Querella contra factoring salpica a Pablo Longueira: Las graves acusaciones contra “Crédito y Capital”

Los factoring están de moda y más cuestionados que nunca. Hasta ahora al menos dos de ellos acaparan las miradas más sagaces: “Factop” de los Hermanos Sauer y “Primus Capital” de Raimundo “Paila” Valenzuela. Ambos cuestionados por operaciones con facturas falsas que han sido calificadas como verdaderas máquinas defraudatorias.

Una serie de querellas judiciales por apropiación indebida y estafa, entre otros delitos, dan cuenta de un fenómeno que sumado a los audios filtrados de una reunión con Luis Hermosilla -donde reconoce junto a la abogada Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer haber realizado pagos a funcionarios de organismos fiscalizadores-, parece anticipar un panorama mucho más extendido de lo que aparenta.

Eso es lo que se deduce de una reciente querella interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada Daniela Awad en contra de la empresa de Factoring “Crédito y Capital” por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. La acción judicial está dirigida a nueve miembros de una supuesta “asociación delictiva” destinada a los “delitos de usura, estafa e invasión de giro bancario”.

La querella fue presentada por Awad luego de solicitar un crédito en la empresa y fue acogida a trámite el pasado 28 de noviembre. Entre los querellados figuran, entre otros, el abogado Michael Niedmann y el ingeniero Fernando Cassorla Albagli, dos reconocidos prestamistas.

Leaseback

Daniela Awad asegura que conoció al abogado Michael Niedmann en julio del año 2022, cuando éste le pidió que asumiera la defensa de su cónyuge y socia en “Crédito Capital”, Claudia Vivaldi Sacco, por una causa de estafa interpuesta por el empresario ecuatoriano Gabriel Massuh, conocido como “el rey de la banana”.

Massuh acusó a Michael Niedmann, Nibaldo Jaque -exdirigente de la ANFP- y Rodrigo Alcaíno de no realizar una serie de negocios inmobiliarios luego de traspasar más de mil millones de pesos para realizar una supuesta compra de acciones. En abril de este año los imputados fueron sobreseídos definitivamente por prescripción de la acción penal, incluida Claudia Vivaldi.

Michael Niedmann

Awad asegura en la querella que no recibió pago por sus servicios, pero que sí habría solicitado un crédito a través de un leaseback –venta a un tercero con contrato de arrendamiento– por 70 millones de pesos a la empresa donde Niedmann era director. La operación se concretó cuando Claudio Wortsman, abogado representante de la empresa en algunos litigios, ofició como aval y deudor solidario de Awad.

A fin de concretar el préstamo -cuyo destinatario final era Wortsman, según detallan fuentes que conocen el caso-, “Crédito y Capital” solicitó a modo de “garantía adicional” la suscripción simultánea de dos contratos: uno por la compraventa de dos inmuebles de Daniela Awad (un departamento y un estacionamiento) y otro por el arrendamiento por seis meses de ambas propiedades correspondientes a la suma de los intereses de la operación.

“Una vez pagadas las seis cuotas de intereses me devolverían mi oficina y estacionamiento vendiéndomela en la suma de $70.000.000, que era el monto del capital inicial del crédito”, detalla Awad en la querella respecto a las propiedades cuyo avalúo se estima en $140.000.000.

Hasta ahí no había discrepancias. Pero todo se enredó cuando los bienes en arrendamiento fueron traspasados desde “Crédito y Capital S.A.” a “Comercial Tangerine S.A.”, representada por Fernando Cassorla Albagli, un reconocido prestamista involucrado en un caso de coimas en la Universidad de Santiago y que antes de la quiebra de Colo Colo prácticamente controlaba el club a través de su empresa de factoring.

Esta sería la primera chispa del litigio entre abogados. Luego vendría el cobro de una factura por más de $84.405.307 que Awad asegura es ideológicamente falsa y el protesto de un pagaré por la misma cantidad de dinero emitido con cláusula de aceleración, abusando de “supuestos mandatos y firmas dejadas en blanco”, plantea en la querella.

“Lo realmente perseguido por todos los imputados era adquirir el dominio de mi oficina y estacionamiento para luego venderlos, cobrar altos intereses disfrazados como rentas de arrendamiento de dos inmuebles vendidos a un tercero, emitir facturas ideológicamente falsas, librar a nombre mío pagarés llenando a su arbitrio las cifras de las deudas, y luego protestarlos, generando artificiosamente títulos de créditos falsos susceptibles de circular y/o de ser traspasados a terceros en el oscuro mercado de los factoring y prestamistas informales”, resume la querella

Para fuentes vinculadas a la contraparte el asunto sería mucho más pedestre. “Llegada la fecha de pago de la primera y segunda cuota del contrato de arriendo, no pagaron, por lo que se aceleró el crédito y se les publicó en Dicom… La señora Awad y señor Wortsman recibieron 70 millones de pesos y hoy se hacen las víctimas por un supuesto engaño, cuando aún deben casi la totalidad del crédito”, dicen.

