Un recurso de casación en el fondo, presentado en representación del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, fue interpuesto a principios de marzo en el 4to Juzgado Civil de Santiago.
La medida judicial se enmarca en la disputa que tiene el alcalde, en su calidad de expresidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), con la empresa Best Quality Products SpA, quien denunció a la agrupación de fraude por no pago a proveedores, logrando que se ordenara la liquidación forzosa de la entidad a fines de junio de 2022.
El recurso presentado busca invalidar la sentencia definitiva del 10 de febrero de este año, dictada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmaba la sentencia de primer grado respecto a la impugnación de crédito deducida por el Liquidador Concursal -entidad quien tomó el control de los bienes del organismo-, quien objetó la existencia de la deuda entre la Municipalidad de Recoleta y Achifarp.
En otras palabras, el documento busca apelar a la sentencia con el objeto de que se reconozca una deuda de $205.476.800, por un antiguo préstamo otorgado por el municipio a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. En el fondo, es el último resquicio para restituir el dinero a las arcas municipales.
Admisibilidad en duda
Poco antes de la resolución de liquidación forzosa, dictada el 30 de junio del año pasado, se supo que la Contraloría General de la República había detectado una serie de irregularidades en el organismo presidido entonces por Daniel Jadue, Germán Codina y Jorge Sharp.
Se trataba de un lapidario informe final sobre una auditoría realizada a la Asociación Chilena de Farmacias Populares que detectó, entre otras cosas, que no contaban con estados bancarios para acreditar las inversiones, la existencia de convenios ilegales por más de 613 millones de pesos con las municipalidades de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad y ausencia de protocolos de registro y análisis de medicamentos.
Esta situación derivó finalmente en dos sumarios destinados a investigar la adquisición de dos fármacos -Avifavir e Interferón- que fueron prohibidos por la autoridad sanitaria durante la pandemia y que se encontraron almacenados en bodegas del municipio de Recoleta.
Agencia Uno
La auditoría de Contraloría precisó, además, que si el municipio quisiera recuperar el dinero que le adeudaba la Achifarp, tendría que transformarse en acreedor durante el proceso jurídico. Situación que el municipio realizó al entablar una demanda por el cobro de más de 220 millones de pesos al organismo al que hasta entonces pertenecía en calidad de miembro.
El 10 de febrero de este año, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago descartó al municipio de Recoleta como acreedor por no lograr solventar con títulos ejecutivos (facturas) la existencia de la deuda, debido a que “no aportó al momento de verificar la acreencia algún antecedente que permita acreditar la relación”, señala el fallo.
La arremetida judicial busca impugnar el fallo, argumentando que la sentencia incurrió en serie de errores en derecho, panorama recurrente en los recursos de casación de fondo.
El municipio, consultado por el recurso que apela a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmo que tras «la sentencia de primera instancia, la Municipalidad de Recoleta dedujo recurso de casación en el fondo para ser conocido por la Corte Suprema, dicho recurso fue concedido y se elevó para el conocimiento de la Corte Suprema, dónde actualmente se encuentra en etapa de admisibilidad».