Cordero y proyecto de asistencia a víctimas de delitos: «Es una deuda pendiente de muchos años»

El martes de la semana en curso, el Presidente Gabriel Boric oficializó el proyecto de ley para transformar las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, institucionalidad que busca mantener mayor cercanía y establecer una colaboración efectiva con quienes enfrentan delitos, atendiendo a la necesidad que hay en este ámbito.

Cómo operará y de qué se trata es parte del diálogo que en entrevista con El Desconcierto el ministro de Justicia, Luis Cordero, detalla para comprender su alcance.

«Hay dos grandes dimensiones, una tiene que ver con el acceso a la justicia en general, la posibilidad de cualquier persona de una asistencia para hacer efectivos sus derechos. Hoy tenemos un modelo de asistencia pensando más bien en la lógica más asistencial del apoyo legal», recalca.

Lo que se requería, asegura, era que el modelo trascendiera a una «profesionalización de la asistencia», sincera.

«Esta es una deuda pendiente en Chile hace muchos años», dice antes de aludir a la segunda dimensión de la iniciativa, «la preocupación histórica de las víctimas (…), ¿quién las asesora? El 2011 el Congreso aprobó una reforma constitucional que era bien transversal y tenía por finalidad establecer en la Constitución asistencia jurídica especializada para las víctimas», detalla.

«Estas dos ideas han estado siempre dando vueltas, la administración Piñera envió un proyecto de ley, Bachelet también, Lagos en algún momento…», dice respecto del pendiente de larga data. Ahora, en el contexto del programa de gobierno de Gabriel Boric se harán «indicaciones al proyecto reestructurándolo completamente».

¿De qué se trata?

«Uno de los temas más relevante es ¿quién provee información a las víctimas de cómo va su caso? Y que sea un lugar donde la persona pueda ir y no sólo pueda tener acceso, sino claridad de cuáles son las etapas», dice Cordero.

Básicamente porque «la mayoría de la gente no sabe dónde obtener información (…) la información oportuna de las víctimas es relevante, es relevante el derecho a saber», recalca Cordero convencido que este «es un aspecto que las víctimas valoran mucho, en qué está lo que a ellas las afecta, cuáles son los pasos a seguir, ni siquiera piden resultados».

«El propósito es institucionalizar la mediación en el servicio de acceso a la justicia», agrega apuntando a casos que podrían perfectamente resolverse sin llegar a instancias mayores.

Por otra parte, asegura el secretario de Estado, «reúne en un solo lugar los programas de acceso a la justicia que ya tenemos en la actualidad, se agregan más recursos, se institucionaliza un modelo, se incorpora el mecanismo de gestión de casos y además, (busca) tener atención a las víctimas, insititucionalizar mecanismos de solución de conflictos para darle solución a casos que probablemente no van a tribunales».

Esfuerzos de varias administraciones

«También tiene un aspecto clave, que el sistema tenga mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios que se prestan», comenta Cordero.

Incluso, detalla «este proyecto trata de consolidar un esfuerzo compartido de muchas administraciones. Recogimos el esfuerzo de la administración Piñera para reformular el proyecto, porque estamos de acuerdo en cómo abordar el problema, la pregunta es cómo diseñar el modelo de gestión».

Qué posibilidades hay de que la oposición le dé curso al proyecto en el Congreso, le consultamos luego al ministro, quien se mantiene más bien optimista al respecto.

«Esa es la ventaja de que esté entre los 31 proyectos prioritarios, es importante recordar que la indicación sustitutiva de este proyecto forma parte de los acuerdos de abril y de los cuales llevamos aprobados 18 proyectos», dice apuntando a un consenso alcanzado hace siete meses con el Poder Legislativo.

Siguiendo con su exposición, asegura que «el incentivo obvio es que este no es un proyecto separado de la agenda de seguridad, está acordado en la priorización con ambas cámaras para que se vea. Debiera seguir la suerte de lo que está sucediendo con los otros proyectos en los que hay priorización».

Proyectos trascienden al proceso constitucional

«El hecho de que el servicio de acceso a la justicia y asesoría a las víctimas esté dentro de los 31 proyectos, es un compromiso más que suficiente del gobierno y la oposición de avanzar en este proyecto porque está en la lista de los 31 priorizados.

¿Independientemente de que estemos a menos de un mes del plebiscito?, le consultamos a Cordero entendiendo que los cálculos electorales podrían incidir en su aprobación. «No, por eso hago el relato largo, la agenda de seguridad se pacta con indiferencia y al margen del proceso constituyente, son proyectos priorizados en abril, no hoy», insiste el ministro.

«Se ha estado cumpliendo su avance como nunca, este es un Ejecutivo que ha despachado más proyectos en materia de seguridad y el Congreso, el período parlamentario que más tiempo le ha dedicado a temas de seguridad. Los 31 proyectos trascienden al proceso constitucional y su gestión ha sido con independencia de ese proceso», releva.

-¿Qué le gustaría a usted que sienta la gente a la que le pueden hacer un portonazo frente a este proyecto?

-El mensaje central es que si (alguien) es víctima de un delito, va a tener un lugar donde ir para recibir representación, orientación, atención de lo que implica sobre todo en el caso de delitos violentos, el trauma y, sobre todo, un lugar al que recurrir para saber qué está pasando con una gestión de la información, qué está pasando con lo que le afectó, porque las víctimas en general quieren saber.

Acompañar, otra arista

Para el secretario de Estado, «además del abandono, hay otro factor relevante, la desorientación, saber dónde ir, no saben y los servicios públicos cumplen un rol central desde esa perspectiva, el Estado tiene el deber de informar, pero también tiene por propósito ofrecer la mediación como un mecanismo alternativo de solución de controversias, no podemos judicializar todas las etapas de nuestra vida, la de nuestros vecinos, trabajo».

«La idea de la mediación es darle un compromiso que tenga efecto jurídico», recalca luego.

Finalmente, Cordero admite que «sería un gran logro que la instatación de este servicio», que espera esté ya en marcha el primer trimestre del año próximo, «permita tener un lugar para que las personas sean atendidas y orientadas en su necesidad jurídica».

«Las víctimas tienen la tragedia de ser víctimas del delito, tienen el trauma, luego también tienen que enfrentar todo lo que viene después, enfrentarlo en un contexto de desorientación (…) el proyecto forma parte de un eje central en que en esas circunstancias, se sientan acompañadas en ese proceso», concluye.