Educación 2020 y acusación constitucional a Ávila: «Debe ser condenada si hay razones homofóbicas»

Este lunes 19 de junio, según anunciaron desde el Partido Social Cristiano, será presentada la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD).

Mientras que la oposición argumenta que la acción se sostiene en problemas como la deserción escolar, un mal manejo de recursos y otras irregularidades, han surgido declaraciones, desde sus promotores, denostando al ministro por su orientación sexual.

Además, cuestionan la necesidad de que se brinde Educación Sexual Integral (ESI) dentro de los establecimientos educativos, política promovida por el ministro Ávila y la administración del Presidente Gabriel Boric.

Desde Educación 2020, organización que trabaja para asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para niños, niñas y jóvenes, pese a que mantienen críticas a la gestión actual, no creen que “existan razones de peso para llevar a cabo una acusación constitucional”.

En conversación con El Desconcierto, Jorge Ibáñez, director de Política Educativa de Educación 2020, sostiene que en el marco de la AC “han existido declaraciones de ciertas personas del mundo político que promueven un retroceso en términos de inclusión y valoración de las diversidades”.

Jorge Ibáñez, director de Política Educativa de Educación 2020

– ¿Cuál es su visión sobre la gestión de Marco Antonio Ávila hasta el momento?

La administración anterior y la actual se han enfrentado a un desafío educativo sin precedentes, a propósito de la pandemia, en donde el ministro anterior tuvo la difícil tarea de sostener los procesos formativos a distancia y el actual ha tenido la misión de retomar las clases presenciales y reactivar los aprendizajes.

Haciendo una evaluación ex-post, como Educación 2020 nos parece que el Mineduc demoró más tiempo del que se requería en promover con fuerza estrategias que permitieran revertir el rezago escolar y la reincorporación de estudiantes que se encuentran fuera del sistema. Las prioridades se deberían haber revisado y ajustado con mayor celeridad.

No obstante, hay que reconocer que la cartera liderada por el ministro Marco Ávila ha tenido la capacidad de adaptarse a la urgencia, reorientar los esfuerzos y han integrado a organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto.

Pero aún queda mucho trabajo por hacer, creemos que hay una oportunidad importante para posicionar una agenda en educación clara, concreta y convocante para todos los sectores, que permita enfrentar la reactivación educativa y al mismo tiempo generar políticas y estrategias con una mirada a largo plazo, avanzando hacia mejoras estructurales en el sistema educativo que impacten directamente en el aula.

– ¿Consideran que la acusación constitucional en su contra tiene fundamentos válidos? ¿Por qué?

La acusación constitucional es una herramienta de control entre poderes del Estado a la cual evidentemente se puede recurrir cuando hay argumentos que lo justifican y será rol de los congresistas definir si los fundamentos son o no válidos.

Sin embargo, las acusaciones constitucionales no se pueden transformar en un mecanismo para enfrentar pugnas de sectores políticos en función a sus intereses particulares y la cartera de educación ha sido un área particularmente afectada por ello, con cuatro acusaciones constitucionales realizadas en los últimos 15 años y dos ministros destituidos, en ambos caso con un trasfondo bastante cuestionable.

Hasta ahora, los argumentos en contra del ministro Ávila no son del todo claros, se sabe que la razón original está dada por un documento que pone a disposición el Mineduc para la inclusión de las disidencias sexoafectivas, acusando una ideologización de la educación sexual. Las indicaciones fueron lanzadas el 2017, el 2018 la Contraloría se pronunció a solicitud de una parlamentaria, desestimando que se hayan cometido acciones que sobrepasan las facultades del Ministerio y que el documento contribuye al resguardo del derecho a la educación.

Desde Educación 2020, creemos que la acusación se impulsa desde un motivo original erróneo, se busca responsabilizar al Ministro de un documento de orientaciones publicado hace dos gobiernos atrás y del cual la contraloría ya se pronunció. Luego se han planteado otras razones que aún no son claras, asociadas a los niveles de deserción escolar y docente, la aplicación de la Ley Aula Segura, el Sistema de Admisión Escolar y el mal uso de recursos públicos.

Se requiere conocer en profundidad los argumentos que fundamentan la acusación para tener una opinión definitiva, pero en primera instancia como fundación, si bien tenemos críticas a la gestión actual, no podemos afirmar que existan razones de peso para llevar a cabo una acusación constitucional; no percibimos que haya abandono de deberes ni que se esté poniendo en riesgo el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, debido al actuar del ministro.

– ¿Creen que haya motivos homofóbicos detrás de la acusación constitucional en su contra, por parte del Partido Social Cristiano, respaldado por Republicanos y Chile Vamos?

En el marco de la acusación constitucional han existido declaraciones de ciertas personas del mundo político que promueven un retroceso en términos de inclusión y valoración de las diversidades, es responsabilidad de toda la sociedad y especialmente de autoridades públicas el resguardar dichos avances y no promover discursos de odio.

Desde nuestro rol como fundación, que trabajamos directamente con establecimientos educativos de todo el país, debemos recordar que la discusión pública y el comportamiento social permea la escuela; los niños, niñas y adolescentes aprenden y replican las formas de relacionarse del entorno. No es aceptable y debe ser condenado transversalmente si hay razones homofóbicas atrás de una acusación constitucional, independiente del desempeño del acusado, para ello se requiere que las propias personas implicadas aclaren sus dichos y esta posible interpretación.

