Las Condes: El caso de las mil familias que temen perder la plusvalía de sus inmuebles

Rodrigo Alcaíno tiene 74 años y vivir una jubilación tranquila después de años de trabajo era y es su mayor prioridad, es por esto que compró un departamento aleñado al canal El Bollo, en San Carlos de Apoquindo, para vivir su retiro. Aunque su plan se vio trastornado cuando le informaron que una parte de su propiedad ya no era suya.

Esto debido a un dictamen de la Contraloría General de la República que modificó el Plan Regulador Comunal para extender la zona de afectación a utilidad pública, en términos sencillos, el Estado podrá determinar los usos del nuevo perímetro cercano al canal.

No se trata de un segmento menor. Mientras antes del dictamen de la Contraloría los vecinos tenía 15 metros de afectación útil en total, la nueva disposición amplió ese espacio a 80 metros totales (40 metros a cada lado del canal), lo que implica que más de mil familias reclamen por la disputa de los 65 metros de diferencia.

Afecta patrimonio

«Significa una pérdida importante en el valor de mi propiedad, lo que la convierte prácticamente a corto plazo en imposible de vender, hipotecar e incluso realizar alguna modificación o ampliación”, reclama Alcaíno.

Esta estrategia de afectación es considera desde los afectados prácticamente una «expropiación de sus bienes raíces» pese a que en la práctica, por los altísimos valores de los inmuebles en San Carlos de Apoquindo, sería imposible su «expropiación» por parte del Estado.

Para los propietarios, de todas formas, esto provoca un estigma debido a que sus viviendas quedarían “marcadas”, afectando su plusvalía, debido a que por ser una zona de afectación pública, disminuyen las posibilidades de que los bancos entreguen créditos hipotecarios a posibles compradores.

En este contexto legal, los posibles compradores son personas que pueden pagar al contado, lo que siempre desinfla el valor. Según estimaciones de los vecinos afectados, esto podría disminuir hasta 30% su precio de mercado.

El sector afectado incluye las calles Francisco Bulnes Correa, República de Honduras, el sector Camino Gran Vista y Quebrada Honda.

Para el vecino Francisco Aguirre (58), el sueño de un futuro tranquilo se ha transformado en una pesadilla al no tener decisión sobre su propio hogar, dice.

Disputa en el Canal el Bollo

Un dilema que partió cuando un privado interpuso una denuncia en la Contraloría, poniendo en cuestión la entrega de permisos que permitía la construcción de un edificio en un terreno de utilidad pública, que sería la faja de protección del canal.

La Seremi de Vivienda ya había fijado la extensión, a través de un plano interpretativo, que fue desestimada por la Contraloría.

Ante esto, los vecinos presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, que el pasado 26 de enero emitió una sentencia definitiva: desestimó la acción de los vecinos.

Tras esto, acudieron a una nueva instancia en la Corte Suprema el 31 de enero con un recurso de apelación para anular el fallo.

Plan regulador

Desde la Contraloría apuntan a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.

Según informó Contraloría, los 80 metros de la nueva zona útil tendrían incluso un efecto retroactivo, es decir, afectarían aquellas edificaciones previas al dictamen, incluso las que obtuvieron sus permisos de edificación hace más de 30 años.

“Este dictamen afecta enormemente mis planes de retiro. La gente piensa que, porque uno logró una casa en una comuna como Las Condes, no ha tenido que pasar por solicitudes de créditos y endeudamientos bancarios«, agrega Francisco Aguirre.

Para la defensa de los vecinos esto contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880, que «limita la retroactividad de los actos administrativos».

«Ilegal y arbitrario»

El abogado Julio Pallavicini, representante de un grupo de las familias afectadas, afirmó que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las Seremis de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”.

Además, para el abogado, existe inconsistencia jurídica que se produciría entre la franja de protección del canal en las comunas de Las Condes y de La Reina, pues para la primera de ellas sería de 80 metros y para la segunda de 15 metros.

De hecho, insiste Pallavicini, con el nuevo criterio nada impediría que en el futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la Municipalidad de la Reina también se extendiera a 80 metros.

Asimismo, alegan los recurrentes, cuentan con plena legitimación activa para la interposición del recurso de protección, pues son directamente agraviados por los dictámenes impugnados.

Esto, por los certificados de afectación a utilidad pública en la que se encuentran sus propiedades a consecuencia de los dictámenes impugnados, documentos muestran la afectación al valor económico y patrimonial de sus viviendas.

Finalmente, el recurso de apelación reitera los argumentos vertidos en la acción principal y solicita a la Corte Suprema dejar sin efecto los dictámenes de la Contraloría.

«Aquí no se trata de privilegiados o desafortunados. En mi caso la idea de jubilar a futuro se ve entorpecida. Mi patrimonio de años invirtiendo en él será devaluado por una decisión arbitraria, cierra el vecino.

Por lo que ahora, los residentes esperan la resolución de la Corte Suprema con la expectativa que se revoque la sentencia apelada.

RECURSO PROTECCION VECINOS … by Samuel Romo