Ministra Toro: «Hemos hecho desalojos de verdaderos traficantes de terrenos y mafias»

“Cuando asumimos el gobierno, nos dimos cuenta que la realidad de las ocupaciones ilegales es muy amplia”, reconoce de entrada la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro Cáceres (35).

Su cartera estima que hay alrededor de 19 mil tomas irregulares en terrenos fiscales. La mayoría de ellas, cerca del 70%, se concentra en las regiones de Atacama y Antofagasta. Sin embargo, a diferencia de otros tiempos, estas ocupaciones no solamente responden a la emergencia habitacional. 

“Tenemos casos que no tienen nada que ver con la necesidad. Hay ocupaciones que son de segunda vivienda. También de actividades productivas, lugares que estaban funcionando como talleres mecánicos, desarmadurías, negocios que se realizan en terrenos fiscales ilegalmente. Hemos hecho desalojos en loteos irregulares de personas inescrupulosas, verdaderos traficantes de terrenos, mafias que toman terrenos fiscales, los cercan, los tizan, los lotean y los venden, muchas veces asociados a estafas”, detalla.

“La solución adecuada son los desalojos”

– Justamente eso es lo que ha causado mayor indignación. Recientemente también tuvieron que desalojar a un exseremi que ocupó una residencia fiscal por casi 40 años…

Compartimos que es absolutamente indignante que personas sin ninguna necesidad se apropien de bienes fiscales, bienes que son de todas y todos los chilenos y que tienen que servir a las necesidades sociales. 

El Presidente nos ha dado un mandato muy claro de no permitir privilegios, y por eso nosotros estamos actuando con mucha decisión. Aquí nadie se puede creer dueño de lo que es común, y es evidente que nadie puede hacer uso sin ninguna autorización de un terreno que no le pertenece.

Nosotros tenemos enormes desafíos, como la emergencia habitacional, entonces, la verdad es que indigna que haya personas que se aprovechan de estas situaciones. Eso nos obliga obviamente a destinar personal, a destinar recursos, a estar fiscalizando y persiguiendo estas situaciones para detenerla. 

– También me hablaba de conformación de mafias de terrenos. ¿Cómo operan y cómo se enfrenta este nuevo escenario?

En algunos casos, efectivamente las ocupaciones de terreno están ligadas a mafias, a grupos criminales que se dedican, sin distinguir nacionalidad, a lotear, cercar y vender terrenos fiscales. 

Creemos que es muy importante enfrentarlo antes que se consolide porque, permitir que existan mafias que se apropian del territorio, posibilita que se le de espacio para el control territorial al crimen organizado, y eso es lo que queremos combatir. 

Aquí se requiere el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, las delegaciones presidenciales y las policías para poder enfrentar a estas organizaciones criminales. También se requiere la persecución penal, no solo desalojar e irse, sino que evitar que esto se siga repitiendo. Por eso ponemos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que, donde haya delitos, se sancione.

– Durante la campaña presidencial, generó polémica esta idea de “desalojos conversados” para enfrentar las tomas. ¿Qué diferencia hay entre esa primera idea que tenían y la realidad que se encontraron en estos primeros 10 meses de gobierno? 

En nuestro programa de gobierno se señala de manera muy clara el compromiso que tenemos con garantizar el derecho a la vivienda y hacernos cargo de un déficit habitacional que hoy día supera 650 mil viviendas. En ese sentido, nosotros tenemos una posición clara: Creemos que el Estado tiene que dar respuesta. Por eso el ministro Montes ha impulsado el Plan de Emergencia Habitacional, un plan muy ambicioso de construcción de viviendas sociales.

Situación muy distinta son las ocupaciones que no tienen nada que ver con la necesidad. Si bien nosotros no legitimamos ningún tipo de ocupación y estamos trabajando para impedir que se instalen, entendemos que a cada tipo de ocupación hay que darle una respuesta adecuada.

Cuando son ocupaciones que tienen un carácter habitacional, la respuesta es la política habitacional. Pero cuando son ocupaciones que no tienen nada que ver con lo habitacional es muy distinto. Ahí creemos que la solución adecuada son los desalojos.

“Sería inentendible que haya instituciones que pretendan acaparar terrenos”

– En el programa de gobierno también se proponía la creación de un banco de suelo, que de alguna forma también fue recogido por la Constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cree que esa es una idea que debiera avanzar igual?

La política del banco de suelo, o de un sistema integrado de suelo, es parte de nuestro programa de gobierno y tiene que ver con asegurar que el Estado tenga a disposición terrenos para vivienda y para otras necesidades sociales. En ese sentido, es justamente responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales que haya suelos fiscales disponibles para vivienda social, hospitales, escuelas, etc.

Creemos que es necesario seguir fortaleciendo la reserva de suelos fiscales que tiene el país. El gobierno tiene un programa claro, una convicción y va a seguir trabajando en ese sentido.

Por eso, también estamos trabajando en adquirir o recuperar suelos fiscales, por ejemplo, haciendo un llamado a todas las instituciones públicas que tienen suelos que no utilizan a que sean devueltos al Ministerio de Bienes Nacionales. Es un llamado que hacemos a distintas instituciones, entre ellas, a las Fuerzas Armadas.

– El problema de los terrenos de las Fuerzas Armadas es de larga data, especialmente aquellos que son administrados mediante Comandos de Bienestar. En el pasado, hubo varias administraciones que rebotaron en esas negociaciones. ¿Cuáles son sus aspiraciones en ese sentido?

Primero es importante señalar que el Estado es uno solo. Los terrenos e inmuebles fiscales son del Estado, tienen que tener una buena administración y esa es la responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales.

