Seguridad en la nueva Constitución: Candidatos al Consejo definen sus posiciones

Debido a los crímenes contra funcionarios de Carabineros en los últimos días, la seguridad pública se ha convertido en el tema más importante de la agenda política a un mes de las elecciones al Consejo Constitucional.

En El Desconcierto conversamos con seis candidatos pertenecientes a las distintas listas para conocer qué lugar tienen, en la nueva Carta Magna, cuestiones como las policías, las Fuerzas Armadas, el crimen organizado y el terrorismo.

Estas son las respuestas del abogado penalista Rodrigo Rettig (Partido Liberal – RM); el excomandante en jefe de la Fach, Ricardo Ortega (Partido Republicano – Maule); la abogada especializada en seguridad pública y derecho penal, Nataly Neira (Democracia Cristiana – Biobío); el exdetective Jorge Rojas (Partido de la Gente – Maule); el académico y exdelegado presidencial, Raúl Allard (Partido Socialista – La Araucanía); y el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff (Independiente Evópoli – Valparaíso).

Derechos humanos y seguridad pública

– ¿Cómo se puede conciliar en la nueva Constitución el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública, considerando un escenario como el actual, donde la relación entre ambos términos está en permanente tensión?

Rodrigo Rettig (PL): «Creo que la pregunta parte de un error: “Cómo se puede conciliar” es un falso dilema, ya que la actual legislación, y la que pretendo promover en la Nueva Constitución, parten de la base de que el ejercicio del orden público se hace con apego al respeto de los derechos humanos. No podemos caer en la “elección” de uno o el otro. Para comprender lo anterior el contexto es determinante: no es lo mismo un escenario de protesta social, que un escenario de represión de la delincuencia común.

Para lo segundo, las fuerzas de orden pueden y deben disponer de la fuerza para la reducción del antisocial, para lo primero si bien también tienen el legítimo derecho de usar la fuerza ante desmanes, lo que se debe evitar es que se hagan “pescas de arrastre” y se lesione a quién ejerce su legítimo derecho a la manifestación. La profesionalización de las policías es deuda que debe ser saldada por la política para maximizar el objetivo de otorgar orden público sin lesionar derechos humanos».

Rodrigo Rettig, candidato del Partido Liberal por la Región Metropolitana

Ricardo Ortega (REP): «Esa tensión no existe, más bien la impone el Partido Comunista y la izquierda radical, que tienen una visión muy sesgada de la dimensión de los DDHH. Para ese sector pareciera que los policías no son ciudadanos o no tienen los mismos derechos que el resto de los chilenos, como es que el Estado resguarde su integridad, por más que ellos estén a cargo de resguardar la seguridad de los demás a través del uso legítimo de la fuerza que les otorga la Constitución y las leyes.

La izquierda radical sólo valida los derechos humanos para quienes son afines a su ideología o conducente con sus intereses, pero para los demás no existen. Esa contradicción la han tenido siempre, mientras en Chile viven denunciado vulneraciones a los derechos esenciales, avalan y aplauden lo que pasa en naciones donde si se violan sistemáticamente, como es en Cuba, Venezuela y Corea del Norte, por mencionar algunos».

Nataly Neira (DC): «La seguridad pública debe ser establecida como garantía fundamental en una nueva Constitución. Pero como todo, debe tener límites y dentro de aquellos límites están los derechos esenciales de toda persona. El ejercicio de las facultades de nuestras policías no debe por qué ser contrapuesto a los derechos de cada ser humano. Ambos deben actuar dentro del marco legal respetando por sobre todo la vida».

Jorge Rojas (PDG): «La esencia de la Constitución es que es un instrumento de control del gobernante, pero también establece un poder ciudadano frente al poder político. Es un contrapeso entre los poderes.

El estatuto y garantías de derechos humanos es el poder ciudadano frente al poder del Estado, por lo tanto, esa protección debe seguir sí o sí y cada persona no tiene solo derecho a la libertad, sino que también a la seguridad. El Estado también debe preocuparse de la seguridad de las personas. La consideración es libertad con seguridad.

¿Tiene que existir seguridad? Sí. ¿Tiene que haber respeto a los derechos humanos? Sí. ¿Hay conflicto en ocasiones entre las libertades y la seguridad? Sí y no. Es decir, si vamos a resolver el problema solamente con penas altas, con licencias para matar y con mayor aumento de infraestructura material, es parte del problema, pero no es la única solución. Obviamente debe haber una norma que establezca el equilibrio entre la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales, uno de ellos es la seguridad».

Raúl Allard (PS): «El respeto a los derechos humanos y la seguridad pública se deben complementar mutuamente. La nueva Constitución debe otorgar jerarquía constitucional a las normas contenidas en los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, consagrando al mismo tiempo la necesidad de dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad de los recursos institucionales, financieros, humanos y tecnológicos adecuados para llevar adelante sus funciones». 

