Camila Miranda y caso Democracia Viva: “En un árbol, siempre va a haber manzanas podridas”

Camila Miranda, presidenta de la fundación Nodo XXI, revisa la cronología de los hechos desde que detonó el caso Democracia Viva y nota que terminó interrumpiendo dos procesos políticos claves: el diálogo para la fusión del Frente Amplio y las líneas trazadas por el Presidente Boric en la Cuenta Pública.

«Ambas cuestiones quedan enmudecidas, provocando un daño, no solo en la fe pública, sino en la construcción de un proyecto vinculado al gobierno. Por ejemplo, ponen un problema sobre la reforma tributaria, en términos de por qué habría que entregarle más fondos a un Estado que no puede gastarlos bien», explica a El Desconcierto.

– ¿Tiene sentido seguir empujando la fusión de partidos del Frente Amplio? Imagino que deben haber resquemores de Convergencia Social y Comunes hacia Revolución Democrática…

En mi perspectiva, aquí se apuran dos definiciones. La primera es que la articulación está vinculada a poner ciertos puntos comunes de un proyecto de sociedad. Y cuando uno define un proyecto de sociedad, implica opciones éticas.

Eso obliga a tener esa conversación más de fondo y que se aleja de las determinaciones más electorales, que de alguna manera el escenario del 7 de mayo puso sobre la mesa en términos cuantitativos, o sea, que los partidos del Frente Amplio yendo conjuntamente a cualquier ciclo electoral alcanzan a ser la segunda mayoría del país.

Esa es una variable que puede ser circunstancial o no, pero yo creo que este tipo de hechos vuelven a poner la centralidad en esa otra conversación, porque el problema no es cuántas manzanas podridas hay hoy día o pueden haber más adelante, sino qué es lo que te define tus marcos políticos y éticos para poner líneas divisorias.

Cuando tú logras presentar una articulación que tiene un sustento político e ideológico, marca aguas y dices a quiénes invitas a este proyecto, y quiénes al menos deberían comprometerse con estos ámbitos de mirada de sociedad, pero también de formas de actuar políticamente.

En ese sentido, a mi parecer, ha habido un esfuerzo por tratar de  plantear que los fines no están desconectados de los medios, que ambos deberían  estar en diálogo permanente.

«Las manos se pueden llegar a ensuciar y, en este caso, se ensuciaron algunas»

– ¿Cómo debiera ser esa definición?

Hay una mirada sobre el rol del Estado y las fundaciones, y cómo en la izquierda, al calor de las últimas décadas, ha ido construyendo instrumentos para intervenir en apoyo comunitario y, en el caso de Democracia Viva, para vincularse con las acciones del Estado.

Ahí yo creo que se abre una conversación que yo conectaba con los marcos del proyecto político. Nosotros tenemos una mirada crítica de lo que ha sido la subsidiariedad en Chile, que ha afectado el rol del Estado, en el sentido que hay muchos ámbitos donde el Estado hoy día terceriza. Hay ámbitos en que eso podría ser positivo, pero hay otras que son efectivamente ausencia del rol del Estado.

Y entonces, ahí uno debería preguntarse por qué desde organizaciones de izquierdas se proyecta asumir ese papel, de ser un agente de esa tercerización.

Entonces, yo creo que pone la conversación de si tenemos una visión compartida sobre transitar hacia otro tipo de Estado y si ese tipo de intermediaciones deberían estar fuera de los ámbitos posibles de actuación de ese futuro partido político, llámese Frente Amplio o como se llame, porque insisto, las manzanas podridas siempre van a estar. O sea, en un árbol, siempre va a haber manzanas podridas. Pero tener esas definiciones también permite delinear la acción política.

También yo creo que dibuja una nueva tensión que obliga a pensar orgánicamente cómo se estructuran los partidos, entre las bases y los grupos de conducción. Desde el inicio, hay un cuestionamiento desde las bases de Revolución Democrática respecto de esta crisis. Cualquier articulación de esfuerzos, que tiene su propia fisonomía y expresiones territoriales, obliga a esa conversación.

Lo último es que se está siendo parte de la conducción de un gobierno. Este tipo de situaciones implican un costo bastante alto que, si bien este tipo de Estado no es responsabilidad de este gobierno en particular, sí lo son las acciones que tú tomas y eres militante de una fuerza oficialista. Una cosa es que exista la posibilidad de hacer tratos directos, la otra es definir hacer uso de ellos, y la tercera es hacer uso de ellos con un instrumento construido desde la izquierda.

– ¿Cómo se puede fraguar una directriz ética si, por ejemplo, hemos visto un cambio de discurso del gobierno, que primero advierte que espera que se investigue «caiga quien caiga», pero después aparece el Presidente blindando autoridades?

