Karinna Fernández, abogada: “El caso Caravana de la Muerte está marcado por el poderío femenino”

Este 19 de octubre se cumplieron 49 años desde que personal del Ejército fusiló a 26 prisioneros políticos en Calama, en el marco de la operación de exterminio de la dictadura denominada Caravana de la Muerte.

La búsqueda de verdad, justicia y reparación ha marcado a la comunidad de la Región de Antofagasta, que el pasado 24 de septiembre obtuvo en parte respuesta tras la sentencia definitiva de la Corte Suprema que condenó a los responsables de los homicidios, desapariciones y exhumaciones de las víctimas de Calama.

En esa búsqueda, las mujeres de la comuna jugaron el rol principal en la incansable lucha por justicia. Así lo describe la abogada especialista en derechos humanos, Karinna Fernández, quien representó a 19 familias en el caso que se extendió por más de 20 años.

“Este es un caso que yo describo como marcado por un poderío femenino”, asegura Fernández, quien el pasado 18 de octubre presentó su candidatura para presidir el Ministerio Público y convertirse en la primera Fiscal Nacional.

«Araron el desierto con un colador y un rastrillo»

Sobre la causa, de la cual se hizo parte cuando tenía apenas 25 años y recién hacía sus primeros pasos en el derecho penal, la abogada destaca “la persistente contienda por la justicia y la verdad” de las mujeres de Calama.

“Les significó arar el desierto con un colador y con un rastrillo, persiguiendo los restos en el desierto para ir estableciendo la verdad desde las propias vías”, explica.

De la misma forma, pese a valorar el aspecto de reparación que contiene la sentencia del máximo tribunal, en entrevista con El Desconcierto, la especialista en materia de DD.HH. asegura que “el derecho penal tiene muchos límites y seguramente a 50 años del golpe nos estamos enfrentando a varios de esos límites”.

La impunidad biológica, los crímenes de la dictadura desde una perspectiva actual y la narrativa histórica de las mujeres que lucharon y fueron víctimas de la desaparición de sus seres queridos, son algunos de los temas que aborda Fernández en esta entrevista.

Karinna Fernández en los alegatos finales de la audiencia telemática por Caravana de la Muerte Calama

-El pasado 24 de septiembre la Corte Suprema dictó sentencia definitiva contra los responsables de los delitos relacionados a la Caravana de la Muerte en Calama ocurridos en 1973 ¿Qué valor cree que tiene la resolución de este caso?

Como abogada experta en justicia transicional y litigante nacional e internacional en estas materias, creo que es muy impactante llegar a un estrado para alegar una causa que ocurrió hace 49 años atrás y que permanece en la impunidad hasta el momento.

En pocos países del mundo se ha visto una situación como esta, en que uno llegue a este trabajo a 49 años después de un crimen o del inicio de la perpetración. Entonces creo que en términos de la narrativa histórica del caso —para no verlo solo desde la perspectiva jurídica— es muy impactante y es muy fuerte.

Acompañar desde la perspectiva jurídica el litigio de toda esta lucha que tuvieron las mujeres de Calama, que yo describo como la persistente contienda por la justicia y la verdad, que les significó arar el desierto con un colador y con un rastrillo, persiguiendo los restos en el desierto para ir estableciendo la verdad desde las propias vías posteriores a la ejecución hasta la actualidad, es un proceso largo y la sentencia en sí refleja mucho de esos elementos.

-En cuanto al contenido del fallo, ¿cómo valora los aspectos recogidos por la Suprema?

Creo que el derecho penal tiene muchos límites y seguramente a 50 años del golpe nos estamos enfrentando a varios de esos límites.

Estos límites tienen que ver principalmente con la impunidad biológica. Esta impunidad está relacionada con los límites que tiene el ser humano, pero creo que la sentencia sí es sabia en recoger esta trayectoria histórica de las víctimas de los familiares y hacer una sentencia que es muy contundente respecto de la reparación.

Este aspecto de la sentencia también se refleja en la reparación, que es mi casación de la sentencia de segunda instancia, que se refería justamente a este aspecto reparatorio que creo que como sociedad y también como actores jurídicos hemos ido aprendiendo sobre la relevancia de la reparación como indemnización.