Gonzalo Yuseff (Ind. EVO): «Me parece que esa tensión es más bien teórica y propia de la discusión contingente. En la práctica se puede enfrentar la delincuencia y la violencia asociada a esta sin afectar en lo más mínimo el estatuto de garantías individuales.

Gonzalo Yuseff, candidato independiente de Evópoli en Valparaíso

Policías y Fuerzas Armadas

– ¿Cuál es el estatus que debieran tener las policías y las fuerzas armadas en la nueva Constitución?

Rodrigo Rettig (PL): «Las Fuerzas Armadas deben ser las encargadas de la defensa nacional ante agresión externa, cumplir roles de apoyo en estados de excepción constitucional debidamente establecidos y, eventualmente, resignificar su rol en materia de control fronterizo.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública compuestas por Carabineros e Investigaciones, deben ser la fuerza pública que tiene por objeto dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus leyes orgánicas. Deben depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, idealmente solo de este último mediante futura escisión del último respecto del primero.

Ambas deben ser obedientes y no deliberantes, y estar en el capítulo de Gobierno de la Nueva Constitución Política de la República, no debiendo estar en un capítulo específico e independiente, ya que lo anterior afecta la comprensión armónica de la sujeción que deben tener al poder civil».

Ricardo Ortega (REP): «El mismo estatus que tienen en la Constitución actual, a través de un capítulo en donde quede expresamente consagrado su naturaleza, rol y funciones, que resalte además la trascendencia que tienen las instituciones castrenses para la seguridad nacional y la democracia.

Esto es muy importante, porque en el último tiempo, ante la incapacidad del Estado de hacerse cargo de flagelos como el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, se está desnaturalizando las funciones para las que están preparadas y entrenadas las Fuerzas Armadas y que en ningún caso se deben distraer en el cumplimiento de labores que le corresponden a la autoridad política y otras entidades.

Estando en el Consejo voy a buscar reponer que las Fuerzas Armadas estén en un capítulo propio de la Carta Fundamental y no como parte de otro capítulo que es lo que propone la Comisión Experta».

Nataly Neira (DC): «Primeramente deberán ser reconocidas constitucionalmente como órganos públicos encargados de la defensa del país y de la seguridad exterior de la nación, del aseguramiento del orden público y la seguridad pública interior y la investigación de crímenes y delitos. Todo ello con pleno respeto a las garantías que se establecen para cada persona especialmente la vida e integridad física y psíquica».

Nataly Neira, candidata de la Democracia Cristiana por Maule

Jorge Rojas (PDG): «Las policías deben ser una prioridad, con leyes de protección claras ante su función, para defenderlos legalmente, con penas altas para quienes maten, hieran o agredan a los funcionarios policiales.

Se deben mantener policías y Fuerzas Armadas, pero quitar el carácter militarizado a Carabineros. Debe haber una suerte de coordinación entre las dos y competencia, tal cual como existe.

La especialización es muy importante. Las Fuerzas Armadas deben estar bajo la supervigilancia del poder civil, no pueden ser autónomas. El Presidente o el Congreso debe ser su generalísimo, todas las decisiones deben pasar por ellos por una razón muy simple: Tienen armas, pero la decisión de utilizarlas no son de ellas. Quien tiene las armas no puede también señalar cuándo usarlas, eso no está dentro de un Estado democrático.

También es necesario proteger al pueblo de algún mal gobernante que autorice a las Fuerzas Armadas a actuar ante ciertas condiciones de inseguridad social, caos, peligro inminente u otro ocasionado por las malas decisiones del gobernante».

Raúl Allard (PS): «Un principio fundante del Estado social y democrático de derecho radica en la subordinación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad al poder civil. Constituye una base institucional del acuerdo político que origina este proceso constituyente y está incluida en la reforma constitucional incorporada en la Constitución de 1980 (artículo 154 N°10)».

Gonzalo Yuseff (Ind. EVO): «Profesional, jerárquico, autónomo y, en general, enfocados en los intereses permanentes del Estado de Chile. Las policías abocadas a los asuntos internos y las Fuerzas Armadas resguardándonos de los enemigos externos como regla general. Solo de manera excepcional, como en los Estados de Excepción, se puede alterar esa regla».

Crimen organizado en la nueva Constitución

– ¿Cómo debiera ser abordado el actual escenario de criminalidad en Chile en la nueva Constitución, considerando la fuerte penetración del crimen organizado y el aumento de delitos violentos?

Rodrigo Rettig (PL): «Mediante la consagración de diversos elementos en la Nueva Constitución, como los siguientes: garantía fundamental a la seguridad ciudadana mediante el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, Defensoría de las Víctimas, mandato al Presidente de la República para liderar Política Nacional de Seguridad Pública, creación del Tribunal de Ejecución de Penas, Derecho a la Ciudad y al Territorio, Ministerio Público debe participar en las metas de las policías, Principio de Resocialización del infractor como fin de la pena, Principio de Proporcionalidad de las Penas, entre otros».

