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El Desconcierto conversó con nueve alcaldes de la Región Metropolitana de distintos sectores políticos para conocer cómo creen que impactará la nueva Constitución en sus comunas a la hora de hablar de seguridad y combate a la delincuencia.
Uno de los temas que se ha tocado poco es la incidencia que tendrá la nueva Constitución en materia de seguridad y combate a la delincuencia, un tópico prioritario para la ciudadanía según las más recientes encuestas de opinión.
Un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), demuestra que más del 91% de la población apoya la idea de un acuerdo nacional por la seguridad.
La propuesta de Carta Magna se hace cargo de esta inquietud y establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, algo que no existe en la Constitución del ’80. También se establecen regulaciones a las policías, el uso de armas, y se crea la justicia vecinal.
Al respecto, El Desconcierto consultó a nueve alcaldes de la Región Metropolitana cómo creen que impactarán estos cambios en sus respectivas comunas. Entre sus respuestas, destacaron las nuevas definiciones de Carabineros y la PDI, y el nuevo papel que tendrán los gobiernos locales.
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), es tajante. A su juicio, “en la nueva Constitución se abordan los problemas de fondo”, por ejemplo, al establecer el derecho a la ciudad y el territorio, el derecho a vivir seguros y libres, y al buscar el fortalecimiento comunitario, al pasar de un Estado subsidiario a uno que se hace cargo, reconoce y protege los derechos sociales.
También destaca que la restricción a la tenencia y porte de armas de fuego por parte de civiles “es un tremendo avance”, pues al cortar el flujo de armas perdidas que terminan en el mercado negro “nuestros barrios serán más seguros”. Ahora, lo que falta es “que gane el Apruebo el 4 de septiembre para terminar con esta Constitución que fue escrita a la medida de unos pocos y que profundiza las brechas sociales”, sentencia Pizarro.
Claudio Castro, alcalde de Renca
Al igual que muchos de sus pares, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destaca la redistribución que existirá con la nueva Constitución de recursos y policías, y afirma que produce un “avance significativo” en establecer una mirada más completa, “fuera de la lógica de simplemente perseguir el delito y encarcelar a los delincuentes, en la medida que impone acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas”.
“Hasta ahora en la Región Metropolitana, la concentración de policías se daba en las comunas con mayores recursos, en el sector oriente. Esta nueva Constitución cambia el paradigma, y genera una visión distinta, más integral y acorde con la prevención del delito, especialmente para los sectores con menos recursos”, asegura la autoridad municipal.
Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo
Lo Espejo “no está lejos del centro, pero no tiene los beneficios de ser parte de la capital”, señala la alcaldesa Javiera Reyes (PC), quien releva que la nueva Constitución plantee el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, a diferencia de la Constitución actual, que “no tiene consideraciones de acceso equitativo, no habla de prevención”. A su juicio, “la Constitución de 1980 es en parte responsable de la situación en la que está Lo Espejo al día de hoy en materia de inseguridad”.
“Que exista la obligación constitucional de brindar seguridad a comunas marginadas, y no depender de la buena voluntad del Presidente de turno, es un cambio rotundo y necesario”, destaca Reyes. La jefa comunal recuerda que desde Lo Espejo surgió la iniciativa popular de norma “Justicia Territorial por el Buen Vivir”, que dejó tres artículos que apuntan a que el Estado tiene que contribuir en la reducción de desigualdad entre comunas.
De todas formas, señala que “la complejidad del presente nos obliga a pensar en nuevas formas de tratar” la rehabilitación de alcohol y drogas, la reinserción de las personas que cometen delitos, y la inversión territorial que se enfoque en educación y acceso a servicios. “Llenar las cárceles no ofrece soluciones reales ni profundas”, concluye.
Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel
El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (Igualdad) asegura que el proyecto de nueva Constitución “representa el inicio de un cambio de paradigma en materia de seguridad ciudadana, que ponga énfasis en las capacidades de colaboración entre instituciones públicas y las policías”, a efectos de avanzar en la prevención del delito, percepción de inseguridad y victimización real.
En particular, rescata el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia (art. 53), la regulación en la tenencia y porte de armas (art. 295) y el rol de las policías (art. 297), los que “tendrán importantes impactos en comunas como Pudahuel”.
No obstante, también sugiere que tras el Plebiscito, se deberá “construir una nueva política de prevención de violencia y el delito, que será realizada en estricta coordinación con los gobiernos locales de las comunas autónomas, y mediando mecanismos participativos y de democracia directa”.
Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se ha erigido como una de las voces más críticas de la nueva Carta Fundamental. Ella cuestiona que “con las actuales herramientas legales ya es muy complicado combatir la delincuencia” y se esperaba que el texto mejorara esa situación, lo que no se cumplió. “En materia de seguridad, el proyecto de Constitución no puede ser peor”, manifiesta.
La jefa comunal acusa que la Convención se negó a la creación de una Defensoría de las Víctimas o a entablar el derecho a la legítima defensa. “Para ello no existió espacio, pero en cambio se otorga un sinnúmero de derechos constitucionales a las personas privadas de libertad”, reprocha.
Matthei también es crítica de la desmilitarización de Carabineros. “Hasta ahora no se ha explicado en concreto qué significa y solo sabemos que la discusión llevada a normas o leyes demorará años. Mientras nosotros estemos distraídos en esa discusión, las bandas van a hacer todo lo que quieran”, dispara.
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia
Para el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (UNIR), “lo más interesante” es que con la nueva Constitución “la seguridad es reconocida como un derecho, no sólo como una función abstracta del Estado”.
Otras novedades que rescata del proyecto de la Convención es que “se constitucionaliza la política nacional de seguridad”. Esto, explica el jefe comunal, “permitirá que los gobiernos locales podamos generar condiciones que nos brinden mayores instrumentos y recursos para fortalecer la seguridad, y que la dotación policial se distribuya con criterio de equidad territorial”.
Por último, Durán señala que es “imprescindible”, aún cuando no está expresamente señalado en el texto, la “creación de un Ministerio de Seguridad Pública que tenga dedicación exclusiva y profesionalizada”. Además, menciona que otras deudas del Estado en materias de seguridad son “fortalecer políticas de prevención social, rehabilitación de consumo abusivo de alcohol y drogas y reinserción a los infractores de la ley”.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destaca como algo “sumamente positivo y novedoso” la incorporación de la seguridad dentro de los derechos fundamentales. “Sería la primera vez que se establece el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia”, subraya.
Si bien reconoce que su aplicación dependerá de la ley, asegura que ese derecho irá en beneficio de “nuestras comunas, que son más populares, sufren la desigualdad y donde la seguridad es uno de los problemas más grandes. Hemos vivido lo que significa tener desigualdad en términos de recursos y distribución policial”.
Gustavo Toro, alcalde de San Ramón
En San Ramón la seguridad es un tema sumamente importante para los vecinos y vecinas, sobre todo luego de las experiencia al mando del municipio del exalcalde Miguel Ángel Aguilera, vinculado al narcotráfico y condenado por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
Para el nuevo jefe comunal, Gustavo Toro (DC), la “justicia territorial”, como la han bautizado, a través de la redistribución de fondos en torno a los municipios que propone la nueva Constitución, le permitirá contar con los recursos que hoy no tiene para invertir en seguridad.
“Hoy la seguridad es un privilegio, no un derecho”, asegura, agregando que, si bien la nueva Carta Magna permitirá disminuir la brecha, otorgando ingresos para adquirir vehículos, cámaras de vigilancia y contratación de personal para labores preventivas, también falta más coordinación entre organismos públicos y “más solidaridad y generosidad de aquellas comunas que sí cuentan con mayores recursos para apoyar a los que menos tienen”.
Érika Martínez, alcaldesa de San Miguel
La alcaldesa de San Miguel, Érika Martínez (CS) destaca que las instituciones relacionadas a la seguridad pública y defensa nacional serán “conducidas por el poder civil, como ocurre en gran parte de los países desarrollados, como, por ejemplo, en Francia” y que se definirán a las policías —tanto a Carabineros como a la PDI— como “instituciones policiales, no militares”, tal como queda explícito en los artículos 296 y 297.
Para Martínez, toda política de seguridad “debe tener una bajada territorial”. Por eso, es relevante que la nueva Constitución confiera un “grado de autonomía a las comunas, inexistente en la Constitución del 80, el cual indica claramente como potestad de la comuna ‘la promoción de la seguridad ciudadana’”.
De todas formas, le hubiese gustado “un artículo específico en el que se hubiese tocado el tema de la cibercriminalidad. Igualmente, creo que hubiese sido importante poner énfasis en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, generando una agencia de investigación mixta que combine los recursos de ambas policías, con capital humano de alto nivel, coordinada con una agencia de inteligencia robusta y legitimada”.
