Voto de personas privadas de libertad: Así se implementará la inédita medida en Chile

Las personas privadas de libertad que no han perdido sus derechos políticos, podrán, por primera vez en la historia, participar de un proceso eleccionario a nivel nacional al sufragar en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Esto contempla a quienes no están condenados por delitos con pena aflictiva (más de 3 años y un día), y a quienes no estén acusados por un delito de pena aflictiva o relacionado al terrorismo.

Sólo 7.176 personas privadas de libertad se encuentran habilitadas para sufragar, de las cuales 1.029 fijaron válidamente su domicilio electoral en recintos penitenciarios, de acuerdo con cifras que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, presentó este martes a la Comisión de Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.

De las 1.029 personas que votarán en las cárceles, 39 son funcionarios de Gendarmería —que estarán trabajando durante las elecciones—, 101 se encuentran actualmente en libertad, y 889 continúan privadas de libertad, hasta el 1 de julio de 2022, cifra que cambia permanentemente, recordó el subsecretario.

Para efectos de la votación, se habilitaron 14 recintos penitenciarios en Arica, Alto Hospicio, Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San Joaquín (Mujeres), Santiago 1, Santiago Sur, Puente Alto, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

El proyecto contrario de la UDI

La intervención de las autoridades que expusieron en la Comisión junto al presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se dio en razón de dudas y cuestionamientos que han surgido desde parlamentarios de oposición hacia el voto de las personas presas. Incluso, los diputados UDI Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter presentaron una reforma constitucional para que personas privadas de libertad, por orden judicial, pierdan el derecho a voto.

Al respecto, el coordinador del departamento de políticas públicas de la ONG Leasur, Diego Chaparro Pérez, señaló a El Desconcierto que detrás de la acción “existe un populismo punitivo evidente, una falta de conocimiento del actual marco constitucional y legal (el cual permite a personas no condenadas ejercer su derecho a voto), dando cuenta de un proyecto que no apunta a un enfoque de seguridad pública”.

“La evidencia comparada demuestra que no existen avances en seguridad ni disminución de delitos al quitarles la posibilidad de elegir representantes o influir en las decisiones electorales de un país a personas privadas de libertad, sino un retroceso en la inserción de estas personas y una doble condena —privación de libertad e imposibilidad de participación— para quienes se encuentran facultados en sus derechos ciudadanos”, agregó.

Sobre las 990 personas que votarán, hasta la fecha, “creemos que es insuficiente”, indicó, “pero es un paso importante para avanzar en la restitución de un derecho que está garantizado en la actual Constitución”.

“También debemos destacar que esta posibilidad surge de la Ley de Georreferenciación aprobada en abril de este año y que contó con un amplio respaldo de la Cámara y el Senado, por lo que vemos avances en la voluntad de las autoridades de permitir la participación de grupos históricamente excluidos como lo son personas en privación de libertad”, explicó el cientista político.

Por su parte, Marcela Guillibrand De la Jara, coordinadora de Ahora Nos Toca Participar, planteó a El Desconcierto que “esta es una gran y esperada noticia para todas aquellas organizaciones e iniciativas que por mucho tiempo han trabajado por el derecho a la participación de todas y todos”.

“Sin duda, es un avance importante para el fortalecimiento de nuestra democracia y nos abre una puerta importante para generar también las condiciones de otros grupos históricamente excluidos que no han podido ejercer su derecho en igualdad”, celebró.

Garantías de seguridad

Desde el Servel indican que, igual que en el resto del territorio nacional, serán las mismas personas que conformen las mesas de sufragio quienes deban ser designadas como vocales de mesa, esto es, las y los presos que se hayan inscrito para participar del plebiscito, y se darían a conocer el próximo 13 de agosto, junto a todos los vocales de mesa del país.

Respecto a quiénes podrán ser apoderados de mesa, Gajardo indicó que serán las personas que se acrediten como corresponda, tal como en cualquier otro establecimiento de votación, donde se tomarán todas las medidas de seguridad pertinentes, las mismas que se aplican durante las visitas a los reos. De hecho, las urnas se instalarán en los espacios destinados a visitantes, que ya cumplen con un estándar de seguridad.

Desde Gendarmería, el director nacional, Sebastián Urra Palma, señaló que los 14 recintos penitenciarios ya están preparándose para el proceso, donde serán los gimnasios y salas de clases utilizados para visitas los lugares destinados a instalar las urnas. Aseguró además que los centros penitenciarios están “plenamente preparados para llevar adelante la votación”, y también ya se encuentran coordinados con Carabineros y la Armada, quienes estarán presentes ese 4 de septiembre.

Para Chaparro, “las garantías existen, la institucionalidad electoral en Chile funciona y funciona bien”. Sin embargo, creen “que es de suma importancia la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en un proceso que es nuevo tanto para Servel como para Gendarmería”.

“En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil nos encontramos en un contexto de trabajo con el Ministerio de Justicia y Segpres para llevar a cabo un hito que representa la posibilidad de restituir un derecho ciudadano vulnerado sistemáticamente por la institucionalidad, y avanzar en el proceso de inserción social de personas que se encuentran imputadas o en prisión preventiva”, señaló el experto.

“Por eso, creemos que es necesario y urgente trabajar en conjunto con Servel, Gendarmería, MINJUS y Segpres en la elaboración de una estrategia electoral atingente a un contexto de encierro y con altos niveles de desinformación”, agregó el coordinador de Leasur, ONG que trabaja por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad.

La opinión de analistas: “Positivo para la democracia”

Para Federica Sanchez Staniak, analista e investigadora de la Red de Politólogas, la votación de las y los presos es “algo que tendría que haber ocurrido antes. Hay personas a las cuales se les está infringiendo un derecho, y el hecho que para el próximo plebiscito puedan ejercer el derecho a sufragio con el cambio de domicilio electoral a los penales donde están recluidos, me parece que para el sistema electoral, para la participación, para el Servel, y para la democracia en general, es algo positivo”.

Gonzalo Espinoza Bianchini, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales (UDP), destacó que “esas personas siempre pudieron votar. La Corte Suprema lo dijo varias veces, que el Servel tenía que hacerse cargo, pero el Servel le dijo al Congreso que no podía hacerse cargo porque necesitaba un nuevo distrito para la gente, y ahora se pudo armar la fórmula para saber cómo votar”.

“Me parece bien que se esté cumpliendo ese derecho humano, pero tampoco es que cambie significativamente los resultados. La población carcelaria no es sustantiva, y mucho menos la población que tiene derecho a voto dentro de las cárceles. Sí es bueno como un mecanismo de reinserción social, que sean parte de un sistema que los escucha, al menos, como gente política”, concluye.

A Julieta Suárez-Cao, doctora en ciencia política y experta en sistemas electorales, le parece “fantástico que pueda votar por primera vez la población privada de libertad que no tiene penas aflictivas, porque siempre tuvieron el derecho a votar y nunca fue efectivo”.

“Es una de las grandes deudas, no la única, pero una de las grandes deudas de la democracia en Chile, y me parece simbólico que sea precisamente este plebiscito en el que el Estado se haga cargo de esto, cuando estamos discutiendo, más allá que los derechos estén escritos, que haya una garantía efectiva, me parece que es súper importante que estas personas que siempre tuvieron derecho a voto, y nunca lo pudieron ejercer, finalmente se les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos políticos”, cierra la experta.