El otro «golpe» de Gonzalo de la Carrera: El desconocido round judicial contra Radio Agricultura

El diputado Gonzalo de la Carrera agredió al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alexis Sepúlveda. El congresista, exmilitante del Partido Republicano que llegó al Congreso en la última camada de parlamentarios, perdió con ese acto cualquier respaldo. Ni siquiera la bancada republicana, de la que todavía era parte, pudo defenderlo y en una conferencia de prensa salió a anunciar su expulsión del grupo.

El parlamentario tendrá que enfrentar un proceso disciplinario al interior del Congreso y se baraja la opción de una «Ley De la Carrera», que permitiría expulsarlo del cargo. Además, podría tener que enfrentar a la justicia por el golpe.

Pero ese no es el único frente abierto de De la Carrera. El ingeniero comercial mantiene un litigio en contra de la que fue su «casa» durante años: Radio Agricultura, el medio ligado a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) liderada por Cristian Allendes Marín.

Después de cinco años y medio en Radio Agricultura, a fines 2020 Gonzalo de la Carrera tuvo que dejar el programa «Directo al Grano», plataforma comunicacional donde el ultraderechista compartió micrófono con la exministra Cecilia Pérez y que sirvió para catapultar su entonces incipiente carrera política. La razón fue simple, el actual diputado electo con la primera mayoría en el distrito más rico de Chile, había lanzado su candidatura a la alcaldía de Las Condes y a raíz de eso la emisora decidió poner fin a su participación en el espacio.

Tras su salida de la radio, no quedó conforme con la manera y los montos que se manejaron al terminar el vínculo, por lo que fue a tribunales y abrió un flanco judicial que ya escaló a la Corte de Apelaciones.

En diciembre de 2021, poco más de una semana después de ser electo diputado, De la Carrera ingresó un escrito en el 2do Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Se trató de una medida prejudicial en contra de Agricultura, una acción para preparar una futura demanda. En ella pide que se exhiban una serie de documentos sobre la emisión de «Directo al Grano» en Agricultura.

El abogado del ahora parlamentario acusa en el texto que De la Carrera fue desvinculado «sin expresión de causa» y que su empleador creyó que «con motivo de su candidatura al cargo público de elección popular de Alcalde por la I. Municipalidad de Las Condes se justificaba excluirlo de su participación en el programa ‘Directo al Grano'».

El escrito no detalla cuáles serán las peticiones que el ingeniero comercial hará valer en una eventual demanda, pero deja abierta la puerta interponer una acción por «tutela por vulneración de garantías fundamentales, por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales tales como remuneraciones, comisiones, feriado anual y proporcional, semana corrida, diferencia de gratificación, no pago de cotizaciones y cualesquiera otros conceptos que sean revelados en la documentación exhibida».

«Mala fe en la presentación del señor De la Carrera«

En su presentación al tribunal, Gonzalo De la Carrera defiende que él fue coproductor y conductor del programa «desde su creación» y que trabajó bajo «dependencia y subordinación» de la radio, por lo cual «recibía una remuneración variable». Argumenta, entonces, que hubo una relación laboral. Pero la radio no está de acuerdo y ese es uno de los centros de la discusión.

Un documento fundamental para el caso es el «Convenio de Co-producción» que firmó en 2015 Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez, «Los Conductores»; y los entonces presidentes y gerente general de la radio, César Barros y Luis Langlois, respectivamente.

Para Radio Agricultura, el contrato no tiene «en su contenido ni en su aplicación ningún elemento de aquellos que configuran una relación laboral«. «(…) tanto Cecilia Pérez Jara como Gonzalo de la Carrera Correa, ejercían sus propias actividades privadas, destinando dentro de sus nutridas agendas particulares, un espacio de dedicación a este proyecto común», argumenta la emisora.

En la práctica así como en el papel, De la Carrera era uno de los productores del programa además de conductor, por lo que tenía la libertad para, por ejemplo, elegir a los invitados. Carlos Correa Bau, que participó como panelista cuando Pérez se fue a La Moneda, contó a The Clinic que el diputado, tras renunciar al directorio de ENAP, «intentó cambiar esta línea editorial».

«Un día, antes de Fiestas Patrias, llegó con una editorial sin avisarme y la leyó al aire, diciendo que el objetivo del programa era sacar al pizarrón a la izquierda«, relató Correa y afirmó que cuando lo encaró le dio a entender que «el programa era suyo y que la puerta era ancha si no me gustaba». Incluso, acusó Correa, el ahora parlamentario «decidió, con mentiras, sacar a Tomás Hirsch», el diputado de Acción Humanista que en 2018 participaba del programa en la edición de los viernes. Detalló que De la Carrera le dijo que Hirsch «era ‘muy extremo’ y que el área comercial lo había vetado, pero luego en el área comercial me dijeron que era falso. (…) le dije que cómo lo acusaba de extremo si él había incorporado a Camila Flores, en contra de mi opinión».

«Le dije que tenía que recapacitar y volvió con el tema de: ‘Este es mi fundo, estas son mis tierras, así es que si a usted no le gusta, se va’. Concluí que así no podía seguir, lo hablé en la radio, y me finiquitaron», dijo Correa.