Primero, hay que ser súper  conscientes de que estamos en un escenario donde hay alta desafección y desconfianza en la política, donde priman los discursos antipolítica. Ese es un problema de Estado, no de ninguna fuerza en particular, y es más bien normativo, es decir, exige que tiene que haber una regulación base, porque son recursos que afectan a todas y todos los chilenos lo que están puestos en discusión.

Ahora, en términos ya más directos sobre la ética, sobre si una organización puede ser proba, yo creería que la definición de cualquier organización tendría que estar vinculada a esa exigencia de normativas mínimas de probidad. La cuestión es qué se hace cuando suceden este tipo de casos. Entonces, quizás ahí es medio apurado señalar que todas las organizaciones pueden tener casos, como la frase que planteó el diputado Winter…

– ¿Que «ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo»?

Claro, yo creo que la cuestión es que nadie está exento de que hayan casos que atenten contra la probidad y que no haya aprovechamiento. Una es que puedan haber casos, en cualquier espacio de convivencia humana pueden ocurrir situaciones que atentan contra algunos consensos mínimos, pero yo creo que la definición institucional de un partido es que tiene que ser probo.

Entonces, cuando uno plantea un proyecto en el cual apuesta por mayor democratización, por reconstruir la confianza y el vínculo de la política con la sociedad, estas serían cuestiones básicas esenciales para contribuir a reconstruir ese vínculo. Deberían ser, no solo parte de ciertos estándares normativos o legales que cumplir, sino que parte de los cauces básicos para disponerse ante este desafío que se tiene.

La desconfianza con la política es gigantesca. De alguna forma, el FA había logrado plantear una diferenciación con el resto de los partidos por no haber tenido casos de ese estilo, pero yo creería que eso no es suficiente para una definición de un sector. Decir que tenemos las manos limpias no es suficiente, no dice mucho más en política. Además, las manos se pueden llegar a ensuciar y, en este caso, se ensuciaron algunas.

– ¿Sigue siendo necesaria la fusión del Frente Amplio antes de las municipales?

Por supuesto que las próximas municipales marcan, pero yo creo que el problema de construcción del partido no son solamente los resultados electorales, sino que justamente qué proyecto le propone a Chile.

Yo hace  algunas semanas, después de la elección, escribí que un desafío que tenemos es desparlamentarizar y desgobernizar los partidos del  Frente Amplio. Porque si  solamente va a seguir como una herramienta para responder a los tiempos parlamentarios o de  gobierno, es imposible pensar que se puede construir una mayoría. Porque siempre hay contingencias, urgencias y lógicas que responden a otros tiempos y a otras prioridades.

Si tú ves los intentos de articulación de las izquierdas después de la dictadura, ninguno ha podido decantar en un partido, pero es un ejercicio que se ha venido haciendo. Hoy hay tres partidos en el Frente Amplio, cinco años atrás, eran 10 o 12 colectividades.

Entonces, yo creo que sigue siendo súper necesario hacer ese proceso de convergencia, pero que no puede estar teñido exclusivamente por lo electoral, y que el próximo año hay que entender también que en las municipales se juega un poco más que unos cuántos escaños, sino que el avance  institucional de la ultraderecha. Y eso requiere un diálogo más amplio todavía para quienes estamos por una defensa democrática de derechos.

«Lo más lento fue Revolución Democrática»

– ¿Cree que hubo una reacción lenta del gobierno, pensando que, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Karina Oliva, la condena fue mucho más instantánea?

Bueno, el caso de Karina Oliva fue en el contexto de una elección, mientras que el caso Democracia Viva encontró al gobierno enfrentando una situación climática complicada. Son distintos.

Por otro lado, creo que de alguna forma se le dio tiempo a Revolución Democrática de esclarecer los hechos y la posibilidad de explicar si la acusación que se estaba haciendo tenía razón de ser o no. Yo creo que ahí lo más lento fue Revolución Democrática en tomar una posición.

En ese sentido, la otra valoración que hay que hacer es que al gobierno lo que le corresponde no es hacer una acusación, sino que abrir la conversación y analizar el convenio de trato directo que había realizado un seremi. Eso sí está dentro de su ámbito. Luego se abre otra conversación a propósito de la subsecretaria de Vivienda, quien había tenido conocimiento y no le había informado al ministro.

Entonces, yo creo que hay un problema principalmente en Revolución Democrática en tomar una posición clara, de reconstruir los hechos y ponerlos sobre la mesa. En el caso del gobierno, yo creo que se hizo lo que correspondía hacer, que es poner las responsabilidades políticas en las autoridades correspondientes, entregar los antecedentes e investigar.

– ¿Por qué crees que la reacción de RD fue lenta? 

Acá hubo un golpe muy importante porque la agenda de probidad fue algo muy empujado por RD, entonces creo que generó una especie de shock el hecho de que venga de sus propias filas la posibilidad de este tipo de actos estén investigándose.