Entonces creo que el fallo recogió muy bien ese aspecto. Otorga reparaciones adecuadas, pero también es muy importante que se fundamente cuando se da y cuando se resta una reparación y que también esa reparación tiene que reflejar las particularidades de cada caso. Además, se citó al momento de recoger la casación sentencias internacionales y de la Corte Interamericana y también de comisiones consultivas de Naciones Unidas en materia de reparación. Esto nosotros lo vemos como un avance jurisprudencial en esta materia.

-En los alegatos de la audiencia que revisó el recurso de casación, usted mencionó el importante rol de las familias de las víctimas de la Caravana de la Muerte y en especial de las mujeres. ¿Cómo se puede explicar el rol de estas mujeres en la configuración del caso y en la búsqueda de justicia?

Este es un caso que yo describo como marcado por un poderío femenino, así es es la forma en que yo elegí para describirla. Pero, en general, en justicia transicional nosotros encontramos en nuestra región —que son los países que han enfrentado procesos transicionales— que el rol de la mujer siempre es muy protagónico porque tiene que ver con las mujeres que buscan al hijo, al padre, al hermano y al cónyuge y a la pareja.

En general, vemos esas figuras femeninas siempre como muy poderosas en nuestra región en materia de búsqueda, sobre todo en casos de desaparición y de muerte, pero en este caso es aún más potente por varias razones.

La primera tiene que ver con el aspecto territorial, o sea, se trataba de un territorio muy lejano, muy árido, muy complejo y donde las mujeres fueron objeto de una doble vulneración.

Creo que esto tiene que ver con los límites del derecho penal en sí. El derecho penal no alcanza a cubrir la magnitud real de todos los sucesos criminales que ocurrieron en este caso, lo que significa la desaparición de un familiar o la ejecución. En este caso, en lo que yo creo que el derecho se queda muy corto en evidenciar, es que cuando las mujeres se dedican a la búsqueda dejan de lado su rol de víctimas. Esto ocurrió mucho en la justicia en la dictadura chilena y argentina que es esto del «dónde están».

Entonces el «donde están» desplaza el tema de la mujer víctima, lo que provoca que la figura de la mujer es la que busca, no de una mujer que sufre una pérdida, es una mujer que está activamente buscando.

-En ese sentido, también hay un aspecto que tiene que ver con los daños “colaterales” que sufrieron las mujeres de Calama en este proceso de búsqueda…

Eso se expresó en el desierto, que se dice hasta en la canción que les dedicó Víctor Manuel, pero también se refleja en las vulneraciones que sufrieron las mujeres en Chile, que es algo que no está evidenciado en ninguna parte, que tiene que ver y cuando las mujeres se quedaban solas en sus casas eran objeto de torturas y violaciones también a sus hogares.

Esa parte y dimensión de la historia de Chile, que tiene que ver con entender como sociedad lo que ocurrió con la desaparición, pero no por lo que sucedió con las mujeres que se quedaron en sus casas. Porque las vemos como esta mujer fuerte y activista que están en una búsqueda continua, y que además es madre e hija, pero no se ve esto que pasó de violencias al interior de estos hogares, sobre todo las comunidades pequeñas como Calama, en donde había un fuerte operativo y un fuerte contingente policial y militar que sabía que había mujeres solas en sus hogares.

No era solo la desaparición de un esposo, padre o hijo, sino que además eran aisladas por la comunidad. Porque sin el hombre en la casa, y además aislada de una comunidad, eran un flanco fácil de otros delitos. Además, como ellas estaban en la búsqueda de la verdad y la justicia de sus parejas o de la víctima que estaban buscando, creo que se perdió mucho de la narrativa histórica en Chile su rol como de víctimas también de otros delitos.

Eso tampoco la Comisión Valech fue capaz de recogerlo, porque no lo incluye. La Comisión solo cataloga a las víctimas que fueron torturadas en recintos estatales o en recintos clandestinos, pero las torturas en domicilio no fueron evidenciadas.

