Director de Fast Check: “En este proceso la fake news ha sido mucho menor al anterior”

El martes de esta semana la Comisión Asesora contra la Desinformación entregó su segundo y último informe en el que se entregan una serie de recomendaciones para abordar el fenómeno a través de las instituciones públicas.

Un paso que para el periodista Fabián Padilla, director del medio de verificación Fast Check e integrante de la comisión, es un gran aporte para “sentar las bases” de una discusión, hasta el momento, “en pañales”, dice antes de enfatizar sobre la desinformación en el contexto del proceso constitucional: “En este proceso el nivel de desinformación ha sido mucho menor al anterior”.

—Este martes se entregó el segundo y último informe de la Comisión contra la Desinformación ¿qué balance hace sobre los resultados de esta instancia?

Creo que para hacer un correcto balance hay que tomar en cuenta los dos informes que se emitieron. El primero es un estado del arte de la desinformación en Chile, porque conocemos la situación en otras partes del mundo gracias al informe de la Unión Europea, por ejemplo, pero no sabíamos lo que pasaba acá. Entonces es valioso tener un diagnóstico respecto cómo opera la desinformación en Chile.

—¿En Chile opera de forma diferente a otros países?

Claro, porque en Estados Unidos por ejemplo lo que pasó después de la campaña presidencial de Trump fue que aparecieron sitios web dedicados a la desinformación. En Chile no operan estos sitios, lo que hay más bien son piezas que contienen desinformación y que se comparten en diferentes palataformas como Instagram Tik-Tok o mensajes WhatsApp.

Eso es especialmente relevante considerando que estudios muestran que los chilenos y chilenas consumen contenido noticioso principalmente por medio de las redes sociales y no en los medios. Hoy más del 50% de del consumo de noticias es a través de Facebook. Esa situación genera que sea más fácil que se viralicen contenidos que aparentan ser informativos y tienden a desinformar.

—En ese sentido, ¿cómo estos informes ponen en la conversación el rol de las plataformas digitales?

Este punto que mencionas se aborda en el segundo informe, en el que se reconoce a las redes sociales o plataformas digitales como actores importante en el proceso de lo que pasa con la desinformación. En ese sentido, una de las conclusiones es que estos actores deben apuntar a tener mejores regulaciones ya que hasta ahora el sistema funciona con autorregulación, es decir, cada plataforma vela por sí misma hace sus propias reglas para para enfrentar el problema de la desinformación. Entonces lo que se sugiere en el informe es que hay que avanzar  a que existen regulaciones mayores y no autorregulaciones.

—¿Cómo se hace parte a las instituciones de este proceso de combate a la desinformación?

Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con autoridades del Senapred, Servel, entre otras instituciones. Gracias a esas conversaciones nacen sugerencias como las que tienen que ver con darle al Servel mayores atribuciones para fiscalizar mejor la publicidad en redes.

La gente que está involucrada en las campañas políticas puede divulgar piezas de desinformación en Facebook, por ejemplo, y potenciarlas inyectándoles plata para favorecer a cierto candidato. Pero hoy en día no hay formas de demostrar que esa persona está vinculada a la campaña, entonces ahí un punto ciego. En ese caso, el Servel debería tener mejores herramientas para fiscalizar en época electoral a quienes pagan por esta por estas cuestiones.

Otra cosa que se expone en el informes es que las plataformas implementen un mecanismo para transparentar quienes hacen los aportes electorales. Eso se puede hacer a través de Programas de Aplicaciones (APIs) que pueden integrar bases de datos de la biblioteca de anuncios como la que tiene Facebook o la que hace poco lanzó Google.

—En cuanto a los niveles de permeabilidad que tiene la desinformación en campañas políticas, ¿cree que influye de manera determinante la desinformación en contexto electoral?

En general no existe mucha investigación con respecto a una relación causal entre la desinformación y que el elector cambie su voto. Lo que sí se puede mencionar como una consecuencia de la desinformación en estos procesos puede ser la polarización. Esto se ve reflejado especialmente en la narrativa de fraude electoral que comúnmente se levanta en campañas electorales. Eso no solamente ha pasado Chile, desde el 2016 a la fecha, en todas las elecciones se han hecho publicaciones con la narrativa fraude electoral en Brasil o Argentina.

