Subsecretario Vergara | Foto: Subsecretaría Prevención del Delito
En diálogo con El Desconcierto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, evalúa las medidas que se han tomado en sus primeros meses de gestión, como el Plan Centauro de Carabineros o avanzar en la prohibición total de armas. «El camino que elegimos es precisamente el que las y los ciudadanos demandan», asegura.
– A mediados de abril, usted dijo que Chile enfrenta «el peor momento para la seguridad desde el retorno a la democracia». En estos primeros meses, ¿Cuánto se ha avanzado para revertir ese escenario?
Esa afirmación fue una constatación de la situación en que recibimos el país. En estos meses, desde la subsecretaría retomamos y reanudamos el trabajo con privados, como centros comerciales, autopistas, aseguradoras, terminales y bancos para impulsar acciones conjuntas que permitan ayudar a prevenir los delitos y entregar más seguridad a las personas que habitan este espacio nacional compartido.
También iniciamos un estrecho trabajo con los municipios para nivelar la cancha en seguridad. En Chile necesitamos que exista “más seguridad, más Equidad” en los territorios, tal como quedó reflejado en el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentamos hace un poco más de una semana en la ciudad de Arica.
Quiero destacar que el foco que pusimos a este plan está en la prevención de los delitos y en el ataque al crimen organizado. En total son 33 medidas específicas, donde se priorizan cambios al control de armas y una priorización en los delitos de mayor connotación social.
– Ahora que lleva cuatro meses en el cargo, ¿cómo evalúa la gestión del Presidente Piñera en materia de control y prevención del delito?
Desde que llegué a la Subsecretaría de Prevención del Delito dije que no iba a perder un solo minuto en buscar responsables o indicar con el dedo a las autoridades anteriores, porque creo firmemente en que el tema de seguridad debe ser asumido como una cuestión de Estado y no como un tema a disputar por una cuestión ideológica. Entre todos tenemos que construir una política de seguridad que nos permita enfrentar los próximos 10 años.
– La última encuesta Pulso Ciudadano reveló que el principal problema que aqueja al país es la delincuencia. En el Top 10 también están el narcotráfico y la seguridad pública. ¿Cómo recibe el gobierno estas cifras? ¿Se cuestionan el camino que han elegido?
El camino que elegimos es precisamente el que las y los ciudadanos demandan. Cada vez que voy a las comunas, lo primero que me dicen vecinas y vecinos es que me agradecen que los visite, porque aseguran que hace mucho tiempo el Estado no se hacía presente en sus barrios. Y lo segundo es que demandan mayor equidad, porque muchos de los municipios tienen un presupuesto de 200 pesos per cápita para seguridad, y eso es lo que tenemos que cambiar.
Por eso apenas llegamos al gobierno tomamos la decisión de poner fin a la concursabilidad, porque la seguridad de las personas no puede ni debe depender de un concurso. Desde el próximo año los municipios recibirán recursos de acuerdo a sus necesidades.
Como entendemos que hay mucha necesidad, estamos trabajando con sentido de urgencia y ya hemos transferido recursos a muchos municipios, como San Ramón, que por primera vez cuenta con auto patrullas municipales y cámaras.
– En los últimos años se ha registrado un aumento de los delitos violentos, como homicidios o robos con violencia ¿Qué explica este fenómeno? ¿Es algo pasajero o definitivamente el crimen en Chile cambió?
Aquí lo primero que debemos dejar en claro que el homicidio es el crimen que no tiene reparación alguna y por ello creemos que el alza de este tipo de delitos es una situación de máxima gravedad que nos tiene ocupados, adoptando acciones operativas con sentido de urgencia.
El tipo de delitos en Chile ha cambiado y como gobierno tenemos que hacernos cargo de esta nueva realidad. Por ejemplo hoy los homicidios están marcados en un gran porcentaje por el ajuste de cuentas y también por la presencia de armas en la calle. Por ello nuestro Presidente Boric puso el foco en el desarme de armas, porque un país con menos armas es sinónimo de más seguridad.
– En abril, el gobierno anunció una redistribución de carabineros. ¿Cuál es la evaluación que se hace de esta medida?
El Plan Centauro es un pilar del reforzamiento policial que pusimos en marcha a mediados de mayo y la mejor evaluación es la que hacen los alcaldes, quienes en su mayoría dicen que hoy las vecinas y vecinos tienen una mayor percepción de seguridad y, más importante, ven mayor presencia policial en las calles.
El Plan Centauro contempló la suma de 27 radio patrullas y 174 funcionarios destinados a desplegarse por toda la Región Metropolitana, principalmente, para prevenir y combatir delitos in situ. Es un buen indicio que, en unas semanas desde su accionar y según datos de Carabineros, 344 individuos han sido detenidos y se han realizado más de 13 mil controles en el marco de este plan. En paralelo a estas acciones, estamos avanzando en el proceso de redistribución y, tal como lo comprometimos, tendremos las variables que definirán este proceso prontamente.
– En países como Estados Unidos, el lobby de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle han impedido avanzar en la regulación del comercio de armas a civiles. ¿Cómo ve ese escenario en Chile? ¿Se podrá avanzar en la «prohibición total» que anunció el presidente Boric o habrá que sentarse a negociar?
El foco principal aquí es que la fuerza y la frontalidad va junto a la persecución, y el desarme junto a la ilegalidad, es decir, a las armas que son utilizadas para el crimen organizado. Igualmente entendemos que todo esfuerzo queda corto si no somos capaces como Estado de tomar una decisión y de que queremos bajar el nivel de armas también en la sociedad en general.
El abordar el fenómeno de las armas no puede ser sólo desde el mercado ilegal, sino que también entendiendo las consecuencias que implica que las sociedades se armen y la evidencia nos muestra que las sociedades con más armas son más violentas e inseguras.
– Usted ha puesto énfasis en la equidad territorial y la importancia de los municipios en la prevención de delitos. ¿Cree que hay que empoderar más a los alcaldes en el combate a la delincuencia y darles más atribuciones?
Tal como dijo este jueves el Presidente Boric en la Asamblea General de Municipalidades, nos hemos reunido con 90 alcaldes de 11 regiones en estos cuatro meses y hemos visitado 38 comunas de siete regiones del país. Ese es el espíritu del gobierno y es la tarea a la que estamos dedicados.
Creemos firmemente en el trabajo conjunto con los alcaldes, porque son ellos quienes conocen mejor que nadie lo que pasa en sus territorios. Vemos en el trabajo coordinado con los municipios la mejor forma de prevenir los delitos y entregar mayor seguridad a las vecinas y vecinos. No sólo se trata de entregar más herramientas, sino que principalmente escucharlos.
– La nueva Constitución incluye entre sus propuestas una policía no militarizada y la derecha ha dicho que, con esta definición, se acaba Carabineros. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es un aporte o un problema frente al actual escenario delictual?
Como gobierno somos extremadamente respetuosos del tremendo proceso que ha llevado adelante la Convención Constituyente. Lo que resta ahora es poner a disposición de la ciudadanía toda la información para que puedan tomar la decisión que determinen.
