoridades de turno han instruido la aprobación de proyectos de inversión”, argumenta.

“El sistema permite que las empresas en forma temprana establezcan una relación con la autoridad que luego va a calificar ambientalmente el proyecto, a lo que se suma las deficiencias del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, argumenta.

En la misma línea que Jaraquemada, la directora de Terram valora que “la existencia de la ley de lobby permite acceder a un registro de las reuniones entre consorcios empresariales y autoridades de turno”, pero critica que se sepa “poco y nada respecto a lo abordado en esas instancias”.