—¿Cómo evalúa las medidas tomadas por las democracias frente a este vertiginoso fenómeno de las fake news?

Eso es un punto bien complejo y que se aborda en el primer informe que es lo que dice relación a la libertad expresión y de opinión. Yo al menos soy de la idea de que hay que tener cuidado en el ámbito regulatorio porque toda normativa que haga un país para tratar de limitar la libertad de expresión puede tener consecuencias negativas. Yo obviamente prefiero que exista libertad de prensa y que los gobiernos no se metan tanto en regular sin antes entender bien el fenómeno.

En el primer informe una la conclusiones que nosotros planteamos es que el fenómeno no solamente está evolucionando, sino que tampoco no tenemos evidencia tan concreta sobre qué consecuencias tiene en la conducta de las personas. Por eso es necesario activar más ciencia para tener mejores conclusiones y saber qué hacer. Te pongo el ejemplo de México donde decidieron crear un medio de Fact Check estatal. Yo estoy en desacuerdo con eso y porque creo que son la parte interesada. El Estado es una fuente de información, entonces es complejo que se auto chequean desde el mismo aparto público. En ese sentido, creo entonces que este género periodístico se tiene que proteger tiene que proteger y cuando los estados que quieren hacer este tipo de iniciativas me parece algo negativo.

—¿Entonces el camino a seguir sería entender a cabalidad el fenómeno para luego plantear la idea de regular?

Claro, porque si te das cuenta, en el Congreso hay 12 proyectos de ley para penalizar la desinformación que fueron presentados por parlamentarios de todo el espectro político, pero en esos proyectos nadie se dio el trabajo de entender por completo el fenómeno de la desinformación.

Y creo que esta comisión sentó una base para esa discusión, pese a que se le tildó de la “Comisión de la verdad”, porque el trabajo que hicimos fue plantear que esto hay que entenderlo a cabalidad antes de siquiera pensar en proyectos de ley.

—En su rol de director del medio Fast Check, tanto en este proceso constitucional como en el anterior se han dedicado a chequear información. A modo de comparación ¿cómo se ha comportado el fenómeno de la desinformación en la campaña?

Primero comentar que en general  ha sido difícil ambos procesos por una cuestión más bien ética. En ambos procesos decidimos chequear una vez el texto estuviera listo lo que obviamente demora. Y lo otro es dimensionar qué es lo que podemos chequear y que no. Esto porque hay temas que se plantean a futuro y por ende no están sujetos a verificación fáctica. Las cosas que podrían pasar simplemente no se pueden verificar.

Ahora, la principal diferencia que se puede ver entre este proceso y el anterior es la cantidad de desinformación que hay sobre los miembros de las instituciones que redactaron los proyectos. En la Convención Constitucional el nivel de noticias falsas sobre las personas que la integraban era muy abultado. Por ejemplo, con la figura de Elisa Loncon hubo una especie de ensañamiento a través de noticias falsas que decían que no tenía título, que se había tirado a una piscina, etc. Esta situación en el proceso actual no ha ocurrido.

En definitiva, en este proceso la fake news ha sido mucho menor al anterior.

—Durante los últimos días se ha generado una polémica por las acusaciones del comando del A favor hacía del En contra por difundir supuestas fake news sobre el contenido del texto, por ejemplo, en la interpretación de la norma que afectaría al aborto en tres causales, ¿cómo ve esa situación?

Creo que eso es un problema de conceptualización de lo que se refiere a las llamadas fake news. Porque uno no puede verificar cuestiones que dicen relación con interpretaciones u opiniones que se basan en una subjetiva. Y al ser subjetivo tú no lo puedes verificar, porque no hay elementos fácticos que puedan utilizarse para comprobar tal tesis, sobre todo si es algo que se dice a futuro. Lamentablemente ha pasado que de lado y lado se usa el término de fake news ante interpretaciones sobre determinada cuestión constitucional.

Ante ese panorama lo único que se puede hacer es exponer las opiniones de expertos o figuras de cada sector y ponderar. Pero calificar cada opinión como fake news no es correcto.

Se ha advertido desde el año 2017, a través de un informe internacional, que el término fakw news se usa como adjetivo calificativo para denotar no solamente la labor de la prensa cuando no te gusta, sino que además las opiniones contrarias a lo que uno piensa.