Ahí tuvo una narrativa que se perdió y creo que ese poderío femenino del que hablo refleja todo esto. A la mujer que busca, que persigue la verdad y la justicia, y que sus hijos salgan adelante, que la familia salga adelante, pero que no se pierda ni la memoria en la justicia ni la verdad y creo que todo esto tenía que verse reflejado en una reparación que mira a todos esos factores. Y eso el fallo lo logra.

-Usted mencionaba en los alegatos las casi cinco décadas que se van a cumplir desde la perpetración de estos crímenes. ¿Existió una deficiencia de las instituciones en el periodo de la democracia en cuanto a tomar acciones más concretas para impartir justicia en estos casos?

Este es un tema altamente estudiado en lo que se conoce como justicia transicional. Lo que básicamente ocurre es que el diseño transicional chileno es un diseño impuesto. Las víctimas no participaron de este diseño.

Muchas veces se sigue hablando de esta idea de «el o la familiar de víctima» y ni siquiera se reconoce que el desaparecido y quien busca el desaparecido, la comunidad del colectivo del desaparecido, son víctimas. Incluso, uno no debería hablar de familiares, porque es una comunidad la que pierde a una víctima.

Lo que pasó en el diseño transicional político chileno es que generaron una serie de acuerdos con los actores políticos que siguieron dominando la política nacional, a pesar de que estamos en un proceso transicional. Además, hay que entender que la Constitución de ese entonces es la que tenemos hoy, junto con el hecho de que la Ley de Amnistía está vigente.

Nosotros seguimos juzgando estos casos con el mismo marco normativo que existía cuando se crea el decreto Ley de Amnistía.

A pesar de eso, hemos logrado mantener ciertos fragmentos de justicia, y en este caso en particular, se logró imponer sanciones pertinentes. El gran problema de esto es la temporalidad, pero sí creo que hay una consecuencia bien valiosa, que sí es un caso en donde la justicia tardó, pero se consiguió, y que eso fue absolutamente solo gracias a la contienda persistente de los familiares.

¿Cuál es el problema de eso? o ¿qué hemos aprendido de estas formas de resolver los conflictos? Es que es justamente el caso contrario de lo que estamos viendo hoy en día nuestra sociedad.

Nosotros vemos en Chile, en el Alto Mando de Carabineros, siguen las mismas autoridades involucradas en los sucesos del estallido, de las graves violaciones a los derechos humanos.

Justamente esas son las políticas que hay que derrocar cuando uno quiere transformaciones reales. Si queremos acercarnos a una justicia pronta, oportuna y que no estemos en 50 años más haciendo justicia por los casos del estallido, lo que corresponde es que las autoridades al mando no sigan operando al mando, porque eso es como el verdadero principio del obstáculo que uno encuentra al momento de hacer justicia y establecer la verdad.

-¿Cuál cree que es el camino para avanzar en la solución de estos conflictos que arrastra el país hace casi ya cinco décadas?

El primer problema es que en nuestra región debemos enfrentar la desaparición como un fenómeno criminal actual. La desaparición siempre se toma como que fuera algo del pasado, y lo cierto es que es actual porque sus consecuencias son actuales, pero también los procesos de encubrimiento son actuales.

Desde mi perspectiva, y esto es muy personal, yo creo que una fórmula adecuada para enfrentar estos temas que conocemos por la impunidad biológica, es la apertura de archivos. Lo único que hoy día puede superar la falta de verdad, la falta de justicia y también saber dónde están las víctimas, es la apertura de archivos de tres grupos principales a mi entender.

Primero, los archivos de las Fuerzas Armadas, en segundo lugar los archivos de la diplomacia y en tercer lugar los archivos de las empresas, para que efectivamente terminemos estos procesos transicionales y sepamos dónde están las víctimas y todos estos otros aspectos de justicia, como saber quiénes somos, porque muchas veces yo diría como sociedad chilena, no nos hemos definido respecto a qué hemos hecho como actores y eso es importante aclararlo.

De igual forma, es imperioso saber qué hemos aprendido de esta experiencia, y qué hacemos para que en las próximas violaciones a los derechos humanos no nos tardemos 50 años en aclararlo y sancionar al responsable.