Entonces, la diferencia que argumenta la radio en el juicio es fundamental, porque de no haber una relación laboral el caso recae en materia civil y las reglas aplicables no son las del Código del Trabajo, también es otro el tribunal que tendría que resolver el asunto.

Agricultura sostiene que «el contrato de Co-Producción nunca tuvo por objeto crear una relación laboral sino regular la relación comercial establecida entre las partes». Pero luego escala el tono y apunta al diputado: «solo podemos apreciar mala fe en la presentación del señor de la Carrera, de buscar prorrogar artificialmente a un Juzgado de Letras del Trabajo la competencia de una materia civil (…)».

De la Carrera contestó judicialmente que el convenio «contiene una evidente e irrefutable naturaleza laboral». Para sustentarlo argumentó, entre otros puntos, sobre la base de que había un horario determinado para hacer los programas, una hora de lunes a viernes, «por lo que trabajaban 5 horas semanales en labores directas», a lo que en su opinión había que agregar las horas indeterminadas destinadas a otras funciones, como la elaboración de libretos.

Según la posición del parlamentario, también se debe considerar que la exclusividad para participar de programas radiales que incluía el convenio, además de que se estableció un «feriado anual», es decir, vacaciones.

«El vínculo de subordinación y dependencia se expresa al regular la presentación de excusas para inasistencias, que quedan sujetas al control de un representante de La Radio», argumenta De la Carrera y agrega que «el poder de dirección existente en La Radio se expresa en forma disciplinaria, pues se controlan las inasistencias de Los Conductores (Pérez y De la Carrera)».

Para el exrepublicano, el hecho de que el contrato estableció que los conductores “deberán adecuarse a las directrices de la Gerencia General y a la línea editorial de La Radio, la que declaran conocer y aceptar» es muestra de la «asimetría» de la relación.

El convenio y el fuero del diputado

El contrato de 2015 detalló las responsabilidades de la radio y las de De la Carrera y Pérez, «Los Conductores», así como el reparto de las ganancias, que iban generalmente un 40% a estos últimos, o un 50% por la facturación que superara los $8 millones mensuales. Así, los conductores ganaban más dinero en relación al auspicio que podían traer al programa, esa habría sido la especialidad de De la Carrera.

Sobre esto último, Correa Bau contó en la misma entrevista citada que «los auspicios eran suyos (del diputado) y en eso sí, el hombre se mueve bien. El programa era de la radio. Yo tenía contrato con la Agricultura, pero probablemente aparte del sueldo, a él le pagaban un porcentaje por los avisos».

El convenio contenía una cláusula por la cual la radio podía poner término unilateral al contrato «sin retribución alguna para Los Conductores», donde se incluyen escenarios como una baja sintonía o que los ingresos mensuales decayeran durante un tiempo determinado. Sin embargo, uno de los numerales especificaba que se puede poner término «en caso que alguno de Los Conductores se inscriba como candidato(a) a un cargo público de elección popular», justamente la situación de la fallida incursión electoral en Las Condes.

El mismo documento establecía que «ni Los Conductores, ni la productora, panelistas, o invitados frecuentes del programa tendrán relación de naturaleza laboral con la Radio ni de subordinación o dependencia con sus ejecutivos». Al igual que indicaba que las controversias serían resueltas «por un árbitro arbitrador y amigable componedor designado por las partes o por los tribunales ordinarios de justicia a falta de acuerdo». La radio expuso todo esto al tribunal.

Al final, el argumento que acogió el juez laboral no tuvo que ver sobre si existió o no la relación laboral o lo que haya dicho el convenio, sino que con el nombramiento de De la Carrera como diputado. Para los parlamentarios las reglas de competencia de los tribunales cambian, debido al fuero.

Esto también fue parte de los argumentos de Radio Agricultura, quienes secundariamente pidieron que incluso si el juez consideraba que hubo una relación laboral, se restara de conocer el caso debido al fuero del diputado, ya que según la ley debiese ser un ministro de la Corte de Apelaciones el que conozca el asunto. El juez laboral estuvo de acuerdo y se declaró incompetente, pero hizo algo más: remitió los antecedentes al tribunal de alzada.

Esto último descolocó a Agricultura, desde donde solo aspiraban a que el juez declarara la incompetencia del tribunal y que la tramitación terminara ahí, no que continuara en el tribunal superior.

Actualmente, la Corte de Apelaciones está revisando los antecedentes ante el reclamo de la emisora. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso aseguran que De la Carrera y Radio Agricultura mantienen conversaciones al margen de lo que está ocurriendo en tribunales «para cerrar el tema», y que incluso desde la representación del diputado se reconocería que la naturaleza del asunto «es más bien civil que laboral».

Lo que se está negociando sería la cifra que recibiría el parlamentario, ya que entre las consideraciones de las partes «hay diferencia en los montos finales del término del contrato».

El Desconcierto se comunicó con ambas partes para conocer sus comentarios, pero hasta el cierre editorial no se refirieron al tema.