Hemos hecho este llamado a distintas instituciones con la conciencia de las necesidades que estamos enfrentando hoy día. La necesidad habitacional es una verdadera emergencia y un desafío nacional, y aquí ninguna entidad, ninguna institución, puede quedarse fuera de colaborar.

Por eso, cuando hay instituciones públicas que tienen suelos situados en zonas urbanas, bien conectadas, con acceso a servicios, con acceso a transporte y que están siendo subutilizados, creemos que es una responsabilidad ponerlos a disposición.

– Recientemente lograron un acuerdo para destinar unos terrenos del Ejército a la construcción de viviendas sociales en Lonquimay. ¿Cuál fue la fórmula?

Efectivamente, logramos destrabar un acuerdo de una conversación que llevaba muchos años sin poder resolverse.

En primer término hemos hecho un llamado al diálogo a todas las instituciones y a tener conciencia de las necesidades sociales y del momento histórico que estamos que estamos viviendo. Nosotros esperamos que, a través del diálogo, se pueda avanzar en eso, porque la verdad es que sería inentendible que aquí haya instituciones que pretendan acaparar terrenos cuando estos están siendo subutilizados.

Aquí la responsabilidad es nacional y los terrenos fiscales no son propiedad de nadie, no están solo al servicio de una institución, sino que son del Estado y tienen que tener una administración con una mirada país.

“Durante mucho tiempo ha habido propietarios que se creen dueños de la playa”

– Este será su primer verano como ministra. ¿Cuál es el escenario que espera toparse en esta temporada respecto al acceso a las playas?

En primer término, el acceso a playas es un derecho que está garantizado. Las playas son de todas y todos los chilenos, y es muy importante recalcar que nadie puede creerse dueño de la playa.

Aquí, durante mucho tiempo, ha habido propietarios que se creen dueños de la playa, personas que están ocupando ilegalmente terrenos, y eso es absolutamente inaceptable.

– ¿Cómo se está preparando el Ministerio para enfrentar ese escenario?

En primer término,  hacemos un llamado a los propietarios de terrenos colindantes con la playa. O sea, si uno tiene la suerte de tener un terreno que está frente al mar, la verdad es que tiene que cumplir también con esta obligación de garantizar el acceso.

Esperamos que los propietarios sean conscientes y colaboren, y cuando no lo hagan, nosotros vamos a aplicar las facultades que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales. Esas son que, cuando no existen accesos fijados, se abre un proceso de fijación conjunta, entre el Ministerio y la Delegación Presidencial o el Gobierno Regional.

Y cuando sí hay acceso fijado, pero están cerrados o una persona está impidiendo el paso, bueno, ahí se puede fiscalizar, solicitar la aplicación de multa y también, eventualmente si no hay disposición a abrirlo, se puede hacer uso de la fuerza pública. 

– ¿Cuál es la mayor dificultad para cumplir con las labores de fiscalización de accesos a playas?

Uno de los temas que identificamos cuando asumimos el Ministerio fue su capacidad limitada de fiscalización. De hecho, pusimos énfasis en la formulación presupuestaria para poder aumentar nuestros fiscalizadores, pero sigue siendo un desafío que tenemos que cumplir.

– ¿Cómo se resuelve esa debilidad en la fiscalización? 

Es muy importante para el Ministerio tener fiscalizadores en todo el país, porque finalmente necesitamos ojos sobre el territorio para poder administrarlo, y eso implica fiscalizar los accesos a playas, ocupaciones y el buen uso de los inmuebles fiscales. Son muchas tareas muy necesarias, y eso requiere fortalecer la capacidad fiscalizadora.

Eso es algo en lo que nos hemos concentrado en la discusión presupuestaria, y para el próximo año vamos a poder aumentar en un 30% nuestro porcentaje de fiscalizadores. También pudimos gestionar presupuesto para adquirir drones y otros elementos de seguridad.

La ministra Toro y los circuitos de memoria

– Otro de los acentos que ha puesto su administración son los sitios de memoria. ¿Cuáles son los objetivos que se han fijado en esa materia? 

La memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos es una de las principales garantías de no repetición y un compromiso claro que tiene nuestro gobierno.

En ese sentido, creemos que debe ser una política de Estado y no el patrimonio de un sector político. Por lo tanto, fortalecer la memoria para evitar que se vuelvan a cometer hechos tan terribles como los que vivimos durante la dictadura civil militar es fundamental también para poder garantizar una democracia plena. Para que la sociedad pueda autogobernarse es necesario un respeto a los derechos humanos. 

En particular, desde el Ministerio de Bienes Nacionales creemos que nuestro rol es poder visibilizar en el territorio las violaciones a los derechos humanos, porque esto no es algo que sucedió en un par de lugares emblemáticos en el centro del país, sino a lo largo y ancho de todo del territorio nacional. Hay lugares concretos donde hubo prisión política, ejecuciones, torturas y desaparición. Eso es algo que la sociedad no debe olvidar.

– ¿Y en qué se traduce ese trabajo concretamente?

Estamos trabajando tanto en la declaración de sitios de memoria como en la creación de rutas de la memoria, como lo hicimos hace algunos días en Coquimbo, que nos permiten justamente visibilizar en el territorio el circuito de del horror y las violaciones a los derechos humanos.

– ¿Qué tan grande es el desafío en esta materia?

Todavía el desafío es grande. Hay muchos sitios donde sucedieron estos hechos que todavía no han sido visibilizados. Este mismo Ministerio fue un lugar donde funcionó el Comando Conjunto y abajo tiene una placa que recuerda eso. 

Por lo tanto, creemos que es importante hacer conciencia de eso, seguir trabajando, no solamente como una deuda con víctimas, sobrevivientes y familiares, sino con todo el país.