Ricardo Ortega (REP): «Primero que todo, con un Estado que actúe de forma coordinada y eficiente en enfrentar este problema, lo que involucra a las policías, el Ministerio Público y la justicia. Hoy vemos cómo en Chile se detiene a muchos delincuentes, pero luego la justicia actúa con una benevolencia y garantismo que son incomprensibles y donde hay jueces que realizan un abierto activismo de izquierda que perjudica a todo el sistema destinado a enfrentar el crimen organizado.

También pasa por empoderar a nuestras policías, para que puedan tener mejores herramientas para enfrentar a estas bandas especializadas y que utilizan cada vez armamento de mayor poderío que deja en desventaja a las policías, a las que en los últimos años se le quitaron diversas potestades para enfrentar la delincuencia y que no tienen capacidad, por ejemplo, para enfrentar el terrorismo que se registra en la Macrozona Sur.

Resulta clave, además, contar con un sistema de inteligencia robustecido, que cumpla una función esencial en anticiparse y prevenir delitos, así como también para desarticular a las bandas criminales».

Ricardo Ortega, candidato del Partido Republicano en Maule

Nataly Neira (DC): «La seguridad debe ser establecida como derecho fundamental para las personas. En cuanto a la legislación del crimen organizado y el narcotráfico, deben establecerse a través de normativa legal su tratamiento debido a su constante cambio».

Jorge Rojas (PDG): «Tienen que establecerse directrices y normas que obliguen a realizar un fuerte trabajo de inteligencia policial y militar. Deben aumentarse los recursos materiales, las normas penales y, si es necesario, subir las penas para el crimen organizado y asociaciones ilícitas. Debe haber un estatuto legislativo que, en ciertos momentos, aumenten las penas, la dotación, pero sobre todo la inteligencia para poder desbaratar bien las bandas criminales en el proceso investigativo, incluyendo además fuertes sanciones penales para delitos como traición, espionaje, sabotaje, venta de información, etc.»

Raúl Allard (PS): «La Constitución debe contener las principales directrices que guían la acción del Estado y sus órganos públicos, los frenos y contrapesos entre ellos, y los derechos y garantías de las personas. Combatir el crimen organizado demanda una directriz constitucional que aúne el esfuerzo coordinado del Estado y sus instituciones intervinientes, que promueva las capacidades institucionales necesarias para enfrentar este complejo desafío, y que brinde las mejores condiciones y recursos disponibles». 

Raúl Allard, candidato Partido Socialista en La Araucanía

Gonzalo Yuseff (Ind. EVO): «Debe haber un espacio para la colaboración de las fuerzas armadas. En especial, en el resguardo de la infraestructura crítica y el control fronterizo. Además, se debe regular la posibilidad de sacar los indultos e incluir en la legislación ordinaria la posibilidad de perdón para enfermos que agonizan. También es importante asegurar la autonomía y profesionalidad de las policías, y el ejercicio de la función de policía exclusivamente por parte de Carabineros y la PDI».

Terrorismo

– ¿Considera que el terrorismo debiera tener estatus constitucional, como lo señala el artículo 9 de la actual Constitución?

Rodrigo Rettig (PL): «Sí, no tengo problema en establecer el terrorismo como contrario a los derechos humanos, tal como está consagrado hoy en la actual Constitución».

Ricardo Ortega (REP): «El combate al terrorismo está consagrado en la Constitución actual. Lo que se requiere en el nuevo texto es incorporar el crimen organizado y narcotráfico también en esa lucha contra estos graves flagelos, especialmente hoy que estamos atravesando la peor crisis de seguridad de nuestra historia.

No podemos seguir en el actual escenario, con un Estado cercenado que actúa según quién este en el gobierno, cuando debiesen ser políticas de Estado permanentes, considerando que es un problema creciente que se ha generado precisamente por la inacción de un estado que le está dando muchas ventajas a las organizaciones criminales».

Nataly Neira (DC): «Comparto que se mantenga esa norma en la nueva Constitución, pues el terrorismo en su esencia es contrario a los derechos humanos y, por lo tanto, es deber del Estado prevenir y combatir estos gravísimos hechos. Sin embargo, considero que la Constitución no debe aludir a un delito en particular; por lo tanto, tipificar las conductas terroristas debe ser materia de ley».

Jorge Rojas (PDG): «Por supuesto, el terrorismo en cualquiera de sus formas es un atentado contra el Estado de derecho y en la actualidad los chilenos estamos sufriendo terrorismo doméstico, aunque nuestras autoridades no deseen reconocerlo».

Jorge Rojas, candidato del Partido de la Gente por Maule

Raúl Allard (PS): «La reforma constitucional que regula este proceso constituyente contempla como base institucional y fundamental que la nueva Constitución “consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos” (artículo 154 N°3). De tal manera, esa directriz debe formar parte de la propuesta de nueva Constitución. Asimismo, será el parlamento, a través de la ley, el encargado de tipificar las conductas y las sanciones que corresponda aplicar».  

Gonzalo Yuseff (Ind. EVO): «Los asuntos vinculados al terrorismo y la violencia política se deben abordar en la legislación antiterrorista y tener un quórum especial».