Awad, sin embargo, asegura que la empresa no podía “acelerar crédito alguno o ponerle término anticipado al contrato de arrendamiento porque nunca existieron tres o más rentas de arrendamiento impagas”, al tenor de una cláusula sobre término y liquidación de contrato. Las maniobras habrían generado, según la abogada, un perjuicio en su contra de $317.180.805.

Pablo Longueira

Entre los antecedentes proporcionados en la querella figura una propuesta para eventuales inversionistas -brochure comercial- con información detallada de los miembros, gobierno corporativo y organigrama. El Desconcierto tuvo acceso a este documento y comprobó que a la cabeza del organismo, como presidente, figuraba Pablo Longueira Montes.

Pablo Longueira

El expresidente de la UDI, hoy formalizado por financiamiento ilegal de la política en el caso SQM, fue consultado por este medio respecto a esta situación señalando que “nunca he sido presidente de esa empresa”.

Lo cierto es que el 28 de junio de este año, a las 15 horas, se reunieron en la notaría Claudio Salvador Cabezas, ubicada en Lo Barnechea, los miembros del directorio de “Crédito y Capital”, según consta en acta notarial a la que accedió El Desconcierto.

“El directorio acordó nombrar como presidente de la sociedad a don Juan Pablo Longueira Montes, quien aceptó el cargo y agradeció la designación y continuó presidiendo la sesión”, dice el acta que no habría sido inscrita en el conservador de comercio.

La presencia del exsenador y excandidato presidencial se habría materializado, según consigna la querella, para demostrar que el “factoring además de ser serio y solvente tenía detrás gente con mucho poder e influencia política y económica que los sostenía, apoyaba y defendía, además de ostentar nexos con diversas autoridades”.

Fuentes ligadas al caso aseguran que Niedmann se jactaba de tener “negocios políticos” con el exministro de Economía de Piñera. Este medio confirmó, además, que tanto Longueira como “Crédito y Capital” comparten las mismas dependencias comerciales ubicadas en Avenida Las Condes 11.700 oficina 202 A. El vínculo entre ambos, sin embargo, habría durado hasta la siguiente junta extraordinaria de accionistas, llevada a cabo el 01 de agosto, siendo el exsenador reemplazado en la presidencia por Claudia Vivaldi.

Para entonces, ya se habían destapado los casos Primus y Factop, suspendiendo la CMF a este último pocos días después de la salida de Longueira. Pese a esto, su nombre siguió apareciendo en los envíos de información dirigidos a eventuales inversionistas.

Ángel Valencia y los hermanos Jalaff

El caso no termina ahí. Awad no sólo califica a los acusados como “delincuentes domésticos” y “empresarios del delito”, sino que les atribuye ser miembros de una eventual asociación delictiva, sostenida en el tiempo, destinada a la usura, la estafa y el lavado de dinero.

“Michael Niedmann como su señora Claudia Vivaldi son abogados, Sebastián Torres es egresado de derecho y Fernando Cassorla es ingeniero comercial y un reconocido prestamista involucrado en varios procesos mediáticos”, dice Awad al ser consultada por El Desconcierto.

Además, agrega, “Sebastián Torres tenía experiencia como gerente general de otro Factoring, Factorpro y que la familia Vivaldi es dueña de un factoring en Iquique. Por ello pienso que existen indicios de abusos de conocimientos legales, comerciales y empresariales en esta organización que deben ser investigados”.

Las acusaciones apuntan a una orgánica de nueve miembros donde destacaría “el jefe” Sebastián Torres Domínguez, también Michael Niedmann y dos eventuales financistas: Fernando Cassorla y Claudia Vivaldi.

La querella asegura, sin entrar en mayores detalles, que la empresa realizaría operaciones de crédito usureras, lavado de dinero de terceros derivados de captaciones ilegales y blanqueamiento de bienes y ganancias provenientes de las estafas cometidas.

Sebastián Torres Domínguez, socio mayoritario de la empresa, ya había sido acusado en el año 2019 por ampliar líneas de sobregiros a clientes no autorizados por un comité de crédito, mientras se desempeñaba como gerente general de la empresa de factoring “FactorPro S.A”. Torres fue finalmente sobreseído gracias a la gestión del actual jefe del Ministerio Público, el Fiscal Nacional Ángel Valencia.

Niedmann, en tanto, ha sido acusado por el Factoring Capital Justo del empresario Rodrigo Cibié de haber recibido tres facturas ideológicamente falsas por $255 millones, provenientes de Inversiones el Olivo Spa, una sociedad ligada al empresario Sergio Jalaff del grupo Patio, por trabajos que aseguran nunca fueron realizados.

Los hermanos Jalaff, cabe consignar, también fueron mencionados en el audio filtrado de la reunión entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, cuyos alcances hoy investiga el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero y el Consejo de Defensa del Estado.