No creo que haya habido una especie de protección por ser quienes fueron, sino que hubo espacio para tratar de entender y escuchar la explicación. Pero ya cuando se empiezan a tener más antecedentes y empiezan a conocerse más hechos, ese espacio ya se hace insostenible.

– Al ministro Jackson se le ha cuestionado por la «superioridad moral» que él mismo planteó en su momento. ¿Crees que hace falta que salga a dar una explicación? 

No, yo creo que aquí le corresponde al partido. El ministro hoy día es ministro de Estado. Él tendrá que tomar posiciones dentro de la organización en la que milita, pero yo creo que las explicaciones las tiene que dar el partido y no el ministro.

Ahora, respecto a esa conversación sobre la superioridad moral, yo diría que es un camino que no lleva a ningún lado. Efectivamente, cuando tú lo vinculas a un proyecto  político y dices que queremos reconstruir la confianza entre  sociedad y política, por supuesto que hay un compromiso ético con que estos acontecimientos no ocurran. Pero yo creería que eso no es hablar de superioridad moral.

Ahora, efectivamente hay conflictividades y desencuentros muy grandes entre el ministro con personeros de otros partidos, eso es algo visible en las redes y en todos lados.

Por  supuesto que también hubo un ejercicio de diferenciarse, porque efectivamente cuando surge el Frente Amplio hay una distinción con ciertas prácticas que se habían normalizado en la política, algunas expresiones de la Concertación desde luego, pero tampoco uno puede ahí universalizar y decir todos eran lo mismo.

En eso pueden haber habido errores, por supuesto.

«Yo veo un Consejo Constitucional sumamente desconectado de la ciudadanía»

– ¿Cuál es tu lectura de estas primeras semanas de funcionamiento del Consejo Constitucional?

Yo veo un Consejo sumamente desconectado de la ciudadanía. Bueno, el proceso en general está muy desconectado de la ciudadanía. Incluso a una que está muy metida o activa políticamente le cuesta darle seguimiento a las  conversaciones, porque las expectativas o la confianza no son de las mejores respecto del proceso.

– Aún así, desde Nodo XXI ingresaron una iniciativa popular de norma…

El proceso de participación en particular, a mi parecer, significa también poner en discusión ciertos principios y formas de ver la sociedad que han estado en tensión en las últimas elecciones. Qué significa la libertad, cuál es el papel de la familia, conversaciones que van más allá de la Constitución, que tienen que ver con definiciones de sociedad que están en juego.

Desde ahí nos pareció importante poner algunos puntos en particular sobre el debate del  Estado social que en el anteproyecto quedaba con una nomenclatura que tiene distintas interpretaciones, desde la posibilidad que en la derecha te digan que eso supone un Estado social y subsidiario, a que desde la desde algunas izquierdas que participaron de la Comisión Experta digan que efectivamente hay un rol preponderante del  Estado, y que lo otro es la provisión. Entonces abre un campo de interpretaciones y ahí  nos parecía importante tratar de resolver ese marco interpretativo.

Lo que hicimos es ajustar el artículo 24, que dice de qué forma el Estado tiene la obligación de satisfacer algunos derechos como salud, educación, en general lo que se ha reconocido como  derechos sociales. Y en eso  pusimos algunos puntos que creemos que son claves, como que esté prohibido el lucro y decir que el Estado tiene la obligación de coordinar, supervigilar y regular el ámbito de satisfacción de los derechos, que no es igual a las instituciones privadas, sino que tiene una obligación.

Más allá que creemos que es difícil incidir en este proceso, sí creemos que a nivel del debate público tiene que discutirse y no tiene que normalizarse que el Estado social puede ser compatible con la subsidiariedad.

– La estrategia del bloque oficialista ha sido justamente ha sido participar del proceso de buena, tratando de buscar puntos de consenso. Pero tal como dices, es difícil incidir. ¿Te imaginas a la centro izquierda llamando a votar «En contra» en diciembre?

Yo lo diría desde otra óptica. Si tú revisas el debate que se está dando en el Consejo Constitucional por parte de quienes hoy día tienen mayoría, con las fundamentaciones que están teniendo para atentar contra la paridad o los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que ahí están dificultando las posibilidades de que haya un acuerdo sobre ámbitos esenciales.

Las señales no son muy provechosas como para decir que se puede construir una mirada común de la sociedad. Los republicanos dibujan un panorama complejo desde sus disposiciones. Si ves también las iniciativas populares de norma que ha levantado la derecha, contrasta también con el poco encantamiento que hay de diversos sectores a participar del proceso.

Quienes están en el Consejo Constitucional siempre tienen que tener una voluntad abierta al diálogo, pero yo veo un escenario complejo, no da para pensar que se puede construir un texto de consenso. Aquí, lo que se trata es hacer un ajuste constitucional que le sirva a Chile, y no al contrario.