Como Educación 2020 hacemos un llamado a nuestros representantes a hacer y ejercer la política desde el diálogo y el respeto, en pos de una sociedad más democrática, humana, justa, colaborativa e inclusiva; las señales de homofobia y discriminación son inaceptables y nos hacen retroceder en el camino avanzado.

– Según lo que ha trascendido, la acción apunta también a la deserción escolar y la violencia dentro de las aulas, ¿es eso responsabilidad de este ministerio, o consideran que hay otros factores involucrados?

Ambos fenómenos son particularmente preocupantes y complejos, y no nos cabe duda que se requieren esfuerzos urgentes y transversales desde las autoridades, comunidades educativas y sociedad civil para enfrentarlas. Desde este punto de vista, ningún actor del sistema puede esquivar la responsabilidad que le compete, comprendiendo que se trata de problemáticas que tienen causas sistémicas y no son respuesta a una coyuntura en particular.

En ese sentido, evidentemente no se trata de situaciones que sean de exclusiva responsabilidad de las autoridades actuales, sin embargo, son estas las que tienen la primera responsabilidad de promover y reforzar estrategias que permitan resolverlas. Si la acusación toma curso, el ministro tendrá que explicar cuáles han sido las principales medidas tomadas para abordar el desafío provocado por la exclusión educativa y los problemas de convivencia escolar.

– La Educación Sexual Integral (ESI) es defendida por el gobierno como un mecanismo para combatir los abusos sexuales en niños y niñas, ¿comparten esa visión?

La Educación Sexual Integral es una necesidad que no podemos obviar, la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez del año pasado, indica que el 18% de los y las encuestadas ha sido víctima de abuso sexual siendo menor de edad y el 41% de estos casos señala que el abuso es cometio por un familiar. Esto nos obliga a evaluar cómo es la educación sexual que reciben las y los estudiantes y el rol que cumple la escuela en ello.

Los establecimientos educativos son el segundo espacio formativo más relevante para los niños, niñas y jóvenes, por lo que desde Educación 2020 creemos que en vías de avanzar hacia una educación integral, se debe promover una educación sexual que permita avanzar hacia una sociedad que educa a las personas en temas tan relevantes, como por ejemplo el conocimiento del propio cuerpo y las emociones, establecer y respetar los límites, tomar decisiones, identificar relaciones sanas y dañinas, promover el bienestar, solicitar ayuda cuando se necesita, identificar sesgos y estereotipos limitantes, entre otros. La Educación Sexual Integral es un mecanismo de prevención de abusos y otras situaciones dañinas, pero sobre todo, pensemos en que la Educación Sexual Integral nos puede permitir avanzar hacia una mejor manera de relacionarnos.

– ¿Por qué creen que genera tanto resquemor la ESI por parte de la derecha?

Creemos que el tema de Educación Sexual Integral levanta alarmas en distintos sectores porque implica una conversación de temas sensibles e incómodos, en los cuales no todas las personas pensamos de la misma manera. Es legítimo que haya diversidad de opiniones y también temor a conversar temas en los que hay disensos y no hay confianzas. La Educación Sexual Integral implica no solo conversar y definir contenidos, sino también identificar que sean apropiados y pertinentes a la edad y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, tal como lo estipula la actual Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Hablar de esto, levanta alertas por el miedo y la desconfianza instalada. Sin embargo, desde Educación 2020 consideramos que hay que avanzar hacia una sociedad donde podamos conversar los temas complejos, aunque estos tomen más tiempo del planificado. En ese sentido, creemos que este ministerio ya ha puesto el tema sobre la mesa y ahora debiera lograr encauzar una conversación constructiva, aunque demore más tiempo y no alcancen a presentar el proyecto de ley durante este 2023.

– Respecto a lo ocurrido en el colegio de Talcahuano, donde un procedimiento de salud terminó en un presunto abuso sexual contra menores, ¿cómo cree que se debería enfrentar este tipo de situación?

En primer lugar es importante aclarar que el caso ocurrido en el colegio de Talcahuano no es de responsabilidad del Ministerio de Educación, como se especuló en un inicio. El procedimiento llevado a cabo corresponde a un procedimiento de salud, donde se habrían generado presuntos abusos hacia jóvenes dentro de un establecimiento educativo, situación que debe ser investigada por la Fiscalía, tal como se está haciendo.

La escuela debe ser un espacio seguro y de cuidado, donde no deben ocurrir este tipo de situaciones jamás, por lo que la directora cumple su rol de denunciar y facilitar la investigación. Un siguiente paso es abordar esta situación crítica con la comunidad educativa, estableciendo canales de conversación y contención emocional con docentes, apoderados y estudiantes, activando las redes de apoyo locales y revisando sus propios procesos y protocolos para evaluar si hubo alguna falla durante la implementación del programa de salud ya mencionado.

– Finalmente, respecto a la Cuenta Pública del Presidente Boric, ¿qué opinan de los anuncios realizados en materia de Educación?

Valoramos que el Presidente promueva el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos, poniendo en primer lugar al país. Sin embargo, la educación no aparece en un lugar prioritario dentro de la agenda. Creemos que es necesaria una visión a largo plazo del sistema educativo y fortalecer aún más y de forma sistémica la Nueva Educación Pública, para que sea la columna vertebral del sistema educativo, tal como lo mencionó el Presidente en su discurso.